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Por: Mª JESÚS MAZO VENERO
Técnico Comercial y Economista del Estado


VARIA

Las autoridades se muestran unánimes al recomendar, en sus planes de reforma de las economías y de recuperación de los efectos de la pandemia, el fomento de la creación de empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que son las más numerosas y las que tienen un mayor efecto arrastre sobre el crecimiento como consecuencia del empleo que generan. En el mismo sentido, instituciones internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial animan a potenciar la iniciativa emprendedora y a simplificar el entorno jurídico y administrativo en el que las empresas desarrollan su actividad. Su tesis es que el marco regulatorio para las empresas suele ser complejo y costoso, lo que genera barreras a la inversión, el emprendimiento y la eficiencia económica, especialmente para las PYMEs, que representan la gran mayoría del tejido productivo de muchos países y no disponen de los recursos para gestionar una tramitología excesiva.

El ejemplo más claro de este planteamiento es seguramente el Doing Business, informe estrella del Banco Mundial, que clasifica a prácticamente todas las economías del mundo (190 países) de acuerdo con la facilidad para hacer negocios en ellas. Para ello, evalúa las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial en diez áreas que afectan al ciclo de vida de una empresa: apertura de un negocio, obtención de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, acceso a crédito, protección de los inversores minoritarios, pago de impuestos, comercio internacional, cumplimiento de contratos y procedimientos de insolvencia.
A partir de esa información, recopilada cada año mediante encuestas al sector público y a diversas empresas del sector privado, se elabora una clasificación o ranking global de países según lo fácil que resultaría hacer negocios en ellos el año siguiente al de la publicación, así como su posición relativa en cada uno de esos diez indicadores parciales.

“El Doing Business ofrece una visión claramente miope del proceso de creación y puesta en marcha de una empresa, en tanto que lo único que considera relevante es la rapidez y sencillez, obviando la calidad de los procesos, la seguridad jurídica y la fiabilidad de los registros. Es por ello que sitúa a España y a otros países europeos de primera fila en posiciones claramente desventajosas y da un mensaje erróneo o, cuanto menos, sesgado, a los emprendedores interesados en crear una nueva empresa o empresarios que quieran extender su actividad en otros países”

En la última edición del Doing Business -“Doing Business 2020”-, publicada en octubre de 2019, los países en cabeza eran Nueva Zelanda, Singapur y Hong Kong. Estados Unidos ocupaba el sexto lugar y Reino Unido, el octavo. Sin embargo, los principales países europeos solo ocupaban lugares posteriores al vigésimo: Alemania 22º, España 30º, Francia 32º o Italia 58º.
Atendiendo exclusivamente al indicador de apertura de un negocio, es decir, el número de procedimientos, tiempo, coste y capital mínimo desembolsado para que una sociedad limitada de tamaño pequeño - mediano comience y opere formalmente en la capital de cada país, los resultados fueron similares para los países en cabeza (Nueva Zelanda 1º, Singapur 4º y Hong Kong 5º, Reino Unido 18º y Estados Unidos 55º), pero mucho más decepcionantes para los europeos: Francia 37º, España 97º, Italia 98º, Alemania 125º.
De acuerdo con el Doing Business, por lo tanto, para un inversor que esté planeando establecerse en el extranjero sería desaconsejable pensar en Europa Occidental, siendo destinos mucho más aconsejables diversos países asiáticos o el Este de Europa. Además, esta desventaja de los países de Europa Occidental se mantiene o incluso empeora de un año para otro en favor de países de menor desarrollo.
Para entender estos resultados resulta necesario analizar en detalle los supuestos de partida del informe. En primer lugar, dado que los países analizados son muy numerosos, con diferentes grados de desarrollo económico, culturas, sistemas jurídicos, etc., el Informe parte de algunos supuestos simplificadores, como la creación de una empresa bajo la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada, radicada en la capital del país, de titularidad 100% nacional, propiedad de personas físicas, con un capital inicial equivalente a diez veces el ingreso per cápita del país (alrededor de 26.000 euros), una facturación de al menos 100 veces el ingreso per cápita y que emplea a entre 10 y 50 trabajadores. A la vista está que esta simplificación no refleja la realidad empresarial española, donde más del 95% de las pymes facturan menos de 2 millones de euros y solo el 5% tienen entre 10 y 50 empleados. 

“La simplificación administrativa que muchos propugnan debe tomarse con cuidado y no tratarse como un mero asunto numérico o cuantitativo que se pueda limitar a la minimización del tiempo, coste y trámites que conllevan el procedimiento de creación y puesta en marcha de un negocio”

Más relevante aún, se asume que los países más atractivos para hacer negocios son aquéllos en los que se requieren menos trámites y tiempo para cumplimentar esos diez procedimientos y en los que se incurre en menores costes. Es decir, prima lo rápido y barato, premisa cotidiana en estos tiempos de digitalización y modernización, difícilmente rechazable, al menos a primera vista. 
Así, el Informe se limita al mero análisis cuantitativo del número de procedimientos, tiempo y coste en los que incurre un empresario para establecer (crear y poner en marcha) un negocio, pero sin matizar sus resultados de acuerdo con la calidad, fiabilidad y seguridad que ofrecen esos procedimientos para garantizar que tales negocios puedan funcionar con todas las garantías legales. Esto es, el óptimo según el Doing Business sería la constitución de la empresa en un trámite, un día y al mínimo coste posible, con independencia de si, una vez creada, puede o no operar en la práctica o cuánto tiempo podrá sobrevivir.
Estos planteamientos no encajan en la tradición latina, propia de la mayoría de los países de la Unión Europea, en los que se prima la justicia preventiva, el control ex-ante, tratando de minimizar los litigios judiciales frente al sistema jurídico anglosajón, en el que los abogados y jueces desempeñan un papel fundamentalmente ex-post, en tanto resuelven los litigios cuando éstos se originan.
En efecto, en Europa los notarios son un elemento imprescindible en el proceso de creación de una empresa. El emprendedor debe acudir a un notario de su elección, que redactará la escritura de constitución de la sociedad. La interrelación directa del notario con el fundador le permitirá apreciar el contexto, sus motivos o pretensiones en la costitución de esa empresa, así como su identidad real, su capacidad de obrar y la ausencia de perjuicio a terceros. De este modo, la formalización de la transacción en escritura pública será garantía de legalidad y evitará o minimizará posibles conflictos judiciales en el futuro.
Además, los notarios asegurarán que solo se presenten al registro solicitudes completas y debidamente formuladas y, por tanto, garantizarán que el contenido del registro mercantil sea fiable y preciso, lo que significa la presunción irrefutable de veracidad de su contenido.

“Por lo tanto, convendría que la recomendación de las instituciones consistente en promover la simplificación administrativa se reformulara en términos relativos, de forma que la regulación ideal sería aquélla que minimizase el tiempo, trámites y costes de crear y poner en marcha un negocio, sujeta a la restricción de garantizar la seguridad jurídica, la fiabilidad de los registros y la prevención del fraude”

Es más, en tanto que los notarios son sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la información que recaban en la operación y, en su caso, su comunicación a las autoridades competentes, favorecerá la detección de cualquier intento de fraude en este ámbito.
Más aún, en España el notario no solo se encargará de redactar y elevar a público la escritura, sino que además previamente solicitará reserva de la denominación social elegida al Registro Mercantil Central y tras el otorgamiento de la escritura, enviará telemáticamente una copia de la escritura a Hacienda, para que se le asigne el NIF provisional, otra a la correspondiente Hacienda autonómica, liquidará el Impuesto de Operaciones Societarias y remitirá otra copia, con todo lo anterior, al Registro Mercantil para su inscripción y todo ello haciendo uso de los medios telemáticos más avanzados, que recuden los tiempos considerablemente.
En definitiva, el Doing Business ofrece una visión claramente miope del proceso de creación y puesta en marcha de una empresa, en tanto que lo único que considera relevante es la rapidez y sencillez, obviando la calidad de los procesos, la seguridad jurídica y la fiabilidad de los registros. Es por ello que sitúa a España y a otros países europeos de primera fila en posiciones claramente desventajosas y da un mensaje erróneo o, cuanto menos, sesgado, a los emprendedores interesados en crear una nueva empresa o empresarios que quieran extender su actividad en otros países.
No solo existen varios motivos, digamos, teóricos, como los planteados aquí para rebatir la conclusión del Doing Business de que peores clasificaciones en sus rankings indican localizaciones menos recomendables para establecer una empresa y hacer negocios. En países como España o Alemania el legislador ha previsto que los emprendedores puedan optar por formas societarias más baratas y de constitución más rápida que la sociedad limitada (sociedad limitada nueva empresa) o Gmbh (UG), respectivamente, si así lo desean. Se pueden crear en un día y a un coste muy reducido, más de la mitad que el habitual; pero, sin embargo, más del 90% de las personas que crean empresas en estos países optan por la forma tradicional, lo que revelaría su preferencia por la seguridad de que el negocio se ajusta a derecho, aunque eso conlleve algunos días más, frente a la alternativa de tener creada su empresa lo más rápidamente posible. Esto demostraría que el Doing Business no es un buen barómetro del marco regulatorio de las empresas en estos países puesto que, existiendo la posibilidad de economizar tiempo y dinero, los empresarios optan voluntariamente por una vía algo más costosa y lenta.
Por otro lado, en tanto que la evolución de un país no depende solo de sí mismo, sino de lo que hagan sus competidores, se obtienen resultados curiosos y es habitual que se produzcan variaciones en la clasificación sin que se haya producido ningún cambio en los procedimientos o se hayan introducido nuevas reformas. Así, por ejemplo, España perdió cuatro posiciones en el indicador de apertura de un negocio (“starting a business”) entre 2016 (puesto 82) and 2019 (puesto 86) cuando tiempo, coste y capital mínimo disminuyeron, mientras que el número de procedimientos se mantuvo invariable. Más llamativos aún son los resultados del último informe publicado, Doing Business 2020, en el que España bajó once puestos respecto a la edición 2019, sin que variasen el número de trámites y tiempo y mejorando el coste y el capital mínimo, que se redujeron.

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Es más, los cambios metodológicos dificultan la comparabilidad de las clasificaciones a lo largo de los años y llevan a conclusiones y titulares mediáticos que no reflejan realmente las reformas que los gobiernos han puesto en marcha para fomentar la creación de empresas. Esta situación fue hecha pública abiertamente por Paul Romer en 2018 -el mismo año en que recibió el premio Nobel de Economía y siendo Economista Jefe del Banco Mundial-, que denunció que una serie de cambios metodológicos habían penalizado la nota de competitividad de Chile, en concreto, durante los mandatos de la socialista Michelle Bachelet, sin que esa peor clasificación tuviera que ver con medidas introducidas durante ese Gobierno.

La situación límite se alcanzó este mismo verano cuando, según el propio Banco Mundial, se detectaron graves irregularidades en los informes 2017 y 2019. En el comunicado oficial emitido por esa institución el pasado agosto se señalaba que las modificaciones en los datos no se corresponden con la metodología del Doing Business, por lo que se realizará una revisión y evaluación sistemática de las modificaciones producidas en los datos de los últimos cinco Informes. Mientras tanto, ha quedado suspendida la publicación de este informe tan mediático como polémico.
En definitiva, este somero análisis de los resultados y metodología del Doing Business pone de manifiesto que la simplificación administrativa que muchos propugnan debe tomarse con cuidado y no tratarse como un mero asunto numérico o cuantitativo que se pueda limitar a la minimización del tiempo, coste y trámites que conllevan el procedimiento de creación y puesta en marcha de un negocio.
La constitución de una empresa genera efectos no solo para el empresario que la crea, sino también sobre terceros, tanto proveedores y accionistas, directamente afectados por el negocio como, más en general, sobre los ciudadanos. Por ello, la simplificación administrativa no se puede tomar como un valor absoluto, como el objetivo que todo país debe alcanzar, con independencia de su nivel de desarrollo, tradición jurídica o cultura. Si bien permite eliminar barreras al emprendimiento, existen otros objetivos como la seguridad jurídica y la prevención del fraude que también deben ponderarse.
Por lo tanto, convendría que la recomendación de las instituciones consistente en promover la simplificación administrativa se reformulara en términos relativos, de forma que la regulación ideal sería aquélla que minimizase el tiempo, trámites y costes de crear y poner en marcha un negocio, sujeta a la restricción de garantizar la seguridad jurídica, la fiabilidad de los registros y la prevención del fraude.

ILUSTRACION MARIA JESUS MAZO VENERO

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Palabras clave: Simplificación administrativa, Doing Business, Notario.
Keywords: Administrative simplification, Doing Business, Notary.

Resumen

Las instituciones internacionales animan a potenciar la iniciativa emprendedora y a simplificar el entorno jurídico y administrativo en el que las empresas desarrollan su actividad. El ejemplo más claro es el Doing Business, informe estrella del Banco Mundial, que clasifica a prácticamente todas las economías del mundo de acuerdo con la facilidad para hacer negocios en ellas. Sin embargo, este informe se detiene únicamente en la rapidez y sencillez, sin tener en cuenta la calidad de los procesos, la seguridad jurídica y fiabilidad de los registros. Es por ello que sitúa a países europeos de primera fila, entre ellos, España, en posiciones claramente desventajosas y da un mensaje erróneo o, cuanto menos, sesgado, a los emprendedores interesados en crear una nueva empresa en otros países.

Abstract

The international institutions are encouraging entrepreneurship and simplification of the legal and administrative environment in which companies do business. The prime example of this is Doing Business, a major report from the World Bank, which ranks practically all the world's economies according to the ease of doing business in them. However, this report only considers speed and simplicity, without taking into account the quality of processes, legal security and the reliability of records. That is why it places leading European countries including Spain in clearly unfavourable positions, and sends the wrong message, or at least a biased one, to entrepreneurs interested in establishing a new company in other countries.

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