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ENSXXI Nº 36
MARZO - ABRIL 2011

FERNANDO GOMÁ LANZÓN
Notario de Cebreros (Ávila)

En España, la existencia de una Justicia rápida, moderna y eficaz no ha sido nunca una verdadera prioridad política para los gobiernos democráticos surgidos tras la Constitución de 1978. Es una afirmación contundente pero en mi opinión ratificada plenamente por los hechos: existen en la actualidad instituciones públicas, como Hacienda, la Seguridad Social o el Ministerio del Interior cuyo grado de desarrollo tecnológico es incomparablemente superior al de la Justicia, y en general la administración electrónica ha avanzado en gran medida hasta el punto de que, según el informe 2010 de la Fundación Telefónica sobre la Sociedad de la Información en España1, España ocupa el 9º lugar mundial, y 5º europeo, en servicios de e-administración. Según este informe, el 97% de los trámites ante la Administración General del Estado, pueden realizarse íntegramente a través de Internet.  Mucho porcentaje me parece ése, pero en todo caso es evidente que no se ha tenido en cuenta para su cálculo a la administración de Justicia, en la que lo más probable es que si hay un noventa y siete por ciento de algo, sea de trámites que no pueden hacerse ni total ni parcialmente más que en papel, como en el siglo XIX.

"Si la Justicia no es rápida, moderna y eficaz en la actualidad es porque no ha existido una voluntad política real para ello, ante el temor de que restaría poder a los partidos políticos"

Hablemos de superordenadores, expresión máxima de inversión tecnológica. En la Administración española hay unos cuantos, en sectores que se consideran vitales. Tenemos a la famosa "Rita" -es costumbre ponerles nombres- trabajando para Hacienda, que ya funcionaba a pleno rendimiento, atención, ¡en 1986!2, y todos sabemos con qué intensidad y dedicación controla su negociado; en la Guardia Civil, está el "Duque de Ahumada", activo desde 1987; al ministerio del Interior llegó "Berta", y cuando se jubiló la sustituyó "Clara", una máquina tan potente que llegó a investigarse si provocaba cáncer; hace 6 años se instaló en Barcelona el "Mare Nostrum", de la mano del ministerio de Educación y Ciencia para el estudio del genoma humano. Etcétera. Excusado es decir que la Justicia no tiene un material ni remotamente semejante, a pesar de que como hemos visto algunos de estos cacharros tienen ya un cuarto de siglo en sus primeras versiones.
Veinticinco años después de que Rita empezara a formar parte de nuestras vidas, la situación tecnológica en el sistema judicial de nuestro bendito país es la siguiente: la mayoría de Comunidades Autónomas han asumido competencias en la materia, lo que incluye proveer de los medios materiales a las oficinas judiciales. Entre estos medios están, desde luego, los Sistemas de Información y los programas informáticos necesarios que han de desarrollarse, mantenerse y actualizarse; pues bien, cuando en su momento se hubo de elegir el programa ... sí, lo han adivinado: la mayor parte de las autonomías optó por crear el suyo propio, diferente del que utiliza la de al lado, y además incompatible con él. Pero eso sí, siempre con el correspondiente nombre: el ministerio tiene a Minerva; en Madrid está Libra; en el País Vasco, Justizia Bat; en Cataluña, Temis; Adriano en Andalucía; Valencia usa Cicerone, Canarias, Atlante, y Navarra, Avantius. Añadamos a esto que el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, aunque están en Madrid, dependen del ministerio, con lo que no usan el programa autonómico sino el estatal, que no habla el mismo lenguaje. Prometo terminar pronto, pero no puedo dejar de informarles que existe asimismo Lexnet, un sistema electrónico de notificaciones poco extendido y el llamado Punto Neutro Judicial, que, y perdón por el chiste fácil, es un punto más que neutro, muerto. Los fiscales tienen también su programa, Fortuny (por supuesto, incompatible con cualquiera de los anteriores).

"Existen en la actualidad instituciones públicas, como Hacienda, la Seguridad Social o el Ministerio del Interior cuyo grado de desarrollo tecnológico es incomparablemente superior al de la Justicia"

Todo esto tendría un pase, a pesar de los pesares, si estos programas fueran potentes y eficaces, pero no lo son. Por poner un ejemplo, en Madrid, la lista de cosas que un secretario judicial no puede hacer con el programa informático es casi interminable: no puede saber algo tan elemental cuáles son todos los procedimientos que tiene pendientes en el juzgado una persona, ni siquiera introduciendo su DNI; el programa no le avisa de del transcurso de los plazos procesales establecidos en la Ley (del plazo de 20 días desde el emplazamiento a un demandado para proceder a declarar su rebeldía, del plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia para declarar su firmeza, del plazo de 10 días desde la notificación de la tasación de costas o liquidación de intereses, etc.); y tampoco le avisa de los procedimientos que llevan parados 2 años, con el fin de proceder a su archivo definitivo por caducidad (de hecho, el cómputo de plazos procesales se lleva ¡a mano y en agendas!). Pero como éste son, con ciertas variaciones y mejoras, casi todos. Programas malos, por limitados y por no estar interconectados. Prueben a teclear en Google la expresión "caos informático en los juzgados". No les digo más.

"En la Administración de Justicia existe una total descoordinación e incompatibilidad entre los diversos sistemas informáticos"

Los notarios y registradores, que formamos parte orgánicamente del ministerio de Justicia,  tenemos sin embargo un grado de implantación tecnológica incomparablemente superior. En concreto, todos los notarios disponemos de certificados de firma electrónica desde el año 2004 y también tienen certificados los empleados de las notarías, el documento público electrónico notarial es una realidad desde hace varios años, siendo remitido con regularidad a otras notarías y a los registros, y cada quince días se remite en formato electrónico y firmado electrónicamente un índice completo de actividades, para conocimiento de las administraciones de Hacienda, catastro, ayuntamientos y comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, por medio de una sociedad limitada instrumental, Ancert. El secreto es que toda la inversión necesaria para ello ha sido sufragada durante años por los propios notarios a cargo del arancel, y ni al ciudadano ni al Estado le ha costado un euro, lo que se suele olvidar con frecuencia.
Hay por tanto que plantearse el porqué de esta enorme diferencia entre unos y otros sectores después de tantos años, siendo así que al darse el banderazo de salida de nuestra democracia, allá por el año 1978, todos estaban en la misma posición dado que no existían ni ordenadores, ni Internet, ni firma electrónica. En mi opinión, la Justicia no está tan avanzada como el resto de las administraciones porque los partidos políticos no han tenido esta voluntad, no han querido. Y no han querido por la razón fundamental de que una Justicia moderna y fuerte les restaría poder. Se dice en ocasiones que en España el predominio de los partidos en todos los ámbitos de la vida pública es tal, que se podría hablar de partitocracia como forma real de gobierno, Prescindiendo de nomenclaturas más o menos confusas, lo cierto es que aunque los diversos poderes del Estado mantienen como es natural su autonomía y competencias, son los partidos políticos -en especial los dos grandes partidos nacionales y algunos nacionalistas- los que penetran en todas las instituciones públicas y en muchas privadas, detentan su control y eligen directa o indirectamente a las personas que van a formar parte de cada una de ellas. Así ocurre con el Parlamento, el Gobierno, el CGPJ, el Tribunal Constitucional, los Defensores del Pueblo, los medios públicos de comunicación, las empresas públicas las agencias estatales, toda la enorme estructura administrativa de cada comunidad autónoma, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, las cajas de ahorros, muchas ONG, etc. Los partidos políticos son la puerta prácticamente única de acceso a todas estas instituciones, su control central. En todos estos organismos estarán solamente de hecho aquellas personas que designen o quieran esos partidos.

"Los notarios y registradores, que forman parte orgánicamente del ministerio de Justicia,  tenemos sin embargo un grado de implantación tecnológica muy superior, que no ha costado nada al contribuyente ni al Estado por haber sido financiado por los propios notarios con cargo al arancel"

A este dominio se resiste sin embargo la Justicia, que tiene conferido un poder real y de considerable importancia, y, lo que es más inquietante para la consolidación de aquél, atribuido a unos funcionarios, los jueces, que escapan en cuanto a su actuación, y parcialmente en cuanto a su elección, de la influencia de los partidos políticos. Si lo piensan, caerán en la cuenta que quienes tienen medios tecnológicos más avanzados son aquellos organismos cuya mejora de prestaciones supone un aumento de la información manejable y del control de la sociedad: Hacienda, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, seguridad social; y quienes menos, aquellos que no provocan esos efectos. Por descontado, no estoy proponiendo ninguna teoría conspirativa; no hay ninguna mano negra o ni un complot organizado desde ocultos despachos para secuestrar la democracia destrozando cualquier resistencia que se le oponga, incluido el sistema de garantías judiciales. Y si lo hubiera, desde luego no hace muy bien su trabajo, porque la Justicia en España sigue funcionando, tarde y mal en general, pero no es un completo colapso, y en ella hay por supuesto multitud de profesionales entregados, independientes, convencidos y honrados.  Lo que sí hay, por el contrario, es una clase política desde la Transición que no considera una tarea urgente que la Justicia esté en el lugar que le corresponde -declare lo que declare ante los medios de comunicación- porque si hubiera existido esa voluntad política ahora mismo tendríamos a la Justicia en el mismo lugar que tenemos a Hacienda.
Los partidos políticos demuestran ese desinterés en la existencia de un sistema judicial realmente fuerte e independiente de aquéllos tanto por omisión como por acción. La omisión de medios suficientes provoca que los jueces, fiscales, secretarios y empleados de la oficina judicial estén desmotivados y sobrepasados de trabajo, siempre con la espada de Damocles de que a uno de los 5000 asuntos que tienen le falte hacer algo, o se haya pasado un plazo o no se haya tenido en cuenta una información, y se tenga la desgracia de que precisamente ese asunto tenga una trascendencia social y les apunten todos los focos. Estarán perdidos sin remisión: serán barridos por una ola demagógica comandada por los políticos al grito de sálvese quien pueda. Y tenemos ejemplos recientes de esto. En estas condiciones, es natural y perfectamente comprensible que en vez de intentar mejorar, estudiar, progresar en la carrera porque se tiene ilusión y ganas, se tienda a buscar el abrigo, lo seguro, lo fácil. La falta de medios narcotiza a la Justicia y la hace vulnerable.
Pero también hay acciones concretas que tienen el efecto de provocar una penetración de la influencia de los partidos en el sistema. Pensemos en la ley del CGPJ de 1985: en ella se creó el llamado "tercer turno" para la entrada en la judicatura, lo que suponía la reserva de una de cada tres plazas   para ser cubierta por juristas con al menos 6 años de ejercicio profesional a través de un concurso de méritos tras cuya superación se accederá al Centro de Estudios Judiciales. Como puede comprenderse por tan magros requisitos, este turno, luego suprimido, fue una puerta abierta para la entrada en la judicatura de personas poco preparadas y sí muy politizadas. La misma ley estableció que todos los integrantes del CGPJ fueran elegidos por las Cortes -es decir, los grandes partidos-, eliminando la potestad que tenían los jueces de nombrar parte de ellos. Indudablemente se pueden aportar argumentos a favor de estas medidas y otras muchas semejantes, y no seré yo el que diga que son inadecuadas o absurdas, pero a estas alturas ya estoy vacunado de cualquier ingenuidad y no puedo dejar de percibir que entre sus objetivos reales se encuentra el deseo de controlar la Justicia desde los partidos.

"El anteproyecto de Ley de Nuevas Tecnologías en la Administración de Justicia carece de la ambición que necesita la reforma de la Justicia en España"

Les ofrezco dos ejemplos más; hace unos cuatro años, a un ahora ex ministro se le ocurrió la idea de permitir la entrada en la judicatura a los mejores alumnos de Derecho tras superar un curso de varios años, en vez de la oposición. No es bueno, dijo, que una persona esté tantísimo tiempo alejada de la realidad mientras oposita, puesto que no se trata únicamente de ser buenos operadores del Derecho y expertos conocedores de la ciencia jurídica, sino que deberían ser profesionales impregnados de vida (muy poético, aunque resulta harto discutible que los opositores estén en la actualidad desconectados de la realidad; más bien están superconectados a través de las nuevas tecnologías). Por otra parte, hace pocos meses, un ilustre jurista, antiguo político y rector de universidad, proponía reformar el sistema de oposiciones del tipo notarías, registros, judicatura o técnicos de la administración civil, de modo que los aspirantes deberían en primer lugar superar un máster en la universidad y luego realizar una parte de oposición que debería ser menos exigente que la actual, según él, y en la que estuvieran "muy presentes" las universidades y las respectivas profesiones. 
Las dos propuestas coinciden en dos aspectos: el primero en la necesidad de reformar un sistema de entrada a diversos cuerpos como es el de las oposiciones, por estimarlo anticuado. Evidentemente, nada hay perfecto y todo es mejorable, pero lo cierto es que en general no existe una insatisfacción social por el nivel jurídico de los profesionales que salen de este tipo de exámenes, por lo que tampoco parece que sea tan urgente cambiar algo que funciona bien, habiendo tantas cosas que lo hacen mal. Y el segundo aspecto en el que están de acuerdo ambos políticos es en el de atribuir a la universidad la mayor parte del control de la entrada en esas profesiones, digamos, "importantes", sea a través de las notas de la carrera, el máster previo, o la participación directa de aquélla en el desarrollo de la misma oposición. Ah, vaya. La universidad tiene  valiosos profesionales y personas de mucho mérito tanto personal como en su trabajo, pero dos de sus grandes y conocidos defectos son su extremada politización (es frecuentísimo trampolín para la política activa) y su clientelismo endémico.  Permitir que la universidad tenga el control de acceso a estas profesiones puede tener sobre el papel y desde un punto de vista teórico puntos interesantes para la reflexión y mejora del conjunto, pero en la práctica provocaría un efecto similar al famoso tercer turno judicial: entrarían en esas profesiones muchos amigos politizados de los politizados dirigentes universitarios, con menos estudios pero con más contactos, con lo que los partidos políticos ampliarían su influencia, ya excesiva, en la sociedad, en detrimento de la independencia de esas profesiones (independencia que a veces se le denomina, para desacreditarla, corporativismo o elitismo). Este tipo de propuestas, aparentemente neutras, suelen tener más de una intención. O quizá simplemente ocurre que soy muy mal pensado.
Y en éstas nos encontrábamos cuando se acaba de anunciar en diciembre pasado un anteproyecto de Ley de Nuevas Tecnologías en la Administración de Justicia, con tres puntos básicos, según la información del Gobierno:
Sentar las bases para la implantación en España de la Justicia electrónica y regular el uso de las tecnologías de la información -firma electrónica- por los ciudadanos y los profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia.
Dar pasos hacia la eliminación el papel en la Justicia y la creación del expediente electrónico con carácter general.
Reforzar la interoperabilidad entre los órganos judiciales con las máximas garantías de seguridad, a partir del que denominan "Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad" (EJIS) en el que participan todas las administraciones con competencias en la materia y para cuya gestión se crea una comisión. En definitiva, intentar coordinar todos los sistemas informáticos ahora existentes.
Cualquier avance en esta materia se debe saludar como algo positivo, y felicito sinceramente al ministro de Justicia por tener la preocupación y la iniciativa de presentar propuestas en este sentido. Sin embargo, la misma información proporcionada sobre la norma ratifica la tesis que antes he expuesto, como es que la mejora de la Justicia no es una prioridad política. De hecho, el proyecto, si de algo carece, es de ambición. Pocos días después del anuncio se ha sabido que la norma incluirá una moratoria de cinco años para que los juzgados tengan los sistemas adecuados para la tramitación electrónica de los procedimientos, y que se dan cuatro años para que los sistemas informáticos de las diversas administraciones sean compatibles3. Cinco años, una legislatura más un año, es una eternidad en política y eternidad y media en tecnologías, en ese tiempo puede pasar de todo.  Téngase en  cuenta que estamos hablando del 2016 o 2017, si se aprobara ya como ley. Pero es que además el objetivo del EJIS es todo menos atrevido: conseguir un mínimo común denominador de conocimiento que permite que los distintos sistemas informáticos "no acaben siendo incompatibles o se generen disfunciones por el uso de programas o aplicativos distintos".  No se trata de lograr la máxima fluidez, la completa coordinación, la total igualdad; basta con que no sean completamente incompatibles entre sí los programas informáticos.
Más de 30 años después de que nuestra Rita comenzara a trabajar en Hacienda, en Justicia estaremos aún así en el 2017.
El director de la Agencia Tributaria ha declarado hace poco que la administración electrónica en Hacienda es ya una realidad y ha proporcionado datos: el 70 % de las declaraciones de la renta de 2009 han sido telemáticas y se han remitido 21 millones de borradores de declaración "en un esfuerzo tecnológico y gestor casi sin parangón en el contexto internacional". Magníficas cifras y motivo de satisfacción sin duda, puesto que uno de los pilares del buen gobierno es la gestión eficaz de la recaudación fiscal. No obstante, estos datos, vistos desde el campo de la administración de Justicia, resultan casi obscenos, dada la enorme diferencia de trato entre aquélla y ésta. Los políticos creen -y a veces hasta lo confiesan en privado- que no tiene sentido invertir en Justicia porque no da votos: da más rédito electoral invertir en sanidad o en transportes e infraestructuras puesto que se van a utilizar continuamente, mientras que un ciudadano medio acudirá una o dos veces en su vida a los juzgados, de modo que si estos funcionan bien, tampoco lo va a apreciar a la hora de votar. Y es cierto. Tendría sentido hacer esa inversión para un estadista que comprendiera que para la salud democrática de España es imprescindible una Justicia fuerte, independiente y dotada de medios que actúe como el necesario contrapeso de una casta política fagocitadora de todo lo que huela a poder, pero en este momento carecemos de ese tipo de personas en nuestra vida pública.
Un político, con ocasión del planteamiento de un paro laboral por parte de los jueces, declaró que, a pesar del estado de la Justicia, no veía claro que hubiera motivos para declararse en huelga. Una huelga, no. Una revolución pacífica y democrática es lo que sería necesaria, una exigencia perentoria de la sociedad civil a sus políticos reclamando lo que nos pertenece a todos: queremos tener la Justicia que nos merecemos, queremos una voluntad real de conseguirla por parte de unos políticos a la altura de las circunstancias y queremos disponer de los medios tecnológicos suficientes para todo ello, como los tiene Hacienda. ¡Queremos a Rita!

1 Puede consultarse en http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie10/
2 Véase cómo inspeccionaba ya en aquella fecha: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1986/04/02/046.html
3 Diario "Expansión"· del día 18 de enero de 2011

Abstract

Express, modern and efficient Justice has never been a priority for the democratic governments of constitutional Spain that emerged after 1978, due to the certainty that a strong Justice would diminish the power exerted by political parties. The much better technological updating of other public institutions like the Tax Administration, Social Security or the Ministry of the Interior seem to proof this, as the starting point was the same for all: the Seventies, when new technologies were lacking. The promised draft bill of a New Technologies Act (Ley de Nuevas Tecnologías) regarding Justice Administration is a positive step but falls clearly short as, according to the draft, this regulation will not be effective in a five year period after its passing. What we need is a peaceful revolution of civil society, claiming for a comprehensive reform of Justice that puts it at the same technological level as, for example, Tax Administration.