Menú móvil

cerrar-mobile

 

Por: ÁLVARO ANCHUELO CREGO
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos



Obligaciones británicas

Desde el punto de vista de la Unión Europea, el Reino Unido tiene la obligación de hacer frente a aquellas promesas de gasto ya realizadas que tienen respaldo legal, aunque tengan consecuencias que se extiendan en el tiempo más allá de su salida (en marzo de 2019).

Las principales son las siguientes:

1º) Compromisos presupuestarios pendientes de liquidar
Son compromisos de gasto que han aparecido ya en los presupuestos anuales de la Unión Europea anteriores a 2019, pero que todavía están pendientes de ser pagados.
Los presupuestos anuales de la Unión Europea distinguen en sus cuentas entre compromisos (commitments) y pagos (payments). Los primeros reflejan las cantidades asignadas para gastar en un uso concreto; los segundos, los pagos efectivos. Las Perspectivas Financieras fijan un máximo anual tanto a los compromisos como a los pagos, pero habitualmente el primero supera al segundo. De esta forma, la Unión Europea se ha ido comprometiendo cada año a realizar gastos que superaban la cuantía que efectivamente se pagaría durante ese ejercicio. En consecuencia, ha ido acumulando una importante cantidad de compromisos ya reflejados en los presupuestos anuales pero todavía pendientes de pago.
Aproximadamente la mitad de dicha cantidad está relacionada con el gasto en las políticas de cohesión, un quinto con la Política Agraria Común y otro quinto con gasto en investigación. Del total acumulado, entre 29.000 y 36.000 millones de euros corresponderían al Reino Unido. Al igual que se hará en el resto del artículo, la primera cifra calcula la participación británica como el 12% del total (contribución histórica media al gasto total de la Unión Europea tras el descuento del cheque), la segunda como el 15% (contribución sin cheque).

"Desde el punto de vista de la Unión Europea, el Reino Unido tiene la obligación de hacer frente a las promesas de gasto ya realizadas que gozan de respaldo legal, aunque tengan consecuencias que se extiendan en el tiempo más allá de su salida"

2º) Compromisos legales pendientes de presupuestar
Existen otros compromisos de gasto con fuerza legal, aunque en este caso todavía no hayan tenido reflejo presupuestario (Outstanding Spending Allocations). La mayor parte está relacionada con los fondos estructurales y de cohesión. Una norma poco conocida, la Regulación 1303/2013 (Common Provisions Regulation) permite en su artículo 76 que la Comisión prometa recursos de los fondos estructurales a los países individuales. Estas promesas de gasto futuro tienen fuerza legal. De la cuantía total, entre 17.000 y 22.000 millones de euros corresponderían al Reino Unido.

3º) Otros gastos planeados para 2019-2020: las Perspectivas Financieras 2014-2020
Numerosos artículos periodísticos han interpretado que la Unión Europea demanda del Reino Unido que siga haciendo frente a las aportaciones necesarias para completar, sin alteraciones, las Perspectivas Financieras plurianuales vigentes (que incluyen hasta el año 2020). Como ha podido observarse, las peticiones de la Unión Europea se basan en un enfoque diferente: parten de los compromisos legales ya adquiridos por el Reino Unido antes de su salida.
Sin embargo, dado que el Reino Unido participó en la elaboración de las Perspectivas Financieras, que además se aprueban por unanimidad, un enfoque amplio de las obligaciones británicas podría incluir en su totalidad los compromisos de gasto que éstas incorporan para 2019 y 2020.
La parte británica ascendería a entre 22.000 y 27.000 millones. Esta cifra de alrededor de 20.000 millones ha alcanzado una gran notoriedad en las negociaciones. No parece que sea una casualidad que coincida con la oferta realizada por la primera ministra británica en su discurso de Florencia. Los negociadores británicos saben que ésta es la cantidad mínima que cubre el problema presupuestario más acuciante de la Unión Europea: completar las Perspectivas Financieras 2014-2020 sin verse obligada a pedir nuevas contribuciones a los países miembros o recortar los gastos.
Resumiendo los tres puntos anteriores, la factura británica por los compromisos de gasto ya realizados y pendientes de pago podría suponer entre 68.000 y 85.000 millones de euros.

"Es imposible llegar, mediante una formulación matemática precisa, a una cifra indiscutible para la factura del divorcio. Todos los aspectos esenciales están sujetos a debate y negociación: qué obligaciones deben incluirse, qué compensaciones son aplicables, incluso cuál es el porcentaje de participación británica"

4º) Pensiones de los funcionarios de la Unión Europea
Los funcionarios que trabajan o han trabajado para la Unión Europea disfrutan de un plan de pensiones relativamente generoso. El número de beneficiarios es actualmente de algo más de 20.000 personas. El sistema no es de capitalización, sino de reparto. No se ha dotado ningún fondo con las aportaciones de los beneficiarios, del que vayan a salir los recursos para pagar sus pensiones futuras. Los pagos se cubren cuando surgen, como parte del presupuesto común anual de la Unión Europea.
Desde un punto de vista legal, todos los Estados miembros garantizan las pensiones de todos los funcionarios de la Unión Europea, independientemente de su nacionalidad. De la misma forma, todos ellos se han beneficiado de sus servicios mientras han sido miembros. En consecuencia, el Reino Unido debería hacerse cargo de su parte: entre 7.600 y 9.600 millones, si desembolsase sus obligaciones por este concepto mediante un pago único.

5º) Pasivos contingentes
Se trata de obligaciones legales de pago que solo surgirán si se dan determinadas circunstancias, por lo que no es seguro que haya que hacerles frente.
Entran en este concepto, por ejemplo, las garantías de préstamos. La partida principal son las dadas por la Unión Europea a préstamos concedidos por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a países no pertenecientes a la Unión. En caso de impago total, entre 3.000 y 4.000 millones de euros corresponderían al Reino Unido.
La Unión Europea también ha concedido directamente préstamos a través de distintas facilidades. De nuevo, esto podría originar obligaciones de las que el Reino Unido tendría que participar, entre 6.000 y 8.000 millones de euros, si esos préstamos no se devuelven. La probabilidad de que resulten fallidos es muy baja, pues en su mayor parte están concedidos a países de la Unión Europea.
Los pasivos contingentes británicos no tendrían necesariamente que dar lugar al pago adelantado de las considerables cantidades totales máximas. Las contribuciones podrían exigirse solo en el momento en que fuesen necesarias.

Compensaciones a favor del Reino Unido
En vista de que se le exige al Reino Unido que haga frente a su cuota de pagos y pasivos pendientes, puede parecer evidente que, como contrapartida, deba disfrutar de la parte de los activos y de los pagos futuros que le beneficien. Lo referente a los activos, sin embargo, deberá ser un aspecto que se dilucide en las negociaciones.
La interpretación que se haga dependerá de si el proceso se equipara a un divorcio o a la salida de un club. En el primer caso, debería procederse al reparto de los activos, pero no está claro que este sea el marco general que ayude a entender el proceso. Cuando los países entran a formar parte de la Unión Europea, como hizo el Reino Unido en 1973, no realizan ninguna contribución para compensar por los activos acumulados con anterioridad. Además, la Unión Europea tiene personalidad jurídica propia, por lo que sus activos no pertenecen a los países que la componen.

"La cifra final dependerá de la fuerza negociadora de las partes. En este aspecto, la ventaja parece residir claramente en el lado europeo. El resultado lógico sería que se lograse un acuerdo más cercano a los 60.000 millones de euros que solicita la Unión Europea que a las ofertas iniciales británicas"

1º) Parte de los compromisos de gasto pendientes de pago que beneficia al Reino Unido
Si los británicos tienen que asumir su parte de responsabilidad por los distintos compromisos de gasto pendiente, querrán como contrapartida que se respete la parte de ellos que les beneficia, al ser gastos a realizar en el Reino Unido.
De los compromisos presupuestarios pendientes de liquidar, casi 12.000 millones de euros son gasto destinado al Reino Unido. Lo mismo sucede con 5.400 millones de compromisos legales pendientes de presupuestar y 11.700 millones de gasto para 2019-20 en las actuales Perspectivas Financiera. Estas compensaciones, por tanto, pueden llegar a sumar casi 30.000 millones de euros.

2º) Cheque británico
El Reino Unido recibe cada año, desde 1985, dos terceras partes de su contribución neta al presupuesto común de la Unión Europea del año previo. Esto le daría derecho a recibir en 2019 (tras su salida) el pago del último cheque, correspondiente a su contribución neta de 2018: alrededor de 5.000 millones de euros.
En resumen, el Reino Unido podría reclamar compensaciones por hasta casi 35.000 millones de euros, basadas en los diversos compromisos de gasto pendiente que le benefician y en el cobro del último cheque británico. A esto se podrían añadir (con mayores dudas) entre 4.700 y 6.000 millones de euros, como parte británica en el reparto de activos de la Unión Europea, lo que dejaría la cifra máxima de compensaciones en torno a los 40.000 millones de euros.

Cuantía total de la factura
Como puede observarse, es imposible llegar mediante una formulación matemática precisa a una cifra indiscutible para la factura del divorcio. Todos los aspectos esenciales están sujetos a debate y negociación: qué obligaciones deben incluirse, qué compensaciones son aplicables, incluso cuál es el porcentaje de participación británica.
Por eso, más que calcular las numerosas combinaciones posibles entre obligaciones a incorporar, compensaciones a tener en cuenta y porcentajes de participación (que el propio lector puede realizar para los casos concretos que desee, a partir de los datos proporcionados) tiene más sentido comentar las cifras concretas en las que parece estar cristalizando la negociación.

El pago que el Reino Unido debe realizar a la Unión Europea como compensación por los compromisos adquiridos mientras todavía era miembro (Brexit divorce bill) se ha convertido en el principal obstáculo de las negociaciones en curso. La cuantía concreta de dicha factura arroja cifras muy diversas, según las interpretaciones: desde más de 100.000 millones de euros a cero. Conviene aclarar cómo se llega a tales cifras, en función de los distintos escenarios que se contemplen.

Los negociadores de la Unión Europea comenzaron el proceso filtrando cifras que podrían superar los 100.000 millones de euros, situándose en el escenario menos favorable para el Reino Unido. Esta abultada demanda solo puede interpretarse como el primer movimiento de una estrategia negociadora. Con el paso del tiempo, la cantidad que exige la Unión Europea parece haberse concretado en el entorno de los 60.000 millones de euros. La aceptación de esta factura se considera una condición necesaria para abrir las negociaciones (más importantes) sobre las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido.
Desde el lado negociador británico, la posición maximalista de salida ha consistido en afirmar que la cifra a pagar podría ser cero. Esta postura ha tenido, por ejemplo, apoyo en la Cámara de los Lores. Según las conclusiones del debate allí realizado sobre este asunto, desde el punto de vista legal todas las obligaciones cesarían con la salida de la Unión Europea.
La primera ministra británica, en su discurso de Florencia, suavizó la postura inicial. En él, reconoció la posibilidad de realizar pagos ligados a los compromisos ya contraídos, aunque prefiera ligarlos a beneficios futuros para el Reino Unido (como acceso al Mercado Único o participación en proyectos concretos, por ejemplo de investigación). La nueva propuesta británica parecía ser de unos 20.000 millones de euros. En cualquier caso, condicionando el pago a que se alcanzase un acuerdo satisfactorio sobre las relaciones comerciales futuras.
¿A qué cifra final se llegará? La respuesta dependerá de la fuerza negociadora de las partes. En este aspecto, la ventaja parece residir claramente en el lado europeo. El resultado racional sería que se lograse un acuerdo más cercano a los 60.000 millones que solicita la Unión Europea que a las ofertas iniciales británicas. De hecho, parece existir ya una propuesta británica de 45.000 millones, que no se desea hacer pública.
Sin embargo, existe algún riesgo de no alcanzar un acuerdo, por irracional que parezca tal escenario. El gobierno conservador británico se encuentra prisionero de su propia retórica. En la campaña del Brexit, se dijo a los votantes que estaban pagando unas cantidades inadmisibles a Bruselas, en vez de utilizarlas para asuntos domésticos (como la mejora del servicio de salud). Tras el referéndum, resulta difícil justificar políticamente cualquier pago.
Si la Unión Europea desea facilitar al gobierno británico la tarea de enfrentarse a su opinión pública interna, tiene fórmulas para ello. La resistencia será tanto mayor cuanto más abultada parezca la cifra de la factura. Ésta se puede suavizar aparentemente, restando de los pagos brutos las compensaciones (para llegar a cifras netas más bajas) o extendiendo los plazos de pago durante un período de tiempo largo.

Palabras clave: Brexit, Factura del divorcio.
Keywords: Brexit, Divorce bill.

Resumen

El pago que el Reino Unido debe realizar a la Unión Europea como compensación por los compromisos adquiridos mientras todavía era miembro (Brexit divorce bill) se ha convertido en el principal obstáculo de las negociaciones en curso. La cuantía concreta de dicha factura arroja cifras muy diversas, según las interpretaciones: desde más de 100.000 millones de euros a cero. Conviene aclarar cómo se llega a tales cifras, en función de los distintos escenarios que se contemplen.

Abstract

The payment that the United Kingdom will have to make to the European Union as compensation for the commitments it made while still a member (the Brexit divorce bill) has become the main sticking point in the ongoing negotiations. Differing interpretations offer very different figures for the specific amount in the bill, ranging from more than 100,000 million Euros to zero. Some clarification of how these figures are arrived at is required, based on the various scenarios considered.