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ENSXXI Nº 1

MAYO - JUNIO 2005

Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicaciones, admitió, en la ponencia que presentó en la tercera reunión del Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información -celebrada el pasado día 9 de julio en San Lorenzo de El Escorial- que no eran buenos los datos que España estaba ofreciendo en materia de acceso a las Nuevas Tecnologías. De hecho, habló directamente de "brecha digital" para referirse a la distancia que en este tema nos separaba de los países con los que tenemos obligación de compararnos.

Carlos García Viada y Fernando Gomá

El éxito en la tarea de reducir esta distancia es, sencillamente, indispensable, si queremos que nuestro país, recién enganchado al tren de la modernidad europea, no tenga que volver a bajarse de él por no haber comprado a tiempo el "billete tecnológico". Esto precisa sin duda de una decidida y firme voluntad y un convencimiento sincero por parte de los políticos y las Administraciones Públicas, pero, como reconocía el propio Secretario de Estado, la Administración por sí sola no puede hacerlo todo: es necesaria la implicación de toda la sociedad civil. Cuando se trata de construir la Sociedad de la Información, los caminos, las iniciativas y las propuestas no son tarea exclusiva de los poderes públicos, entre otras razones porque el dinamismo y el cambio constante, característicos de las Nuevas Tecnologías, no suelen relacionarse con la actividad pública.
Un ejemplo de impulso desde la sociedad civil de mejoras basadas en las tecnologías es el recién creado Archivo Notarial de Poderes de Representación Procesal (APRP), diseñado por el Consejo General del Notariado por medio de su sociedad tecnológica ANCERT.  El día 17 de noviembre y en un solemne acto presidido por Jaime Matas, en su condición de presidente de la Comunidad Autónoma Balear, fue dado a conocer este nuevo sistema, que a principios del año 2005 ya ha entrado en funcionamiento en dicha comunidad. Se basa en la utilización de la firma electrónica reconocida notarial (FEREN), y consiste básicamente en suprimir de forma radical la circulación en papel de documentos de representación procesal: a partir de ahora serán documentos públicos electrónicos autorizados por notario y depositados en un archivo virtual en el que las oficinas judiciales y los procuradores, en ambos casos de cualquier parte de España, podrán obtener la información que precisan de manera instantánea.
Este sistema electrónico tiene como misión contribuir a la necesaria reducción de tiempo y costes en la administración de la Justicia, que tan necesitada está de ello. Una Justicia lenta no es tal. Las nuevas formas de comunicación están determinando una diferente manera de valorar el tiempo, y no es admisible que la respuesta ante una posible controversia se demore en la misma vía administrativa o en la judicial durante meses o años porque el tiempo es, en sí, un valor de justicia. El retraso injustificado o simplemente excesivo en la resolución de una controversia convierte a ésta, sea cual sea el sentido de la misma, en injusta, porque priva al ciudadano de su derecho a obtener respuesta en un tiempo razonable. Y a medida que las comunicaciones y transacciones se aceleran como consecuencia de la evolución técnica, la demora es más culpable. En este sentido, el Defensor del Pueblo recuerda que acortar los tiempos de la justicia constituye un reconocimiento explícito de la dignidad de la persona humana.
La necesidad de incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito de la Justicia también se ha sentido recientemente en el denominado Foro por la Justicia, promovido por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en el cual participan todos los colectivos y buena parte de las asociaciones relacionados la Justicia, incluidos abogados, jueces fiscales, procuradores, notarios, registradores, secretarios judiciales, peritos, etc...  El Consejo General del Notariado ha participado activamente en este Foro desde su sesión inaugural, celebrada el día 21 de Octubre de 2004, por medio de un destacado grupo de notarios del Colegio de Madrid junto a representantes del propio Consejo y de la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT).
La finalidad del Foro por la Justicia es promover el debate democrático entre todas las profesiones que participan en este ámbito, con el objeto de consensuar propuestas que sirvan para la modernización de la Justicia española. Estas propuestas se elevarán al Ministro para su tramitación por la vía que se estime más oportuna. De ese modo, se pretende que las reformas legislativas en este campo se alejen lo más posible del marco teórico en el que a veces pueden incurrir ciertas iniciativas legislativas y que, por el contrario, pueda aprovecharse la experiencia y cualificación de los profesionales que han de aplicar y controlar la legalidad en su quehacer diario.

La propuesta.

El pasado 10 de Febrero de 2005, el Pleno del Foro por la Justicia aprobó sus primeras conclusiones en diversas ámbitos jurídicos, entre ellas en materia de nuevas tecnologías, algunas de las cuales interesan a la función notarial. A destacar la propuesta IV-7ª de la comisión 1ª, que dice: «Debe generalizarse el empleo del formato electrónico en materia de poderes notariales de representación procesal ("poderes para pleitos"), así como de procedimientos telemáticos seguros de transmisión de los mismos, tanto al Órgano Judicial competente como a los Abogados y a los Procuradores de los otorgantes».
Lo cierto es que se trata de una propuesta que recoge, como antes se ha dicho, una realidad que ya se encuentra en funcionamiento. Por eso mismo, para el Notariado español constituye una satisfacción estar presente, siempre que el servicio público lo demande, en la aplicación jurídica de desarrollos informáticos de alta calidad y utilización inmediata, especialmente si suponen la interconexión de dos plataformas (
e-not@rio y Punto Neutro Judicial), cuyo papel futuro parece indudable en el diseño de la sociedad de la información del siglo XXI.
El archivo APRP es un ejemplo de colaboración entre diversas instituciones -notariado, jueces, abogados y procuradores- para mejorar un servicio público estratégico, sobre la base del propio dinamismo de su actuación y la experiencia práctica en el uso de tecnologías de vanguardia, y sin necesidad de un impulso público inicial. Sin  duda la Justicia precisa de muchos más esfuerzos y avances para ser lo que la Constitución dice que debe ser, pero desde luego ninguno sobra, y menos si es producto del entendimiento de los profesionales que trabajan para ella.