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ENSXXI Nº 24
MARZO - ABRIL 2009

JAVIER OÑATE
Notario de San Sebastián

Como es bien sabido la expresión “hoja de ruta” adquiere carta de naturaleza política en el seno del interminable “proceso de paz” entre israelíes y palestinos, con el bienintencionado fin de sentar las bases para la convivencia armónica entre el actual estado hebreo y la llamada “Autoridad Nacional Palestina”, embrión del futuro estado de ¿Palestina? En el ámbito del conflicto doméstico entre notarios y registradores, la expresión es introducida por la famosa Medida 23.
A nadie se le escapa que su motivación última no radica en los costes desproporcionados del sistema de seguridad jurídica preventiva en materia inmobiliaria y mercantil, derivados en su casi totalidad de una fiscalidad disparatada, sino precisamente en la guerra larvada, con estallidos puntuales de violencia jurídica, entre notarios y registradores por ocupar la mayor parte posible de la “Tierra Prometida” que, si YHWH no lo remedia, permitirá al vencedor “disfrutar” de un páramo semidesértico, árido e inviable desde cualquier punto de vista.

"Como es bien sabido la expresión “hoja de ruta” adquiere carta de naturaleza política en el seno del interminable “proceso de paz” entre israelíes y palestino"

Sin embargo, mientras en el conflicto árabe-israelí la expresión hace referencia a un itinerario y un conjunto de medidas destinadas a alcanzar el fin último (y probablemente imposible) de una paz duradera y estable en el que convivan las dos partes enfrentadas, en el conflicto notarial-registral, hace referencia a un deseable sistema “sin duplicidades ni solapamientos”, en el que sólo uno de los dos actores en juego tendría un papel relevante en el proceso de seguridad jurídica preventiva, mientras que el otro, o bien sería “echado al mar” (el catastro) o bien sería “asimilado” por las buenas o por las malas (fusión, reconversión) .
Esta intuición personal lejos de ser desmentida por los hechos, ha resultado fortalecida por los últimos acontecimientos. La retirada del Proyecto de Decreto que rebajaba los aranceles notariales y registrales un 20%, además de otras naderías como el “todo a un euro” de las copias simples y la consagración por decretazo del principio de presunción de culpabilidad del notario y del registrador, no sólo no llenó de alegría a nuestros representantes corporativos, sino que les costernó profundamente. No sólo por un ataque de celos o cuernos, táchese lo que no proceda, sino porque, sin duda, vinculaban esa “generosa” oferta (de la que quedaban excluidas sus ilegales compensaciones institucionales, claro está) al resultado final de la hoja de ruta. Bien valía perder un ojo –ajeno- a cambio de dejar ciego al enemigo.
Pero como no hay que dejar que la realidad te estropee un buen guión, nuestros dirigentes, pasados y presentes, valga la redundancia, tuvieron a bien mantenella y no enmendalla y depusieron un informe (nunca aprobado por el Pleno del CGN) en el que se declaraba la guerra muerte a nuestros primos hermanos, mientras éstos presentaban con carácter provisional uno conciliador, asumiendo las bases contenidas en la Declaración de Barcelona, suscritas por los Decanos autonómicos respectivos. Filtrado oportunamente el informe del Consejo (hecho que en este caso no motivó chivatazo ni apertura de expediente disciplinario alguno), el Colegio de Registradores elaboró otro asumiendo a su pesar muchas de las tesis disparatadas de sus elementos más integristas.

"Poco y malo se puede esperar de una cúpula más preocupada en justificar el escándalo de sus retribuciones"

Conforme a su política informativa, en el SIC se ha ocultado celosamente el primer informe y presentado con alharacas el segundo, para de este modo justificar su política de guerra total y el linchamiento público a que fue sometido el Decano del Colegio de Cataluña, sucesor en el cargo del anterior Presidente del CGN.
La histérica reacción y la oposición furibunda al contenido de dicho documento y la previsible reacción del “enemigo” ha elevado el nivel de tensión entre ambos cuerpos a extremos nunca vistos, mientras que el 95% de los colegiados respectivos que ha contestado a la encuesta planteada por una página web poco sospechosa de conspirativa, es partidario de la elaboración de una propuesta conjunta.
Poco y malo se puede esperar de una cúpula más preocupada en justificar el escándalo de sus retribuciones, camufladas en “compensaciones institucionales” declaradas ilegales por el Tribunal Supremo pero recientemente “prorrogadas” y en perpetuarse en el poder a toda costa. Esperemos que los notarios reaccionen y pongan a cada uno en su sitio, antes de que sea demasiado tarde. Y si no es por el interés general, piénsese en el particular que como en el Titanic, sabemos que no hay botes salvavidas para todos. Sobre todo para los pasajeros de tercera.