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ENSXXI Nº 3
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2005

JOAQUÍN ESTEFANÍA
Escritor y periodista, es el director de la Escuela de Periodismo UAM/EL PAÍS. Fue director de EL PAÍS entre 1988 y 1993


Una tendencia a reducir los impuestos domina en la actualidad en muchos países desarrollados. Los motivos son múltiples: desde la necesidad de insuflar dinero a los consumidores para sacar a las economías de la atonía, hasta la ideología de adelgazar el Estado, pasando por la urgencia de dotarse de instrumentos con los que combatir las deslocalización empresarial hacia zonas en las que los gravámenes son mucho menores.
El presidente Bush ya rebajó en su primera legislatura los impuestos de los más ricos, y en ésta pretende hacer permanente esa rebaja, sin supeditarla a la coyuntura económica; además, en EEUU la tendencia lleva, en general, a la disminución de los impuestos de los inversionistas (los más pudientes) y su desplazamiento hacia los consumidores. En Europa, ese debate también ha llegado. El primer ministro francés, Dominique Villepin acaba de anunciar una reforma fiscal con el objetivo de devolver el poder adquisitivo a las clases medias; ella consiste en una rebaja del tipo superior del impuesto sobre la renta del 48% al 40%, la reducción del número de tramos, y la emergencia del llamado escudo fiscal, que consiste en que ningún contribuyente puede pagar a Hacienda más del 60% de sus ingresos por el conjunto de los conceptos (renta, fortuna, tasas municipales, etcétera). Italia, Finlandia, Bélgica… son otros de los países que estudian o ya han practicado reformas fiscales a la baja.
También lo hizo el gobierno rojiverde en Alemania en el pasado, y en España, el vicepresidente Pedro Solbes ha anunciado una reforma fiscal que entraría en vigor en el año 2007. Aparte de la reducción del número de tramos, esa reforma en España parece que introducirá una novedad: la incorporación de impuestos mediambientales, creando una vía de financiación con la que costear los límites al cambio climático, tipo Protocolo de Kioto, y haciendo efectivo el principio de que “quien contamina, paga”.

"En los inicios del nuevo siglo vuelve el debate sobre la cuantía de los impuestos. La segunda parte del debate debería ser su distribución y qué se financia con los impuestos"

El PSOE hizo su campaña electoral merodeando la idea de imponer un tipo único en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Al final no se incluyó en el programa y, desde luego, no es en lo que está pensando el actual Ejecutivo. También acarició esa idea Angela Merkel en las pasadas elecciones alemanas, cuando nombró ministro de Hacienda en la sombra a un catedrático de Heidelberg, Paul Kirchhoff, que mantuvo su idea de instalar en el país germano gobernado por las democracias cristianas la llamada flat tax, la tarifa plana fiscal. Seguramente, ese intento costó a Merkel no ganar las elecciones por el margen esperado.
La flat tax no es nueva. El primer país europeo que introdujo el impuesto único sobre las rentas personales y empresariales fue Estonia en 1994; las rentas se gravaron con un 26% (que cayó al 24% el año pasado), sin escala de tipos ni deducciones. Sus vecinos bálticos Lituania y Letonia siguieron el ejemplo; luego Rusia (con un tipo del 13%), Serbia, Ucrania, Georgia, Rumanía, etcétera. La flat tax sólo tiene dos elementos que combina: un umbral, es decir, una cantidad exenta por debajo de la cual no se paga nada, y un tipo impositivo único para todas las rentas que superen al primero. Sus partidarios indican que la progresividad del impuesto puede variar en amplios límites, usando simplemente esas dos variables.
La mayor ventaja es su simplicidad, y sus inconvenientes, dicen los detractores, que no asegura el nivel previo de ingresos al Estado y que, con la flat tax los ricos pagan menos impuestos. En la campaña electoral alemana, Paul Kirchhoff negó ambas posibilidades. Según Kirchhoff, el derecho fiscal alemán vigente enreda todo el sistema económico, y por ello era urgente cambiarlo por algo más simple. Sus cálculos indicaban que se mantendrían los ingresos presupuestarios; además, “un impuesto para las rentas más altas, del 42% o del 39%, es sólo un placebo. Con esos tipos, muchos pagan menos de lo que deberían o incluso nada”.
Otro de los sistemas en activo para pagar menos impuestos lo están practicando en España algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, principalmente la de Madrid. Esperanza Aguirre, su presidenta, ha prometido que antes de que acabe la actual legislatura habrá suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones, y habrá rebajado el impuesto sobre el patrimonio (y quizá un punto del tramo autonómico del IRPF). Cuando George W. Bush eliminó sucesiones y donaciones, un grupo de multimillonarios estadounidenses (entre ellos personas tan representativas como Bill Gates o Warren Buffet, presuntamente los más beneficiados por la medida) prefirieron la democracia a sus intereses y criticaron de modo frontal la medida: al eliminar el impuesto de sucesiones se creará una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación, y todo ello basándose en la herencia y no en el mérito como principio de igualdad de oportunidades. “Ello sería”, dijeron en su comunicado, “como formar el equipo olímpico del futuro eligiendo a los primogénitos de los medallistas del pasado”. Una especie de Robin Hood al revés.
Mucho se ha recorrido desde las revueltas de las clases medias en EEUU contra los impuestos, por “cansancio fiscal”. En el año 1978, y partiendo de California, se inició una revuelta fiscal liderada por un tal Howard Jarvis, un cuidadano que manifestó en todas sus declaraciones un odio visceral al Estado, a los políticos, a los intelectuales, a los medios de comunicación y ¡a los maestros!. Jarvis logró que se ratificase por referéndum, con el aval de dos tercios de los ciudadanos, la llamada Proposición 13, por la que se limitaba sustancialmente el impuesto sobre la propiedad. La Proposición 13 fue inscrita en la Constitución de EEUU.
Ahora, en los inicios de un nuevo siglo, vuelve el debate sobre la cuantía de los impuestos. La segunda parte del mismo debería ser su distribución y qué se financia con ellos.