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Por: JESÚS MARÍA MOROTE MENDOZA
Notario de Palma (Islas Balerares)


¿SUBIDA DE IMPUESTOS?

Uno de los desafíos a los que se enfrenta el actual Gobierno de España es el de concretar, mediante la herramienta principal para ello, los Presupuestos Generales del Estado, sus proyectos e ideas en materia de política fiscal. El desafío es de envergadura por cuanto el escaso número de diputados que tiene el partido gobernante (PSOE) conlleva la rémora de tener que atender a demandas de otros grupos para concitar el apoyo de éstos y completar así la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar los Presupuestos.
Es difícil pronosticar si el Gobierno logrará esos apoyos y, por tanto, si sacará adelante sus propuestas o la situación desembocará en una crisis gubernamental y la consiguiente convocatoria de elecciones generales. Hasta ahora, el Gobierno se ha limitado a ir soltando una serie de globos sonda, para tantear la atmósfera política y encontrar esos puntos de encuentro con los partidos que, habiendo apoyado la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, presumiblemente podrían apoyar también los Presupuestos.

En esta fase prematura (aunque necesariamente breve, pues los plazos presupuestarios apremian) podría parecer un ejercicio fútil dedicar el tiempo al análisis de esas propuestas lanzadas a los medios de comunicación que posiblemente no lleguen a plasmarse en un texto legal, dadas las dificultades de aritmética parlamentaria para ello. Pero creo que no carece de interés una breve reflexión sobre las mismas porque, salgan adelante o no, son muy reveladoras de cuál es el proyecto de política económica que el PSOE y su sostén Podemos tienen en mente para España. Teniendo en cuenta que el País Vasco goza de una amplísima autonomía tributaria (que sitúa a sus partidos nacionalistas muy alejados de las vicisitudes fiscales del resto de los españoles) y que en Cataluña el centro del debate se ha conseguido desplazar (lo que parece interesar mucho a algunos de sus dirigentes) hacia otros derroteros en los que la política fiscal cuenta ya poco, el núcleo de las propuestas tributarias del Gobierno debe ser consensuado exclusivamente con Podemos, pues el precio por el apoyo parlamentario de los nacionalistas vascos y catalanes habrá que pagarlo en otra clase de moneda que queda fuera de los límites de este artículo.
Voy a partir de una premisa que conviene dejar clara desde el principio: la política económica en las actuales democracias occidentales no es, para el político, sino un medio para su fin principal, que es alcanzar, detentar y conservar el poder. Teniendo en cuenta que al poder se accede mediante procesos electorales, lo decisivo para alcanzarlo y mantenerlo es gozar del favor de la mayoría. Para ello, la disponibilidad máxima de recursos para favorecer al electorado, a amplias capas de la población, es la clave. Cierto que esos recursos habrá que obtenerlos de otros ciudadanos, para los que el saldo neto entre contribución-recepción de servicios públicos será negativo; pero mientras este grupo de contribuyentes netos sea inferior en número al de los perceptores netos de recursos públicos, la mayoría electoral seguramente estará garantizada, que es de lo que se trata.

“Hasta ahora el Gobierno se ha limitado a ir soltando una serie de globos sonda para tantear la atmósfera política y encontrar esos puntos de encuentro con los partidos que presumiblemente podrían apoyar los Presupuestos”

La política económica del anterior Gobierno, de Rajoy y Montoro, dejó eso meridianamente claro y, por supuesto, evidenció la ausencia entre los españoles de una ideología liberal, que propugna como valor troncal la libertad individual que debería estar protegida frente al abuso de las mayorías. ¿Quiere esto decir que el PP y el PSOE son tributariamente equiparables? En mi opinión, parece evidente que sí lo son, aunque equiparables no significa idénticos. Precisamente la avalancha de globos sonda lanzada por el Gobierno Sánchez, apoyada puntualmente por Podemos, puede permitirnos detectar las diferencias que impiden la identidad entre los dos partidos mayoritarios en España.
Conviene, como primer paso, echar un vistazo al campo de juego en que se mueve la política fiscal española, porque los límites de ese campo operan tanto para los Gobiernos de un signo como para los de otro, lo que, naturalmente, determina una semejanza de políticas fiscales. En este sentido, al ponerse en evidencia la imposibilidad de mantener una política monetaria única en Europa, sin limitar de alguna forma la política fiscal de los diferentes países de la Unión Monetaria, esta se vio obligada, ante las tensiones financieras de Grecia, Italia y España, principalmente, a arbitrar una medida que obligara a las políticas fiscales de los diferentes países a no entrar en contradicción con la política monetaria, poniéndola en peligro y con ella a nuestra moneda única, el euro. Esta medida es el Protocolo de Déficit Excesivo, contemplado en el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en cuya virtud los Estados miembros no pueden establecer déficits presupuestarios superiores al 3% del PIB.
Pero queda en manos de cada Estado miembro el establecer el volumen absoluto del Gasto Público, así como la composición cualitativa de tal Gasto y de los tributos con los que debe financiarse ese Gasto, para no superar el déficit máximo permitido; con la salvedad de la imposición indirecta, como el IVA e Impuestos Especiales, cuya estructura se fija por la Unión Europea, pero con cierto margen de maniobra de los Estados miembros respecto de los tipos de gravamen.

“La política económica en las actuales democracias occidentales no es, para el político, sino un medio para su fin principal, que es alcanzar, detentar y conservar el poder”

En España, además, el volumen de Gasto tiene también un límite normativo, el denominado “techo de Gasto”, que, con cobertura en el artículo 135 de la Constitución, se determina en virtud del procedimiento de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), debiendo ser aprobado anualmente tanto por el Congreso como por el Senado. Sin perjuicio de ciertas maniobras del Gobierno actual para eludir la autorización del Senado (cuestión ya planteada y que ya veremos cómo acaba), lo cierto es que la mayoría absoluta del PP en esta cámara, dificulta bastante las posibilidades gubernamentales de manejar ese techo de Gasto.
Así las cosas, y teniendo en cuenta estos límites, parece que la única decisión política realmente viable en materia de política fiscal se centra en la posibilidad de variar la composición del Gasto y de los ingresos públicos, pues los límites cuantitativos absolutos parecen de difícil manipulación por el Gobierno. Pero también esa capacidad de decisión sobre la composición del Gasto y los ingresos públicos es más bien estrecha. En lo que se refiere al Gasto, es manifiesto que la mayor parte del mismo se halla ya comprometida en las principales partidas: pensiones, intereses de la deuda pública, sueldos de funcionarios, compromisos plurianuales de inversión, etc. Por otro lado, hay que pensar, volviendo a la tesis de principio, que, si la detentación del poder político depende, para su permanencia, de la mayoría de la población, siendo esta la misma para todos los partidos políticos, difícilmente se puede pensar que lo que era bueno (en términos de rentabilidad electoral) para el PP de Rajoy no lo vaya a ser igualmente para el PSOE de Sánchez. Evidentemente, aun partiendo de una bolsa básica y numerosa del electorado, para conseguir una mayoría un partido puede decantarse por incrementar esa bolsa básica de votos mediante la agregación de unos grupos sociales y otro partido por la agregación de otros grupos sociales distintos. Hay ahí, por tanto, un pequeño margen de juego entre los partidos “de Gobierno”: un partido puede pretender añadir a la gran bolsa de votos una pequeña bolsa como la de los profesionales liberales, por ejemplo, y otro partido una pequeña bolsa de los que corren riesgo de desahucio, por ejemplo. Nos moveríamos, por tanto, entre decisiones políticas en el margen, que beneficiarían al o los grupos que el partido considera potencialmente votante de sus siglas, perjudicando al o los grupos que pueda considerar potencialmente más proclive a votar las siglas de otro partido.
Y si eso ocurre en el apartado de los gastos, algo muy similar ocurre en el apartado de los ingresos. Seleccionado el grupo nuclear que configura la bolsa básica de votantes, las modificaciones tributarias irán solo destinadas a, sin alterar la percepción de la situación por parte de los componentes del grupo nuclear, aumentar la tributación de aquellos grupos sociales que se estime que son menos proclives a votar al partido gobernante, y, en cambio, bajar la tributación de aquellos grupos sociales que el Gobierno considera más afín y más propicio a darle su voto.

“Parece que la única decisión política realmente viable en materia de política fiscal se centra en la posibilidad de variar la composición del gasto y de los ingresos públicos, pues los límites cuantitativos absolutos parecen de difícil manipulación por el Gobierno"

Las medidas que el Gobierno ha ido filtrando a los medios de comunicación son, por tanto, más unos reclamos publicitarios dirigidos a potenciales votantes políticamente afines que medidas de calado en cuanto a la dirección de la política fiscal. Lo que no obsta a que los colectivos o grupos sociales perjudicados por tales medidas puedan sentirse indignados por esta redistribución de conceptos tributarios, lo que no parece que preocupe mucho al Gobierno porque este ya da por descontado que los pertenecientes a dichos grupos no le son electoralmente allegados.
Haciendo un repaso de los anuncios del Gobierno en materia tributaria nos encontramos con las siguientes novedades proyectadas.
1. En lo referente al IRPF, se ha lanzado, como propuesta principal, una elevación de los tipos de gravamen que exclusivamente afectarían a los "ricos": aumento del tipo marginal entre 2 y 4 puntos porcentuales (posiblemente 3) para rentas superiores a los 140 o 150.000 euros anuales. Eso supondría un incremento de la recaudación de unos 400 millones de euros.
La segunda propuesta también se refiere a los "ricos", los que disponen de rendimientos del capital, que verían subir su tipo de gravamen desde el actual 23% a un 30%. Se estima un incremento de recaudación de unos 1.500 millones de euros.
Finalmente, se baraja la eliminación o reducción de la exención por aportaciones a planes de pensiones, con una recaudación adicional de unos 2.000 millones de euros.
2. En el Impuesto sobre Sociedades también se han apuntado algunas medidas, tales como la eliminación de deducciones, la derogación de la baja tributación de las SICAVS y SOCIMIS o la implantación de la denominada "Tasa digital" para someter a tributación en España de rendimientos obtenidos por servicios digitales o comercializados por Internet y que actualmente no tributan en nuestro país debido a la facilidad de deslocalización fiscal.
Con esta última medida se recaudaría una cantidad de 1.500 millones de euros, según las previsiones más optimistas. Sobre las dos primeras, en estado más bien embrionario, no se han facilitado estimaciones cuantitativas.
3. En el IVA no se ha propuesto, de momento, más que una medida más bien cosmética: bajar el "IVA femenino" (productos de higiene íntima) desde el tipo reducido hasta el superreducido. Irrelevante, pero muy revelador.
4. Finalmente, en el apartado de Impuestos Especiales, hay varias propuestas. La primera, el establecimiento de un gravamen sobre transacciones financieras (conocido generalmente como "tasa Tobin"), que consistiría en gravar la compraventa de acciones, con un tipo que podría fijarse en un 0'1% o un 0,2%, así como las transacciones de activos financieros "derivados". Por este concepto se podrían recaudar unos 1.000 millones de euros.
La segunda, imponer un gravamen adicional sobre el diésel, de diez céntimos por litro: Potencialmente podrían recaudarse 2.140 millones de euros, pero ya se ha apresurado el Gobierno a trasladar a la opinión pública que los transportistas quedarían fuera de ese gravamen, lo que disminuiría notablemente dicha cantidad.
Finalmente, y en sentido opuesto, por cuanto supondría una minoración impositiva, se ha propuesto eliminar el llamado "Impuesto al Sol" (autoconsumo de energía fotovoltaica) y reducir la imposición sobre el consumo eléctrico, con una cuantía estimada de reducción recaudatoria de unos 1.500 millones de euros.
Es decir, en conjunto, un saldo neto de unos 6.000 millones de euros de aumento de la recaudación fiscal, apenas medio punto sobre el PIB. Y eso sin contar posibles efectos en las conductas de los contribuyentes que tengan posibilidad para ello tendentes a la deslocalización de sus rentas y patrimonios. Es claro que hoy en día se pueden comprar y vender acciones en la Bolsa de Nueva York, eludiendo fácilmente la "tasa Tobin".

“Las medidas que el Gobierno ha ido filtrando a los medios de comunicación son más unos reclamos publicitarios dirigidos a potenciales votantes políticamente afines que medidas de calado en cuanto a la dirección de la política fiscal”

No es tanto, así que lo importante no es la cantidad global, sino qué supone en términos de perjuicio para ciertos grupos sociales y qué de beneficios para otros. El mensaje público es claro en cuanto al IRPF y los impuestos sobre transacciones financieras: hay que redistribuir mejor la renta, gravando a los más "ricos" para dárselo a los pobres. Aunque la realidad sea otra, la de dar carnaza propagandística a la envidia nacional. La incidencia de las medidas propuestas antes enumeradas en términos de redistribución de la renta es fácil ver que va a ser exigua, si es que hay alguna, porque todo depende de cómo se gaste el dinero recaudado adicionalmente. Si se gasta en contratar más asesores de lo público difícilmente eso va a repercutir en el bienestar de los más necesitados. Pero parece que la satisfacción íntima que muchos sienten cuando les suben los impuestos a los demás (aunque eso no les beneficie en nada, porque a ellos no se los bajan) puede ser tan grande como para votar al partido de los que se autopostulan como justicieros.

Y es que, observadas en su conjunto, las medidas propuestas adolecen de serias incoherencias, aunque la cortina de humo del sectarismo ideológico puede impedir a muchos detectar tales incoherencias. Por ejemplo, bajar los impuestos al consumo eléctrico y subir los del consumo de diésel, con presunto fundamento en los efectos contaminantes, es inconsistente, teniendo en cuenta que la mayor parte de la energía eléctrica se produce quemando combustibles fósiles y gran parte de la contaminación por emisiones la producen los transportistas. Y lo mismo cabe decir del perjuicio para el desarrollo económico de la deslocalización de capitales para buscar territorios fiscalmente más propicios. O el hecho de que la mitad de las bases imponibles de la renta del ahorro, cuyo gravamen se propone incrementar, según las cifras oficiales de la AEAT para el ejercicio 2016, últimas publicadas, consista en ganancias de capital, de las cuales grandísima parte es una renta ficticia producida por la inflación, no suficientemente corregida por los raquíticos coeficientes legales de actualización del precio de adquisición. Para no hablar de la fiscalidad de los planes de pensiones, que puede dar réditos tributarios a corto plazo pero que, no suponiendo sino un aplazamiento del IRPF, pues este se desplaza del ejercicio en que se hace la aportación al plan al ejercicio en que se reciben las prestaciones de dicho plan, no puede ser considerado un incremento impositivo en el largo plazo.
Pero es que aquí lo importante es lisonjear al electorado potencial. Y poco importa que con eso se perjudique a otros ciudadanos de signo ideológico diferente y, menos aún, que con eso se perjudique a las generaciones futuras, pues cuando estas vayan a votar, en el largo plazo, como decía Keynes, todos muertos.

Palabras clave: Medidas tributarias, Política fiscal, Sistema tributario español.
Keywords: Tax measures, Fiscal policy, Spanish tax system.

Resumen

A través de los medios de comunicación el actual Gobierno de España está anunciando varias medidas tributarias con las que se pretende dar cumplimiento al programa de política fiscal que pretende implementar.
Las propuestas son muy variadas, afectando principalmente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades y a ciertos gravámenes especiales. Sin embargo, no parece haber una línea definida en cuanto a una transformación radical del sistema tributario español, sino más bien una serie de propuestas dirigidas a los grupos sociales más afines ideológicamente al partido del Gobierno, buscando una rentabilidad electoral.
En el presente artículo se enumeran brevemente las propuestas dadas a conocer y su posible potencial recaudador, intentando ofrecer una visión de conjunto del panorama fiscal que parece avecinarse, pese a lo aventurado de hacer pronósticos respecto de una situación política tan volátil como la actual.

Abstract

Through the media, the present Spanish Government is announcing several tax measures with which it aims to enforce compliance with the fiscal policy programme that it intends to implement.
The proposals are very varied, and mainly affect Personal Income Tax, Corporate Tax and some special taxes. However, there does not seem to be any definite direction in terms of a radical transformation of the Spanish tax system, but instead a series of proposals aimed at social groups that are closely related in ideological terms to the governing party, in search of electoral advantage.
This article briefly lists the proposals that have been announced and their fundraising potential, and provides an overview of the future fiscal landscape, despite the risks involved in making predictions about a political scenario that is as volatile as the present one.