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REVISTA81 PRINCIPAL

ENSXXI Nº 81
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2018

Por: GONZALO GONZÁLEZ SANZ
Sociólogo


¿SUBIDA DE IMPUESTOS?

El complicado devenir histórico del artificio estatal español que finaliza con la Constitución de 1978 comienza por el intento liberal de construir un Estado de Derecho en el siglo XIX, continúa con la labor progresista de democratizar el voto en la primera parte del siglo XX y culmina, tras el paréntesis del tercer cuarto del siglo pasado, con la consagración del Estado social en la Carta Magna. “España se constituye (a sí misma) en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores (…) la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” como reza su artículo 1.1. Valimiento capital para que estos valores se realicen efectivamente en la sociedad mediante la acción política es el sistema fiscal, especialmente para alcanzar la igualdad; y herramienta imprescindible son los impuestos, cuyo triple fin consiste, primero, en redistribuir la riqueza generada para que su ausencia no sea ni obstáculo ni freno a la movilidad social; segundo, en proveer de servicios básicos como la sanidad (el 80,0% utiliza exclusivamente la pública) y la educación (el 76,5% fue a un colegio público durante la Primaria) a quienes por falta de recursos no pueden acceder a ellos (el 19,3% de los españoles es beneficiario de prestaciones sociales -como la prestación o subsidio por desempleo, la baja por incapacidad temporal o una beca- o lo ha sido en los últimos cuatro años); y tercero, mantener una cierta estructura administrativa para que todo ello sea posible. Actualmente aquella visión redistributiva de los tributos como instrumento de igualación social que heredamos de nuestros constituyentes ha dado paso a una perspectiva más contractual del impuesto (pago por servicio).

La reforma fiscal de Pedro Sánchez no pretende revertir esta tendencia volviendo a concebir la Hacienda como el procedimiento mediante el cual conseguir la igualdad social sino que, dada la precariedad con la que soporta su Gobierno en el Congreso y la mayoría en contra con la que se enfrenta su Ejecutivo en el Senado, Sánchez trabaja ya en clave electoral siendo el objetivo de su anunciada reforma el levantar la bandera de una fiscalidad más equitativa donde los que tienen más paguen más. Conecta así el Presidente con una opinión pública muy favorable pues nueve de cada diez españoles (el 86,2%) cree que los impuestos no se cobran con justicia, esto es, que no pagan más quienes más tienen. ¿Por qué esta medida puede leerse con la vista puesta en futuras elecciones? El 67,6% de los españoles reconoce haber hecho la declaración de la renta y, de éstos, al 32,2% le ha salido positiva y ha tenido que pagar. Los afectados por la reforma fiscal del Gobierno serían 91.377 contribuyentes, aquellos declaran una renta superior a 150.000 euros anuales en el IRPF, que representan menos del 1% del total de declarantes (12,67 millones) del total de declarantes en 2016 (1), aunque ciertamente, a pesar de no suponer ni el 1% de declarantes aportan el 15% de la recaudación total, hasta alcanzar casi los 11.000 millones de euros, frente a la recaudación global de 70.495 millones de euros.
En todo caso, la subida o bajada de impuestos en la nómina, la reducción de la presión fiscal en empresas y autónomos, la lucha contra el fraude… son temas de conversación habituales para la mitad de españoles (el 48,3% suele hacerlo cuando queda con sus amigos y el 50,3% con sus familiares) pero no lo es para la otra mitad (el 51,4% y al 50,4% lo hace rara vez o casi nunca, respectivamente). Se puede afirmar, entonces, que la política fiscal está presente en un gran número de hogares como asunto de discusión y, por tanto, interesa a la ciudadanía, aunque en menor medida que el año pasado; por ejemplo, en 2016, el 55,7% hablaba de ello con sus amigos y el 55,8% con sus familiares.

Sobre el tipo de fiscalidad preferido por los españoles el número de ciudadanos favorable a los impuestos directos tipo IRPF (el 51,5%) es mucho mayor que el de quienes se inclinan por la indirecta tipo IVA (19,1%). Estos porcentajes se han mantenido estables durante los últimos años (en 2013 son el 49,9% y 17,6% respectivamente) pero desde el año 2000 ha aumentado en 17 puntos el apoyo a los impuestos directos (era entonces el 34,6%) y se han reducido a la mitad los partidarios de la imposición indirecta (eran entonces el 38,3%).

¿Cuál es la opinión de los ciudadanos acerca de los impuestos?
En 1980 el porcentaje de españoles que recela del Estado para la gestión de sus recursos y sostiene que son los particulares quienes administran mejor el dinero (el 45%) es cuatro veces mayor que el porcentaje de quienes creen que el Estado puede realizar mejor esta tarea (el 11%). La razón de aquella desconfianza estriba en la negativa concepción de la función pública que albergaba la sociedad española de hace cincuenta años: piensa que hay demasiados funcionarios (el 55%), se paga a funcionarios que no trabajan (61%), se gasta excesivamente en despachos lujosos (el 53%) y en viajes (el 61%) y se abusa de los coches oficiales (el 52%) (2). Hoy, sin embargo, la opinión general acerca de los impuestos podría calificarse de positiva pues la mayoría (el 55,8%) considera que son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, opinión que se ha ido instalando en la mentalidad española de forma progresiva. Por el contrario, el número de personas que concibe los impuestos como algo que el Estado nos obliga a pagar sin razón aparente ha ido disminuyendo del 38,7% en 2013 al 27,1% en 2017 (3).

No obstante, teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales existentes, dos de cada tres españoles (el 61,7%) considera que apenas se beneficia (poco o nada) por lo que paga a las administraciones públicas en impuestos y cotizaciones.

Concretamente, y teniendo en cuenta lo que cada uno y su familia reciben de las distintas Administraciones públicas, la mayoría (el 58,8%) percibe que la Administración le da menos de lo que paga en impuestos y cotizaciones, aunque este porcentaje es hoy ocho puntos menor que hace cinco años; solamente el 28,5% cree recibir más o menos en función de lo que paga (cinco puntos más que en 2013) y el 6,7% que aprecia que recibe más de lo que contribuye.

Si bien la mayoría de los españoles sostiene, por un lado, que son escasos y muy pocos los recursos destinados a las personas dependientes (el 69,8%), a la sanidad (el 67,8%), a la seguridad social y a las pensiones (el 64,7%), a la investigación, ciencia y tecnología (el 63,0%), a la enseñanza (el 62,7%), al desempleo (el 59,0%), a la cultura (el 55,9%) y a la vivienda (el 54,7%), y por otro, que pagamos muchos impuestos (el 61,5% así lo piensa) e incluso una inmensa mayoría (el 86,2%) cree que los impuestos no se cobran con justicia, esto es, que no pagan más quienes más tienen, ante la disyuntiva de decidir entre mejorar los servicios públicos y las prestaciones sociales, aunque haya que pagar más impuestos, o pagar menos impuestos aunque haya que reducir los servicios públicos y prestaciones sociales, los españoles se sitúan en una posición intermedia (4,60) escorada hacia la primera opción, postura estable y sin altibajos en los últimos años (4,63 en 2013).
Quizá la razón de la injusticia del sistema radique en el fraude fiscal y no tanto en la presión (cantidad) o en la asignación de recursos (calidad). La práctica totalidad de los españoles (el 95,1%) considera que en España existe mucho o bastante fraude, más en el ámbito empresarial que en el entorno personal: el 19,2% cree que casi nadie declara realmente todos sus ingresos al hacer la declaración de la renta frente al caso de profesionales y autónomos, donde el 27,7% de los españoles advierte que quienes están obligados a declarar el IVA no lo hacen.

¿Quién es un buen ciudadano para el conjunto de la sociedad española actual?
Lo más importante (sobre 10) para considerar a alguien como un buen ciudadano es ser una persona responsable y honesta (9,42), respetar las opiniones de los demás aunque sean diferentes de las propias (8,99), cumplir siempre la ley y las normas (8,71), ser solidario con la gente que está peor que uno mismo (8,50), no evadir impuestos (8,64) y votar en las elecciones (6,89). No evadir impuestos aparece como rasgo típico en la penúltima posición. En este sentido, la mayoría de los españoles califica a sus compatriotas como “poco o muy conscientes y responsables” a la hora de pagar impuestos (el 55,9%) aunque si se juzga personalmente el español se considera a sí mismo “muy consciente y responsable” (el 89,5%). Paradojas del solar ibérico.
La sociedad española no cree que la Administración haga suficientes esfuerzos contra el fraude fiscal (el 60,8% opina que realiza poco o muy pocos). Sin embargo, el 70,7% opina que si la gente no engaña más a Hacienda es por miedo a una revisión, aunque cuatro de cada cinco españoles (el 74,5%) considera poco (38,3%) o nada probable (36,2%) que le hagan una próximamente. En este sentido, para el 88,0% de los españoles engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos aunque para el 42,1% casi todo el mundo engaña algo al pagar sus impuestos y la Administración ya cuenta con ello.
¿Qué efectos conlleva el fraude fiscal? Disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales (para el 30,2%), crea injusticias, pues unos tienen que pagar lo que dejan de pagar otros (el 26,1%), obliga a aumentar la presión fiscal sobre quienes cumplen y pagan correctamente sus impuestos (el 19,7%) y desmotiva a quienes pagan correctamente sus impuestos (16,1%).
Respecto de las razones que mueven a las personas a ocultar parte o todos sus ingresos a Hacienda el principal motivos aducido es la escasez de empleos, que obliga a aceptar cualquier trabajo aunque no se declaren los ingresos (21,3%), la búsqueda de otras opciones para conseguir dinero por los bajos salarios (17,4%), la falta de honradez y conciencia ciudadana (16,5%), la falta de control de la Administración (11,5%), el exceso en la carga impositiva que hay que pagar a Hacienda (10,4%), las sanciones que pueden imponerse son de poca importancia, 'sale barato defraudar' (10,2%), pensar que defraudando sólo se perjudica a la Administración (3,5%) y que el papeleo para hacer las actividades legalmente es muy complicado (3,3%). Por último, porque los que más tienen evitan (o minimizan) el pago de impuestos (0,6%).

(1) Estadística del IRPF del 2016 recogida por Gestha.
(2) CIS, estudio 1239 (octubre 1980).
(3) CIS: para 2017 cf. estudio 3184, para 2016 estudio 3146, para 2015 estudio 3105, para 2014 estudio 3034, para 2013 estudio 2994, para 2011 estudio 2910, para 2010 estudio 2841, para 2000 estudio 2395. Todos en julio.

Palabras clave: Impuestos, Política fiscal, Reforma, Opinión pública.
Keywords: Taxes, Fiscal policy, Reform, Public opinion.

Resumen

La subida o bajada de impuestos en la nómina, la reducción de la presión fiscal en empresas y autónomos, la lucha contra el fraude… son temas de conversación habituales para la mitad de españoles (el 48,3% suele hacerlo cuando queda con sus amigos y el 50,3% con sus familiares) pero no lo es para la otra mitad (el 51,4% y al 50,4% lo hace rara vez o casi nunca, respectivamente). Se puede afirmar, entonces, que la política fiscal está presente en un gran número de hogares como asunto de discusión y, por tanto, interesa a la ciudadanía.

Abstract

The rise or fall of taxes on the payroll, the reduction of the fiscal pressure in companies and self-employed, the fight against fraud... are common topics of conversation for half of spanish people (48.3% usually do when left with their friends and 50.3% with their families) But it is not for the other half (51.4% and 50.4% do it rarely or almost never, respectively). So, it can be said that fiscal policy is present in a large number of households as a matter of discussion and therefore is of interest to them.