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ENSXXI Nº 14
JULIO - AGOSTO 2007

Una entrevista de Carlos E, Rodríguez

Se ha convertido, muy a su pesar, en estrella mediática ascendente del Gobierno. En las recientes elecciones, el partido reclamaba su presencia en las más diversas circunscripciones. "Engancha" al auditorio, gusta a los jóvenes y tiene esa rara mezcla de autoridad y contención que es fruto de aplicar mucho la reflexión a convicciones largamente maduradas. Abulense de Arenas de San Pedro, donde nació el 10 de febrero de hace 49 años, casado, una hija, aficionado a la música, la lectura, los viajes, la caza y el fútbol, Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia, es fiscal de profesión y ya conoció la actividad política como asesor ejecutivo, en el mismo Departamento, del entonces ministro Fernando Ledesma. Cofundador y miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), está en posesión de la cruz de honor de San Raimundo de Peñafort.
Desde su nombramiento como ministro de Justicia se ha fijado expresamente una serie de objetivos claves, el primero de ellos, recuperar el sosiego de los tribunales y de todos los órganos de la Justicia para que puedan desempeñar su función sin interferencias del resto de poderes, sean políticos, mediáticos, económicos o sociales. Quiere también trazar un nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial basado en el pluralismo y garantizar la autonomía del Ministerio Fiscal, cuya imparcialidad es proclamada por la Constitución como principio rector de su actuación. Se ha propuesto aproximar la justicia a los ciudadanos y agilizar sus procedimientos, incorporar la Carta de Derechos del Ciudadano al plan de estudios de las nuevas promociones de profesionales al servicio de la Administración de Justicia, de modo que sin su conocimiento  no se pueda acceder a ninguno de sus cuerpos, potenciar los derechos de los colectivos con mayor exclusión social, atender de forma prioritaria la legislación que afecta a los menores, y desde luego incrementar con medidas concretas la seguridad ciudadana, la persecución de los delitos económicos y la defensa del medioambiente frente a la especulación urbanística.
Licenciado en Derecho por la UCM, Mariano Fernández Bermejo ingresó a los 26 años en la carrera fiscal con el número uno de su promoción. Hasta su nombramiento como ministro y desde el 1 de julio de 2004 desempeñaba el cargo de Fiscal Jefe de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo. Con anterioridad había sido durante once años fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, desde julio de 1992 a julio de 2003, fecha en la que fue cesado. En la Fiscalía de Madrid creó secciones especializadas en menores e incapacitados, así como en  afrontar problemas medioambientales y perseguir delitos económicos. Ha sido abogado fiscal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y de la Audiencia Territorial de Cáceres y fiscal jefe de de la Audiencia Provincial de Segovia. Durante esta etapa participó en los estudios que precedieron a la reforma de la legislación sobre menores, incluido el Código Civil, así como en la elaboración y seguimiento parlamentario del proyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la elaboración del proyecto del decreto regulador de la Policía Judicial. Ha compaginado su carrera profesional con el ejercicio de la docencia en las Facultades de Derecho de la Universidad de Extremadura y de la UNED, así como en el Centro de Estudios Jurídicos.

La más frecuente queja de los españoles respecto a la Justicia es la lentitud de los procedimientos judiciales, frecuente causa de que algunos de ellos salten a los medios informativos. ¿Qué ideas o planes tiene al respecto para su etapa al frente del Ministerio?

A nivel personal, los muchos años de experiencia profesional me han llevado a la convicción de que tenemos una Justicia mejor de lo que muchos piensan. Así lo he constatado en el día a día del devenir judicial. Pero, además, mi opinión, que como todas puede estar teñida de cierta subjetividad, se ha visto avalada por la encuesta del Consejo General del Notariado recientemente publicada. Según el sondeo, la confianza de los ciudadanos hacia los tribunales ha obtenido, por primera vez desde 1985, un aprobado alto, un 5,9, tras más de dos décadas de cosechar suspenso tras suspenso. Este elevado incremento de la confianza nos ratifica en la creencia de que hay personas muy preparadas en el mundo de la justicia al servicio de los ciudadanos. Por supuesto que pienso que hay que conseguir una mayor agilidad, pues en algunos tipos de procesos los tiempos de tramitación y resolución son excesivos y, por tanto, inaceptables. Ello no obedece siempre a falta de medios, sino también a una deficiente gestión de los existentes, por lo que es imprescindible mejorar, precisamente, la utilización de nuestros recursos. En definitiva, es evidente que nos encontramos en el buen camino hacia la consecución de una justicia como servicio público de calidad.

"No es el ministro de Justicia quien debe definir la fórmula para la elección de los miembros del CGPJ. Lo que he hecho es ofrecer alternativas para la renovación del órgano de gobierno de los jueces con el fin de que se refleje la pluralidad que existe en el mundo judicial y en nuestro Parlamento"

El retraso en materia de administración de justicia tiene como una de sus causas fundamentales la obsoleta estructura, composición y funciones de la actual Oficina Judicial, por lo que me propongo su reforma con el fin de conseguir la racionalización de los medios personales al servicio de la Justicia para acortar así los tiempos en la resolución de los procesos. Además de ello, no dejamos de lado abordar la creación de órganos jurisdiccionales y las modificaciones precisas de la planta judicial. En este sentido, le comentaré que en el año en curso se crearán 131 nuevas plazas de jueces y otras tantas de fiscales.

"La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal modifica el régimen de nombramiento del fiscal general del Estado con el fin de reforzar su autonomía. El fiscal general del Estado no podrá ser cesado a su arbitrio por el Gobierno que lo nombró, lo que garantiza el blindaje de su autonomía"

Respecto a medidas específicas, es de destacar el plan estratégico de refuerzo que el Ministerio puso en marcha en 2006 y que está dando excelentes resultados en la agilización del funcionamiento del Tribunal Supremo, especialmente en la Sala 1ª de lo civil y en la 3ª de lo contencioso-administrativo. Por otra parte, tenemos en marcha una iniciativa concreta para conseguir una buena estadística judicial, lo que nos permitirá conocer exactamente cuáles son los volúmenes de trabajo de cada órgano y sus peculiaridades. Sólo un estricto conocimiento de estos datos permitirá ordenar los recursos para, con su optimización, alcanzar la deseable agilidad, que es un objetivo prioritario. En otro terreno pero que también puede incidir en su pregunta, no es menos prioridad para mí recuperar el sosiego en el ámbito de los tribunales de Justicia, sometidos a veces a la presión de la lucha partidista que jamás debería afectarles.

El modelo garantista español genera demoras en función de la seguridad y la pulcritud de los procedimientos. ¿Son más importantes las garantías o que la acción reparadora y balsámica de la Justicia no llegue tarde?

No estoy de acuerdo en que las demoras se deban al objetivo de garantizar al máximo la seguridad de los procedimientos. Porque garantía para los usuarios de nuestra justicia y plazos de tiempo en la resolución de los procesos judiciales no tienen por qué ser conceptos contrapuestos. Y, desde luego, no opino que puedan ser comparables y se tenga que  elegir entre uno u otro término, garantía frente a tiempo. Un  proceso dilatado en el tiempo no salvaguarda mejor la seguridad jurídica que otro eficazmente instruido y resuelto en un plazo razonable. Otra cosa es que se confunda agilidad con premura y con improvisación, por lo que al referirme a  duración de los procedimientos judiciales siempre empleo la palabra "razonable" y no me gusta hablar de rapidez. Apuesto, eso sí, por una justicia eficaz y ágil -que no apresurada- que garantice los derechos de los ciudadanos cuando recurren a los tribunales. 

Otra queja frecuente de los ciudadanos es la sospecha de cierto grado de "politización", si no en la Administración de Justicia, por lo menos entre quienes la administran. ¿Cómo percibe esta situación y de qué manera podría encararse su resolución?

La mayoría de los operadores jurídicos no está politizada. Allí donde lo están -una escasa minoría- es porque se ha instalado también la crispación que está caracterizando a esta legislatura, lo que resulta muy perjudicial y puede incidir negativamente en la imagen que los ciudadanos tienen de la justicia en general y, muy particularmente, de determinados órganos judiciales.
La solución de la politización de la justicia, y también de la judicialización de la política, no es fácil. Pasa de manera inexorable por el respeto de los políticos y de determinados poderes mediáticos al trabajo de jueces y fiscales y a sus resoluciones, se ajusten o no a sus deseos o a sus estrategias. Estas interpretaciones partidistas y que, en demasiadas ocasiones, no se ajustan a la verdad, son tan equivocadas como peligrosas.

¿Cómo valora el hecho de que los fiscales generales del Estado hayan sido objeto de duras críticas por lo que los ciudadanos han percibido como un alineamiento político e ideológico que rompería en la práctica la independencia del ministerio fiscal?

Existen, efectivamente, críticas a la actuación del fiscal general del Estado, pero, en mi opinión, no provienen de los ciudadanos sino de campañas políticas y mediáticas perfectamente orquestadas que pretenden crear un determinado estado de opinión. Seguimos hablando de lo mismo que en mi respuesta a su pregunta anterior. El Gobierno del que formo parte como ministro de Justicia tiene muy clara la autonomía del Ministerio Fiscal y por eso en diciembre del pasado año el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de su reforma. Tras el trámite parlamentario, el texto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados el 9 de mayo y pasará al Senado donde será de nuevo debatido para su aprobación definitiva. . 

¿De qué manera tendría que ser elegido el fiscal general de Estado para romper la imagen de dependencia y obediencia política al Gobierno? ¿Y cómo tendrían que ser elegidos los miembros del Consejo General del Poder Judicial? O por el contrario, el mecanismo de elección, no determina en manera alguna el comportamiento de los elegidos?

La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal modifica el régimen de nombramiento del fiscal general del Estado con el fin de reforzar su autonomía. Así, el candidato propuesto por el Gobierno, tras la audiencia preceptiva del Consejo General del Poder Judicial, deberá comparecer ante una Comisión del Congreso antes de ser nombrado por el Rey para un período de cuatro años. Además de la fórmula de nombramiento, en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se han introducido causas tasadas de cese del fiscal general, causas que puede revisar el Tribunal Supremo. Estas causas son: petición propia, incompatibilidad o prohibición establecida en la ley, incapacidad o enfermedad, incumplimiento grave y reiterado de sus funciones y fin del mandato del Gobierno que lo ha propuesto. Como verá, el fiscal general del Estado no podrá ser cesado a su arbitrio por el Gobierno que lo nombró, lo que garantiza el blindaje de su autonomía.

"El retraso en la administración de justicia tiene una de sus causas fundamentales en la obsoleta estructura de la actual Oficina Judicial, por lo que me propongo su reforma con el fin de conseguir la racionalización de los medios personales al servicio de la Justicia para acortar así los tiempos en la resolución de los procesos"

En cuanto a su pregunta sobre el Consejo General del Poder Judicial, no es el ministro de Justicia quien debe definir la fórmula para la elección de los miembros que lo componen. Lo que sí he hecho prácticamente desde mi nombramiento es ofrecer alternativas para la renovación del órgano de gobierno de los jueces con el fin de que refleje la pluralidad que existe en el mundo judicial y en nuestro Parlamento, y que no sean sólo los dos grandes partidos y las dos grandes asociaciones judiciales los que estén representados. En estos momentos, las conversaciones entre los dos partidos mayoritarios parecen apuntar a que será posible la renovación del CGPJ, ya que el PP admite actualmente esas bases: más representatividad profesional de los jueces y la participación en el seno del Consejo General del Poder Judicial de partidos minoritarios.

Un ministro español de Justicia, el liberal socialista Álvaro de Albornoz, dejó escrito que "un gobernante celoso del bien público ha de buscar, ante todo, la voz de la opinión reflejada en la Prensa". En el contexto español de esta primera década del siglo XXI ¿cuál es su criterio al respecto?

Un gobernante debe escuchar la voz de los ciudadanos. Este es un principio esencial, pues a los ciudadanos nos debemos y es para ellos para quienes trabajamos. Ahora bien, usted compartirá conmigo que hoy no puede hablarse de "la voz de la opinión reflejada en la prensa", porque existen no una sino muchísimas voces. Si ha seguido mis intervenciones públicas desde que fui nombrado ministro creo que me habrá escuchado emplear muchas veces la palabra diálogo. Por eso, le aseguro que siempre buscaré, escucharé y tendré en cuenta las voces sensatas, sea cual sea su color político.