Resulta imprescindible impulsar de manera decidida y veloz la necesaria reforma de nuestro mercado hipotecario en multitud de puntos sensibles, con la finalidad de eliminar incertidumbres que lastran el tráfico y amenazan con colapsar a nuestros tribunales. Sacar adelante cuanto antes el Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario sería un primer paso importante, pero seguramente es necesario ir más allá. El Proyecto pretende una transposición parcial (ya con importante retraso) de la Directiva 2014/17/UE sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, centrado básicamente en desarrollar el principio de transparencia en la contratación, cuya urgencia se comenta por sí sola. Todo lo que implique facilitar el consentimiento debidamente informado de los consumidores no puede más que beneficiar al tráfico tanto desde la perspectiva de la eficiencia, como de la justicia y de la seguridad jurídica, de la que tan necesitados estamos últimamente. Por eso no se entienden los intentos desde algún foro, seguramente interesados, por descafeinar la reforma con la finalidad de que termine resultando inoperante.

"Es imprescindible que este Parlamento, o el nuevo que pueda surgir de unas nuevas elecciones, retome la iniciativa en este ámbito y busque los consensos necesarios para impulsar la reforma"

El Proyecto incorpora también otras cuestiones relativas a la ejecución y resolución de los créditos, como el vencimiento anticipado o los intereses de demora, cuya clarificación inmediata resulta imprescindible en un momento de creciente actividad del mercado, tanto en relación a nueva financiación como al saneamiento de la antigua. La lentitud a la hora de resolver estas cuestiones se medirá directamente en un elevado coste económico que terminaremos asumiendo entre todos, entidades, consumidores y contribuyentes. Por eso, es imprescindible que este Parlamento, o el nuevo que pueda surgir de unas nuevas elecciones, retome la iniciativa en este ámbito y busque los consensos necesarios para impulsar la reforma.
Pero al margen de todo ello el mercado hipotecario necesita otras medidas urgentes que deberían impulsarse de manera inmediata. Obviamente, debería también transponerse la Directiva de forma mucho más concreta y detallada en una cuestión tan trascendente como el préstamo responsable, si no queremos que la activación del mercado termine produciendo una nueva burbuja con efectos sociales indeseados, una vez más. Sería especialmente importante introducir como instrumento de disuasión determinados efectos sustantivos que se desenvuelvan en la relación acreedor-deudor (como la pérdida de intereses o la subordinación del crédito), más que acudir una vez más a la socorrida e inoperante medida de las sanciones administrativas. Por último, no estaría de más introducir claridad y orden en algunos temas tan relevantes como el tipo de ineficacia por vulneración de la transparencia material, el importe máximo de ciertas comisiones o la distribución de los gastos de formalización.
Un mercado hipotecario equilibrado, justo y transparente no solo constituye una garantía de desarrollo económico, sino también de paz social, como hemos aprendido en los últimos años de manera dolorosa. Hacerlo inoperante sería un flaco favor para los consumidores, pero no aprender de los errores constituiría también un pecado imperdonable.