El momento de politización más importante para mi generación fue el 15M. Aquel movimiento aglutinó las frustraciones y el malestar de una generación que transitaba a la edad adulta en medio de un huracán económico y que manifestó en las plazas de toda España su despertar político. La crisis financiera global había evolucionado hacia una crisis política y social que exhibía un sesgo de edad evidente: los jóvenes aparecían como los perdedores del sistema. 

Durante los años de la crisis se destruyó, como ha explicado Kiko Llaneras, un 11% del total de contratos indefinidos en nuestro país. Esa cifra casi se multiplicó por cuatro para los empleos temporales y por seis en el caso de los temporales jóvenes: casi dos tercios de ellos se quedó sin trabajo. Juventud significaba temporalidad, y temporalidad significaba paro y precariedad.
Había, por tanto, razones para ese malestar generacional que primero se expresó en las calles, y que después se articularía institucionalmente para transformar el sistema de partidos que había protagonizado nuestro parlamentarismo desde el fin de la Transición. Las elecciones de 2015 significaron la quiebra del bipartidismo y la irrupción de nuevas dinámicas políticas. A las viejas siglas de PP y PSOE les aparecieron dos nuevos competidores, uno en la izquierda del eje ideológico y otro en el centro. 
La irrupción de Podemos y Ciudadanos introdujo cambios en la formación de gobiernos y mayorías, hasta entonces protagonizadas por un solo partido que, bien valiéndose de una mayoría absoluta, bien apoyándose en formaciones periféricas o minoritarias, se las arreglaba para configurar un gobierno robusto y estable. El tránsito del bipartidismo al pluripartidismo obligaba a replantear la estrategia de alianzas. Algunos saludaron un modelo que permitiría articular mayorías gracias a la suma de tres grandes partidos de ámbito nacional, disminuyendo el poder de los partidos nacionalistas de condicionar la política estatal. Otros, menos optimistas, advirtieron de los riesgos para la estabilidad del sistema que plantearía el nuevo modelo. 
Unos y otros tenían algo de razón. El fin del bipartidismo significaba que ya nadie podría gobernar de espaldas a la mitad del país merced a una mayoría robusta. El parlamento fragmentado obligaba a dialogar, negociar y llegar a acuerdos con partidos rivales, y eso parecía saludable. Pero la falta de práctica también podía conducir a la intransigencia, la parálisis y la inestabilidad política. 

“Las elecciones de 2015 significaron la quiebra del bipartidismo y la irrupción de nuevas dinámicas políticas. A las viejas siglas de PP y PSOE les aparecieron dos nuevos competidores, uno en la izquierda del eje ideológico y otro en el centro”

Efectivamente, transitar del bipartidismo al multipartidismo exigía un aprendizaje que en el caso de nuestro país, nos costó una repetición electoral y la inauguración de una legislatura accidentada. Por otro lado, la fracasada investidura de Pedro Sánchez, que había llegado a un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, parecía una señal de cuán difícil iba a resultar poner de acuerdo a tres de los cuatro grandes partidos para formar gobierno. Esto significaba que, de facto, no podíamos más que aspirar al acuerdo de dos grandes partidos, lo cual recuperaba el papel bisagra de los nacionalistas.
¿Qué acuerdos a dos eran posibles en el posbipartidismo? Un acuerdo bajo el consenso constitucionalista entre PP y Ciudadanos, un acuerdo bajo un consenso progresista entre PSOE y Podemos, o un acuerdo bajo un doble consenso, constitucional y progresista, entre PSOE y Ciudadanos. En los tres últimos años hemos asistido a las tres modalidades de pacto. Ya hemos dicho que el acuerdo PSOE-Cs fracasó y que dio origen a una repetición electoral que beneficiaría al PP, inclinando la balanza hacia un nuevo entendimiento entre PP y Cs. El nuevo acuerdo renunciaba a la dimensión progresista que había caracterizado el pacto “reformista y de progreso” suscrito entre Sánchez y Rivera, pero conservaba el consenso constitucionalista, que a la postre sería crucial para afrontar la crisis catalana de otoño del 17.
Sin embargo, la sentencia de la Gürtel precipitó una moción de censura que nos llevaría por unos derroteros políticos desconocidos. El fracaso de la investidura de Sánchez había dado lugar a su defenestración política. Sin embargo, Sánchez se las había apañado para volver por sus fueros ganando unas primarias contra el aparato y blindando después su poder al frente del PSOE. Ahora sí podría intentar lo que su partido no le había permitido antes: buscar un acuerdo con Podemos y las fuerzas nacionalistas.
Este acuerdo daba lugar, por primera vez, a un gobierno que se había configurado fuera del consenso constitucional del 78. Podemos se ha referido al marco que regula la convivencia en España como el “régimen del 78” y ha reiterado su voluntad de emprender un “nuevo proceso constituyente” que supere el ordenamiento actual. Por su parte, varios de los partidos nacionalistas implicados en el acuerdo que ha permitido el gobierno de Sánchez no solo son ya declaradamente independentistas, sino que son los protagonistas del golpe contra el orden constitucional perpetrado en Cataluña hace un año.
Hay un hilo conductor que permite unir esta serie de sucesos que hemos referido: la crisis económica, la crisis generacional, la crisis política, el fin del bipartidismo y la formación de un gobierno inédito tras los márgenes del consenso constitucionalista.
Y este hecho insólito coincide en el tiempo con los fastos del cuarenta aniversario de nuestra Constitución de 1978. Es cierto que el momento de máxima gravedad constitucional parece superado. El Estado de derecho consiguió doblegar la insurrección que entre septiembre y octubre del año pasado llevó a la demolición de las instituciones para el autogobierno catalán, a la suspensión de la aplicación de las leyes autonómicas y constitucionales y, en último término, a la proclamación de una independencia en suspenso. La restauración del orden fue posible, artículo 155 mediante, gracias, precisamente, a un gran acuerdo a tres partidos dentro del consenso constitucionalista. La unidad de los partidos fue decisiva, pero solo posible gracias a un concurso más amplio: el de todos los poderes del Estado y la sociedad civil.

“El fin del bipartidismo significaba que ya nadie podría gobernar de espaldas a la mitad del país merced a una mayoría robusta. El parlamento fragmentado obligaba a dialogar, negociar y llegar a acuerdos con partidos rivales, y eso parecía saludable”

El mensaje del rey había trazado una línea de unidad a PP, PSOE y Ciudadanos, en un momento en que el gobierno de Rajoy parecía sobrepasado por la situación y el PSOE amenazaba con reprobar a la vicepresidenta por la actuación policial del 1 de octubre. Al papel de la corona hay que sumar la actuación de los jueces, a los que demasiadas veces se sobrecargó con el fin de eludir decisiones que también debían ser políticas. Fue muy revelador que las empresas emprendieran un éxodo ante la inestabilidad política y la inseguridad jurídica que se anunciaba. Por último, pero no menos importante, fue decisivo que la sociedad catalana rompiera la espiral de silencio para desfilar masivamente por las calles de Barcelona en defensa de la unidad territorial y la Constitución.
Un año después, esa urgencia ha quedado atrás. Los principales cabecillas del golpe se encuentran en prisión a la espera de juicio o bien prófugos de la justicia, y nada sugiere que pueda producirse una nueva quiebra de la legalidad equiparable a la de entonces. Sin embargo, quizá siga habiendo razones para decir que vivimos un momento de crisis constitucional.
Esa crisis se expresaría en la vía emprendida por el sanchismo para gobernar por medio de una alianza con los impugnadores del modelo del 78. No obstante, es preciso señalar que esa crisis no guarda relación con el contenido constitucional o con el agotamiento del modelo, sino, más bien, con la irrupción de actores o el cambio de posición de formaciones que cuestionan la validez de las reglas del juego que los españoles votaron y aprobaron masivamente en referéndum hace 40 años.
Ninguno de los grandes retos que afronta nuestro país exige una reforma inevitable de nuestra Constitución de 1978. Ni la dualidad que condena a nuestros jóvenes al desempleo y la precariedad, ni la crisis territorial catalana, ni las urgentes tareas de regeneración y despolitización de las instituciones que otra vez han puesto a nuestros jueces a los pies de los caballos, ni la reforma electoral que tantas veces se reivindica en las calles hacen necesaria una revisión del texto constitucional. Decía Raymond Aron que las crisis constitucionales suceden cuando la discusión política no transcurre dentro de las reglas del juego, sino sobre las reglas del juego. Y los socios del presidente Sánchez ponen en cuestión precisamente esas reglas del juego.

“Nadie debería abrir la caja de los truenos de una reforma constitucional sin la certeza de poder llegar a un acuerdo tan amplio como el que se celebró hace 40 años”

¿Es posible una reforma constitucional que permita incorporar a esos sectores al consenso constitucionalista? Es difícil pensar que unas formaciones abiertamente independentistas puedan encontrar acomodo en el texto constitucional español, que en ningún caso podrá reconocer la posibilidad de la secesión. Es también improbable que Podemos abandone su demanda de un nuevo proceso constituyente para apoyar una reforma del texto constitucional que goce de un amplio consenso.
Sí es posible, sin embargo, que una parte de los electorados de estos partidos pudiera sentirse atraída por una reforma constitucional que incorpore el reconocimiento de ciertos derechos sociales, la reforma del título VIII de la norma, la supresión de la prioridad del varón sobre la mujer en la sucesión al trono o la ciudadanía europea. Y, desde luego, es imprescindible que todos los partidos interioricen la necesidad de respetar las reglas del juego, bien por convicción, bien por estrategia, bien por mediación de la coerción que sigue al quebrantamiento de la legalidad.
Las constituciones más longevas son aquellas que tienen la flexibilidad suficiente para adaptarse a los cambios políticos y sociales y evolucionar con su tiempo. En ese sentido, sacralizar la Constitución es tanto como convertirla en cristal: es hacerla rígida y frágil. Sin embargo, nadie debería abrir la caja de los truenos de una reforma constitucional sin la certeza de poder llegar a un acuerdo tan amplio como el que se celebró hace 40 años.
Esa posibilidad no se anuncia en el horizonte, así que, por el momento, haremos bien en celebrar el cumpleaños del texto que inauguró el tiempo más próspero de la historia de España. Hoy, nuestra norma fundamental atraviesa su particular crisis de la mediana edad: enseña algunas arrugas y una barriguita incipiente, clarea la coronilla, luce plateado el pelo sobre las sienes, cuenta estrías, experimenta la gravedad newtoniana y esa dichosa celulitis. Algunos dirán: “Que nos quiten lo bailado”, y otros opinarán que es hora de retirarse. Yo, en cambio, les digo: cálcense las botas, que toca seguir bailando.

Palabras clave: Constitución española, Crisis, Reforma, Pluripartidismo.
Keywords: Spanish Constitution, Crisis, Reform, Multi-party system.