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ENSXXI Nº 19
MAYO - JUNIO 2008

BLANQUEO DE CAPITALES

La asignatura pendiente contra la delincuencia internacional

Una de las prioridades del nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero, además de afrontar la desaceleración económica, será la lucha contra el blanqueo de capitales, donde se encuentra pendiente de aprobación desde hace meses la Tercera Directiva Comunitaria.  Desde el Ministerio de Economía y Hacienda se tiene previsto llevar al Parlamento el proyecto de ley que ayude a implantar la citada normativa comunitaria, a ser posible consensuado con la oposición, antes del verano, de manera que pudiera ser aprobado entre julio y septiembre por el Congreso de los Diputados, y entre octubre y noviembre por el Senado. Según un informe del GAFI nuestro país es una jurisdicción de riesgo, detectándose cerca de 15.000 millones de euros anuales procedentes del blanqueo.
El blanqueo de dinero ha saltado a luz pública en toda su dimensión recientemente con las mediáticas operaciones Ballena Blanca y Malaya, tramas financieras que han ocupado portadas en la prensa nacional e internacional. Bajo el nombre de 'Ballena Blanca', la Policía Nacional emprendió la mayor operación contra una red de lavado de dinero en Marbella. El juez Torres firmó las órdenes de detención, entre otros, de varios profesionales jurídicos, entre ellos Fernando del Valle, considerado el presunto cerebro de la trama. Por su parte la Operación Malaya señala notables irregularidades en el Ayuntamiento de Marbella. A juicio de Alain Damais,  secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), está siendo modélica la actuación de las autoridades españolas contra la corrupción en la citada operación contra el consistorio marbellí.
Respecto a las modificaciones de esta Tercera Directiva, todos los expertos consultados por esta revista señalan que no conllevará grandes cambios para España, pues buena parte de las «novedades» que incluye ya existen en la legislación nacional. Los verdaderos cambios frente a las medidas vigentes ahora consisten en un aumento significativo de los sujetos obligados, a los que se les va a exigir adoptar precauciones similares a los riesgos que adoptan. Así, por ejemplo, bufetes de abogados, notarios, registradores, inmobiliarias, auditores, joyerías o casinos, entre otros, habrán de ser capaces de establecer «un perfil completo de riesgo» de cualquier cliente “dudoso”. 

Madrid, Luis Javier Sánchez y Carlos E. Rodríguez.-
En palabras de Lorenzo del Río, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, una de las más representativas del sector, “nos enfrentamos a organizaciones muy bien estructuradas que cuentan con expertos en materia mercantil y en transacciones económicas internacionales, contra los que es difícil luchar. Ellos saben como “disimular” el origen ilegal de los fondos mediante tramas muy complejas de sociedades con cuentas en diferentes países y que manejan cantidades muy importantes de dinero. Es muy difícil para las autoridades el control de este tipo de prácticas por lo que es necesaria la colaboración de todos los agentes económicos implicados y acabar con los actuales paraísos fiscales, en la línea en que predica la Unión Europea, al tiempo que intensificar la cooperación internacional entre países afectados”.
El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) organismo internacional formado por 34 países y donde España tiene plaza en el Comité Directivo todavía hay mucho por hacer.  El funcionamiento de esta entidad transnacional responde a ver un enfoque integral en la prevención del blanqueo a través de disposiciones que no tienen rango de derecho público internacional, pero que son evaluadas por diferentes equipos multidisciplinares que intentan ver en cada país el grado de cumplimiento de las citadas recomendaciones. El último informe sobre España data de junio de 2006 y tiene bastantes puntos fuertes y algunas críticas menos relevantes. Según la OCDE  se calcula que en todo el mundo el volumen de dinero objeto de blanqueo equivale a una cantidad entre el 40 y el 100 por cien del PIB español.

Como se blanquea dinero
El blanqueo de dinero está considerado un delito en España que, como miembro de la Unión Europea, promulgó la Ley 19/1993 de 28 de diciembre de Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Real Decreto 925/1995 de 9 de junio por el que se aprobó el reglamento correspondiente. Con posterioridad se aprobó Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. En la actualidad, el RD 54/2005 de modificación del Reglamento de la citada Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales ha incrementado las medidas de prevención y ampliado el número de sujetos obligados y obligaciones de los mismos; el no cumplimiento de las obligaciones legales supone la imposición de multas y sanciones.

"Con la entrada en vigor de la 3ª Directiva en nuestro país, bufetes de abogados, inmobiliarias, auditores, joyerías o casinos, entre otros, habrán de ser capaces de establecer «un perfil completo de riesgo» de cualquier cliente dudoso"

Según la norma de prevención de blanqueo de capitales, la banca española debe identificar a los ciudadanos que realicen ingresos o extracciones superiores a 3.000 euros. Los mecanismos de blanqueo de capitales son múltiples, tradicionales y en muchas ocasiones poco sofisticados pero efectivos. El último informe elaborado por el Ministerio del Interior reveló que en los delitos de blanqueo de dinero, los segundos más cometidos por las mafias que operan en España, se siguen empleando diversos procedimientos de blanqueo al mismo tiempo: invertir en el sector inmobiliario, enviar dinero a través de locutorios telefónicos y realizar operaciones de compensación”.
Otro mecanismo consiste en abrir varias cuentas con pequeñas cantidades de dinero en diferentes bancos contra las que se piden tarjetas de débito. Después, envían esas tarjetas al extranjero, donde personas de su confianza hacen extracciones diarias en los cajeros por el saldo permitido. En otras ocasiones, los grupos delictivos se decantan por crear redes de sociedades mercantiles a través de las cuales realizan operaciones de compraventa de inmuebles o de ejecución de obras.  Con todo y con eso, la mejor manera de blanquear dinero en nuestro país es el sector inmobiliario. De cara a la persecución de estos delitos es evidente que  los actuales medios personales -humanos- no son totalmente adecuados para luchar contra este tipo de delincuencia tan organizada.
Para el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria “sería necesaria una mayor especialización de los magistrados en materia de contabilidad, actividad bancaria, etc. Por tanto, la reforma pendiente de la justicia, que se dice será activada en esta nueva legislatura, tiene un capítulo importante en esa especialización para hacer más efectiva la acción de la Justicia. En igual sentido, también es importantísima la labor adicional de la policía y de los peritos, ya que se trata de delitos muy técnicos que exigen una especialización en la propia investigación previa que ayude a los jueces para analizar la ingente cantidad de información bancaria o financiera.”  Desde su punto de vista son interesantes los cursos que el  Consejo General del Poder Judicial  imparte desde hace años sobre este tipo de delitos, económicos y de blanqueo de capitales, en colaboración con agentes estrechamente relacionados con la actividad económica (Inspectores de Hacienda, Economistas, Agentes de Cambio y Bolsa, etc.)

"Organizaciones de inspectores y técnicos de Hacienda, así como de los funcionarios de Vigilancia Aduanera han reclamado durante años la creación de una policía fiscal bajo el mando de Hacienda para este tipo de delitos"

La investigación del blanqueo de dinero es una actividad relativamente joven en España, caracterizada por la dispersión de unidades y la ausencia de una coordinación efectiva entre las fuerzas de seguridad y la Agencia Tributaria, o lo que es lo mismo, entre Interior y Hacienda, salvo en todo lo que afecta a los casos de narcotráfico. La investigación de las redes financieras de las organizaciones criminales fue durante años una asignatura pendiente, al igual que la aplicación de técnicas policiales en la investigación del fraude fiscal. Esta ha sido una vieja reivindicación de las organizaciones de inspectores y técnicos de Hacienda, así como de los funcionarios de Vigilancia Aduanera, que han reclamado durante años sin éxito la creación de una policía fiscal bajo el mando de Hacienda.

Mayor colaboración notarial
Operaciones como las citadas y la entrada en vigor recientemente de la Orden EHA/114/2008 de 29 de enero ha hecho que se estreche aún más la colaboración de colectivo de notarios en la prevención del blanqueo de capitales. Según los últimos datos que se conocen el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notariado remitió durante 2007, un total de 275 operaciones con indicio de blanqueo de capitales al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), lo ha supuesto  un aumento del 118% respecto a las 126 comunicaciones de 2006, según los últimos datos hechos públicos. La mayoría de las operaciones en las que se apreciaron sospechas de este delito se encuadran en el ámbito del derecho mercantil, en particular en el de las operaciones societarias.
Además, este órgano atendió en 2007 los requerimientos de información de las autoridades en relación con 7.219 personas físicas o jurídicas, concretamente de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional, las Fiscalías y del propio Sepblac. Estos datos reflejan un aumento de las solicitudes del 495% respecto a 2006, durante el cual se recibieron un total de 1.213 requerimientos de información. Esta entidad  inició su andadura en diciembre de 2005 con el objetivo de intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las administraciones públicas en esta materia, en cumplimiento de lo dispuesto por ley. Su creación respondió también a la entrada en vigor de la actual normativa en materia de blanqueo, de abril de 2005, que ha permitido a los notarios objetivizar e intensificar su colaboración con las administraciones públicas al pasar de ser meros sujetos colaboradores a asumir una serie de obligaciones en la prevención y lucha contra el blanqueo.
Sin embargo, la colaboración que los notarios hace en la prevención del blanqueo de capitales aún no es muy conocida. Según la última oleada del barómetro "La imagen del notariado en la sociedad española”, elaborado por la empresa de estudios sociales y de opinión Metroscopia y dado a conocer recientemente por el Consejo General del Notariado  Un 87% de los encuestados considera que esa colaboración puede ser de gran utilidad. Más aún: a un 94% les parece bien que los notarios colaboren en la lucha contra el blanqueo de capitales y a un 96% que lo hagan en la prevención y lucha contra el fraude fiscal. Sin embargo esa colaboración, según se indica en ese mismo estudio- es de momento poco conocida por los ciudadanos. Sobre la primera tienen conocimiento un 36% de los encuestados y sobre la segunda un 41%.
Precisamente desde  las diferentes modificaciones legislativas que se han efectuado y que mejoran la colaboración del SEPBLAC con la Agencia Tributaria como viene estipulado en el artículo 94.5 de la Ley General Tributaria.  Este Servicio Ejecutivo facilitará aquellos datos con transcendencia tributaria para la Agencia Tributaria que sean de interés, bien de oficio o a requerimiento de la misma. Y, desde ese punto de vista, la intensificación de las relaciones  con el Consejo General del Notariado, como queda reflejado, además del citado artículo 94.5 que señala la colaboración de cualquier entidad pública con la Administración Tributaria,  en el artículo 17 modificado de su Reglamento Notarial  donde se estipula que se facilitará información de del Indice Unico Informatizado que tenga relevancia tributaria. Además la Agencia Tributaria tiene un acceso telemático al citado Indice y hacer requerimientos informativos en los que los notarios ofrezcan una copia de esas operaciones realizadas

Necesidad de más medios y recursos
La Agencia Tributaria ha denunciado en 2007 ante la Justicia delitos de blanqueo de capital por un importe de 1.067 millones de euros, como resultado de actuaciones de investigación más complejas en el ámbito del narcotráfico y de la economía sumergida. La cifra de 2007 representa un incremento de casi un 200% con respecto al año anterior gracias al fin de investigaciones que se iniciaron en años anteriores.

"El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notariado remitió durante 2007 un total de 275 operacione al SEPBLAC,  un 118% más que en 2006"

Pese a los datos antes aportados, desde Gestha, asociación que engloba a los técnicos del Ministerio de Hacienda, se señala a través de su  secretario general José María Mollinedo, que es prioritario" que los esfuerzos del Ejecutivo a corto y medio plazo se fundamentalmente en combatir el fraude y el blanqueo de capitales y en mejorar el control del gasto público. Desde este punto de vista sería fundamental dejar trabajar a los más de 8.000 profesionales de este cuerpo que según sus declaraciones se encuentran con las manos atadas ante la economía sumergida.
Para este colectivo es  posible" reducir impuestos como "solución temporal para paliar la desaceleración económica y mantener, e incluso aumentar, el gasto social sin poner en peligro la estabilidad presupuestaria, siempre y cuando se reduzca la economía sumergida". Ahora  la economía sumergida en España se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone un total de 241.465 millones de euros, según los últimos datos disponibles- Lo ideal seria poner en marcha un plan especial de prevención del fraude que permita reducir la economía sumergida en España en diez puntos porcentuales, hasta el 13% del PIB.De esta forma, según Gestha, saldrían a la luz unos 90.000 millones de euros, permitiendo recaudar, vía impuestos, un total de 38.000 millones adicionales, que servirán para incrementar el presupuesto relacionado con las políticas sociales.
Por su parte, los inspectores de Hacienda aprovecharon la celebración de su Congreso hace unos meses para hacer público un documento que bajo el nombre” Fraude, Corrupción y blanqueo de capitales en España” A lo largo de esta publicación se habla de la generalización de la corrupción en nuestro país en casi todos sus estamentos y se proponen diversas medidas como desarrollar con la mayor urgencia las medidas preventivas contempladas en la nueva Ley del Suelo para evitar los casos de corrupción, así como por la reforma del Código Penal para endurecer las penas por delitos contra la ordenación del territorio. Desde esta perspectiva, Jose María Pelaez, presidente de este colectivo cree que no estaría de mas poner en marcha una Ley Anticorrupción para luchar contra el fraude en el sector inmobiliario.
De cara a combatir el fraude fiscal y el blanqueo capitales, los propios inspectores de Hacienda señalan que la creación de una Oficina Nacional Antifraude que, bajo la dependencia funcional de la Agencia Tributaria, integre, otros, a funcionarios de la Inspección de Hacienda, del SEPBLAC y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ministerio Fiscal. Esta oficina se crearía a partir de la existente Oficina Nacional de Investigación del Fraude, ampliando sus competencias y su despliegue territorial, mediante la creación de 100 unidades de investigación en todas las comunidades.

El sector inmobiliario, a examen
La asignatura pendiente del sector inmobiliario uno de los que más aporta al PIB nacional es la colaboración con las autoridades en la lucha contra el blanqueo de capitales. Los datos revelan una escasa implicación, pese a las multas que pueden recibir las propias empresas. Para Juan Manuel Vega, subdirector general del Tesoro  y responsable del GAFI en nuestro país espera que la inminente  transposición a nuestro país de la III Directiva sobre Blanqueo de Capitales sirva de detonador de cara a la colaboración plena  del sector inmobiliario en esta política de prevención.  A su juicio . “es evidente que las operaciones de blanqueo se han hecho complejas; tienen un carácter transnacional la mayoría de ellas. Debemos prestar atención de los autopréstamos, las ventas sucesivas donde hay una sobre o infravaloración y el uso de efectivo en grandes compras” Los datos que se manejan hablan de  45.000 empresas que operan con una plantilla reducida en esta actividad económica  Esto ha hecho que las comunicaciones del sector inmobiliario al SEPBLAC sean mínimas. 1 en el año 2003 y 8 en el 2004.

"AEGI prepara la creación de un Código de Buenas Prácticas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales e intensifica la colaboración del sector con el SEPBLAC. Cerca de 2.000 entidades ya colaboran"

Desde AEGI,  asociación patronal que  da voz al sector Inmobiliario español, miembro de  la CEOE , Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y de CEPI – EPAG (European Property Agents Group), con sede en Bruselas.  q mueve anualmente más de diez billones de pesetas, y emplea a no menos de 100.000 trabajadores se ve con preocupación esta situación y entienden que no es justo identificar el blanqueo de capitales con el propio sector al que representan. Para Luis Rubí Blanc, asesor jurídico de esta asociación “la labor de AEGI es la de sensibilizar a sus asociados de la importancia de dar adecuado cumplimiento a la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, no solo porque es una obligación legal de cuyo incumplimiento se derivan graves sanciones administrativas sino porque además se trata de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos graves ante los que el sector no puede permanecer sin dar una respuesta adecuada.  “
Para este jurista que se haya puesto en marcha recientemente  una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Hacienda, en la que “exponemos las dificultades prácticas que nos podemos encontrar para la aplicación de esta normativa con vistas a la nueva regulación que se va a aprobar en breve, derivada de la aprobación de la Directiva 60/2005 de la Unión Europea sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales, va a ser otro elemento que mejore la colaboración del sector inmobiliario.   Según datos del Banco de España se ha incrementado de 864 entidades inmobiliarias censadas en el año 2000 a las casi 2.000 entidades dadas de alta en el año 2006, último año del que disponemos de información las inmobiliarias que cumplen sus obligaciones de información. “Estamos elaborando un Código de Buenas Prácticas en materias de Prevención del Blanqueo de Capitales que muy pronto verá la luz”.
Respecto al castigo penal de estas infracciones y la entrada de la III directiva comunitaria Rubí Blanc comenta que “actualmente el delito de blanqueo de capitales contempla una pena privativa de libertad de hasta 6 años de prisión y una multa del tanto al triplo del valor de los bienes blanqueados. Además las autoridades públicas pueden decomisar los bienes objeto de blanqueo. Es decir, las penas son graves y a nuestro juicio, suficientes para perseguir esta lacra social”. Y sobre la regulación comunitaria se encuentra expectante “La Tercera Directiva, como decíamos, va a endurecer sensiblemente las obligaciones de los sujetos obligados, dando una nueva “vuelta de tuerca” a  las empresas sujetas a esta normativa. Consideramos que debe hacerse bueno el principio de que “a grandes males, grandes soluciones”: se trata fundamentalmente de luchar contra el narcotráfico y el terrorismo y desde AEGI solo podemos decir que las Autoridades Públicas contarán siempre con nuestro apoyo en estas materias de tanta gravedad social. Esta revista ha intentado conocer los puntos de vista al respecto del G-14, la asociación de grandes inmobiliarias, que ha denegado pronunciarse al respecto “por el momento”.

FRAUDE Y AGENCIA TRIBUTARIA

En una de sus últimas comparecencias el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, y el director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, presentaron los resultados de los tres primeros años de aplicación del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que ha recaudado en su globalidad cerca de 19.400 millones de euros. Este Plan arrancó a primeros del 2005 con objeto de luchar contra el fraude en cuatro vertientes: sector inmobiliario, tramas organizadas en el impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuestos especiales y blanqueo de capitales. Para poner en valor esta cifra baste señalar que el montante total de inversión pública en infraestructuras de los Presupuestos Generales del Estado 2008 es de algo más de 15.000 millones de euros.
En 2007 la recaudación directa por actuaciones de control, incluyendo la minoración de devoluciones, ascendió a 5.954 millones de euros, un 12,1% más que en 2006. Además se incremento un 34,9% la recaudación por regularizaciones voluntarias atribuible al efecto inducido del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, hasta los 1.480 millones de euros. El número de actuaciones de control de 2007 fue de 271.064.
Por tanto, la recaudación obtenida por el Plan de Prevención del Fraude Fiscal asciende en 2007 a 7.434 millones de euros, a los que hay que se le suman los resultados de 2005 y 2006, que fueron de 5.526 millones de euros y 6.407 millones de euros respectivamente .Las directrices del Plan de Prevención del Fraude Fiscal favorecían un control integral sobre toda la actividad económica relacionada con el sector inmobiliario, por considerar que puede ser una fuente importante de fraude. En 2007 se inspeccionó a 8.501 contribuyentes de este sector, un 31% más que en 2006, y se descubrió una deuda de 1.223 millones de euros, un 65% más que el año anterior.
En 2008 los resultados de más de 80.000 operaciones en promociones inmobiliarias serán objeto de análisis por parte de la Agencia Tributaria después de tres años de trabajo y recogida de información del proceso integral del desarrollo urbanístico. El Plan de Prevención del Fraude Fiscal también pone énfasis en la mejora del cobro de la deuda descubierta en las actuaciones de lucha. En ese sentido las actuaciones para garantizar el cobro de las deudas se han doblado en los últimos tres años, llegando en 2007 a 1.313, cuando en 2004 eran de 649. Estas actuaciones se realizan de manera coordinada entre los departamentos de Inspección y Recaudación con el fin de evitar vaciamientos patrimoniales por parte de los defraudadores.