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ENSXXI Nº 57
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2014

La experiencia y el sentido común –condensados muchas veces en los mitos clásicos de nuestra civilización- nos advierten que sacrificar toda certidumbre al impulso curioso, a la ambición, o a la mera esperanza, no constituye nunca una buena política. No es infrecuente que, al abrir la caja, lo que uno encuentre sea algo completamente diferente a lo esperado. Y casi siempre peor.
Que un asunto de tanta trascendencia para el país como la cesión del Registro Civil a un conjunto de registradores –los que en cada momento sirvan los registros mercantiles- haya podido hacerse con semejante precipitación y dejando importantísimas cuestiones abiertas o por resolver, debería causar verdadera preocupación. Aunque quizás lo que sea verdaderamente preocupante es que en este país casi nada ya la cause. Conviene precisar, en cualquier caso, que lo inquietante no reside en quién va a llevar el Registro –lo que resulta del todo punto indiferente- sino las consecuencias que para el tráfico puede tener un diseño totalmente improvisado.

"No es infrecuente que, al abrir la caja, lo que uno encuentre sea algo completamente diferente a lo esperado"

La principal incógnita descansa -nada menos- en la financiación del nuevo Registro Civil. Aunque lo cierto es que, se mire como se mire, parece inevitable que sean los emprendedores españoles y usuarios del Registro Mercantil (y quizás también los de la Propiedad) los que tengan que sufragar la millonaria inversión y su futuro mantenimiento.  Esto carece de cualquier justificación económica o social. Ya sea por la vía de subir los aranceles mercantiles o por la exigir consultas innecesarias, el coste social que se impondría al ya maltrecho tráfico jurídico español no es precisamente lo que demanda esta época de crisis.
Pero, con ser grave, esa incertidumbre no es la única. El propio diseño organizativo de la cesión plantea graves problemas de legalidad –incluso de inconstitucionalidad- que han sido puestos de manifiesto de forma muy contundente en el informe del Consejo de Estado sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la Corporación Pública para el desarrollo del sistema registral electrónico. Se denuncia allí, entre otros graves defectos, una deficiente enunciación de la naturaleza jurídica de la Corporación y la atribución a la misma de una estructura típicamente colegial -con aplicación supletoria de la legislación de Colegios Profesionales- lo que infringiría el artículo 36 de la Constitución Española. Como colofón, entiende el Consejo de Estado que el proyecto de Real Decreto requiere ser reconsiderado en lo que se refiere a sus grandes orientaciones.
A ello hay que sumar, además, la imposición de un procedimiento de contratación pública para la elaboración del sistema informático que ha de gestionar el nuevo Registro electrónico que no se caracteriza precisamente por su apertura y transparencia y que ha generado una enorme polémica mediática, con recursos ya interpuestos y denuncias ante las autoridades de la Competencia. La gravedad del asunto sube de tono cuando se comprueba que el denunciante es el propio Colegio Nacional de Registradores, del que forman parte los registradores mercantiles que integran la Corporación que ha de contratar el programa. Si no fuera tan preocupante –especialmente a la vista de las amenazas puestas de manifiesto en el informe del Consejo de Estado y que, de ser ignoradas, se concretarán a no dudar en vía judicial- resultaría casi risible.
No hay que olvidar tampoco, por si todo lo anterior pareciera irrelevante, que la llevanza diaria del Registro Civil plantea una serie de dificultades mayúsculas imposibles de resolver con un simple programa informático, por muy bien diseñado que esté y por muy caro que resulte. Pensar que poco más de un centenar de registradores van a poder solucionar ese conjunto de problemas, cómodamente instalados en sus respectivas capitales de provincia, mientras siguen llevando el Registro Mercantil as usual, es desconocer completamente la compleja realidad que se ha sumido.
Las apuestas, por tanto, es que lo que saldrá de la caja una vez abierta no va a ser nada bueno para ninguno de los sujetos implicados. Ni para los usuarios -sin duda lo más importante- pero, como inevitable consecuencia, tampoco para aquellos que se hayan dejado convencer por sugerentes cánticos de sirena para asumir retos inciertos que no constituyen más que una ciega huida hacia adelante.