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REVISTA110

ENSXXI Nº 114
MARZO - ABRIL 2024

ciclo de conferencias
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Por: ALFONSO CAVALLÉ CRUZ
Notario de Santa Cruz de Tenerife. Decano del Colegio Notarial de Islas Canarias y Delegado del Consejo General del Notariado para la UNIL en la Comisión de Asuntos Americanos


CONFERENCIA DICTADA EN EL COLEGIO NOTARIAL DE MADRID, SALÓN ACADÉMICO, EL 25 DE ENERO DE 2024
 

Alfonso Cavallé, en su conferencia en la Academia Matritense del Notariado, resaltó cómo la erupción del volcán marcó el inicio de una reconstrucción sin precedentes que contó con la colaboración entre el Notariado y las autoridades para brindar apoyo a los afectados y documentar la tragedia con precisión histórica

El 19 de septiembre de 2021 se inició en la isla de La Palma la erupción del volcán Tajogaite, ubicado en el oeste de la dorsal de Cumbre Vieja, en el paraje conocido por Cabeza de Vaca, en la parte alta del Valle de Aridane. Tras 85 días de actividad eruptiva, el 13 de diciembre de 2021 el Instituto Geográfico Nacional fijó su final.
La lava del volcán discurrió por terrenos de tres municipios de la isla, sepultando el suelo, con sus viviendas, construcciones, explotaciones agrarias, industrias, negocios, iglesias, colegios e infraestructuras, bajo un grueso e incandescente manto de lava que en algunos lugares alcanzó los 70 metros. La lava cubrió 1230 hectáreas, 1676 edificaciones, de las cuales 1345 eran de uso residencial.
La nueva superficie lávica quedó en gran parte inaccesible y será de difícil o imposible recuperación para el uso anterior. Tras la erupción, el deslinde de las propiedades, factible sobre el papel, en la práctica se convirtió en un reto de enorme dificultad, irrealizable en muchos casos.
La erupción afectó de forma directa a más de 15.000 personas e indirectamente a toda la población isleña. Ha de tenerse en cuenta el drama personal, ya que los afectados no sólo habían perdido sus propiedades sino también sus recuerdos y su entorno vital y familiar. Además, a la tristeza por aquellas pérdidas se unía, en muchos casos, la angustia de ver que carecían de la documentación adecuada para justificar sus derechos sobre los inmuebles desaparecidos.

“Era necesaria una labor cooperativa y solidaria de todo el Notariado español”

Lo extraordinario de este desastre hizo necesaria la urgente promulgación de un buen número de normas, tanto por el Estado como por la Comunidad Autónoma de Canarias. La primera, en el ámbito estatal, fue el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, en la que, entre otros extremos, en su artículo 46, se reguló la actuación notarial ante la calamidad.
Desde los primeros días de la erupción se advirtió la dificultad que tendrían muchos de los afectados para acreditar sus derechos sobre los inmuebles desaparecidos y cuál era la situación fáctica de los mismos el día previo a la erupción del volcán. De ello dependería que llegaran diligente y justamente a sus destinatarios las ayudas que prestarían las Administraciones. Los inmuebles que tenían la titulación pública actualizada no planteaban mayor dificultad, bastaría con exhibir sus copias autorizadas ante las autoridades o, si las habían extraviado, solicitar una nueva copia. El problema radicaba en que había un importante número de inmuebles que carecían de ella, lo que exigían una salida eficaz y urgente.
La legislación, entre ella la notarial, existente en el momento de la erupción no preveía soluciones adecuadas para responder a las necesidades surgidas por una catástrofe con las características de la acaecida en La Palma, por ello, se vio la premura de aprobar medidas normativas novedosas y extraordinarias.
En el ámbito notarial, para responder al reto, se necesitaba disponer de un número de notarios que excedía de las posibilidades de habilitación del Colegio Notarial de Canarias. Además, en un primer momento se desconocía la duración y alcance total que tendría la erupción. Asimismo, se preveían unos costes de especial importancia difíciles de asumir por un solo Colegio, por lo que era necesaria una labor cooperativa y solidaria de todo el Notariado español.
Para superar exitosamente estos desafíos se debía incrementar transitoriamente el número de las notarías en la isla, es decir, demarcar, durante el tiempo que fuera necesario, nuevas notarías especiales destinadas exclusivamente a la atención de los afectados y crear un sistema ágil que permitiese habilitar notarios para servirlas.
La propuesta de cual habría de ser la actuación notarial para afrontar estas carestías se ofreció desde el Colegio de Canarias y fue muy bien acogida por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y el Ministerio de Justicia, como lo demuestra la pronta respuesta dada en el citado Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, que fue publicado en el BOE el 6 de octubre. Con la máxima diligencia, un día después de la publicación, el 7 de octubre de 2021, bajo la Presidencia de la Ministra de Justicia y Notaria Mayor del Reino, Pilar LLop Cuenca, tuvo lugar la reunión del Pleno del Consejo General del Notariado, convocada en Tenerife, siendo el principal punto del orden del día concretar las medidas notariales previstas en el artículo 49 con el objetivo de brindar el mejor servicio notarial a los afectados por la crisis volcánica y colaborar con las Administraciones Públicas.

“Se pudieron demarcar, con carácter temporal, tres nuevas notarías especiales en los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte”

Gracias a aquella norma se pudieron demarcar, con carácter temporal, tres nuevas notarías especiales en los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, términos cuyos suelos fueron directamente afectados por la lava. Para cubrir las tres plazas se invitó a todos los notarios de España a participar como voluntarios por periodos breves, la mayoría de una o dos semanas. Más de medio centenar de notarios de toda España dejaron sus despachos y acudieron a La Palma a prestar su ayuda de forma altruista. En total prestaron sus servicios 55 notarios que fueron habilitados por el Colegio de Canarias, los de su territorio, y, los de otros lugares de España, por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Para la dotación de estas notarías temporales se contó con el apoyo del Consejo General del Notariado, que presupuestó medios económicos y facilitó los insumos tecnológicos necesarios, implementados por su plataforma tecnológica ANCERT. Se instaló en cada una de las tres notarías ordenadores, equipos, programas informáticos, de impresión, reproducción y telefónicos necesarios para la prestación del servicio notarial, contando, por tanto, con equipamiento equiparable en calidad al de cualquier notaría de España. Todo el material de papelería, incluidas las carpetas, para las tres notarías, la cartelería y vestimenta especial fue proveído por el Colegio Notarial de Valencia, que también contribuyó en la ordenación de la notaría de El Paso y en la selección y propuesta de voluntarios para ser habilitados. Por su parte el Colegio de Cataluña hizo lo propio y se encargó de la organización de la notaría de Tazacorte y el Colegio de Canarias de la notaría de los Llanos de Aridane. El Consejo General del Notariado costeó los viajes y estancia en la isla de los notarios y oficiales. Los servicios que se prestaron en estas notarías fueron gratuitos, tal como propuso el Notariado y así se recogió en el Real Decreto-ley 20/2021.
La instalación de las oficinas notariales exigió buscar la ubicación más adecuada a fin de lograr un alto grado de colaboración y coordinación con los Ayuntamientos y el Catastro. Las notarías se situaron en las proximidades de las oficinas técnicas y catastrales de cada municipio. En este cometido fue sobresaliente la contribución de los Ayuntamientos de El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane que facilitaron los locales y proporcionaron personal administrativo cualificado.
El día 2 de noviembre se pudieron abrir al público las tres notarías especiales y, desde los primeros días, se recibieron las visitas de los perjudicados por la erupción. Puede afirmarse que la práctica totalidad de los afectados acudió a estas notarías para obtener asesoramiento y un buen número de ellos para la elaboración de la documentación pública notarial que necesitaban.
La mayoría de estos afectados que concurrieron a las tres notarías especiales y a las demás de la isla eran titulares de derechos sobre inmuebles cubiertos por la lava. Muchos de ellos carecían de escrituras públicas y de inscripción en el Registro de la Propiedad, o bien sus escrituras no estaban actualizadas o las fincas contenían mejoras que no estaban declaradas, como plantaciones, viviendas, almacenes, estanques, locales o se habían realizado “sorribas”, imprescindible para poner en producción fincas en malpaíses, que supusieron a sus dueños importantes y cuantiosísimas inversiones para preparar los terrenos para su labor.

“Más de medio centenar de notarios de toda España dejaron sus despachos y acudieron a La Palma a prestar su ayuda de forma altruista”

La actuación notarial exigió escuchar a cada afectado, darle el asesoramiento personalizado e información, examinar la titulación de que disponía a fin de ver si estaba completa y actualizada o, en su caso, suplir su falta, para lo que se les recabó la aportación de documentación, datos catastrales, informes, testigos, entre otras pruebas necesarias para la autorización de los instrumentos notariales, fundamentalmente actas de notoriedad, con los que el afectado podría acceder a ayudas, indemnizaciones y, en su caso, posibles justiprecios.
Se trató de facilitar a todos los afectados y a las Administraciones Públicas la documentación necesaria que probase la realidad fáctica de las fincas y los derechos sobre las mismas en el momento anterior a ser engullidas por la lava del volcán.
La realidad de la que se partía, como se dijo, era que un buen número de fincas carecían de titulación suficiente. Muchas de las fincas no contaban con escrituras públicas, aún más estaban sin inmatricular o se trababa de inscripciones antiguas o su descripción no coincidía con la realidad. De la totalidad de los inmuebles afectados por la erupción el Registro de la Propiedad de La Palma expidió para los afectados exclusivamente 222 certificaciones, de las cuales solamente 5 fincas estaban coordinadas con el Catastro, según datos ofrecidos por el Registro de la Propiedad de la isla.
Por fortuna, la situación en la que se encontraba el Catastro era excelente. En total la zona afectada por el cono volcánico y la lava comprendía 6.330 parcelas catastrales. La información catastral obtenida por los notarios a través de la oficina virtual del Catastro les fue de gran utilidad en su trabajo, ya que estaba catastrado el 100% de la superficie cubierta por la lava y los errores, proporcionalmente, eran pocos. Fue meritoria la colaboración con los notarios y el gran esfuerzo realizado por la Gerencia territorial del Catastro en Canarias.
También fue de gran ayuda para el trabajo de los notarios el acceso a la Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias, que ofrece información geográfica del territorio del archipiélago. Estos datos se obtuvieron a través del visor de GRAFCAN, empresa pública del Gobierno de Canarias, consistente es un navegador geográfico que permitió consultar mapas topográficos, ortofotos y otras informaciones geográficas.
El acta de notoriedad fue el instrumento notarial adecuado para solucionar las carencias de documentación. En total se tramitaron en la Isla 1066 expedientes, en práctica totalidad a través de actas de notoriedad, en beneficio de los afectados. Cada expediente comprendía normalmente una parcela, a veces varias, y afectaba a un grupo familiar y en ocasiones a más de uno, ya que se daban supuestos en los que en una misma parcela existían una pluralidad de viviendas, locales y explotaciones. Además de las actas se expidieron en favor de los afectados por el volcán alrededor de 3000 copias.

“El acta de notoriedad ha demostrado su gran utilidad y su enorme potencialidad en el episodio vivido en la isla de La Palma”

Junto a la evidente utilidad jurídica y económica de las actas de notoriedad, tanto para los ciudadanos como para la Administración, el servicio prestado desde las tres notarías especiales tuvo en los afectados un efecto tranquilizador y esperanzador, lo que fue relevante ante una situación generalizada en la ciudadanía de angustia e incertidumbre.
Las actas de notoriedad se han convertido en los últimos años en una herramienta utilísima, que alinea a este instrumento con la tendencia del Notariado en el siglo XXI de potenciar su función social, yendo aún más allá de su importante y tradicional defensa de los derechos de la persona al, además, reforzar la colaboración directa con las Administraciones Públicas, con lo que amplía aún más la aportación del Notariado al bien común.
El acta de notoriedad ha demostrado su gran utilidad y su enorme potencialidad en el episodio vivido en la isla de La Palma. Es unánimemente reconocida por las autoridades y ciudadanía de la isla la ayuda prestada con estos instrumentos en favor de los perjudicados por la catástrofe, ya que sin las actas de notoriedad estos hubieran tenido grandes dificultades para demostrar sus derechos y acceder a las correspondientes ayudas. También su utilidad ha sido agradecida por las Administraciones locales, estatales y autonómicas, ya que de no existir se hubieran visto dificultadas, incluso colapsadas e imposibilitadas, en la tramitación de sus ayudas.
Dada la finalidad específica de estas notarías especiales, su existencia quedó sujeta a término, que fue la duración de la misión para la que fueron creadas, por lo que, tras su cumplimiento, fueron amortizadas.
La historia de las tres notarías especiales de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte concluyó con el depósito de los protocolos encuadernados en el Archivo General del Distrito de los Llanos de Aridane el día 31 de julio de 2023. El protocolo integrante de los instrumentos autorizados en las tres notarías especiales quedó encuadernado en 40 tomos, en los que se protocolizaron un total de 21.627 folios, o lo que es lo mismo 43.254 páginas.
Estos documentos tienen un valor actual e inmediato de naturaleza jurídica, económica y emocional, pero, además, tienen un fundamental valor histórico, pues serán memoria permanente de lo desvanecido bajo la lava y de lo acontecido en la erupción del Tajogaite. En ellos encontrarán en el futuro los investigadores e historiadores una fuente de información veraz y detallada, basada en la narración de sus protagonistas y testigos más directos.

 

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