El Notario del Siglo XXI - Revista 6

CONSEGUIR LA INTEGRACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA IGUALDAD

Las migraciones constituyen el fenómeno social más importante de esta generación. Para millones de personas, la emigración es la única posibilidad de supervivencia. La inmigración es el segundo de los problemas que más preocupan a los europeos, y el fenómeno tiene añadida importancia para España, por la condición fronteriza de nuestro país entre Europa, África y en cierto modo Latinoamérica. Los notarios, por su contacto profesional con los inmigrados, están sensibilizados con su problemática y se sienten obligados a contribuir a que el fenómeno migratorio no se contemple como fenómeno de extranjería sino de integración en convivencia natural de todos los que residen en el mismo suelo. Para reflexionar sobre las diferentes perspectivas del problema, el Colegio Notarial de Madrid celebró el pasado 20 de febrero una mesa redonda con Carmen Alcaide, Fernando Vallespín, Tamar Rahmouni, Ana María Céspedes y Segismundo Álvarez Royo-Villanova sobre “Los derechos y la integración de los inmigrantes”. La mesa fue presentada por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y moderada por el decano del Colegio, José Aristónico García, quien hizo asimismo una exposición sobre el tema general de la convocatoria. Pronunció la intervención de clausura el secretario de Estado de Justicia, Luis López-Guerra.

Madrid, EL NOTARIO.-
Durante más de tres horas, y ante un numeroso público de profesionales jurídicos, políticos, profesores, periodistas, miembros de ONGs y representantes de organizaciones asociativas de inmigrantes, que obligó a habilitar tres salones de actos mediante circuito cerrado de televisión, se desarrolló en el Colegio Notarial de Madrid la mesa redonda sobre los derechos e integración de los inmigrantes. La presencia, entre otros medios de comunicación social, de TVE, Cadena Ser, El País, Efe, Servimedia, Expansión, etc., da idea del amplio interés de la opinión pública por los temas debatidos.

Jesús Caldera: éxito de una política de legalización e integración. Tomó en primer lugar la palabra el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, para exponer la política actual del Gobierno en esta materia. “Nosotros considerábamos –dijo– que había que hacer, con respecto a este fenómeno, una política de inmigración, no una política con la inmigración, que es muy distinto. Debe ser una política de Estado, una política asumida en sus valores por todos. No debemos hacer política con la inmigración, y menos como arma arrojadiza para buscar enfrentamientos que pueden ser explosivos y muy peligrosos para la convivencia de las sociedades. Creo que así lo hemos hecho y lo hemos cumplido”.
Caldera expuso cómo se encontró, al llegar al gobierno y asumir esta  responsabilidad, con una situación pública, notoria, de desbordamiento del marco legal. “No voy a imputar responsabilidades a nadie. Es un fenómeno difícil, no voy a hacer ninguna crítica a otros gobiernos, ninguna. Pero se había producido el desbordamiento de ese marco y nos encontrábamos con un porcentaje elevado, cientos de miles de personas, trabajando en España de modo irregular, en la economía sumergida”.
Indicó el ministro que no trabajaban en la economía sumergida por su voluntad, sino por imposibilidad de que el marco legal les permitiera trabajar de otro modo, porque esas personas carecían de permiso de residencia y de permiso de trabajo. Todos lo sabían y sin embargo eran indispensables y lo siguen siendo para las actividades económicas que desarrollan. Eran indispensables para los empleadores que les daban trabajo. “Teníamos que dar una solución. Busqué primero el diálogo social y concerté con empresarios y sindicatos un procedimiento excepcional para el afloramiento o la legalización de esta economía sumergida”.
Se preguntó seguidamente el ministro por la razón dominante hoy para la inmigración, al menos en España y en Europa y se refirió en primer lugar a las razones económicas. “Los ciudadanos inmigrantes vienen a trabajar. Es más, saben ustedes que los inmigrantes tienen una tasa de actividad, una propensión al trabajo muy superior a la media de los nacionales. Por tanto, el fin fundamental de su llegada a España es trabajar, integrarse en el mercado laboral. Si esto ocurría y era así, debíamos establecer un procedimiento en el cual pudiéramos legalizar ese trabajo sumergido. Por cierto, de acuerdo con lo que pide la OIT, que habla de trabajo decente, y de acuerdo con sus convenios, que por supuesto proscriben que en un país signatario se pueda desarrollar un trabajo ilegal, como el que se desarrollaba en España por falta de marco regulador de esas actividades”.
Explicó que el Gobierno se lo planteó también como una cuestión de valores, de manera que el proceso de legalización de inmigrantes demostrase, como ha sucedido, los altísimos valores que tiene la sociedad española. “En todos los análisis de opinión –y tenemos en la mesa a Fernando Vallespin, que luego se lo podrá explicar–, los españoles se sienten muy satisfechos; incluso orgullosos de su comportamiento solidario como sociedad de acogida. Es verdad que quieren que la Inmigración sea legal, claro, que se desarrolle por los cauces legales, por supuesto que sí, pero aceptan al Inmigrante y desean que a ese inmigrante se le trate con un corpus jurídico de derechos y obligaciones similar al del ciudadano español, con los mismos derechos y las mismas obligaciones”.
El proceso de legalización del trabajo sumergido en España permitió mostrar ese espacio de valor dominante en la sociedad española que iba a favorecer sin duda la integración de las personas una vez legalizadas. Iba también a mostrar la honradez mayoritariamente característica de nuestra fuerza laboral y de nuestros empresarios. “Escuché muchas veces como ministro decir cuando comenzamos el proceso, que había irregularices masivas, que había empresarios ‘negreros’ –perdón por la expresión-, que había empresarios explotadores”. El Gobierno, sin embargo, confiaba en que la inmensa mayoría de los empleadores iban a responder al requerimiento de los poderse públicos legalizando a sus trabajadores. Las casi 700.000 peticiones que se recibieron venían acompañadas por la petición del empresario. Era el empleador el que, de algún modo, se denunciaba a sí mismo ante los poderes públicos, quien presentaba la petición del trabajador que estaba trabajando para él.
La regularización se hizo con amplio consenso de ONG’s, de fuerzas políticas, salvo –señaló el ministro– el actual partido mayoritario en la oposición que decidió no apoyar esta política, y con un resultado excepcional. De aquel número de peticiones, 557.000 hoy son altas en Seguridad Social, con carácter permanente además. Se decía también que los inmigrantes se iban a legalizar y luego a sumergir de nuevo. Por el contrario, desde el mes de agosto en que acabó el proceso de legalización, los datos de Seguridad Social demuestran que el 98% de estas personas siguen en alta en Seguridad Social y hay un pequeño porcentaje que está en el paro, debido a que hay actividades de temporada que no pueden asumir todo el período anual de trabajo.
Añadió el ministro que la inmigración ha sido un fenómeno positivo, a pesar de, en algunos momentos, haber desbordado el marco legal. De acuerdo con el informe del Banco de España, los ciudadanos Inmigrantes se ubican en espacios donde la oferta de empleo es insuficiente. No hay suficiente oferta de nacionales para ocupar esos puestos de trabajo, y ocupando los ciudadanos inmigrantes, ayudan a una mejor productividad del sistema. Sin duda elevan la tasa de ocupación. Sería imposible entender el fenómeno tan expansivo del número de ocupados que se ha producido en España la última década sin este fenómeno que permite a la clase media española ocupar puestos de trabajo fuera de su domicilio. Ha elevado la renta per capita, según los estudios más solventes del Banco de España. “Incluso en mi opinión mejora la actividad. Hay quien piensa que no la mejora porque se produce una sustitución, un efecto sustitución de mano de obra menos cara por capital tecnológico. Es decir, que el uso intensivo de la mano de obra Inmigrante sustituye a inversiones en capital tecnológico. Hay una ventaja, y es que el ciudadano inmigrante tiene una gran propensión al trabajo y a la movilidad. Esos son factores económicos muy importantes”.
Tras subrayar que, en términos económicos y en términos sociales el fenómeno inmigratorio ha sido positivo, el ministro consideró lógico que se plantee la cuestión también en términos de derechos. “Hoy nos pregunta el Ilustre Colegio de Notarios de Madrid cómo consentir que un ciudadano trabajando aquí, sabiéndolo, no pudiera disfrutar siquiera de las libertades fundamentales de carácter civil, de la libertad de circulación, de la libertad y la seguridad jurídica para adquirir un bien... no podían hacerlo. Ahora, quienes están legalizados pueden firmar una hipoteca, pueden adquirir una vivienda, pueden comprar un vehículo, que antes legalmente no podían hacerlo. Pueden viajar a sus países, lo que por cierto ha convenido mucho a varias compañías aéreas, a visitar a sus familiares. Antes no podían hacerlo.  Desde el punto de vista de los derechos civiles, por supuesto que también ha tenido un importante impacto”.
El hecho es que casi 600.000 personas han sido afloradas a la economía regular, todo un código de conducta de combate contra la economía sumergida. “Debemos esforzarnos en el futuro, cada vez más, en controlar los flujos migratorios de modo legal porque el que paga principalmente los efectos de una inmigración irregular es el propio inmigrante, a quien no le conviene ese status. En la nueva legislación, en el nuevo reglamento, establecimos nuevos sistemas de contratación en origen y un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que los ciudadanos españoles no desean ocupar y puede ser ofertado a ciudadanos en el exterior. Tengo que decirlo, que hay empresas con una buena política de recursos humanos que están realizando selección en origen, cada vez más numerosas de los países que eligen, y que todo se produce y se traduce con procedimientos estrictamente legales. La experiencia de la contratación en origen, por tanto, está dando buenos resultados”.
Añadió Jesús Caldera que la segunda parte de las políticas en relación con la inmigración son las de integración. Hay que ordenar legalmente los flujos de inmigrantes. Al mismo tiempo hay que favorecer la vía de la integración; la integración idiomática, la integración con respeto a nuestros valores, la integración en el uso y acceso a servicios esenciales, como el educativo, el sanitario, los servicios sociales. Se trata de prevenir posibles situaciones de conflicto que nadie desea. “La sociedad española no es una sociedad conflictiva. Hay algunos que piensan que sí, pero en mi opinión no lo es. Es una sociedad moderna que prefiere que el conflicto o los posibles conflictos se prevean, se amortigüen, previas políticas de integración y de diálogo”. El año pasado el Gobierno creó un fondo específico con importantes recursos económicos, que este año va a suponer casi 300 millones de euros, entre las aportaciones del Estado (180 millones de euros) y de las comunidades autónomas.
Ese fondo –señaló– está destinado no sólo a los ciudadanos inmigrantes, sino a impedir que se produzca deterioro en la prestación de servicios para los ciudadanos autóctonos. Tiene dos partes: una, refuerzo educativo y dos, ayudas sociales, integración en relación con los servicios de carácter social, están dirigidos fundamentalmente a evitar que se produzca esa descompensación, y por tanto a garantizar a todos, no sólo al ciudadano inmigrante, también al ciudadano nacional, que este nuevo fenómeno emergente de la inmigración no le va a suponer un coste, una penalización, o una pérdida, de una ayuda, de una subvención, de un derecho que el ciudadano español tuviere reconocido.
Destacó el ministro que la política impulsada por España está surtiendo efecto y se está generalizando en la Unión Europea. Hubo algunas incomprensiones por parte de pocos países cuando se inició el proceso de legalización de inmigrantes. Hoy la Unión Europea va a aprobar un libro verde sobre la Inmigración económica donde va a unir la pauta fundamental de acogida en los países con la situación de los mercados laborales, que es lo que hizo España. La capacidad de acogida se mide en función de las necesidades laborales de los países. Ese principio ya está prácticamente inserto en al acerbo de la Unión Europea. Además, en el último Consejo Europeo se aprobó crear distintas políticas para el fomento de la inmigración legal y de la integración de los inmigrantes en suelo europeo, que incluyen, a propuesta de España, el control de fronteras para evitar los tráficos ilegales de seres humanos, así como políticas de cooperación tanto con el Norte de África como con los países subsaharianos, que lo necesitan ampliamente, y políticas de integración en relación con los ciudadanos que ya se encuentran en suelo europeo. También se impulsan políticas de retorno humanitarias, cuando llegan ciudadanos a Europa de forma ilegal, acompañadas del máximo posible de ayudas económicas para el desarrollo endógeno de los países de donde parten, de donde salen los inmigrantes hacia suelo europeo. “Creo que este catálogo, esta visión de los principios esenciales de la política migratoria es en mi opinión compartido con la gran mayoría de la sociedad española. Estoy seguro que en esta Jornada, con los expertos tan magníficos que van a seguir a continuación, podrán ustedes comprobar con más profundidad cuál es el alcance de estos principios que les he enumerado”, concluyó su intervención el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.
Finalizada la presentación, el ministro abandonó el salón de actos, constituyéndose la mesa redonda con la presidencia del Secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, y los ponentes, y actuando de moderador el Decano del Colegio Notarial de Madrid, José Aristónico García.

La inmigración ha variado la demografía de España. Inició el turno de ponencias la presidenta del Instituto Nacional de Estadística, Carmen Alcaide Gaite, quien –con ayuda de numerosos cuadros y gráficos, para dar respuesta al notorio interés de la opinión pública por el número real de inmigrantes que hay en España– explicó cómo la inmigración ha variado las características demográficas del país.
Señaló que los últimos datos del Padrón continuo cifran en 3,7 millones el número de residentes extranjeros con ó sin permiso de residencia a 1 de enero de 2005. Sin embargo el Padrón no tiene información de los extranjeros que han salido a otros países o al suyo propio. Ni tampoco de los que, estando físicamente en España, no se han empadronado. El INE está poniendo en marcha varias investigaciones “con el objetivo de determinar con mayor exactitud las cifras de extranjeros que residen en España”. Entre ellas un estudio complementario sobre flujos de entrada y salida detectados en el padrón, un estudio en campo de la cobertura padronal y, por último, una comparación entre diversas fuentes de información sobre inmigrantes.
Según Alcaide, desde 1998 hasta ahora, se ha producido un crecimiento “intenso, rápido e inesperado” de los residentes extranjeros, estimado en un 486%. Además, y como consecuencia de la diferente tipología de los inmigrantes, también han variado las características demográficas del país. En concreto, se han producido cambios en la distribución por sexo de la población, se ha producido un efecto de rejuvenecimiento de la población y se ha acentuado el proceso de concentración geográfica en las grandes ciudades y en la costa mediterránea.
Por último, Alcaide añadió que en las cifras oficiales a 1 de enero de 2006 habrá que tener en cuenta la depuración que se haga con la información obtenida en el proceso de renovación del padrón de los no comunitarios ó con permiso de residencia permanente, que lleven más de dos años residiendo en España. Por lo tanto, “es de esperar que la cifra neta del padrón sea más moderada que la de años anteriores”.

España: preocupación, pero no rechazo a los inmigrantes. El director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Fernando Vallespín Oña, desarrolló a continuación la ponencia sobre “La opinión pública ante la inmigración”, para lo que facilitó asimismo gran número de datos de los estudios sociológicos más recientes, incluyendo datos de diversas encuestas del CIS acerca de la percepción por los españoles del fenómeno de la inmigración y las actitudes hacia los inmigrantes. El ponente organizó la exposición en cuatro temas: percepción y valoración del número de inmigrantes, política migratoria y requisitos de admisión de nuevos inmigrantes, relaciones con inmigrantes y actitudes hacia la convivencia, y actitudes de los españoles en relación con los derechos de los inmigrantes.
De los datos de diferentes encuestas del CIS sobre el tema (la más reciente corresponde a noviembre de 2005), Fernando Vallespín extrajo una amplia relación de conclusiones. Señaló en primer lugar que hay un claro ascenso del porcentaje de españoles a los que preocupa el tema de la inmigración, pero que esta preocupación no ha llevado consigo un incremento de los indicadores de rechazo a los inmigrantes que viven en nuestro país.
En relación con esta cuestión, los datos muestran una estructura de actitudes compleja que combina la existencia de una mayoría que considera que hay demasiados inmigrantes y es partidaria de poner límites a la entrada de extranjeros, pero al mismo tiempo se inclina por reconocer derechos y facilitar el acceso a diferentes servicios públicos a los ya residentes. Resaltó asimismo que los españoles tienden a estimar el porcentaje de la población que ha nacido fuera de España por encima del valor real.
Si bien hay una percepción de la inmigración eminentemente ligada a lo laboral y económico, dado que la población se inclina por permitir la entrada sólo a quienes tengan un contrato de trabajo, el que un inmigrante esté en paro durante un período prolongado no es aceptado por la mayoría como causa de expulsión. En cambio, no ocurre lo mismo con cuestiones como la comisión de delitos, especialmente si son graves, que son consideradas causas de expulsión por la mayor parte de los encuestados.
Por otra parte, se incrementan los porcentajes de españoles que tienen contacto con inmigrantes, y, aún teniendo en cuenta los límites que presentan las encuestas para medir estas cuestiones, los datos muestran niveles bajos de rechazo en diferentes situaciones de convivencia (vecindad, colegios, etc.). Y lo más importante es que se mantiene un apoyo elevado al reconocimiento de derechos sociales y políticos entre los que se incluye el respaldo mayoritario a que los inmigrantes puedan votar en elecciones municipales y generales.
Tras las exposiciones de gran solvencia técnica, estadística y analítica de Carmen Alcaide y Fernando Vallespín, el Decano dio la palabra a dos cualificados representantes de los colectivos inmigrantes en España, el presidente de la organización de trabajadores marroquíes ATIME, Tamar Rahmouni, y la miembro del consejo consultivo de la República Dominicana en Madrid y técnico de la asociación de mujeres dominicanas VOMADE, Ana María Céspedes, para que desarrollaran el tema de “los problemas de la integración” desde la perspectiva de los inmigrantes.

Derechos, deberes y participación. Tamar Rahmouni, presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), tras agradecer la sensibilidad que está demostrando el Colegio Notarial de Madrid hacia los inmigrantes y explicar que lleva casi doce años en España “que ya considero mi país, cada vez me siento menos inmigrante y más ciudadano”, propuso añadir, a los derechos de la integración, los deberes. “Hablar de la integración no es un asunto fácil... digamos que hay dos modelos, el anglosajón y el de otros países de Europa. Habrá que ver lo positivo de cada cual, pero cuando hablamos de España yo creo que merece hacer una breve referencia a lo que ha sido la historia de mi relación en España”.
Recordó Rahmouni que el primer proceso de regularización fue en 1991 y alcanzó a unos ciento veinte mil inmigrantes. Por entonces los marroquíes nunca se planteaban España como un país de destino, era un país de paso. La inmigración siempre era hacia Holanda, Francia, países con tradición para recibir inmigrantes. El régimen democrático produce en España un desarrollo económico que abre y da oportunidades de trabajo, de empleo, que es el factor fundamental que motiva a los inmigrantes. Se produce de una forma desordenada. A España –opina– no le pasa como a otros países, Francia u Holanda, que se dan cuenta de que precisan mano de obra y empiezan a ver los sectores por donde pueden aceptar inmigrantes. A España es un fenómeno que se le impone por su situación geográfica y por su crecimiento económico.
Hasta el año 2000 se produce el siguiente proceso de regularización. Eso significa que en nueve años no hubo ningún proceso de regularización, hubo lo que se llamaban los contingentes, que en teoría estaban para que los inmigrantes vinieran con un contrato de trabajo, pero que la fórmula no funcionó del todo. Todas las políticas eran a base de regularizar a los inmigrantes que ya estaban aquí. No se planteaban políticas de anticipar o de planificar, siempre se estaba sobre la marcha.  “Como dijo un analista francés refiriéndose a la inmigración en Francia: ‘hemos traído mano de obra y nos hemos encontrado con personas’. Los inmigrantes, claro, al final son personas que llegan con un bagaje cultural, con unas necesidades culturales, educativas, religiosas que ni el estado ni los gobiernos tenían previstas”.
El inmigrante tiene una serie de necesidades y prioridades. Cuando llega, en primer lugar trata de buscar un empleo o conseguir una estabilidad, esto es, regularizar la situación jurídica, tener permiso y tarjeta de residencia para llevar una vida normal como ciudadano, conseguir una vivienda medianamente digna, y luego proceder a la agrupación familiar. “Luego hay otras necesidades que van planteándose, como es la escolarización de los hijos, una realidad que ha superado un poco a la sociedad y al gobierno. Es una necesidad que tienen los hijos de emigrantes. Por ejemplo, empezar por enseñarles la lengua y cultura árabe. La labor de enseñar sería en este caso del Ministerio de Educación y de las Comunidades Autónomas, que tienen que poner todas las medidas para atender esta necesidad”.
Es además importante –añadió Rahmouni– tener una vivienda digna como cualquier otro ciudadano. Hoy en día se están formando ghetos al no poder adquirir una vivienda. La gran mayoría de los inmigrantes optan por vivir en zonas o en barrios a veces marginados; otras veces con unas condiciones que la verdad no son las adecuadas. En tal zona tenemos este colectivo o tal otro colectivo...” Yo creo que eso no es nada bueno si queremos hablar de la integración”. Y está el aspecto religioso. “Hay una realidad de los inmigrantes fundamentalmente de los musulmanes que vivimos en España, que es el ejercicio religioso del Islam, que es una cosa que garantiza la Constitución española y que no está suficientemente desarrollado. Todos sabemos que hay unos acuerdos que se firmaron en el año 1992 con la comunidad musulmana por parte del Estado. Nunca se han puesto en marcha desde el año 92. Esto nos ha dado un escenario bastante complicado”.
Opina el ponente que, para hablar de la integración, hay dos aspectos fundamentales: el legislativo o político, y la sensibilidad y reconocimiento de la condición del inmigrante como un ciudadano. “Un ciudadano más que ha elegido este país para vivir y para convivir, porque cuando hablamos de esta inmigración es un proceso irreversible. La mayoría de los marroquíes que son hoy día inmigrantes, pues claro han elegido este país para vivir y no van a volver. Esta inmigración no es la que hubo en Holanda hace 30 años. El inmigrante no va a ahorrar aquí un dinero para luego volver a montar una tienda o una fábrica”.
La sociedad española tiene que hacerse a la idea de que esos inmigrantes se han instalado aquí, van a vivir aquí y se van a quedar aquí. Sus hijos van a nacer aquí y van a tener que convivir en la escuela, en el barrio, en todo tipo de espacios sociales o culturales. La integración no solamente se puede hacer por leyes o decretos, sino que toda la sociedad se tiene que implicar en el proceso, empezando por las instituciones. Los partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos... tienen que abrirse para que los inmigrantes puedan participar. “Ahí está también el asunto de la participación en las elecciones municipales mediante el voto, las encuestas vienen a confirmar que la mayoría de los españoles están a favor de esta participación”.

Los derechos: educación, vivienda, trabajo, seguridad social... El notario Segismundo Álvarez Royo-Villanova centró su ponencia en el aspecto puramente jurídico de los derechos de los inmigrantes. “La situación de derechos, como ya se ha dicho, es sumamente importante para la posibilidad de integración”. Recordó que el concepto de ciudadano proviene de la Revolución Francesa, y es justamente la evolución del súbdito al ciudadano. Es decir, no un simple sujeto pasivo sino un sujeto activo de derechos y deberes, y por tanto, es un concepto eminentemente jurídico. ¿Cuál es la situación en España ahora mismo en relación con los derechos de los inmigrantes, o más bien de los extranjeros? Porque hay muchísimos inmigrantes que ya han adquirido la nacionalidad española.
El principio general está consagrado en la Constitución en el Art. 13 que dice que "los extranjeros gozarán en España de libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley". Es un artículo que empieza hablando de igualdad y después tiene una última coletilla que ha dado bastante que hablar, incluso más bien que escribir. Además de este artículo hay que tener en cuenta el Art. 10.2 que dice que "las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades, se interpretarán conforme con la declaración universal de los derechos humanos y los demás tratados internacionales suscritos por España, como la Convención Europea de los Derechos Humanos y también de los derechos del niño".
En las leyes de extranjería esto ha dado lugar a diversas interpretaciones, sobre todo hasta qué punto en los derechos de los inmigrantes esta igualdad depende de que los reconozca la ley. El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en diversos casos y entiende que no puede suponer una total desconstitucionalización de los derechos y libertades fundamentales. Los derechos y libertades fundamentales pertenecen también a los extranjeros y la ley no está habilitarla para modificarlo en cualquier forma. El Tribunal Constitucional distingue entre tres grupos de derechos: aquellos que naturalmente pertenecen a toda persona humana, por tanto a cualquier extranjero, español, independientemente de su residencia legal o ilegal, por supuesto. Son aquellos que se vinculan a la dignidad de la persona, en particular el derecho a la vida, a la seguridad, a no ser detenido y sometido a tratos inhumanos. Evidentemente, en relación con esto como corolario inexcusable, el acceso a la justicia.
En segundo lugar dice el Tribunal Constitucional, los que no pertenecen a los extranjeros de acuerdo con la propia Constitución, que realmente son muy pocos, en particular los relativos a derechos políticos, eso modalizado posteriormente por la propia Constitución prácticamente su única reforma para permitir el sufragio en determinados supuestos, y que probablemente se vaya a ampliar posteriormente.
Finalmente, siempre los grupos más difíciles son los que no son ni uno ni otro; es decir aquellos que pertenecen a los extranjeros residentes en España, pero cuyo ejercicio puede ser modalizado por las leyes. Es decir, pertenecen a los extranjeros pero se pueden establecer algunas diferencias en cuanto su ejercicio entre los españoles y los extranjeros; lógicamente también entre los residentes legales y los residentes, o sea los que no tienen residencia legal en España. Esto naturalmente plantea un problema de límites. El Tribunal Constitucional dice que tampoco es libre la ley para establecer cualesquiera límites incluso en estos derechos, sino que deberán ser proporcionados a la finalidad perseguida; es decir, no podrán establecer límites que desnaturalicen totalmente el derecho.
Hubo la ley de extranjería del año 1985 con una visión más limitada de los derechos, básicamente con una función de control. Posteriormente esto se modificó por la ley 4/2000, siempre leyes orgánicas, por su materia, porque afecta justamente a los derechos fundamentales. La ley 4/2000 era una ley muy progresiva en materia de derechos, se hacia de la igualdad el principio esencial de la misma, y fue modificada muy poco después por la ley 8/2000 y que a su vez fue modificada. Fue bastante restrictiva la de 1985, muy progresiva la primera del 2000, limitada por la siguiente y ligeramente ampliados los derechos por la modificación de 2003.
Los derechos reconocidos en las leyes orgánicas de extranjería actual son el derecho a la documentación –que es derecho y deber al mismo tiempo–, el derecho a la libertad de circulación y residencia, que en principio está limitado a los residentes legales en cuanto a su ejercicio. Varias sentencias del Tribunal Constitucional han entendido que en principio no hay derecho a residir en España por parte de los extranjeros, parece lícito de acuerdo con la Constitución exigir una autorización de residencia. Parece que es la posición también del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, por eso se ha dicho que el famoso derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de salir del país es un derecho vacío, porque tiene un derecho a salir pero no a llegar.
El derecho de reunión y manifestación y asociación está reconocido también, pero dice que para su ejercicio será necesaria la residencia legal; y lo mismo en cuanto a los derechos de sindicación y huelga. “Esto ha dado lugar a determinadas críticas que yo comparto porque una cosa es limitar el ejercicio y otra cosa es evitar el ejercicio. Es decir, excluir absolutamente del ejercicio el derecho de reunión a los legales, probablemente sea desnaturalizar el derecho y probablemente no sea proporcionado, que eran los requisitos que decía el Tribunal Constitucional. Esto, como todo en derecho es discutible”.
El derecho a la educación está reconocido para cualquier tipo de menor que esté en edad de educación obligatoria, independientemente de que sea residente legal o no. En cuanto a la no obligatoria, se reconoce el derecho para los residentes legales, lo cual ha sido criticado, bueno, fue criticado por el Consejo General del Poder Judicial cuando informó sobre esta ley. El derecho al trabajo se reconoce para los que tengan autorización, es decir residencia de trabajo, lo cual también ha habido sentencias del Tribunal Constitucional que han avalado ese derecho de todo el país a determinar quién tiene y está autorizado para trabajar.
En el derecho de la Seguridad Social, y en general los derechos sociales, se ha producido un notable avance en la ley 2000 respecto de las leyes anteriores, en particular de la ley del 85, reconociéndose el derecho a la participación en los beneficios de la Seguridad Social a los trabajadores, sujeto lógicamente a la autorización para el trabajo, pero con una ampliación a que ahora ya se habla de residentes y no de trabajadores, con lo cual parece que se debe aplicar también a las pensiones no contributivas. Además, para los residentes contratados irregularmente se establece los derechos de la Seguridad Social, aunque se deben repercutir, la responsabilidad es del empleador, discutiéndose si esa responsabilidad del empleador es directa, o en caso de que no pueda hacer frente a ello se pueda acudir directamente o reclamar frente a la Seguridad Social.
Hay un derecho a la asistencia sanitaria, únicamente con el requisito del empadronamiento, sin necesidad de residencia legal. También hay por supuesto, el derecho al desempleo, en los mismos términos de igualdad. Se prevé la exportabilidad de los beneficios sociales, limitada a los monetarios, porque lógicamente los que son en especie no se pueden recibir cuando no se está residiendo en el país. Se entiende también en principio lo que son subsidios, es decir, desempleo o pensiones no contributivas, como requieren un control de la situación por parte del estado que los da, tampoco son exportables por supuesto. Por ejemplo las pensiones sí lo serían.
Los servicios sociales básicos se reconocen a todos los extranjeros y los especiales, llamados sectoriales: discapacitados, tercera edad, en principio se reconoce sólo a los legales, lo cual también podría ser objeto de crítica. Se reconocen las mismas ayudas en materia de vivienda y se prevé la posibilidad de la reagrupación familiar. Se reconoce de una manera relativamente amplia para todos los descendientes, para los ascendientes; bueno, descendientes menores de edad, para los ascendientes que estén en una situación de dependencia y para el cónyuge, no para las uniones de hecho. La Reforma 8/2000 trató de evitar las reagrupaciones en cadena y eso se mantuvo en la reforma del año 2003. Generalmente la Ley Orgánica tiene un capítulo dedicado a las garantías de esos derechos y concretamente algunos artículos en los cuales se prevé la presunción de que algunas actuaciones son constitutivas de discriminación frente a los extranjeros.
La doctrina criticó mucho las reformas posteriores a la ley 4/2000 por ser demasiado restrictivas. “Yo creo que desde el punto de vista global, el reconocimiento de los derechos de los extranjeros es, al menos desde el punto de vista formal -ése es otro tema- bastante amplio. Es decir, evidentemente puede haber opiniones discrepantes, al menos puede permitir una integración de los extranjeros como ciudadanos con unos derechos muy semejantes, en la mayor parte de los casos, exactamente iguales que los de los españoles, en particular en materias que yo creo que quizás sean las más sensibles para la integración, como son la sanidad, la educación y la vivienda y los derechos sociales y laborales”.
En opinión de Segismundo Álvarez, todo esto vale, es condición necesaria, pero no suficiente, como demuestran los disturbios en Francia. En Francia los disturbios no los han causado por la diferencia de derechos. Los protagonistas eran nacionales franceses, inmigrantes de segunda y tercera generación. Es decir, el problema de la integración va más allá de los derechos formales. Hay sin duda un trabajo a hacer desde el punto de vista de la opinión pública. “A pesar del relativo optimismo de Fernando Vallespín, yo creo que es un trabajo que hay que hacer. Estoy de acuerdo efectivamente en que los medios de comunicación deberían tener una mayor responsabilidad en el tratamiento de la inmigración”. Pero la integración no es un trabajo de la sociedad de acogida. Es un trabajo conjunto de la sociedad de acogida, de los inmigrantes individualmente y también de sus organizaciones.
“No se trata de asimilar, pero sí se trata no sólo ya del escrupuloso cumplimiento de las leyes, sino –como se está hablando ahora en Inglaterra– al menos promover una lealtad al Estado de acogida, de ciudadanos que se comprometen con unos valores de la sociedad de acogida que tienen que ser compartidos. Valores que son la democracia, la igualdad, la tolerancia, el absoluto respeto a todas las personas humanas que han de ser compartidos y valorados también por nosotros mismos, los españoles. Comunicar esa valoración a los nuevos ciudadanos”, concluyó su intervención el notario Segismundo Álvarez.

López-Guerra: “Integración desde la igualdad”. Finalizadas las intervenciones de los ponentes, y a pesar de la hora avanzada, tuvo lugar un vivo coloquio, en el que se produjeron numerosas intervenciones de representantes de distintos colectivos y de personas relacionadas con los trabajos de la integración, con preguntas que fueron contestadas por los distintos ponentes. Por la importancia de los temas y las distintas perspectivas, el coloquio tuvo momentos intensamente polémicos, aunque se mantuvo dentro de los márgenes de la cortesía.
El Decano del Colegio Notarial, José Aristónico García, como moderador de la mesa redonda expuso unas breves conclusiones, en las que puso el acento en el humanismo planetario y el principio irrenunciable de igualdad de los hombres que se plasma en los valores de la dignidad y la libertad individual, llamando a la fuerza de los derechos universales para la realización de un Estado cosmopolita.
El Decano concedió seguidamente la palabra, para la intervención de clausura, al Secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, quien comenzó felicitando al Colegio Notarial de Madrid por la organización de un acto que “por la viveza del debate se ha evidenciado que versa sobre cuestiones de interés para todos”. Añadió que de las exposiciones y del coloquio “se deduce una cierta homogeneidad, un cierto acuerdo en cuanto a la concepción del problema en que nos encontramos, consistente en un fenómeno inusitado en la historia española, aunque no en otros contextos, como es la afluencia masiva de inmigrantes a nuestro país. Creo que hay bastante acuerdo en cuanto a alguna de las posiciones a adoptar. Desde luego hay acuerdo en una, que se ha usado mucho, la palabra ‘integración’. Quisiera hablar algo de derecho, ya que estamos en esta sede”.
Uno de los autores jurídicos más importantes del siglo XIX escribió un libro que se llamaba "El Derecho Antiguo". Se refería a las sociedades primitivas y venia a decir que en este tipo de sociedades antiguas se concebía a la sociedad como algo unido por vínculos muy íntimos, muy estrechos: vínculos de sangre, vínculos de raza, de idioma, de religión y de derecho. El derecho se consideraba una parte más de esta comunidad cerrada, de tal manera que los que venían de fuera nunca se integraban en ella, ni siquiera por el hecho de vivir en el mismo territorio. Los extranjeros, los que no pertenecían a esta comunidad, generación tras generación vivían como algo distinto con su propia organización, con su propio derecho, distinto de la comunidad como tal.   
Este sistema se ha mantenido incluso en sociedades modernas donde existen grupos claramente separados, comunidades que viven en la misma sociedad política pero separadas por muchas cosas, entre ellas el derecho. Incluso en la democracia más numerosa del mundo de hoy, en la Unión India, hay un derecho civil para musulmanes y un derecho civil para hindúes. “Es evidente que eso no es lo que queremos en España, es evidente que eso incluso lo prohibiría nuestra Constitución ante esta afluencia nueva de personas con culturas, a veces con lenguajes y religiones distintas; obviamente la solución no puede ser crear guetos jurídicos o políticos. Nuestra Constitución, por una parte, proclama el principio de igualdad y por otra parte, proclama unos derechos que predica de todos. La palabra ‘todos’ se repite en nuestra Constitución, no podemos pensar en comunidades distintas. De hecho, la interpretación que ha dado el Tribunal Constitucional a los mandatos de nuestro texto fundamental, es que los derechos constitucionales de los extranjeros no dependen del arbitrio o de la buena voluntad del gobernante”. De forma que en nuestro derecho no quiere que exista una separación de comunidades por el hecho de que está constituida por personas que en la primera generación vienen de fuera, y que posteriormente van a vivir ellos y sus descendientes en nuestro territorio.
El que no haya una diferenciación jurídica no basta. Hay muchos países en los que las leyes proclaman la igualdad, pero sin embargo se han mantenido durante muchas generaciones las diferencias, la separación, y no sólo la separación, sino lo que es peor, la discriminación, la situación desventajosa de grupos. La proclamación formal de la igualdad no basta. Podemos mirar al otro lado del Atlántico, pero también podemos mirar dentro de Europa y reconocer que estos fenómenos de existencia de grupos culturales y lingüísticos y religiosos distintos, en muchos casos no han llevado a una efectiva integración por la misma fuerza de las cosas. No hay una mano invisible que haga que por la misma naturaleza de las cosas, por el mero paso del tiempo, se consiga una efectiva igualdad, una efectiva integración.
“Si alguna lección podemos sacar de la Historia, es que la efectiva creación de una comunidad de iguales se puede conseguir únicamente mediante los esfuerzos, mediante la intervención, mediante la actuación clara de los poderes públicos, y en esto creo que también había acuerdo en esta sala. Se ha hablado muchas veces de las actuaciones en favor de la integración y se ha puesto el acento de todos en la necesidad de más recursos. Hay acuerdo por parte de todos en que es necesario destinar recursos públicos. Es necesario que los poderes públicos destinen fondos, destinen parte del presupuesto, destinen por lo tanto una parte de los bienes de la colectividad a llevar a cabo esta integración”.
También parece haber acuerdo en que esta integración no debe significar asimilación. Parece que la asimilación, los esfuerzos para despojar a una persona o a un conjunto de sus señales de identidad, de sus tradiciones, muchas veces tiene resultados contrarios, de rencor, insatisfacción, enfrentamiento entre comunidades. “Más bien integración parece que debía considerarse como identificación con una comunidad en la que uno se siente a gusto. El sentirse igual, el sentirse que está participando en unos valores, en unas finalidades comunes. Esto supone el derecho, desde luego, a ser igual; pero también supone el derecho si se quiere a ser diferente”. Es ésta capacidad para, si se quiere ser igual o si se quiere ser diferente, lo que posiblemente garantizará que exista una identificación con la comunidad.
Nuestra Constitución consagra un Estado social de Derecho, un Estado por tanto interventor, un Estado que recoge recursos de la sociedad y los utiliza para fines sociales. “Yo no puedo por menos que sentirme optimista, creo que se están dando pasos de los que ya no se va a volver atrás. El gobierno del año 2003 destinó para el año siguiente 5 millones para integración de los extranjeros. El gobierno del año 2004 destinó 120 millones, el gobierno del año 2005 va a destinar 180 millones. Es decir, creo que estamos en una línea donde la marcha atrás es difícil, donde se ha reconocido que efectivamente esta acción de los poderes públicos es necesaria”.
Concluyó Luis López-Guerra manifestando que hay razones para ser optimista. “Se dijo antes (una persona, en el coloquio) que la política de normalización había fracasado. Habría que preguntárselo a alguna de las quinientas mil personas a las que se ha normalizado y posiblemente fueran algo más optimistas”. Hay posiciones que pueden discrepar en algunos aspectos, pero existen unas posiciones comunes que se han revelado en las diversas ponencias y en el debate. “Quiero terminar garantizándoles que desde luego, es voluntad del Gobierno, y ciertamente del Ministerio de Justicia, proseguir en la idea de que es necesaria la integración desde la perspectiva de la igualdad. Y que esta integración sólo puede conseguirse mediante un esfuerzo protagonizado por los poderes públicos. No sólo por ellos, pero por ellos porque la sociedad actúa por sus propias fuerzas, en tanto el gobierno tiene que actuar de acuerdo con un programa. Un esfuerzo por tanto, protagonizado y dirigido por el Gobierno, un esfuerzo en el que pensamos continuar”.
Terminada la mesa redonda, los numerosos asistentes permanecieron largo rato en los salones del Colegio Notarial, comentando las distintas intervenciones y debatiendo aspectos de las mismas. Los ponentes Ana María Céspedes y Segismundo Álvarez Royo-Villanova fueron entrevistados por TVE para un programa sobre cuestiones de inmigración que se emitirá próximamente.