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ENSXXI Nº 27
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2009

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR
Periodista

Cambia el paisaje audiovisual. La supresión de la publicidad en TVE, el apagón analógico en curso, las fusiones a negociar y la crisis de audiencias y de cuentas de resultados trazan el nuevo horizonte. Para debatirlo, la Asociación de Periodistas Europeos convocó a responsables implicados en el sector a una jornada de análisis. La ocasión sirvió para observar cómo la legislación sobre el área audiovisual oscila entre la parálisis, que se olvida de atemperar las normas legales al progreso de las tecnologías, y la epilépsis que superpone sin cesar leyes, decretos leyes y decretos sin cuento, ajenos a una visión sistemática, que incrementan la confusión de partida. El sueño de la razón produce monstruos pero la incontinencia legiferante y la forma cómo se interfieren las autoridades (in)competentes con atribuciones a escala nacional, autonómica o municipal contribuye a la incertidumbre y desconcierta a los agentes en una jungla normativa donde los diversos poderes se reservan un margen reglamentario suficiente para aplicar el lema de “a los amigos todo, a los enemigos ni agua y a los indiferentes, la legislación vigente”.
Pero, antes de entrar en materia, debe reconocerse al presidente José Luis Rodríguez Zapatero haber promovido una iniciativa insólita en aras de desgubernamentalizar RTVE y acabar con la  deuda creciente que generaba. El caso es que todos sus predecesores desde Adolfo Suárez en adelante prefirieron gozar de las ventajas que ofrecía la utilización de RTVE como servicio doméstico del gobierno. Por mucho que los partidos turnantes, antes de llegar al poder hubieran criticado la situación, en cuanto la heredaban pasaban a instrumentalizar la radiotelevisión pública en su propio provecho. Como observadores ha pasado el tiempo suficiente para que confirmemos la diferencia abismal existente entre aquellos informativos de Alfredo Urdaci o de María Antonia Iglesias, por poner dos ejemplos de diferente denominación de origen, y los que ahora se ofrecen. Se ha demostrado también que hay vida después del desarme unilateral al que se ha procedido. Otra cosa es que el grado de contagio inducido en las radiotelevisiones públicas de las Comunidades Autónomas haya sido cero y que la perversión del sistema a esa escala continúe impasible el ademán.

"La legislación sobre el área audiovisual oscila entre la parálisis, que se olvida de atemperar las normas legales al progreso de las tecnologías, y la epilépsis que superpone sin cesar leyes, decretos leyes y decretos sin cuento, ajenos a una visión sistemática, que incrementan la confusión de partida"

En cuanto al ámbito mediático privado, el presidente Zapatero demostró enseguida ambiciones análogas a las de sus antecesores. Todos quisieron con mayor o menor éxito disponer de un grupo mediático afín. Adolfo Suárez conservó intactos a su servicio la RTVE que recibía y la Prensa y Radio del Movimiento bajo la nueva denominación de Medios de Comunicación Social del Estado además de la agencia de noticias Efe. Leopoldo Calvo Sotelo no tuvo tiempo de generar un proyecto propio. Felipe González, procedió a privatizar el conglomerado de los MCSE, cuyos periodistas prefirieron convertirse para siempre en funcionarios del Estado –tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melquisedec- a intentar la continuidad de sus diarios y emisoras mediante sociedades de redactores o laborales. Luego, González abrió la televisión privada con las concesiones de “Antena 3”, “Tele 5” y “Canal+”. Así bajo el shock inicial de la gratitud le guardaron cierta ley. Además supo llegar a una “entente” no siempre cordial con el grupo Prisa. José María Aznar trajo deseos de venganza y propósitos de inventarse un Polanco a su medida. Una tarea encomendada a un compañero de pupitre en el Colegio del Pilar, Juan Villalonga, que había sido designado de modo muy oportuno presidente de Telefónica. Circunstancias sobrevenidas impidieron que el empeño pudiera consumarse.
Así las cosas, José Luis Rodríguez Zapatero tuvo tiempo durante sus años de Secretario General del PSOE de sentirse malquerido por los de Prisa. Llegó al Gobierno en 2004 desconfiando de quienes parecían bajo la inercia de afinidades que consideraba referidas al socialismo del antiguo testamento, es decir, de Felipe González. Sus asesores aúlicos le habían inculcado que para nada debía heredar odios anteriores como los que antagonizaron al felipismo con el pedrojotismo. Además le insuflaron la necesidad de dotarse de un grupo nuevo que todo se lo debiera a él. En esa línea se produjo la concesión de la licencia a una nueva cadena, “La Sexta”, que se compensó con otra, “Cuatro”, para evitar la ruptura con el grupo Prisa, a cuyo Canal+ se autorizó también a emitir en abierto. Fruto del agradecimiento de los favorecidos con “La Sexta” nació el diario “El Público”, igual que de la gratitud de Germán Sánchez Ruipérez por las plusvalías de “Tele 5” surgió el diario “El Sol”. Pero, como se verá más adelante, las necesidades de los grupos en liza crecen y satisfacerlas de modo que todos se sientan atendidos empieza a ser insostenible cuando el manejo del Boletín Oficial del Estado marca la diferencia entre las expectativas de negocio o de ruina.  
En aquellos días del debate sobre “El nuevo panorama audiovisual” se discutía con ardor sobre la Ley de Financiación de Televisión Española, que andaba en el horno parlamentario. La norma iba a suprimir la publicidad en TVE y a definir un nuevo modelo de financiación con renuncia a los recursos comerciales y aportes de los operadores de telecomunicaciones, usuarios del espectro radioeléctrico considerado un bien público susceptible de soportar la imposición de tasas finalistas. Los otros paganos designados eran las televisiones comerciales que deberán aportar un coeficiente de sus beneficios. Los afectados de entrada mostraron su desacuerdo. También los anunciantes se declararan perjudicados y las grandes agencias advirtieron que se encaminarían hacia alternativas fuera de los otros medios de comunicación. Por ejemplo mediante una mayor presencia en los puntos de venta. Por la otra banda, el gran argumento que servía de ariete al portavoz parlamentario del PSOE, Oscar López, era la abrumadora mayoría de espectadores favorables a una TVE sin publicidad, que quedaría así librada para financiarse de cualquier sometimiento a los avatares de la coyuntura.

"El presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha promovido una iniciativa insólita en aras de desgubernamentalizar RTVE y acabar con la  deuda creciente que generaba"

Mientras tanto hubo de reconocerse la falta de avances para definir cuál es el perímetro del servicio público dentro del ámbito general de los que presta TVE. Una definición de primera importancia porque sólo ese servicio público es el que, según las directivas de la UE, puede financiarse con recursos públicos. Es cierto que tanto la Ley del Audiovisual del Estado como el mandato marco que de ella deriva aprobado meses después por el Parlamento detallan las pautas a las que ha de atenerse la prestación del servicio público y fija criterios estrictos respecto a la igualdad de género, respeto a la infancia y la juventud, atención a los minusválidos, equilibrios territoriales, actitudes medioambientales, etc. Pero en momento alguno se define qué programas quedan dentro de ese perímetro al que se concreta el servicio público. Se ha preferido remitir de nuevo esa definición al contrato programa de carácter trienal que sigue pendiente de firmarse entre la Corporación y el ministerio de Hacienda.
Vino luego la apasionante historia del apagón analógico que parece políticamente más correcto llamar encendido digital, aunque el cambio de denominación no altere las consecuencias de un fenómeno cuyo calendario nos pisa los talones. El gobierno, decidido a convertir abril de 2010 en la fecha del iluminismo digital y declarándose atento a las dificultades empresariales, ha impulsado una Ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, que el Senado aprobó definitivamente el pasado 16 de junio. La norma pretende asegurar que la señal digital llegue a todos y permitir la capitalización y la sinergia entre los operadores. Para facilitar este último objetivo ha eliminado el tope del 5% como máxima participación de un Canal de TV en otro, siempre que los dos Canales participados no sumen audiencia media superior al 27%. Una derogación que ha sido interpretada como facilidad para dar salida a las dificultades empresariales de “La Sexta” y de “Cuatro”, que parecían haber hace meses emprendido la senda de la fusión para seguir a flote, mientras se repartían el fútbol, que resultaba ruinoso dar en abierto. Porque sucedía que quienes habían adquirido los derechos de los clubes carecían de taquilla donde cobrar al público porque sólo existía la taquilla de “Canal+”.
En la clausura del debate la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que al día siguiente, viernes 26 de junio, el Consejo de Ministros estudiaría en primera lectura el anteproyecto  de Ley General del Audiovisual. La Ley traspone la directiva de servicios de comunicación audiovisual de la UE y establece el régimen de concesión, arrendamiento y renovación de las licencias de servicios audiovisuales. Introduce también la regulación de nuevas fórmulas como la TDT de pago. El texto iniciaba así su recorrido para  contar con el dictamen preceptivo de distintos organismos antes de su aprobación formal por el Consejo de Ministros y de su remisión al Parlamento. Urgencias sobrevenidas han debido operar de modo fulminante porque en una reunión extraordinaria del 13 de agosto el presidente Zapatero volcó su autoridad para adelantar mediante un Decreto-Ley la aprobación del sistema de TDT de pago que tanta falta nos hacía aunque algunos fueran incapaces de percibir esa necesidad. “Agora lo veremos, dijo Agrajes”, según reza la invocación de Don Quijote antes de arremeter contra el vizcaíno. Atentos

 

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