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ENSXXI Nº 34
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2010

En tiempos de crisis, como los que ahora atravesamos, resulta lógico que la sociedad civil intente hacer oír su voz, especialmente si considera que los responsables políticos no están haciendo todo lo que debieran. Sin embargo, en una sociedad tan inarticulada como la nuestra, en la que se echan de menos cauces organizados de comunicación entre la ciudadanía y el poder, resulta difícil identificar interlocutores verdaderamente representativos con una voz propia y fundamentada, lo que termina  provocando que, en la práctica, esa sociedad civil se exprese de una manera un tanto caótica y, a veces, peculiar. En algunas ocasiones (pocas) esa comunicación se fomenta desde el poder, como ha ocurrido con la cita en el Palacio de la Moncloa de una treintena de empresarios para que, durante unos segundos por cabeza, expresasen su opinión al del Presidente del Gobierno sobre la coyuntura que atravesamos y la mejor manera de hacerla frente. En otras, es la sociedad civil la que pretende acercarse al polo contrario, como demuestra el meritorio informe (Propuesta TransformaEspaña) presentado al Jefe del Estado por la Fundación Everis.

"Es preocupante que se discuta tanto sobre lo que procede hacer, que es algo que está bastante claro, y tan poco sobre cómo hacerlo"

Si reflexionamos sobre las ideas y las propuestas transmitidas, observaremos que todas ellas resultan ser bastante evidentes: reforma de nuestro sistema educativo, fomento de la investigación, levantamiento de barreras al emprendimiento, corrección de las ineficiencias administrativas, reforma de nuestro régimen de organización territorial (que amenaza con la ruptura del mercado interior y con agravar el déficit público como consecuencia de su despilfarro y de sus duplicidades), fortalecimiento de la seguridad jurídica, mejora de nuestro sistema regulatorio y financiero, adaptación del Estado del Bienestar a nuestras posibilidades reales de financiación, modificación de la legislación electoral, etc. Son tan evidentes que resultaría muy extraño que el poder político no fuera perfectamente consciente de ellas. El verdadero problema es que sus incentivos para adoptarlas son escasos.
Tomemos como ejemplo la Ley Electoral. ¿Quién va a modificarla? ¿Los dos partidos mayoritarios claramente sobrerrepresentados en el Parlamento? ¿Los partidos nacionalistas o regionalistas que se benefician de su condición de bisagra? La actual proposición de reforma de la Ley Electoral (LOREG) presentada en el Congreso por los grupos parlamentarios de PSOE, PP, CiU y PNV, cuya mayoría en la cámara es apabullante, nos da la respuesta: nadie va a modificarla. En otros casos lo que explica la inacción no es tanto el interés compartido como los supuestos costes electorales a corto plazo: lo más prudente es esperar, en un lado, a ver si las cosas se arreglan por sí solas, con la esperanza de continuar así en el poder, o, desde la otra orilla, a que las cosas empeoren definitivamente, para que uno acceda al poder sin necesidad de plantear ni una sola propuesta.

"La actividad de la sociedad civil no debería limitarse a proponer medidas, sino también a actuar los mecanismos que incentivan a los políticos a asumir su responsabilidad y llevarlas a cabo"

Pero lo cierto es que, aunque este problema pudiera solventarse, seguiría persistiendo otro no menor, y es que aunque el poder político sepa lo que conviene y tenga suficientes incentivos para llevarlo a la práctica, es dudoso que tenga a estas alturas la competencia técnica suficiente para ello. Basta con meditar unos instantes sobre el estado actual de la Administración, su principal herramienta, y sobre el caótico proceso de elaboración de normas en nuestro país, para convencerse de ello. Quizá esto haya que arreglarlo a base de normas jurídicas, pero convendría comenzar por las que tienen como objeto precisamente la correcta elaboración y aplicación del Derecho en nuestro país, lo que exigiría un estudio en profundidad realizado sin nuestra proverbial precipitación.
Por todas estas razones es preocupante que se discuta tanto sobre lo que procede hacer, que es algo que está bastante claro, y tan poco sobre cómo hacerlo. La actividad de la sociedad civil no debería limitarse a proponer medidas, sin negarle a esto su importancia, evidentemente, sino también a actuar los mecanismos que permiten que los políticos, en definitiva los únicos capacitados para llevarlas a cabo, asuman de forma efectiva su responsabilidad a la hora de hacerlo. Las herramientas más adecuadas para ello son la difusión de la información, la transparencia, la crítica activa, y la exigencia individual de responsabilidades. Todas están íntimamente ligadas entre sí, pues la denuncia y la exigencia de responsabilidad sólo son factibles si existe un mínimo nivel de transparencia e información.
La sociedad civil ya ha promovido muchas iniciativas de este tipo, apoyadas, además, en las enormes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Desde blogs y foros sectoriales, hasta plataformas tecnológicas verdaderamente ambiciosas. Un ejemplo interesante dentro de estas últimas es, sin duda, "pro bono publico", una asociación abierta a toda la población que busca ayudar a la promoción y la difusión de estándares, datos y plataformas tecnológicas abiertas entre las distintas administraciones, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de conocer al detalle la gestión y aplicación de los recursos públicos. La siempre anunciada pero nunca promulgada Ley de Transparencia debería constituir un hito fundamental en ese camino, pero, mientras esperamos, la iniciativa ciudadana no puede quedarse dormida, pues cuenta ya con herramientas normativas y medios tecnológicos suficientes para continuar en la brecha, tal como se explica con más detalle en este número. Es obvio que únicamente por esta vía seremos capaces de controlar e incentivar adecuadamente a nuestros representantes.

"Las herramientas más adecuadas para ello son la difusión de la información, la transparencia, la crítica activa, y la exigencia individual de responsabilidades"

En el área concreta de la seguridad jurídica y de la defensa del Estado de Derecho, piedra angular sobre la que descansa todo lo demás, esta revista ha pretendido siempre, dentro de sus limitadas posibilidades, seguir ese camino. Consideramos que dar la oportunidad a muchos profesionales y especialistas en los distintos ámbitos del mundo jurídico de expresarse libremente, de una manera periodística y con ánimo de divulgación, en relación a los problemas de todo tipo que ellos conocen de primera mano gracias a su experiencia diaria, es una contribución importante al fortalecimiento de la sociedad civil. El conocimiento comienza con la simple información, pero debe terminar dando lugar a la exigencia de responsabilidades, propias y ajenas. En esa línea de trabajo la revista abre ahora, como complemento a su presencia bimensual, un blog de crítica diaria (http://www.hayderecho.com/) que pretende profundizar en esa filosofía y al que lector, evidentemente, está invitado a colaborar.