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ENSXXI Nº 5
ENERO - FEBRERO 2006

SEGISMUNDO ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA
Notario de Madrid

Para los notarios el aumento del número de inmigrantes no es una cuestión estadística sino una realidad diaria en los despachos. Aunque no haga falta recurrir a ellas, las cifras confirman lo que vemos en el trabajo y en las calles. En los últimos siete años se ha sextuplicado el número de extranjeros residentes legales en España, y representan ya prácticamente un 10% de la población española en general, y más de un 16 % en Madrid. Si lo vemos en términos de crecimiento es aún más chocante: el 90% del aumento de la población española en 2003 se debió a la inmigración y solo un 10% al crecimiento vegetativo. La previsión además es que se mantenga esta tendencia.
Este espectacular aumento es al mismo tiempo causa y efecto del gran crecimiento económico de España en los últimos diez años, muy superior a la media europea. Tiene además el efecto de rejuvenecer a nuestra población que es una de las que más envejecen del  mundo  (en el último año la media de edad en Madrid ha bajado de 43 a 41 años). Por supuesto, el superávit de la seguridad social ha tenido mucho que ver con esta entrada masiva de una población que en su gran mayoría está en edad laboral, e incluso se ha hablado del empujón que desde abajo este fenómeno ha dado al mercado inmobiliario. Se trata sin duda del cambio social más importante en España en los últimos años, cuyo impacto afectará a las futuras generaciones.

"Parte de los inmigrantes se van a quedar, y el retorno depende en gran parte de la situación del país de origen. Pero eso no quiere decir que el país de acogida no deba buscar políticas que favorezcan el retorno"

Lo normal es que las cifras del primer párrafo no vayan seguidas de  los beneficios que se han producido sino de la palabra problema. Puede que sea culpa de los medios de comunicación, siempre más propensos a publicar asesinatos que historias de trabajadores honrados o pequeños empresarios exitosos, pero en cualquier caso la idea ha calado en la sociedad. En el barómetro del CIS de noviembre pasado, por primera vez la inmigración era el segundo problema más grave para los españoles, solo después del paro. Y casi un 60 %  de los entrevistados manifestaba la opinión de que en España hay demasiados inmigrantes.
Es siempre tentador desautorizar a la masa, para lo que el mismo barómetro nos da argumentos: en la pregunta del problema que subjetivamente más le afecta, la inmigración aparecía en quinto lugar, pues solo un tercio de los que piensan que es un problema grave en general, considera que lo es para él. Por tanto, podría decirse, se trata de una percepción errónea, probablemente momentánea, derivada de la repercusión mediática de los asaltos a la valla de Melilla y los muy recientes disturbios en los barrios franceses.
A mi juicio eso sería un error. Tan malo es criminalizar la inmigración como tratar de ignorar las tensiones que produce y la atención especial que necesitan los recién llegados y quizás aún más, los hijos de éstos.
Las noticias citadas nos remiten a dos cuestiones graves, que necesitan de respuestas jurídicas. Las pateras y las vallas nos llevan a la cuestión del control de la inmigración. Las revueltas en Francia, protagonizadas casi en su totalidad por inmigrantes de tercera generación, ya franceses, al problema de la integración. En relación con ambos el notariado debe tratar de prestar su colaboración. Los notarios están en estrecha relación con los procesos de entrada en España a través de las actas de invitación y de reagrupación, pero sin duda se pueden mejorar el asesoramiento y la colaboración con el Estado. Y en cuanto a la integración el notariado debe estar presente no solo en la atención diaria en los despachos, sino en la reflexión sobre situación jurídica e integración. En este ámbito, la Fundación Aequitas promovió unas jornadas sobre "La situación jurídica del inmigrante en España" (febrero 2004), cuyas intervenciones es publicaron en la colección La Llave.
Aunque sin duda la integración es la cuestión clave en la que se juega qué tipo de sociedad será la de nuestros hijos, veamos primero la cuestión del control.

El control de entrada. Habría que discutir primero si debe existir un control. Se puede dudar de la moralidad de impedir la entrada a un país próspero a personas en situaciones de pobreza extrema que acuden para trabajar. Resulta además especialmente la imagen de los  muros (que nos recuerda a Berlín,  el telón de acero y a Israel) y  es tentador pedir que se tiren las barreras, físicas y jurídicas.
La cuestión excede de las posibilidades del artículo -y del autor- pero quizás no estemos obligados a entrar en ella porque no es una opción real en estos momentos. Por una parte la propia ONU ha reconocido en un reciente documento que es consustancial a la soberanía la facultad del control de entrada de las fronteras y un ataque a aquella su violación. Por otra, como miembros de la Unión Europea no es una decisión que pueda tomar España por sí sola. En la última cumbre europea las propuestas sobre inmigración se presentaron conjuntamente por Francia, España e Inglaterra.
Una vez admitida la existencia de un control, la eficacia del mismo es fundamental para la buena marcha del país, y sobre todo de la inmigración. La entrada de ilegales perjudica a los inmigrantes legales, no solo en su consideración social, sino en sus oportunidades de trabajo. Los mayores perjudicados son los propios ilegales, que son primero explotados por mafias, trasladados con grave riesgo de sus vidas, y sujetos en el caso de llegar al país a un régimen de ilegalidad que impide su integración. Además el control es un medio para la integración, debe perseguir que las personas que lleguen sean en número y calificación las que necesita el mercado de trabajo, pues tener un trabajo es el prius de la integración.

"El superávit de nuestra Seguridad Social ha tenido mucho que ver con esta entrada masiva de una población que en su gran mayoría está en edad laboral"

En este sentido,  la colaboración que existe ya entre los notarios y el Ministerio del Interior para la notificación de los compromisos de invitación para estancias de turistas no supone una persecución (a pesar del desafortunado nombre que se ha dado al sistema). Al contrario,  se trata de evitar el mercado negro de invitaciones, que a corto plazo favorece a las mafias, y a largo plazo perjudicaría  a los turistas de esos países y a los familiares de los inmigrantes que vienen realmente de visita. El notario además explica el compromiso al invitante, le advierte de su trascendencia y orienta sobre los posibles trámites posteriores. Lo que no quiere decir que no haya mejoras que hacer.  Para dar alguna orientación más segura sobre los requisitos para el visado en los países de origen y las exigencias de entrada para aquellos que no  exigen visado, se podrían establecer vías de información entre los Ministerios de Interior y de Asuntos Exteriores y los Colegios Notariales.
Pasando de las estancias breves a las estables, las autorizaciones de residencia, se conceden hoy  principalmente por reagrupación familiar o a través de contratos de trabajo.  En España se ha utilizado en diversas ocasiones, una de ellas muy reciente, la vía de la excepcional de la regularización.  No hay duda de que la regularización implica grandes beneficios para los inmigrantes y para la economía del país. Pero estos se tienen que contrapesar con la posibilidad de que socave el respeto a la ley, pues parece "premiar" al que entró ilegalmente, y además tiene inevitables interacciones con las políticas de los demás países europeos (de ahí las críticas de Francia y Alemania al proceso).
Creo que mejor que discutir sobre el acierto de la última es evitar que sea necesaria su reiteración. Por ejemplo tener un mejor  sistema -y probablemente más generoso sin ser menos exigente- para  la concesión de visados con contratos de trabajo o a través de cuotas. Si se ajustara la concesión de permisos más a la demanda, habría menos entradas ilegales. En relación con esto último se podría pensar también en una colaboración de los notarios en  el control de la realidad del contrato de trabajo o de otros requisitos.
Por otra parte los notarios colaboran también de forma intensa en uno de los pasos del procedimiento de reagrupación familiar, aunque con una mayor colaboración con los organismos competentes se podría asesorar mejor sobre los plazos y requisitos de estos procedimientos.

La integración. El debate sobre la integración es aún más difícil que el del control y empieza en su propio significado. Hay diversas escuelas y los recientes disturbios en Francia han animado a los que defendían el modelo inglés, más tolerante con las diferencias y "multicultural", frente al sistema de "asimilación" francés, más generoso en conceder la nacionalidad pero que defiende una mayor uniformidad cultural (prohibición del velo, etc...).  Los que presumen hoy olvidan las bombas puestas en Londres hace tan poco por ingleses perfectamente integrados. Ni siquiera un país como estados Unidos para el cual la inmigración es parte consustancial de su identidad ha evitado los ghettos y que las diferencias de los hispanos se mantengan durante generaciones. A mi juicio está claro que no hay recetas únicas, ni desde luego ninguna tendrá un éxito total. Se trata de que el inmigrante acceda a las ventajas del país de acogida, al mismo tiempo que respeta sus normas y costumbres, y que la sociedad del país le acepte y respete, también en sus diferencias.
Las diversas implicaciones económicas, culturales, religiosas e incluso psicológicas que dificultan la integración no se pueden abordar aquí. Lo que sí está claro que el nivel de integración  va a depender en gran parte de su situación laboral, de vivienda, educativa y sanitaria. Y esto depende en gran manera de su situación jurídica.
El primer requisito de integración a ser sin duda la residencia legal, requisito para el ejercicio normal de los derechos reconocidos a los inmigrantes. Sin ésta,  el tipo y condiciones de trabajo serán marginales; se le dificultará el acceso a la vivienda aún el alquiler,  expulsándolo hacia la infravivienda y/o al pago exorbitante por la misma; y  se dificultará la atención sanitaria y la integración de sus hijos en la educación. Por ello, aunque es evidente que la regularización es un método excepcional e incluso indeseable, no se puede subestimar los beneficios que produce.

"La eficacia del control es fundamental para la buena marcha del país, y sobre todo de la inmigración. La entrada de ilegales perjudica a los inmigrantes legales, no solo en su consideración social, sino en sus oportunidades de trabajo"

Un segundo nivel puede encontrarse en la concesión de la nacionalidad y sus efectos. Existen ya, por razones históricas y culturales, normas que favorecen a los ciudadanos de determinados países. Mi experiencia es que determinados colectivos (los dominicanos por ejemplo), han hecho uso muy amplio de esta posibilidad, con las ventajas tanto para la integración como para el regreso a su país que eso supone.
Desde luego la igualdad formal de derechos, incluso en el caso de tener la nacionalidad, no agota el problema, y son necesarias políticas que eviten la formación de ghettos.
Se tiene que evitar la concentración habitacional y la concentración en centros educativos. En este sentido las últimas cifras de la comunidad de Madrid invitan a prestar atención a la cuestión: en cinco distritos se supera el 20% de inmigrantes sobre la población, y en cinco barrios más del 30% (El Mundo, 20-1-2006), y los porcentajes son superiores en la población escolar.
Aunque la integración sea la cuestión fundamental, creo que hay que prestar atención a modelos de inmigración flexibles que se ajusten a las necesidades de inmigrantes  y países de acogida, como la migración temporal.

La inmigración temporal. Se trata de aquella en la que el trabajador, tras una temporada, o unos años, regresa a su país de origen.  Una de las conclusiones  de un  reciente informe de la Comisión de las Naciones Unidas para la migración internacional (octubre 2005) es reclamar una mayor facilidad para la migración temporal. Es una forma de migración que en principio beneficia a todos. 
Primero, al país de acogida que no tiene que mantener al trabajador cuando ya no es necesario su concurso por el ciclo económico o por su edad, ni tiene que correr con los costes y problemas de la integración del inmigrante y sus descendientes. Sin perjuicio por supuesto de pagarle las pensiones o beneficios que le correspondan. Asimismo, al inmigrante, cuyo objetivo inicial suele ser ahorrar para volver con lo ahorrado y en su caso con la pensión a su país, donde el valor adquisitivo suele ser mayor. Y también al país de origen, al que se vuelve una persona con ahorros, nuevas experiencias y quizás una formación. Además en teoría es mejor  una inmigración de corto tiempo pues está comprobado que cuanto más tiempo pasa un inmigrante fuera de su país, menores son las remesas que envía a su país de origen.

"Se trata de que el inmigrante acceda a las ventajas de la país de acogida, al mismo tiempo que respeta sus normas y costumbres, y que la sociedad del país le acepte y respete también en sus diferencias"

Sin embargo la tendencia del inmigrante a quedarse es un hecho. Se ha dicho con ironía que no hay nada más permanente que la inmigración temporal. Numerosas experiencias, como la de los programas de "trabajadores invitados" para turcos en Alemania, se han saldado con fracasos. Pero no creo que sea siempre cierto: la vuelta a España de una gran parte de nuestros emigrantes, y el retorno a su país de numerosos polacos que han estado trabajando aquí pueden ser un ejemplo contrario.
Por supuesto, parte de los inmigrantes se van a quedar, y el retorno depende en gran parte de la situación económica del país de origen. Pero eso no quiere decir que  el país de acogida no deba buscar políticas que favorezcan el retorno.
Una solución clásica es la concesión de cuotas de inmigrantes para sectores específicos que reclaman esa necesidad. El inmigrante tiene permiso solo para ese trabajo, y en su caso para un plazo (se dan en España permisos de temporada para determinadas labores agrícolas). En Corea del Sur, una parte del salario de los inmigrantes va a parar a un fondo que solo se puede retirar a su partida.
Una solución más imaginativa, que pretende  conseguir además "competir" con la inmigración ilegal es la que propone Michael Jandl del International Centre for Migration Policy Development, de Viena. Ya se ha visto que la inmigración ilegal produce mucho dinero y utiliza diversos medios (desde las pateras hasta los matrimonios de conveniencia, pasando por la falsificación de permisos a la corrupción de algunos funcionarios)  con daños enormes para el país de acogida y para los inmigrantes. Se propone acabar con ella ofreciendo  visados legales a un precio ligeramente inferior al de "mercado" de los ilegales. Una parte de ese dinero iría a un fondo recuperable por el inmigrante a su partida. De esta forma se le quitaría el negocio a los ilegales y al mismo tiempo se favorecería el retorno.
A algunos nos puede parecer inmoral o demasiado mercantilista el planteamiento. No oculto que la reseña viene del espléndido panfleto ultra-liberal que es The Economist, octubre de 2005.  Pero no deja de ser un ejemplo de la imaginación que hay que utilizar para afrontar nuevos retos.
En conclusión, quiero llamar la atención sobre la importancia de la cuestión, y sobre nuestro papel en la misma. Como ciudadanos y como notarios debemos no sólo colaborar con el Estado, sino buscar como favorecer la integración, tanto con nuestro trabajo como con nuestra reflexión para conseguir que la inmigración sea un enriquecimiento (económico y social) y no un problema.