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ENSXXI Nº 33
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2010

JAIME DE PINIÉS
Socio Director de Piniés & Aguilar Asociados y miembro del Grupo de Economía de UPyD

AUTONOMÍAS

La Fundación Progreso y Democracia acaba de publicar un libro sobre las duplicidades, redundancias y excesos de un Estado con tres administraciones. ¡Aleluya!, bienvenido sea. Es el primer estudio que empieza a destapar las escandalosas ineficiencias e ineficacias de nuestras administraciones públicas. Este informe debería haberlo llevado a cabo hace tiempo el Estado o aquellas administraciones públicas competentes dado que son ellas quienes disponen de toda la información para realizarlo en profundidad y de forma completa.
A pesar de ser solo un primer paso que se centra en las Comunidades Autónomas (ya está anunciado el segundo trabajo centrado en las Entidades Locales), el presente estudio rompe el hielo y apunta a unas cifras que producen absoluto vértigo. Estableciendo un baremo basado en tres comunidades identificadas como eficientes, el sobrecoste anual estimado para el conjunto de las Comunidades Autónomas está por encima de los 26 mil millones de euros, o lo que es igual al 2,6% del PIB de España. Es decir, los ciudadanos españoles podrían ahorrase TODOS LOS AÑOS más de 26 mil millones de euros y, atención, lo más importante, sin perder un solo servicio para los ciudadanos. Para ello, sólo se tendría que poner en marcha las mismas medidas implementadas por las Comunidades Autónomas reveladas en el estudio como las más eficientes y que no despilfarran el dinero de nuestros impuestos pero sí cumplen el objetivo de dar servicios a los ciudadanos.

"El sobrecoste anual estimado para el conjunto de las Comunidades Autónomas está por encima de los 26 mil millones de euros, o lo que es igual al 2,6% del PIB de España"

Si se ponen estos más de 26 mil millones de euros en perspectiva, se entiende el agujero negro que supone el modus operandi del Estado de las Autonomías. Ahora bien, los datos obtenidos no deben diluirse en una crítica política sobre el sistema autonómico propiamente dicho, no. El estudio es relevante porque, por fin se pone en negro sobre blanco cifras económicas concretas y que son consecuencia directa y exclusiva del MODUS OPERANDI de las autonomías. Ni más ni menos; cifra el monto del enrome derroche que se ha consentido en su nombre. Por ejemplo y buscando la perspectiva de lo que suponen los miles de millones indicados: todo el gasto en la seguridad social del Estado Español representa el 3% del PIB, es decir, son cantidades del mismo orden de magnitud que el sobrecoste de las CC.AA., el referido 2,6% del PIB.

"Todo el gasto en la seguridad social del Estado Español representa el 3% del PIB, es decir, son cantidades del mismo orden de magnitud que el sobrecoste de las CC.AA., el referido 2,6% del PIB"

Pero ahondemos más en este agujero negro y lo que revela el estudio. El Gobierno del Sr. Rodriguez Zapatero ha indicado la toma de medidas con el objetivo de reducir el déficit público en 50.000 millones de euros durante los tres próximos años. El reparto de tareas las ha establecido en un 80% de reducción para el Estado, dejando la reducción del 20% entre las demás Administraciones Públicas. Pues bien, con los datos revelados en el estudio de la UPyD, los porcentajes de reducción deberían ser justo a la inversa. El 20% para el Estado y el 80% de reducción ajustado entre las Comunidades Autónomas. Éstas sí pueden y deben apretarse el holgado cinturón que han ido adquiriendo.
Cuando nos referimos al modus operandi y el sobrecoste, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues bien, hay que distinguir entre los gastos que son indispensables para el desarrollo y la existencia de las propias Comunidades Autónomas de aquellos gastos que son evitables y no esenciales. Nadie pone en cuestión los gastos indispensables, como pueden ser, las instituciones esenciales de auto-gobierno, el gobierno y parlamento autonómico, el coste efectivo de servicios mínimos para el ciudadano e incluso nuevas justificables políticas, como por ejemplo, la tal llamada política de dependencia. Sin embargo, no se entiende por qué un diputado catalán cuesta casi el doble que un diputado del Congreso. Tampoco se entienden ciertas partidas de gastos y órganos no esenciales que redundan no solo en un sobrecoste escandaloso, si no, en un importante fraccionamiento en detrimento directo del propio ciudadano. Tal es el caso por ejemplo de la sanidad, la justicia, o las más de 100.000 normas regulatorias existentes en España, incluyendo las autonómicas. Es decir, ¿qué competencia para el libre mercado puede establecerse si el fraccionamiento normativo regional implica un considerable sobrecoste y rechaza la unidad de mercado nacional? ¿En qué medida se beneficia el ciudadano? Absolutamente en nada, todo son trabas y, en último lugar, el resultado es mucho más caro.
Hay órganos que aún siendo importantes están duplicados con el Estado, por ejemplo los defensores del pueblo y del menor. Hay actividades que son necesarias pero que resultan claramente redundantes cuando se repiten una y otra vez en las Comunidades Autónomas, caso de las embajadas y oficinas comerciales autonómicas, institutos de estadística y meteorológicos, agencias de protección de datos, las dos o tres televisiones y radios autonómicas, y hasta 50 universidades públicas.

"Los autores insisten en que este estudio debe considerarse preliminar e invitan al Estado y las demás administraciones públicas y sobre todo las Comunidades Autónomas, a que pongan manos a la obra y empiecen a detectar dónde ciertamente se pueden ahorra miles de millones de euros sin menoscabar el servicio a los ciudadanos"

El informe clasifica la ineficiencia en las Comunidades Autónomas mediante un análisis detenido de los distintos capítulos de su presupuesto. Así pues, en el Capítulo I (gasto de personal) el sobrecoste detectado es de 12,8 mil millones de euros, algo más del 1,2% del PIB. De nuevo, el baremo establecido se basa en determinar las tres Comunidades Autónomas más eficientes, que en relación a este primer capítulo son: Murcia, País Vasco y Cataluña. En el Capitulo II (gasto corriente), el sobrecoste supera los 13 mil millones, o bien el 1,3% del PIB. Las tres Comunidades Autónomas más eficientes en relación a este segundo capítulo son nuevamente Murcia, y además Andalucía y Castilla y León.
En la tabla que acompaña el texto se ordenan las Comunidades Autónomas según el sobrecoste de cada una de ellas en relación a las tres mejores. Como se puede apreciar, Cataluña, Andalucía y Madrid, por ese orden, son las Comunidades Autónomas con más sobrecoste en España. El estudio que ha realizado la Fundación Progreso y Democracia se refiere al año 2008.

ORDENACIÓN DE LAS CC.AA. SEGÚN LA SUMA DE LAS DESVIACIONES DE CADA CC.AA. RESPECTO DE LA MEDIA DE LAS TRES MEJORES EN GASTO PERSONAL Y CORRIENTE

CC.AA.

Sobre Coste vs. 3 Mejores (Miles)

Clasificación en términos absolutos

Cataluña

5.488.430 €

1

Andalucía

3.080.444

2

Madrid

2.915.425

3

País Vasco

2.310.508

4

Comunitat Valenciana

1.572.579

5

Canarias

1.535.946

6

Castilla y León

1.486.434

7

Galicia

1.421.232

8

Castilla La Mancha

1.388.372

9

Extremadura

1.095.121

10

Aragón

1.061.114

11

Navarra

860.929

12

Asturias

664.547

13

Cantabria

457.095

14

Illes Balears

351.978

15

La Rioja

278.016

16

Melilla

73.304

17

Ceuta

67.192

18

Murcia

0

19

NACIONAL

26.108.665

 

Fuente: Fundación Progreso y Democracia

La metodología del informe refleja un estudio valiente e innovador que abre brecha. Supone, por ejemplo, que todos los servicios son homogéneos entre las distintas Comunidades Autónomas cuando esto no es así. Sirva de ejemplo el caso de Murcia la cual no cuenta con oficinas de representación en el exterior, las mal llamadas embajadas autonómicas, como es, por otro lado, el caso de Cataluña. Pero, aunque pudiera argumentarse ciertos errores en parte del cálculo del sobrecoste de las Comunidades Autónomas, las cifras obtenidas por la Fundación Progreso y Democracia son tan escandalosas que incluso reducidas a la mitad, seguiría siendo un escándalo.
Los autores del informe no solo miden la eficiencia, o bien la relación entre los recursos que gasta la administración en su propio funcionamiento en comparación con los recursos que gestiona; también se adentran en el concepto de la eficacia que relaciona los recursos gestionados por la administración y el desarrollo del área gestionada. Desglosando la tasa de crecimiento del PIB de cada Comunidad Autónoma, lo relacionan, entre otras variables, con el ratio del gasto personal y corriente con el presupuesto total. La media nacional de este ratio es del 46%, es decir, como media nacional las Comunidades Autónomas gastan el 46% para gestionar el 54% restante del presupuesto todo ello referido al año 2008. Los autores clasifican las Comunidades Autónomas en Eficientes (menos gasto y mayor crecimiento), Previsibles (más gasto y mayor crecimiento), Estancadas (menos gasto y menos crecimiento) y Gastadoras (más gasto y menos crecimiento). Con tanto gasto espurio en Cataluña, no debe extrañar que esta se clasifique como "Gastadora", mientras que Murcia brilla como "Eficiente".
Finalmente, los autores insisten en que este estudio debe considerarse estrictamente preliminar y, por lo tanto, invitan a aquellas entidades que cuentan con toda la información, el Estado y las demás administraciones publicas y sobre todo las Comunidades Autónomas, a que pongan manos a la obra y empiecen a detectar dónde ciertamente se pueden ahorra miles de millones de euros sin menoscabar el servicio a los ciudadanos. La situación actual de crisis económica, unida al elevado endeudamiento del estado español, hace ineludible adoptar medidas orientadas a maximizar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los recursos por parte de las diferentes administraciones públicas. Esto es algo que mayoritariamente quiere y se merece el ciudadano español.

Abstract

The Fundación Progreso y Democracia (Democracy and Progress Foundation) has just published a book about the duplications, redundancies and outright excesses in Spain with its three tiered Public Administration. This first study centers on the Autonomous Communities or State level, as opposed to the national and local levels. Establishing a benchmark based on the three States found to be most efficient, the Foundation estimates that the amount of annual excess cost for all the Autonomous Communities is Euro 26 billion or approximately 2.6% of Spanish GDP. In other words, EVERY YEAR Spanish citizens could save more than Euro 26 billion without sacrificing essential services.