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ENSXXI Nº 56
JULIO - AGOSTO 2014

LUIS BUSTILO TEJEDOR
Notario de Felanitx (Islas Baleares)

JORNADAS DE MÁLAGA

Un grupo de Notarios promotores del Manifiesto por la Unidad, en la idea de dar continuidad al movimiento surgido en torno al mismo, tras la adhesión de más de 1200 compañeros, celebraron el pasado día 29 de marzo las Jornadas de Málaga, una Jornada de reflexión y debate. En este y en números sucesivos de EL NOTARIO DEL SIGLO XXI publicaremos las diferentes ponencias que en ese acto se expusieron.
El pasado mes de octubre, 1200 notarios firmamos el “Manifiesto por la Unidad del Notariado”. Sus destinatarios (los Decanos integrados en el Consejo General del Notariado) hicieron del  mismo una lectura parcial y sesgada por su deformada visión de la política corporativa, que entienden como una lucha de poder de carácter personal en la que los intereses de la profesión parecen más un medio que un fin.

El sentido último del Manifiesto no era, como se quiso entender, un apoyo “popular” a una de las facciones en lucha. Lo que el Manifiesto reclamaba era unidad y democracia.
Unidad entendida en primer término como cese de las referidas luchas en el seno del Consejo. Pero en un sentido más profundo, unidad de todos los Notarios en la definición del ser y el estar de la profesión y en la proyección al futuro de la función notarial.

Democracia como método para la determinación de ese proyecto de futuro y que en si misma es el cauce para el ogro de la unidad pretendida.
La organización y funcionamiento democráticos de los órganos corporativos es, en primer término, un imperativo legal, pues así lo exige respecto de los Colegios profesionales, el artículo 36 de la Constitución. Este mandato Constitucional implica, siguiendo a SOLÍS VILLA, por un lado que la configuración de los órganos de gobierno y el sistema de provisión de los mismos han de ser democráticos, es decir, que los estatutos y las normas de régimen interno de los colegios deben ser aprobadas por sus órganos democráticamente elegidos, mediante procesos electorales libres e igualitarios y que permitan el acceso tanto activo como pasivo a todos los colegiados en igualdad de condiciones. Y por otro lado, dice relación con la necesaria permeabilidad de los órganos de gobierno a las opiniones y propuestas de los colegiados, de modo que estos puedan tener una efectiva participación en los asuntos colegiales, aunque no ocupen cargo alguno en la estructura corporativa.

"Lo que el Manifiesto reclamaba era unidad y democracia. Unidad entendida en primer término como cese de las referidas luchas en el seno del Consejo"

Pero, en segundo lugar, es un imperativo ético.No podemos concebir los hombres de este lugar y de este tiempo un modo de organizar nuestras relaciones que no pueda calificarse de democrático.
La articulación del principio democrático en las organizaciones colegiales (y en la práctica totalidad de las organizaciones) se realiza por sistemas de democracia representativa, en los que los sujetos titulares de la soberanía delegan su ejercicio en algunos miembros de la organización, que son elegidos conforme a un sistema mayoritario y controlados a través de sistemas de fiscalización, del que es máxima expresión (a la vez que mínimo exigible) la renovación del nombramiento en elecciones periódicas.
Pero este sistema tiende a la disociación entre “cúpulas” y “bases” y a la formación de oligarquías, de modo que se convierte en un sistema competitivo de selección de élites, en el que hay poco margen para la participación directa de los titulares de la soberanía, fuera de su intervención el mencionado proceso.
Las cúpulas son así tendencialmente oligárquicas y en consecuencia, obedeciendo a su instinto genético, su fin principal es la permanencia en el poder. Para ello, monopolizan la información relevante, administrándola según su conveniencia para crear una realidad a la medida de sus intereses. Establecen complejos sistemas burocráticos procedimientos burocráticos de funcionamiento y  un monopolio de las herramientas de acción y participación, que vacía de contenido cualquier implicación de los no integrados en la estructura, como no sea a mayor y mejor consecución del objetivo de permanencia en el poder.La cooptación de nuevos miembros del grupo de poder no viene determinada por la capacidad para mejor proveer a los intereses del grupo, sino por las afecciones y adhesiones personales, por el compromiso con el sujeto o grupo cooptante y su objetivo de mantenimiento del poder. Cualquiera que no comparta estos fines es postergado del núcleo decisorio.
Básicamente, con lo anterior queda descrita la situación actual del Consejo General del Notariado. Que quizá vaya incluso más allá.

"Es necesario fomentar la participación de los Notarios, pues la apertura y la implicación de las bases en el gobierno corporativo permitirá paliar las tendencias perniciosas del sistema"

En el Notariado el poder real reside en el seno del Consejo, que en la práctica es un “supracolegio” en el que reside la representatividad del Notariado ante la sociedad y la administración.
Pues bien, en el Notariado, el proceso electoral competitivo para la selección de élites no alcanza al órgano máximo de poder, pues el cuerpo electoral se limita a elegir a sus miembros, pero ya no alcanza ni a la distribución del poder dentro del órgano ni a la fiscalización de su actividad. El voto de los Notarios es, de alguna manera, ciego. El Consejo deviene pues en una instancia independiente y desconectada de las bases desde el momento de su constitución. Y esto está impreso en la concepción que los actuales miembros del Consejo tienen del órgano y de su función. El Consejo retiene en su poder cualquier información relevante que pueda afectar al Notariado, que no es ni puede ser conocida por los Notarios, y ello con el plácet del Reglamento Notarial que consagra el secreto no sólo de las deliberaciones sino también de los acuerdos
Más allá, el propio Reglamento establece la posibilidad de creación de una Comisión Permanente, en la que el Pleno podrá delegar el ejercicio de aquellas competencias que entienda oportunas, a excepción de la aprobación de Circulares de orden interno que sólo compete al Pleno. O lo que es lo mismo, el grupo de poder dentro del grupo de poder puede reservar para sí la práctica totalidad de las funciones del Consejo. Y la legitimidad democrática de esa Comisión es mínima, pues solo se asienta en la voluntad o parecer de un número reducido de Decanos. A su vez, el propio Consejo crea en su seno comisiones técnicas, controladas por el grupo dominante, en las que se acometen las tareas de análisis y propuesta. Al frente de estas comisiones están Decanos, se supone que afines a la mayoría en el seno del Consejo. En otras palabras, el grupo dominante en el Pleno controla absolutamente la actividad de las comisiones o grupos de trabajo, dirigidas siempre por un Decano afín, excluyendo cualquier posibilidad de participación de otros notarios en el impulso y dirección del trabajo técnico. En esa misma línea, se crea una estructura profesionalizada (lo cual no es malo de por sí) integrada porno notarios, que terminan por llevar el peso fundamental de las tareas aparentemente inocuas de estudio y preparación, haciendo primar su propia concepción de la función, que no necesariamente coincide con la de los Notarios. Y también se “desinstitucionaliza” un sector tan importante para la configuración de la función, como es el tecnológico, mediante la creación de sociedades instrumentales que están sustraídas del control y fiscalización por los Notarios y aun por los propios Decanos.

"Deben introducirse mecanismos propios de “democracia deliberativa”, que implique una mayor participación de los concernidos por la política de que se trate a través de la deliberación"

Todo está montado para lograr la abstención  desinterés de “las bases”. Y así lo demuestran los magros datos de participación en muchos colegios o el hecho de que sólo haya habido elecciones competitivas en dos colegios.
Frente a esto, es necesario fomentar la participación de los Notarios, pues la apertura y la implicación de las bases en el gobierno corporativo permitirá paliar las tendencias perniciosas del sistema.
Así, deben introducirse mecanismos de democracia directa, como la elección, valga la redundancia, directa de la Junta Directiva del Consejo General, o la consulta a los notarios sobre las decisiones de mayor calado.
Deben introducirse mecanismos propios de lo que se ha venido en llamar “democracia deliberativa”, que implique una mayor participación de los concernidos por la política de que se trate a través de la deliberación, es decir, de un proceso de diálogo y argumentación del que resulte un consenso fundamental sobre la orientación y ejecución de la política. Este proceso aumentará por si mismo la legitimidad de las decisiones adoptadas, permitirá superar asimetrías informativas y aumentará la información disponible con el aporte de los puntos de vista y experiencias de cada cual, incrementará la autopercepción de los deliberantes como sujetos integrados en un grupo, la conciencia sobre los problemas y necesidades del grupo y por lo tanto alimentarán su voluntad de participar. Esto es, frente al círculo vicioso de unas élites oligárquicas que secuestran la información e impiden la participación, la deliberación es capaz de crear un círculo virtuoso de más comunicación que genera más participación e implicación.
Y el Congreso que aquí se solicita, por estas jornadas, es el marco adecuado y un poderoso instrumento. Nos permitirá, no sólo en su celebración, sino también en los trabajos previos y  preparatorios, articular una renovada concepción de nuestra función; nos permitirá dar ante la sociedad una imagen de conciencia y propósito y capacidad de adaptación a una realidad extremadamente volátil y que en algunos aspectos nos está superando; nos dotará de las armas precisas para seguir sirviendo a la sociedad por muchos años más.