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ENSXXI Nº 49
MAYO - JUNIO 2013

Si hay una idea dominante en la sociedad española es que la gravedad de nuestra situación económica y política no se compagina con la lenidad, tibieza y formalismo de la legislación que pretende salirle al paso. Ni las medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, ni los proyectos sobre transparencia, sobre el órgano de gobierno de los jueces o del que ahora se anuncia sobre emprendedores, parecen tener la valentía y consistencia suficiente -no ya para producir un cambio de rumbo en la situación- sino ni siquiera para generar la esperanza de que tal cosa sea posible.
Es bien sabido que una las medidas más efectivas para oxigenar la vida pública es la transparencia. Pocos instrumentos como ella sirven con tanta eficacia para luchar contra la corrupción y fomentar la rendición de cuentas entre los responsables públicos. Es más, está ya prácticamente demostrada a nivel internacional la vinculación entre la transparencia -con la consiguiente apertura de datos públicos- y el incremento de la actividad económica. El pasado 9 de mayo el presidente de EEUU ordenó que todos los datos creados o recopilados por el gobierno federal debían hacerse públicos y ser accesibles para su tratamiento por ordenadores (open and machine-readable) con muy escasas excepciones. El fundamento de la orden descansa en la convicción de que el significativo aumento de información que tal medida está destinada a producir va a tener un impacto económico positivo muy considerable. Algunos expertos calculan que sólo en Europa esa apertura de datos podría ser usada para insuflar en la economía en torno a los ciento cuarenta mil millones de euros.

"Si hay una idea que domina en la sociedad española es que la gravedad de nuestra situación económica y política no se compagina con la lenidad, tibieza y formalismo de la legislación  que pretende salirle al paso"

Sin embargo, España sigue siendo el único país desarrollado que carece de cualquier legislación al respecto a nivel nacional. Pero ya no es sólo que el proyecto siga empantanado en el Congreso, sino que los principios que lo inspiran permanecen anclados en concepciones de la Administración pública propias de otros siglos. El principio de autoridad plasmado en el mecanismo solicitar-conceder, el formalismo, la ausencia de instrumentos que coadyuven a la implantación efectiva de la transparencia, la pluralidad de reductos excepcionados y –paradójicamente- la propia oscuridad en su redacción, caracterizan un texto situado en las antípodas de lo que se entiende por machine-readable. No tiene sentido volcarse en un formalismo vacío       –defecto en el que también incurre el nuevo proyecto de emprendedores, con su multiplicidad de formas sociales a la carta- mientras se desconoce palmariamente dónde se encuentran los problemas reales y qué medidas de alcance resulta necesario adoptar para salirles al paso.
Claro que también puede ocurrir que se conozcan perfectamente las soluciones pero que no existan incentivos suficientes para adoptarlas. Tanto la transparencia como la independencia del Poder Judicial no son medidas con las que ningún Gobierno, y menos en la situación de crisis económica e institucional en la que nos encontramos, se sienta particularmente a gusto. Pueden ser adecuadas para ser anunciadas en periodo electoral, pero muy sensibles y complicadas de plasmar legislativamente cuando se ha accedido al poder. Sin embargo, si estos años han dejado meridianamente claro alguna cosa, es que sólo podremos escapar de esta grave situación cuando los políticos al mando asuman que sus esfuerzos por preservar sus prerrogativas tradicionales apuntan a la línea de flotación del Estado y, en consecuencia, a su viabilidad futura. Por eso, lo que se pone en juego de manera irresponsable es la propia subsistencia a largo plazo de la nave con todos los que viajan dentro.
Algo parecido ocurre con la recién aprobada Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Se trata de medidas que quizás hubieran merecido un juicio positivo si se hubieran adoptado al inicio de la crisis, cuando se pensaba, al menos por los optimistas, que ésta no habría de durar muchos años. Sin embargo, a estas alturas resultan claramente insuficientes. Traicionan un deseo de seguir funcionando con parámetros que esta larga la crisis económica ha convertido rápidamente en anticuados y que, por eso mismo, no tienen consistencia suficiente para solucionar a medio y largo plazo los problemas de fondo que la han desencadenado. Revelan asimismo cierta actitud procastinadora, empeñada en adoptar medidas lenitivas que calmen ciertos síntomas a corto plazo a la espera de un cambio de ciclo económico, que no se sabe muy bien de donde debe salir si no se adoptan previamente las medidas que hagan pensar a ciudadanos e inversores que la próxima vez será diferente.

"Todo se aplaza a la recuperación de un sistema bancario que, al igual que nuestro majestuoso Estado, parece destinado a vivir sine die de los despojos de usuarios y ciudadanos"

Pretender salir al paso de estos graves problemas con medidas provisionales y/o voluntarias, con normas que exoneren de parte de la deuda al que puede pagar y de nada al que no puede hacerlo, que olviden completamente la situación de las decenas de miles que ya han sido ejecutados durante todos estos años pero que siguen adeudando cantidades al banco, o  con normas que impongan la expresión manuscrita de haber sido debidamente informado de ciertas condiciones del préstamo, denotan un voluntarismo y formalismo incompatible con la gravedad de la situación. Esta revista ha venido abogando por medidas mucho más valientes en materia del concurso de persona física y exoneración de deudas, de ficheros de solvencia positivos con la finalidad de fomentar la competencia bancaria y el crédito responsable, de limitación de los intereses de demora y de control de las cláusulas abusivas. Sin embargo, todo se aplaza a la recuperación de un sistema bancario que, al igual que nuestro majestuoso Estado, parece destinado a vivir sine die de los despojos de usuarios y ciudadanos. Lamentablemente, nos tememos que ya hay muy poco de donde sacar.