Menú móvil

El Notario - Cerrar Movil

ENSXXI Nº 8
JULIO - AGOSTO 2006

Nuestra democracia dejó ya de ser joven, y por tanto de poder utilizar la excusa de juventud para diferir la solución de las grandes cuestiones pendientes. Desde que entró en vigor la Constitución de 1978 han gobernado centristas, socialistas, populares, de nuevo socialistas... consagrando así la prueba de estabilidad que permite lanzarse sin temores a resolver las demandas sociales más generalizadas. Que la administración de Justicia ha mejorado mucho desde 1978 hasta el momento presente, nadie podría honradamente negarlo. Que aún no satisface lo que los ciudadanos esperan de ese gran servicio público esencial que es la Justicia, también, y la prueba está, de forma reiterada, en las encuestas, donde el servicio de Justicia aparece entre los peor valorados por los españoles.
En la anterior Legislatura, el acuerdo del PP, entonces gobernante, y del PSOE, a la sazón primera fuerza política de la oposición, en un acertadamente denominado “Pacto para la Justicia”, abrió muchas expectativas y esperanzas. Luego, tras el cambio de Gobierno, la llegada al Ministerio de un político con la sólida formación intelectual y jurídica de López Aguilar, y con un equipo muy cohesionado y de muy adecuados perfiles académicos, mantuvo aquellas expectativas, lo mismo entre los ciudadanos, que entre los protagonistas de la vida jurídica.

"Un ilustre predecesor de López Aguilar definió el orden jurídico como la condición para el desarrollo armónico de las energías humanas comprendidas en el régimen de un Estado. De ahí la enorme importancia que tienen la intensidad y la calidad de la tarea legislativa en la acción de Gobierno"

Al frente del Ministerio de Justicia es frecuente encontrar personas de valioso perfil jurídico, pero de limitado o incluso bajo perfil político, cierto que con excepciones, como la muy notoria en su momento de Francisco Fernández Ordóñez. En la etapa actual, se produce la circunstancia de que el ministro López Aguilar es generalmente tenido por uno de los “pesos pesados” políticos del equipo de Rodríguez Zapatero, hasta el punto de que son frecuentes las especulaciones periodísticas en torno a su persona, bien sobre la posibilidad de que su partido le impulse a encabezar la candidatura para una amplia operación de regeneración y modernización de Canarias, comunidad a la que pertenece, bien con pronósticos que le sitúan al frente de otras responsabilidades en el Gobierno o incluso en el ámbito de la Unión Europea.
Cruzado holgadamente el ecuador de la Legislatura es preciso indicar que algunas reformas caminan demasiado lentas o no se percibe, seguramente por el agobio de temas, con lo que supone de dificultad para el establecimiento de prioridades, la intensidad de impulso que desearíamos quienes vemos la Justicia ciertamente como un poder clásico del Estado, pero sobre todo como un servicio público esencial para la calidad democrática de la vida del ciudadano. Hace más de siete décadas que un ilustre predecesor de López Aguilar definió el orden jurídico como la condición para el desarrollo armónico de todas las energías humanas comprendidas en el régimen de un Estado. De ahí la enorme importancia que tienen la intensidad y la calidad de la tarea legislativa en la acción de Gobierno.
Cuestiones necesitadas de mayor impulso. Para modernizar la Justicia es preciso agilizar los procedimientos, pero también desarrollar fórmulas que aminoren la saturación de los Juzgados. Debemos insistir en la urgencia de una Ley de Seguridad Jurídica Preventiva  que, basada en los principios de legalidad y fe pública, permita conformar, asegurar y fijar los hechos, las situaciones y las relaciones jurídicas entre los ciudadanos, lo que reducirá los conflictos o por lo menos facilitará su resolución. Y en la misma línea, hay que ofrecer a los ciudadanos sistemas alternativos que, sin merma de la seguridad, sean más sencillos, rápidos y económicos y permitan reducir el atasco de los Juzgados. El campo es amplísimo en materias de jurisdicción voluntaria –ya hay afortunadamente un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y en trámite parlamentario, al que nos referimos en editorial aparte–, actos de conciliación, consignaciones, notificaciones, subastas, separaciones, divorcios de mutuo acuerdo... Es de sentido común abrir la opción a esa a modo de “privatización voluntaria” de la Justicia que es la institución del arbitraje. Institución, por cierto, que acentúa la participación de los ciudadanos –trocados en promotores, actores y directores del procedimiento– en la administración de Justicia, con todo lo que ello supone, en línea de profundización democrática, de abrir la posibilidad de que el ciudadano, de común acuerdo con su oponente, pueda dotarse libremente de un procedimiento que le permita dirimir su controversia de forma privada, sin más limites que la salvaguarda de la ley y de los derechos de terceros.

"El campo es amplísimo en materias de jurisdicción voluntaria –ya hay un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y en trámite parlamentario, al que nos referimos en comentario editorial aparte–, actos de conciliación, subastas, consignaciones, separaciones, divorcios de mutuo acuerdo..."

Asignatura pendiente, quizá de menos trascendencia para el ciudadano común, pero muy importante para la credibilidad del sistema, es el establecimiento de una fórmula que, respecto al nombramiento y cese del Fiscal General del Estado, trasmita a la opinión pública la necesaria imagen de autonomía funcional de la institución, que es perfectamente compatible con la dependencia jerárquica que establece la Constitución. “La defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley” –que nada menos que éstas son las misiones atribuidas constitucionalmente al ministerio fiscal–  exigen que la propuesta gubernamental de su nombramiento, que efectúa el Rey, no limite ni condicione su independencia.
Y también en el ámbito del ministerio fiscal sigue pendiente la tantas veces anunciada atribución a los fiscales de la instrucción del proceso. Aparte de sus ventajas funcionales, subyacen en este asunto cuestiones de fondo tan importantes como todo lo relacionado con la prisión preventiva. El ingreso en prisión es una de las situaciones más trascendentes que pueden acaecer en la vida del individuo, y es poco todo lo que se haga para que en el uso preventivo de tan excepcional medida confluyan las garantías de la seguridad de la instrucción y de los derechos del ciudadano.
En el capítulo de insatisfacciones no podría honradamente faltar –y esta revista se ocupó de ello, con amplio abanico de opiniones y criterios en el número anterior– la reforma en curso del Reglamento notarial. Y ello por, al menos, dos razones. La primera, es la precipitación con que –seguramente por el buen deseo de recuperar el tiempo de espera– se ha redactado, sin debate ni consulta, lo que explica que sea técnicamente muy deficiente. Incluso en aquellas materias en que la intención teóricamente buscada es positiva, su traducción técnica es mala y va a generar problemas de todo tipo. Segunda razón, y más importante, de nuestra crítica es la parte relativa a la reforma del sistema de organización corporativa. En este aspecto no es tanto que el proyecto sea técnicamente deficiente, sino que destila una filosofía presidencialista, oscurantista y poco democrática que no se compadece ni con los principios que inspiran al actual equipo rector del Ministerio de Justicia, ni con la necesidad de acomodar el modelo corporativo a la vigorosa realidad actual de un país que disfruta una democracia social avanzada, ni con las propias aspiraciones de los notarios, como puso de manifiesto la unanimidad de las agrupaciones y asociaciones del Notariado en las jornadas que organizó el Colegio de Madrid.

"En la parte de la reforma del Reglamento relativa a organización corporativa no es tanto que el proyecto sea técnicamente deficiente, sino que destila una filosofía oscurantista y poco democrática que no se compadece con los principios que inspiran al actual equipo rector del Ministerio de Justicia"

Testimonio de un trabajo intenso. Pero no todo ha de ser crítica o demandas insatisfechas, porque es preciso también reconocer que el trabajo legislativo desarrollado es muy importante, no sólo por su volumen, sino también por su calidad y sobre todo por el método, en la medida que se ha visto enriquecido por una innegable disponibilidad para el diálogo y una ostensible voluntad de consenso político y social. De hecho, desde el Real Decreto 1774 de 30 julio de 2004, que aprobó el Reglamento de la Ley orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, hasta la actualidad, un repaso no exhaustivo de la tarea legislativa desarrollada por el Ministerio de Justicia comprende no menos de 5 leyes orgánicas, 10 leyes generales, 20 reales decretos, amén de muy numerosas órdenes ministeriales y resoluciones.
Entre ese ingente volumen legislativo hay disposiciones de tanta trascendencia social como la Ley de medidas de protección contra la violencia de genero, o el Real Decreto que dispuso la creación y constitución de juzgados de violencia sobre la mujer, o el que modificó el Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica, o la ley orgánica que permite la persecución extraterritorial de la infame práctica de la mutilación genital femenina... no digamos ya la Ley que modificó el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio y la que, casi simultáneamente, modificó el Código civil y la ley de Enjuiciamiento civil en materia de separación y divorcio, o el real decreto sobre la comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad. En toda esta legislación se aprecia una ejemplar sensibilidad democrática por los derechos del ciudadano y el principio constitucional de igualdad, traducidos en firmes barreras contra la discriminación. Eran cuestiones socialmente complejas que necesitaban esfuerzo añadido de sensibilidad y calidad jurídica.
Como también necesitaban diligencia y las características apuntadas las modificaciones del Reglamento de ayuda a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, o el Reglamento de ejecución de la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo y el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo. Aspectos todos en los que es preciso reconocer la eficiente tarea legislativa del Ministerio de Justicia.

"El trabajo legislativo desarrollado es muy importante, no sólo por su volumen, sino también por su calidad y sobre todo por el método, en la medida que se ha visto enriquecido por una innegable disponibilidad para el diálogo y una ostensible voluntad de consenso político y social"

Hay cuestiones que pueden parecer menores, pero que cobran extraordinaria importancia como protofenómenos –por utilizar la expresión de Ortega– de temas de mayor calado y extensión. Por ejemplo, el reciente Real Decreto que, en el ámbito de la asistencia religiosa penitenciaria, desarrolla los acuerdos de cooperación firmados por el Estado con las Iglesias Evangélicas, las Comunidades Judías y la Comisión Islámica españolas.
En el propio ámbito de la actividad jurídica, y pese a la tensión de las expectativas antes apuntadas, hay que reconocer una intensa actividad legislativa del Ministerio. Ya en el año 2004 se modificó la Ley orgánica del Poder Judicial, y en 2005 se modificaron la constitución y funcionamiento del Consejo Fiscal, se aprobó el Plan de transparencia judicial, se modificó el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, se aprobó el Reglamento orgánico del cuerpo de secretarios judiciales, etc. También se han perfeccionado los modelos de asientos y certificaciones del Registro Civil y del Libro de Familia, y se han regulado los pagos, depósitos y consignaciones judiciales en metálico, efectos o valores. La actividad mercantil ha sido objeto de atención y perfeccionamiento jurídico en distintos aspectos, como el Real Decreto que fijó el arancel de derechos de los administradores concursales y la Ley que estableció medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Y es reciente la ley 7/2006 que modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. También ha sido sensible e importante la atención legislativa derivada del proceso de construcción jurídica europea.
Los anteriores apuntes son suficientes para extraer una valoración de conjunto favorable a la tarea que, en el ejercicio de sus responsabilidades políticas, desarrolla el equipo del ministro Juan Fernando López Aguilar al frente del departamento de Justicia, y en particular la Secretaría de Estado de Justicia, a cuyo frente se encuentra Luis López Guerra. Pero es susceptible de mejora si el Ministerio da impulso decidido a cuestiones pendientes tan importantes como las apuntadas.
Esta revista es crítica –siempre de manera fundada, doctrinal y respetuosa– en aspectos concretos cuando su comité editorial considera que debe serlo. Pero con la misma sinceridad e independencia, al evaluar el trabajo realizado en la etapa actual, se aprecian en el Ministerio de Justicia una dirección rigurosa y un equipo serio, con calidad doctrinal, permeable al diálogo y comprometido con objetivos de modernización, lo que nos satisface, no tanto –que también– por lo que pueda afectar al Notariado en la tarea de justicia preventiva, sino fundamentalmente por lo que afecta y beneficia al ciudadano, en cuanto usuario del servicio público de Justicia y consumidor que debe moverse en un marco jurídico cada vez más internacional y complejo. Precisamente porque vemos las cualidades y capacidades de este equipo es por lo que acentuamos la exigencia de que se aproveche esta gran oportunidad para dar solución a las cuestiones pendientes, lo que se traduciría, sin la menor duda, en una mejora sensible de la valoración de la Justicia por los ciudadanos.
La protección efectiva de los derechos fundamentales, la calidad y razonable rapidez del servicio público de Justicia, el desarrollo de un sistema sofisticado y eficaz de justicia preventiva, la seguridad del tráfico mercantil, son, entre muchos otros, aspectos esenciales para que el individuo sienta que vive en plenitud democrática y en una sociedad moderna, abierta y de progreso. La que todos deseamos.