LA PERSPECTIVA

Era el jueves, día 21 de septiembre de 2023, acababa de votarse en el Pleno del Congreso de los Diputados la Proposición de Ley por la que se reformaba el Reglamento de la Cámara, habilitando el uso de las otras lenguas que están declaradas cooficiales en alguno de los Estatutos de las Comunidades Autónomas. Por acuerdo de la Mesa de la Cámara la reforma se tramitaba directamente y en lectura única. Así que, después de que hubieran transcurrido cinco años de pertinaz inmovilidad por lo que respecta a esta cuestión, de repente, por necesidades del guión para la investidura de Pedro Sánchez que se confesaba lanzado a la búsqueda de votos hasta debajo de las piedras, hemos entrado en modo ciclogénesis explosiva, por decirlo con el léxico siempre renovado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y en cuarenta y ocho horas, sin que conste la menor propuesta de consenso alguno con el Grupo Parlamentario Popular que es el más numeroso de la Cámara, Sánchez ha conseguido la hazaña de reformar una norma como el Reglamento dotada de una gran inercia en aras de presentarse con los deberes cumplidos en tiempo y hora que le exige el prófugo de Waterloo. Confirmando al paso que cuando las ganas de gobernar aprietan ni siquiera las formalidades más elementales se respetan.

La senda se había iniciado en la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces que había aceptado la proposición de Ley que los grupos parlamentarios Socialista y de Sumar habían presentado con máximas urgencias. Urgencias que habían sido convalidadas en el Pleno del martes 19 de septiembre, cuyo desarrollo se hizo ya como si la reforma que se debatía hubiera estado aprobada, en una anticipación que vulneraba el Reglamento. Vulneración avalada por la Presidenta Armengol sobrepasando las atribuciones que le confieren los artículos 32 y 118 del Reglamento. Era el momento Karaoke como lo definiría después el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Los portavoces catalanes, vascos y galaicos habían ido subiendo a la tribuna de oradores para inaugurar el pantano de las lenguas y subrayar cómo su utilización tenía además el valor simbólico de avanzar en el ambicioso y, faltaría más, nobilísimo proyecto de construcción nacional de Cataluña, País Vasco y Galicia con su referéndum de autodeterminación, su declaración unilateral de independencia y su canesú respectivo, al que se proponían contribuir.

“Nadie subía a la tribuna de oradores para ponderar y defender aquello que a todos nos ampara, a encomiar el factor común que a todos nos une, a poner en valor el sentido de permanecer juntos, a enumerar las ventajas que derivan de compartir”

Ninguna sorpresa causó que así se manifestaran semejantes portavoces, comprometidos como están cada uno con lo suyo, con sus valores diferenciales, pero surgía el desconcierto al observar que nadie subía a continuación a la tribuna de oradores para ponderar y defender aquello que a todos nos ampara, a encomiar el factor común que nos une, a poner en valor el sentido de permanecer unidos, a enumerar las ventajas que derivan de compartir, a evaluar el coste de la No España, al modo en que lo hacía el informe encargado por el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, a Paolo Cecchini en 1988 donde se cifraba el coste de la no-Europa. Porque junto a cualquier proyecto de erigir una republiqueta o de arrasar las instituciones que son garantía de la igualdad y la libertad de todos los españoles, quienes avalaran semejantes iniciativas deberían acompañar un estudio solvente de los costes que supondría. De modo que, si de un lado los nacionalistas independentistas prosiguen incansables sus tareas mientras, que si del lado de nuestras coincidencias, de aquello que nos une, nadie tiene nada que decir, acabaremos recitando aquel soneto teológico de Agustín García Calvo: “Enorgullécete de tu fracaso,/ que sugiere lo limpio de la empresa:/ luz que medra en la noche, más espesa/ hace la sombra, y más durable acaso./”
Este es un país libre en el que toda incomodidad puede tener su asiento, pero quienes propugnaran proyectos que causan las mismas debieran adjuntar una memoria económica dando cuenta de los costes que implicaría, porque nada es gratis. En cuanto a los elementos coactivos para defender la integridad territorial, recordemos que el artículo octavo de la Constitución dice dos cosas: la primera, de qué se componen las Fuerzas Armadas, a saber, del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, lo cual excluye a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía; la segunda, cuál es su doble misión: garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Sin que las definiciones de qué sean la soberanía, la independencia, la integridad territorial o el ordenamiento constitucional hayan quedado encomendadas al Estado Mayor de la Defensa o al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. En particular, sobre la integridad territorial se advierte que según su artículo 2º “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Cuestión distinta es que no existe una descripción de cuál sea su encarnación territorial ni tampoco una definición del perímetro que comprende. Yendo a un caso extremo, aceptemos que la última vez que sentimos amenazada la integridad territorial y las Fuerzas Armadas cumplieron la misión de defenderla fue cuando la invasión por Marruecos de la isla de Perejil que quedó de nuevo bajo nuestra bandera el 17 de julio de 2002 en una operación iniciada al alba con fuerte viento de levante.

“Sobre la integridad territorial se advierte en el artículo 2º que ‘La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas’”

Así que por integridad territorial debe entenderse la existente en el momento presente. Sin que sea dado modificarla salvo por acuerdo de las Cortes Generales, órgano de la soberanía nacional, que representan al pueblo español. En caso de hacerlo así, como le decía el jueves 21 en los pasillos del Congreso de los Diputados un buen amigo periodista a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Gobierno debería hacérselo saber a las Fuerzas Armadas para evitar que se aplicaran a defender una integridad territorial desfasada, compuesta de territorios que ya se hubieran desgajado autodeterminado. Sería un momento delicado como el que refiere The Washington Post en su edición del 24 de septiembre al dar cuenta del pase a la situación de retiro del General Mark Milley, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor de los Estados Unidos. Refiere que cuando Trump andaba en los intentos de subvertir la democracia y el imperio de la ley, el general mantuvo las tropas fuera del caos de las elecciones de 2020. El general Mark Milley estuvo preocupado de que Trump pudiera ordenar acciones fuera de la ley pero dice rotundo que si hubiera recibido tales órdenes no las habría obedecido. Porque llega un momento, incluso en Estados Unidos, en que la obediencia no puede ser ciega y el militar ha de considerar que por encima de la arbitrariedad del Presidente está la obligada salvaguarda de las instituciones. Esa es ocasión para la desobediencia debida, de la que trata el artículo treinta y cuatro de las Reales Ordenanzas, a tenor del cual “cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que manifiestamente sean contrarios a lasa leyes y usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la Constitución, ningún militar estará obligado a obedecerlas; en todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión”.