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revista7

ENSXXI Nº 7
MAYO - JUNIO 2006

Madrid, EL NOTARIO.-

Alfredo Prada Presa, en su calidad de vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid, tiene bajo su responsabilidad dos áreas fundamentales en la acción de gobierno, como son las de Justicia e Interior. Es, por tanto, uno de los más cercanos colaboradores de Esperanza Aguirre, con lo que eso significa de actividad política y trabajo intenso. Leonés, 47 años, casado y con cuatro hijos, abogado, fue senador electo en tres Legislaturas y ha sido vicepresidente primero del Senado, portavoz del grupo popular en la Comisión de Justicia del Senado y secretario general del grupo. En suma, una trayectoria política larga y coherente, como resultado de la cual está en posesión, entre otras, de las grandes cruces del Mérito Civil y San Raimundo de Peñafort, así como de la Bernardo O'Higgins de la república de Chile. 

La Comunidad de Madrid se esfuerza por ser, en cierto modo, el escaparate de la alternativa política, a través del empeño por profundizar el éxito de gestión de servicios y de crecimiento económico. En estas condiciones, los proyectos emblemáticos cobran especial importancia. ¿Cuáles son los grandes retos que el área de Justicia y de Interior tiene en estos momentos en la Comunidad de Madrid?
En el área de Justicia tenemos el gran reto de desarrollar el proyecto del Campus de la Justicia. Hemos conseguido, en lo que va de legislatura, hacer realidad lo que era un viejo sueño de la ciudad de Madrid: concentrar en un espacio único todas las sedes judiciales que hoy están dispersas por la ciudad. Hay 19 sedes judiciales, y para terminar con esa dispersión, tan ineficiente para los ciudadanos y para los profesionales jurídicos, hemos encontrado el lugar que reúne las características o condiciones necesarias para un gran proyecto de calidad y eficiencia,  como es el proyecto Campus de la Justicia. Se trata de la zona Parque de Valdebebas, un espacio bien comunicado y céntrico, a tan solo diez minutos desde Plaza de Castilla, y que además va a contar con un fácil acceso tanto por tren de cercanías, como metro,  líneas de autobuses y, en conclusión, por todo tipo de servicio público de transporte. Además, por su cercanía a la nueva terminal T4, va a ser un auténtico rompeolas de Madrid, un símbolo de modernidad y servicio a los ciudadanos, lo primero que verá el ciudadano cuando llegue a nuestra ciudad por el aeropuerto de Barajas.

¿Un nuevo modelo urbano de prestación del servicio esencial que es la Justicia?
Más incluso. Es un doble concepto. Por un lado, hemos convertido el viejo proyecto, que era más bien... efectivamente urbano, de ciudad, en "campus". ¿Qué quiero significar con esto? Que prima la zona verde, el medio ambiente, por encima del ladrillo, del hormigón, para que sea un espacio agradable para el trabajador, para el usuario y para el ciudadano en general. Hemos tenido en cuenta que a este "campus" irán a diario no menos de 15.000 ciudadanos, entre cinco o seis mil funcionarios y nueve o diez mil usuarios, profesionales, etc. Por otro lado y no menos importante, estamos desarrollando ya en los procesos constructivos la combinación o la conjugación de varios conceptos. Queremos mantener la solemnidad de lo que significa la Administración de Justicia, como es lógico, pero  también queremos que sean edificios útiles, funcionales, eficientes. Queremos que lo mismo el funcionario que el usuario se sientan cómodos. Y queremos conjugar todo esto con la modernidad. Que la nueva creatividad de edificación que se vaya a desarrollar en este proyecto tenga una expresión de modernidad, que dé la nueva imagen del siglo XXI a la Administración de Justicia. En cierto modo, un entorno del siglo XXI para la Justicia del siglo XXI.

¿Y en el área de Interior?
En esa área, más que un viejo sueño hecho realidad, lo que hemos convertido en realidad ha sido una ilusión, un proyecto de voluntad política que consiste en dotar de mayor seguridad las calles y plazas de los distintos municipios de la Comunidad de Madrid. El proyecto Bescam va a suponer que haya 2.500 policías más en nuestra Comunidad. Hemos hecho realidad aquella expresión de voluntad política que tuvo Esperanza Aguirre en la campaña electoral cuando dijo: "No quiero escudarme en un problema competencial para no atender a uno de los principales problemas que tienen los madrileños, que es la seguridad". Con el objetivo de cumplir nuestro compromiso, aún manteniéndose el marco jurídico anterior, y olvidando el siempre enriquecedor debate político, hemos preferido actuar, hemos preferido la vía de la gestión. Y hoy el proyecto Bescam es una realidad en 34 municipios y afecta a casi tres millones de madrileños.
Por supuesto, lo mismo en Interior que en Justicia, más allá de los grandes proyectos emblemáticos, hay numerosos proyectos en desarrollo, en emergencias, en seguridad, en política de protección ciudadana, en protección civil... que son muy importantes y que exigen un gran esfuerzo en el día a día, y con los que vamos a responder al compromiso de servicio, modernización y eficiencia que esta Administración autonómica tiene contraído con los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

En ámbitos concretos de tipo jurídico ¿cuáles son en este momento los problemas que encuentra en la Comunidad de Madrid?
Madrid representa el 30 por ciento de la Administración de Justicia de España. El problema global de la Justicia española se produce en mayor medida en nuestra Comunidad por la gran concentración de personas en un territorio no muy amplio, casi pequeño en términos comparativos con la población, y muy concentrada además esta población en grandes núcleos. No es sólo la ciudad de Madrid, con sus exigencias y problemas añadidos de capitalidad, sino con otras grandes ciudades como Móstoles, Alcalá, Fuenlabrada, Parla... Estos núcleos urbanos, antiguamente pequeños, son hoy en día, grandes ciudades muy superiores en número de habitantes a más de la mitad de las capitales de provincia de España.
Para que la Justicia fuera una Justicia de calidad e incluso de excelencia, debería tener como primer ingrediente la prontitud, es decir, la rapidez. Alguien dijo que una justicia cuando es lenta no es justicia, y yo creo que tenía razón.
Nosotros, en nuestro ámbito competencial, hemos dado los pasos para conseguir esa Justicia de calidad y excelencia. Nuevas infraestructuras, nuevas aplicaciones informáticas, proyectos de acercamiento de la Administración de Justicia al ciudadano, etc. Pero hay elementos que no dependen de la Comunidad de Madrid y que serían, en mi opinión, esenciales para arreglar el problema de la lentitud que padece la Administración de Justicia.
Lo primero es el crecimiento de la planta judicial y para ello necesitamos la autorización del Ministerio de Justicia, ya que el Gobierno regional afrontaría la financiación de los nuevos órganos judiciales. Además sería necesaria una radical, y subrayo lo de radical, reforma de los procedimientos, manteniendo la garantía de la Legislación española, pero modernizando los procedimientos, para conseguir esa Justicia de calidad.
 
¿Cómo se desarrolla en los últimos tiempos la colaboración entre la Vicepresidencia de Justicia de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia?
Nosotros hemos mantenido y vamos a mantener siempre una relación institucional muy colaboradora y leal con el Ministerio de Justicia. El debate especialmente lo centramos en la reclamación, por el bien del conjunto de los madrileños, de más planta judicial. No hemos sido capaces de encontrar puntos de unión. La prueba está en que hemos pedido 76 juzgados y nos han concedido 16, además sin justificación porque el 100% de la puesta en funcionamiento de cada juzgado lo abona la Comunidad de Madrid, y una vez que está en funcionamiento casi el 90% del coste corre también a cargo de la propia Administración autonómica.
Considero y, así se lo hice ver al Ministro de Justicia, siempre bajo el espíritu de leal colaboración institucional, que las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia hemos cumplido la mayoría de edad y que, por lo tanto, entiendo que la capacidad para decidir cuántos juzgados se ponen, dónde y a qué orden jurisdiccional corresponden debería corresponder a la propia Comunidad Autónoma.

¿Una competencia exclusiva?
Exacto. Es verdad que los jueces y secretarios son cuerpos nacionales, y los fiscales son trasversales pero adscritos a un juzgado. Sería fácil buscar fórmulas para que se oyera al Ministerio de Justicia, o incluso hacer una planificación, no como se hace ahora, a corto plazo, sino hacer una planificación a medio o largo plazo. He propuesto al Ministerio de Justicia, que planifiquemos el crecimiento de planta judicial en la Comunidad de Madrid para los próximos cinco años, o para diez si quiere, de tal manera que no hubiera ni siquiera necesidad de debate político.
Cierto que yo personalmente y mi partido, hemos discrepado de la política en materia de Justicia realizada por el actual Gobierno de España, sobre todo, en lo relativo a la fragmentación del poder judicial. Pero más allá de ese debate político, en el que la Comunidad de Madrid está muy en línea con lo que ha mantenido el Partido Popular a nivel nacional, nosotros, en nuestro debate más particular, más madrileño por decirlo de alguna manera, hemos estado especialmente centrados en la planta judicial.
Entiendo que una Administración como la nuestra, que se gasta 300 millones de euros al año en Administración de Justicia; que invierte en Justicia gratuita 33 millones de euros, atendiendo a más de 100.000 personas en este capítulo, cuando el Ministerio de Justicia sólo tiene un gasto, en ese mismo capítulo para lo que es territorio común, de 27 millones de euros, merece  tener esa capacidad de decisión que ahora se nos cierra.

Pensando en la Administración de Justicia del siglo XXI ¿conviene profundizar el ámbito de la justicia preventiva, de la seguridad jurídica que ofrece el notariado?
El papel que los notarios vienen jugando en nuestro sistema jurídico, como fedatarios públicos, es esencial. Esa labor preventiva se puede reforzar aún más y sería otro elemento de modernización de la Administración de Justicia. Incluso ayudaría a evitar los colapsos actuales de la Administración de Justicia. Esa es una línea que deberíamos potenciar. Lo ideal seria que al juzgado llegase sólo lo que tiene que llegar. Entonces, ahí el notario juega un papel esencial como garante de la seguridad jurídica, sin duda ninguna. A mí me parece que eso debe potenciarse y, precisamente, en esa radical reforma de las leyes procesales a que antes me refería, es donde el Notariado español puede jugar un papel protagonista mayor que el actual.
Ahora bien, ante esa deseable reforma de leyes procesales nosotros sólo tenemos la capacidad de impulso, no tenemos la capacidad legislativa, ni la queremos tampoco, como es lógico. Precisamente el Ministerio de Justicia tiene que arraigarse en este Estado moderno español, el Estado de las Autonomías, y debe ser el que desarrolle la legislación.

Está en los medios el debate sobre la unidad o no de la Justicia en el proceso de reforma del modelo autonómico. Desde su posición como máximo responsable de Justicia de la Comunidad de Madrid ¿es partidario o no de que se mantenga el principio de unidad de los cuerpos e instituciones jurídicas?
Completamente. Creo que uno de los grandes aciertos que tiene la Administración de Justicia en España es que no puede haber una Justicia diferente por razones geográficas. Una Administración de Justicia única es un elemento vertebrador de lo que es un país, de lo que significa España. En un mundo globalizado, en una España incardinada dentro del marco de la Unión Europea, parece que la dirección del Gobierno en este asunto es contraria al sentido común y a la lógica. Deberíamos buscar espacios mayores, supranacionales, de actuación para el Notariado, para el Registro, incluso para la Magistratura. Parece que en España la línea, el horizonte que se busca es precisamente la fragmentación, el aislamiento, las pequeñas parcelitas y esto, en mi opinión, es un error.

Está previsto que el próximo año 2007 se celebre en Madrid el Congreso Mundial del Notariado. Vendrán notarios de los cinco continentes, incluida China y países del sudeste asiático, incluso notarios anglosajones... lo que ya permite hablar de un notariado mundial. En suma, será un evento importante, que ya se está preparando. 
Para esta Vicepresidencia es una enorme satisfacción que ese congreso mundial se celebre en Madrid y, desde luego, tengo el deseo de colaborar y contribuir al éxito que merece y conviene. Los notarios tendrán la colaboración de la Comunidad de Madrid para que resulte un gran éxito porque es muy importante, no sólo que se residencie en Madrid un congreso de esta naturaleza, sino también el propio contenido del mismo.

Desde el punto de vista comparativo con el resto de las Comunidades del Estado ¿la seguridad en la Comunidad de Madrid en qué situación comparativa se encuentra?
Objetivamente, Madrid es una Comunidad que en número de delitos está por debajo de la media europea. Sin embargo, personalmente creo que, mientras haya un delito, hay un problema. Ir a la erradicación, al nivel cero de delitos, es una utopía imposible de cumplir, pero se puede seguir trabajando, como lo ha hecho hasta ahora el Gobierno que preside Esperanza Aguirre, para que haya más seguridad en un aspecto preventivo y también en el aspecto subjetivo de que el ciudadano perciba esa inversión en seguridad.
Voy a poner un ejemplo. El ciudadano percibe con cierta claridad que la Comunidad de Madrid es un lugar seguro y eficaz para resolver los problemas cuando se producen emergencias, incluso muy graves. Desde el trágico 11 de marzo hasta ayer mismo, cuando hemos tenido un lamentable accidente que han perdido la vida siete personas, esa eficacia la hemos demostrado. Pero esa percepción no la tiene el ciudadano cuando hablamos de seguridad ciudadana. Y en mi opinión eso indica que debemos ir a una política preventiva con mayor presencia policial en las calles, Policía Nacional en la ciudad de Madrid, Guardia Civil en los pequeños municipios y Policía Local especializada en seguridad ciudadana en los medianos.
Es lo que hace falta para que el ciudadano, más allá del dato estadístico, también perciba que hay una inversión en seguridad, porque decir esto es también sentir que hay más calidad de vida, mejores condiciones, más bienestar y fundamentalmente, más libertad. Nosotros hemos cumplido un compromiso político, hemos puesto 1.500 policías, pondremos otros 1.000 de aquí a un año, pero la seguridad es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Interior y necesitamos que se incrementen las plantillas de policía nacional y de guardia civil en 3.000 efectivos más.

¿Ha habido colaboración en estos aspectos por parte del recientemente dimitido Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid?
No. Se ha rechazado inexplicablemente nuestra mano tendida, nuestra voluntad de colaboración y nuestra voluntad de entendimiento, que la hemos acreditado con 34 municipios de todos signo político. Tengo la impresión de que este rechazo ha sido fruto de una decisión política. Con Madrid, el Gobierno socialista ha mantenido una estrategia de "ninguneo" institucional y de desprecio económico.
Es la única explicación para que,  en materia de seguridad, donde ellos tienen las competencias y la exclusiva responsabilidad, se hayan rechazado las ofertas de la Comunidad de Madrid. Como ejemplo, hace un año ofrecimos co-financiar al 50% una comisaría de policía en el distrito de Villaverde y la respuesta de la Delegación de Gobierno fue un rotundo no. Por poner otro ejemplo, hemos pedido una unidad adscrita de Policía Nacional a la Comunidad de Madrid y ni siquiera nos han contestado, cuando en este tiempo se ha negociado con Comunidades Autónomas socialistas, como Asturias y Aragón, que ya cuentan con unidades adscritas, al igual Galicia, Andalucía, Canarias o Valencia. Esto no es un debate político, sino realidades objetivas. Y en este sentido, todo se engloba en una estrategia global de animosidad política hacia la Comunidad de Madrid, en mi opinión, errónea.

Sin embargo, es cierto que la Comunidad de Madrid sigue siendo la autonomía de mayor crecimiento económico?
Porque a pesar de esa actitud del Gobierno central, el Gobierno autonómico ha realizado los esfuerzos y las políticas más cercanas a los ciudadanos, que han provocado que Madrid sea el motor de la economía española y la Comunidad Autónoma que más crece, que más riqueza genera.

Dijo antes una cifra que me pareció tremendamente llamativa, que habían pedido 76 juzgados y que concedieron 16. ¿Cómo se explica una diferencia tan llamativa?
No tiene explicación. Si la hubiera tendría que ser el Ministerio de Justicia el que la diera. ¿Por qué pedimos 76 juzgados? No por capricho, no por compromisos políticos que se hayan podido adquirir con ayuntamientos, con alcaldes, no. Lo pedimos recogiendo el acuerdo unánime de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entiende que esa es la necesidad que tiene nuestra Comunidad en este momento. En una Comunidad como Madrid, poner un juzgado más o menos no tiene un trasfondo político, es un elemento tan solo de necesidad objetiva en función del número de procedimientos judiciales que aquí se dan y teniendo en cuenta que muchos de los asuntos que aquí se dilucidan tienen una envergadura muy superior a los que se pueden realizar en otras ciudades o en otras capitales de provincia.

Hemos pasado revista a muchas cuestiones. ¿Queda algo en el tintero?
Sí. Esta es la revista del Colegio Notarial y no quiero dejar en el tintero, cuando hablamos de que Madrid es generadora de riqueza y empleo, auténtico motor de la economía española, que un Notariado magnífico proporciona un elemento importante de esa fuerza, al mantener en cotas excelentes la calidad y seguridad del tráfico mercantil. Tengo la costumbre de felicitar a cada uno de los notarios cuando consiguen tener una plaza en nuestra Comunidad y el Colegio tiene la deferencia de comunicarme su asentamiento. Son buena parte del motor de la economía.