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ENSXXI Nº 22
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2008

ELECCIONES

Durante el mes de enero de 2009, los nuevos decanos deberán tomar posesión de sus cargos y a partir de esa fecha pasan a formar parte del Consejo General del Notariado que en su primera reunión, prevista para el 30 de Enero próximo,  quedará constituido con el nombramiento de Presidente, Vicepresidente y miembros de la Comisión Permanente.
Tradicionalmente estos nombramientos tenían lugar en la reunión constitutiva -así lo ordena el Reglamento-- previa exposición de proyectos y programas por los candidatos y deliberación del Pleno.
Sin embargo, como es sabido, en la constitución del Consejo actual en 2005, se rompió la tradición,  en una reunión selectiva previa celebrada en el Hotel Santo Mauro,  cuya convocatoria y paternidad nadie quiere atribuirse, en la que sin haberles  citado y sin haberles oído ni sin deliberación de clase alguna , se decidió la inclusión y sobre todo la exclusión de candidatos.  Las circunstancias y consecuencias de esa reunión,  conocida como el contubernio de Santo Mauro,   son sobradamente conocidas, lo que excusa mayor comentario.
En esta ocasión  los hechos se van anticipando. En lugar de una reunión  selectiva, un grupo de  decanos, algunos  sorprendidos en su buena fe según han confesado, han dirigido una carta a todos los colegiados  "para tratar de evitar las incertidumbres que pudieran derivarse del largo plazo que con carácter excepcional impone el Reglamento para la constitución de este primer Consejo tras la reordenación territorial de los Colegios Notariales" según justifican.

"No se puede acordar a sus espaladas la exclusión apriorística de ningún candidato ni dar de lado a seis colegios que representan la mitad del Notariado, ni está en las facultades de ningún decano responsable adoptar decisiones sin haber oído y valorado los proyectos o programas que puedan aportar los excluidos"

En ella se dice textualmente: 
"Al nuevo Consejo le corresponderá decidir y ejecutar la política notarial durante su mandato, en un momento trascendental como todos sabéis. No obstante y sin perjuicio del debate correspondiente en su momento, entendemos que esta política deberá estar marcada por las conclusiones del 10º Congreso Notarial Español, aprobadas por unanimidad. Por ello el nuevo Consejo debería seguir profundizando en el reforzamiento de la función notarial (y por ende del documento notarial) como función pública al servicio de los ciudadanos y administraciones públicas, con la utilización decidida de las nuevas tecnologías, continuando la labor desarrollada por el ultimo Consejo, que compartimos y agradecemos.
Estimamos que tal tarea debe ser desarrollada por quienes creen en lo acertado del proyecto, y desde esa premisa, consideramos que el Consejo ha de estar presidido por el Decano del Colegio Notarial de Andalucía, Antonio Ojeda Escobar. Junto a él, la persona más idónea para ser designado vicepresidente entendemos es el Decano del Colegio Notarial de Las Islas Canarias, Francisco Javier Guerrero Arias, y como miembros de la Comisión Permanente, el Decano del Colegio Notarial del País Vasco, Manuel López Pardiñas, el Decano del Colegio Notarial de Murcia, Carlos Fernández-Simón Bermejo y el Decano del Colegio Notarial de Valencia, Cesar Belda Casanova.
Todo ello sin perjuicio de que, pasado el tiempo de las disputas electorales, sea deber de todos trabajar lealmente al lado del equipo que resulte elegido democráticamente en el seno del Consejo, sin que sea obstáculo la diferencia de opiniones, siempre enriquecedora. Así lo creemos firmemente, en tal sentido nos comprometemos y hacemos desde este momento un llamamiento a todos para, remando en la misma dirección, hacer frente juntos a los muchos retos que se plantean al Notariado",  firmando a continuación Antonio Ojeda Escobar, decano electo del Colegio de Andalucía, Fco. Javier Guerrero Arias, Decano electo del Colegio Notarial de Las Islas Canarias, y otros nueve decanos.
La carta ha dejado una sensación de perplejidad y malestar en el colectivo. A la redacción de EL NOTARIO DEL SIGLO XXI  han llegado multitud de cartas de protesta e indignación de toda España,  en la red han empezado a cruzarse respuestas e interpelaciones, casi todas ellas denunciando la iniciativa, por considerar que es un error gravísimo, algo extemporáneo e inaudito, una declaración de guerra abierta, y  en general pidiendo mayor democratización en el cuerpo, bien un referéndum o moción de confianza de los que se autoproponen para los cargos, bien una petición a los decanos para que convoquen una Junta Extraordinaria en la que justifiquen su decisión ante los colegiados o soliciten de éstos  el sentido que han de dar al voto. Algunos acusan a los promotores de falta de inteligencia o de torpeza  al mostrarse públicamente como traidores a la esperada unidad, otros de acentuar la fractura en el cuerpo considerando una incongruencia y hasta una  burla la llamada a la unidad que contiene el escrito, enumerando otros los fracasos en la política del actual Consejo,  y considerando los más  que   el continuismo sería suicida y solo puede conducir a la ruina profesional.
EL NOTARIO DEL SIGLO XXI participa del estupor y consternación de la mayoría y no puede menos que reiterar su opinión contraria al espíritu de Santo Mauro. No se puede  acordar a sus espaldas la exclusión apriorística de ningún candidato ni dar de lado a seis colegios que representan la mitad del Notariado, ni está en las facultades de ningún decano responsable adoptar decisiones sin haber antes oído y valorado los proyectos o programas que puedan aportar los excluidos, máxime cuando  no es difícil superar cota tan baja como la que ha marcado el actual Consejo. Ni aunque fuera cierto "que no lo es con total seguridad"  que,  según  se ha ido sugiriendo entre los votantes y alguno de éstos ha confesado--, el ministro u otras personas del ministerio inducen a los miembros del actual Consejo  al continuismo  por motivo de la hoja de ruta, muy favorable en la actualidad al notariado y que podría torcerse en caso de cambio de interlocutores,  ¿hay alguien que se atreva a decir esto públicamente? Como añadía un colegiado, no  cabe nada más  antidemocrático que adoptar  acuerdos sin sesión, sin convocatoria y sin deliberación, resultando paradójicamente bochornoso que esto lo haga un colectivo que precisamente se dedica a controlar eso.                              .

"EL NOTARIO DEL SIGLO XXI llama a la responsabilidad general y concretamente a la de los que involuntariamente pueden acentuar la fractura notarial cuando en lugar de una elección lo que se pacta son exclusiones apriorísticas, incluso de los que han demostrado mayor eficacia en la solución de los últimos problemas arancelarios, sin conocer sus proyectos no contrastar sus posibilidades. ¿Dónde está la independencia de que algunos hacen gala y el sentido de la responsabilidad que se ha de suponer a todos?"

No se puede jugar con el destino de una corporación que siempre ha dado muestras de mayor  nobleza y altura que la que demuestran estas maniobras. EL NOTARIO DEL SIGLO XXI llama a la responsabilidad general y concretamente a la de los que involuntariamente puedan acentuar la fractura notarial cuando en lugar de una elección lo que se pacta son exclusiones apriorísticas, incluso de los que han  demostrado mayor eficacia en la solución de los últimos problemas arancelarios, sin conocer sus proyectos ni contrastar sus posibilidades. ¿Dónde está  la independencia de que algunos hacen gala y el sentido de la responsabilidad que se ha de suponer a todos?
La carta es cuando menos una torpeza. Un colegiado se preguntaba: ¿qué unidad pueden buscar quiénes se reparten entre sí los cargos representativos a espaldas de los demás? ¿Se puede confiar en alguien que incumple los procedimientos y ritos como han hecho estos once firmantes? ¿Se puede confiar, de cara a las difíciles negociaciones sobre la hoja de ruta en quienes  demuestran un comportamiento estratégico tan torpe?

RAZÓN Y DELIBERACIÓN

Es propio de la esencia misma de todo órgano el responder al principio deliberativo. En un órgano colegiado no se decide sin más, sino que antes de decidir, por definición, debe abrirse la posibilidad de una deliberación, de un debate entre los integrantes del órgano. La razón de ello no es en absoluto gratuita. Semejante exigencia institucional obedece a la idea elemental de que la concurrencia de varias inteligencias, el contraste de pareceres, es siempre una mayor garantía de acierto.
Pero, aparte de consideraciones meramente utilitarias o de conveniencia, el principio deliberativo responde a una idea más profunda ligada al propio fundamento de la racionalidad humana. Se delibera porque se considera necesario racionalizar o argumentar la decisión que se va a adoptar. Y se argumenta porque se considera necesario convencer, incluso a riesgo de ser convencido. Y se aspira a convencer cuando se valora y se aprecia la opinión y la personalidad del interlocutor. En definitiva, cuando se considera que se está entre iguales, entre sujetos que participan en una comunidad de razón.
Cuando el órgano tiene una función representativa, porque cada uno de sus miembros no sólo habla y decide por sí, sino como representante de un determinado grupo, prescindir de este principio deliberativo, dar por tomadas una decisiones adoptadas de antemano y al margen de todo debate plenario con participación de todos los integrantes del órgano, supone sin más un desprecio no solo a la personalidad de los miembros excluidos, sino, sobre todo, a la de todo el grupo representado por éstos. Y por encina de todo, supone una desconsideración a la esencia colegial y deliberativa del propio órgano, que es donde se encuentra su última legitimación.