Segunda Ponencia: José Félix Belloch Julbe
EL NOTARIADO, ENTRE EL ESTADO Y EL MERCADO

De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento Notarial vigente hasta el Real Decreto 45/2007 de 19 de Enero, los Notarios éramos, a la vez, profesionales del Derecho y funcionarios públicos; tras la reforma reglamentaria, hemos pasado a ser, también a la vez, funcionarios públicos y profesionales del Derecho. La Directora General de los Registros y del Notariado, según nota textual que traslado de una de las Revistas oficiales del Consejo, dijo que “el centro de gravedad de la función notarial se ha trasladado desde el mundo privado hacía el de lo público (…) el Notario no solo cumple vigilando que el acto o contrato que autoriza o interviene se ajuste a la legalidad, sino que tiene encomendadas importantes funciones públicas…”
Más que encomendarle nuevas e importantes funciones públicas, lo que se ha hecho, en los últimos años, en relación con el Notariado, ha sido imponerle un cúmulo de nuevas  obligaciones introducidas a un ritmo agobiante, no siempre compatible con lo que da de si la Informática, ni con las exigencias estrictas de un acuciante interés público general, ni, en ocasiones, con la naturaleza misma de la función notarial. Con estos parámetros, la afirmación de que el centro de gravedad en la función notarial se ha desplazado del mundo de lo privado al de lo público resulta inquietante.
Preocupa que se esté en un proyecto de desplazamiento del centro de gravedad hacía el campo del protagonista único –la Administración- y de los principios de autoridad y jerarquía, o, dicho de otro modo, que se pretenda que el Notario recoja sus “bártulos” –controlador de legalidad, formalizador o interventor de voluntades válidas e informadas, depositario de confidencias y reservas- y emigre con ellos al campo de la subordinación, la jerarquía y la investigación policíaca. Preocupa todavía más que alguien, con toda la buena fe del mundo y desde nuestro propio campo, se apunte a esta emigración, pensando que constituye la garantía de la sobrevivencia de nuestra función y la clave del mantenimiento de nuestro algo más que decoroso “status” socio-económico.
En las relaciones Notariado-Mercado, parece obvio que la libertad de establecimiento y la supresión de precios públicos protegidos son temas que reaparecerán, una y otra vez, en relación con el Notariado, de la mano del fomento de la competitividad, considerado como valor clave de la eficacia del mercado y del mecanismo de contención de precios. El último “asalto” en esta dirección ha sido la presentación por la Comisión Europea del Informe ZERP de la Universidad de Bremen. El ZERP se pronuncia a favor de la supresión de los monopolios notariales y de las tarifas, sosteniendo que los sistemas des-regulados producen mejores resultados para los consumidores, en términos de precios y de alternativas de elección. El Informe sostiene que la actividad notarial es esencialmente económica y que, por tanto, no debería ser calificada como ejercicio de autoridad pública. Aún partiendo de la competencia exclusiva de los Estados nacionales para regular los requisitos de acceso y ejercicio de la función notarial, sería ingenuo pensar que la lucha contra la demarcación y contra los aranceles no cosechara éxitos, más o menos relevantes, como mecanismos de fomento de la competitividad y de lucha contra la inflación.
También será ingenuo creer que no tratará de abrirse camino la sustitución, al menos en parte, de nuestra “intervención” por las nuevas tecnologías (firma electrónica reconocida). De hecho, este intento de sustitución ya ha estado presente en el Senado por medio de dos enmiendas que, afortunadamente, no prosperaron a la Ley de Reforma del Mercado Hipotecario presentadas por el grupo catalán “Entesa de Progrés”.
Se propone un debate encaminado a fijar algunas conclusiones comunes y que vendría a ser el pórtico, ofrecido por el Notariado de base, al proceso que, al parecer, va a abrirse durante esta legislatura, de aprobación de una nueva Ley de Reforma del sistema público de Seguridad Jurídica Preventiva. Se valora muy positivamente el propósito del Gobierno de presentar en la presente legislatura el Proyecto de Ley sobre el Sistema Público de Seguridad jurídica Preventiva extrajudicial, y se expresa la convicción de que el Notariado, siendo lo que es y haciendo lo que hace, presta unos servicios verdaderamente útiles tanto a la sociedad civil como a los poderes públicos, sin perjuicio de estar siempre dispuesto a asumir cualquier reforma, por onerosa que le resulte, encaminada a optimizar esa utilidad. Se pide una ley con vocación de permanencia, a dictar en el ámbito de las competencias exclusivas que al Estado confieren los números 8 y 18 del artículo 149 de la Constitución, dejando constancia en relación con las transferencias o delegaciones a las Comunidades Autonómas que estas no incluirían, en ningún caso, los principios generales a que han de ajustarse las actuaciones notariales y registrales, ni los requisitos y efectos de los documentos públicos y de los asientos registrales ni el Estatuto Básico de Notarios y Registradores de la Propiedad. La Ley debería tener por objeto la regulación del derecho de los ciudadanos  al  acceso  eficiente  al sistema público de seguridad jurídica preventiva extrajudicial. En sintonía con su tradición se definiría al Notario como funcionario público y, a la vez, de un modo conjunto e inseparable, como profesional del Derecho, introduciendo, como principios rectores, los de coste, proporcionalidad, transparencia y verificabilidad.
El ponente concluyó afirmando que no hay sistema público posible de seguridad jurídica preventiva extrajudicial sin la cobertura, la confianza y el aliento del Estado. Fuera del Estado no hay salvación. Es cierto. Pero no lo es menos que nuestra existencia carecería de sentido si dejaramos de ser lo que somos y de hacer, eficientemente, lo que hacemos, y sin que la sociedad civil apreciara sinceramente los beneficios que le aportamos, considerándonos como “cosa suya”. El control de legalidad exije independencia respecto de los controlados, pero no podemos olvidar que hasta esa independencia está, en el fondo, a su servicio. Debemos continuar siendo, desde el más riguroso respeto activo a la legalidad, el baluarte de los derechos del ciudadano, de la autonomía de la voluntad y de la libertad civil. Eso es lo que hemos venido siendo desde hace siglos. Y aquí continuamos.

Intervenciones sobre la primera ponencia
Tras la exposición de Adolfo Calatayud, el delegado de informática del Consejo, Ximo Borrell, intervino para decir que las dificultades y urgencias se habían debido a que “estábamos en el 2007, el Reglamento se nos iba de las manos según el cambio en el Ministerio de Justicia (…) no hubo más remedio que afrontarlo (…) y en cuanto la OCP se pone en marcha sigue el interés de la Agencia Tributaria y de las autoridades policiales, judiciales y fiscales”. Respecto al sistema de envío directo a Ancert de los índices,  afirmó que todos los Colegios suscribieron en 2004 un convenio para encomendar a Ancert la recepción de los datos. Ignacio Solís afirmó desconocer que haya tal acuerdo y que dispone de una certificación de la Secretaria del Consejo, con el visto bueno del Presidente, que dice que en los archivos del Consejo no consta ningún documento referente a esa materia. No existe y añade que si existiera sería papel mojado frente a una ley posterior. Preguntó Alfonso Madridejos primero, “si ese fue el precio que había que pagar para conseguir que se aprobase el Reglamento, con artículo 143 incluido, que tan mal ha sido recibido por lo menos por gran parte del Notariado, y en segundo lugar ¿por qué no tenemos las cuentas de Ancert?”. Contestó Borrel que “el artículo 143 fue una imposición introducida en el penúltimo día de tramitación (…) El Reglamento estaba sujeto a tantas tensiones como habían padecido todos los proyectos del Reglamento anterior desde 1992 (…) Era una oportunidad y creo que no tendríamos nunca Reglamento si no se aprovechaba ese momento”. En relación con las cuentas de Ancert afirmó que “no puedo identificarte la razón de la ocultación porque jamás he oído que se vaya a producir una ocultación”. Ignacio Solís describió como un cinismo que se diga que las cuentas de Ancert no se las han negado a nadie. “A mí me las han negado”. Por alusiones, intervino Adolfo Calatayud para, con relación al Índice, afirmar que, aunque está de acuerdo con muchas de las afirmaciones de Borrell, “esta aventura que hemos iniciado no era necesaria (…) se ha hecho un esfuerzo que no hacía falta”.
Tras este pequeño debate, hubo muy numerosas intervenciones de los asistentes, lo que igualmente ocurriría al término de todas las Ponencias. Ante tan gran número de intervenciones, EL NOTARIO DEL SIGLO XXI ha seleccionado únicamente, para muy breve reseña, las que recibieron generalizado aplauso de la asamblea, que interpretamos como refrendo y aprobación de su contenido.
Pedro Horcajada subrayó “la falta de transparencia en la gestión por parte del Consejo General”, y recordó “el código de conducta para los representantes del Notariado de 25 octubre de 2003, en cuyo epígrafe final se dice confidencialidad”. Considera esto último ignominioso, como también que el nuevo Reglamento diga que los acuerdos y las deliberaciones son secretas. “El secretismo es intolerable en una sociedad de derecho (…) No podemos estar facilitando tanto información a terceros y que la información que se nos conceda a nosotros sea graciosa (…) Esto no es del Despotismo ilustrado, todos somos notarios y tenemos los mismos derechos (…) Da la impresión que nos hemos retrotraído a épocas del franquismo o del estalinismo (…) Esto es peor que el Consejo de Ministros, donde las deliberaciones son secretas, pero no los acuerdos (…) Nos estamos jugando nuestra dignidad, como Cuerpo y como personas”.
Carlos de Prada afirmó que el Notariado ha subsistido por la adecuada conjunción de funcionario y profesional del Derecho (…) y subsistirá mientras consigamos mantener los dos aspectos de la función. Explicó los riesgos de condicionamientos tecnológicos y el “coste salvaje” que se está asumiendo “para una herramienta que no funciona”.
Javier Mora recordó que el artículo 284 del Reglamento establece que “los notarios deberán remitir los índices de los documentos protocolizados, intervenidos y demás asientos del Libro de Registro a las Juntas Directivas” y que la Ley orgánica de protección de datos “está por encima del Reglamento y de cualquier otro reglamento que intente una cesión de datos distinta a la establecida en la ley”.
Antonio Fernández Golfín subrayó que “se ha sustituido el concepto de ese instrumento tecnológico al servicio de los notarios por un instrumento tecnológico al servicio de no se sabe quién” y reclamó que “el Consejo se plantee seriamente las utilidades que pueden derivarse de este instrumento tecnológico (…) creando una plataforma única para ayudar a los notarios a cumplir en sus obligaciones”. Lamentó que el Reglamento haya ido vinculado a la aprobación del Índice Único, y pidió reflexión sobre “el gol terrible que nos han metido con la conexión instantánea con el Registro”. Concluyó afirmando que “cuando hay tal clamor entre 3.000 notarios por decir que hay ocultación, por decir que hay falta de información, por decir que hay imposición, merece una reflexión por parte de los responsables”.
Por su parte, Javier Cuevas explicó la sensación generalizada de que “Ancert no es algo que cumpla las finalidades para las que se creó (…) hay una falta absoluta de transparencia”. Ante el hecho de que únicamente el Consejo puede conocer las cuentas de Ancert, se preguntó “qué se entiende por el Consejo” o “que el Consejo es el Presidente”, y por último se preguntó: “Si ese Índice se introdujo precipitadamente por la estrategia de obtener un Reglamento, ¿y qué hubiera pasado con el viejo Reglamento? ¿es que no funcionábamos perfectamente con el viejo Reglamento? ¿hemos mejorado en los aspectos corporativos? No creo que fuera algo tan inaplazable como para pagar ese precio”.
Al insistir Borrel en un presunto convenio de 2003 de los Decanos de los Colegios con Ancert, Adolfo Carvajal afirmó que tampoco aparece ese convenio en los antecedentes del Colegio de Pamplona, e Ignacio Solís recordó que, aunque existiera, “frente a una ley posterior no vale de nada”. Afirmó también que el Colegio de Madrid no ha intentado desmontar ninguna estructura unitaria, porque no quiere tener los índices para guardárselos, sino para remitirlos inmediatamente al Consejo “y que se forme el Índice Único y dar cumplimiento a la ley que se está vulnerando abierta y claramente”, lo que recibió intensos aplausos de los asistentes.
José Corral insistió en el riesgo de que la profesionalización se implante de una manera brutal y recordó que en el Congreso y en el Senado los grupos del PP y ERC “nos definieron a los notarios y quedará escrito para vergüenza de quienes promovieron esa enmienda como profesionales dominados por relaciones de clientela, incapaces de realizar el control de legalidad”.  

Intervenciones sobre la segunda ponencia
Finalizada la exposición de José Félix Belloch Julbe, abrió el turno de intervenciones José Manuel García-Collantes, quien expresó su tristeza porque el presidente del Consejo General del Notariado, en comparecencia en el Congreso de los Diputados, hubiera dicho que uno de los grandes logros del nuevo Reglamento era haber conseguido la dependencia jerárquica en el Notariado. Añadió que el artículo 143 del Reglamento es muy grave, y aún asumiendo que ningún miembro del Consejo General quiere este artículo, se preguntó cuál ha sido la razón de que el Consejo haya guardado silencio.
Antonio Fernández Golfín, anticipando que lo hacía desde un planteamiento de absoluta convicción, creencia y fe en la función notarial, advirtió que “afirmar con rotundidad que la única alternativa a la seguridad jurídica preventiva es la notarial es un error (…) hay otras alternativas (…) si no somos eficientes, la sociedad nos va a excluir, nos guste o no nos guste”. Recordó que la UE habla como un axioma de la reducción de costes administrativos y que “para la Comunidad Europea somos un coste administrativo, nos guste o no nos guste”. Puso también énfasis en la importancia de la democracia y el respeto al discrepante propios de un Colegio profesional y dirigiéndose al Decano de Madrid afirmó: “No te sientas descalificado, que la descalificación califica a quien te descalifica”.
José Alberto Marín se refirió a la situación creada en Cataluña, explicando que la responsabilidad recae en la Directora General de Registros y en el Decano de Cataluña, porque “la Generalitat siempre ha querido los concursos coordinados (…) ha asumido las competencias porque se las da el Estatut y las quiere ejercer coordinadamente (…) que fue la Directora General quien rompió ese consenso y publicó unilateralmente un concurso (…) en lugar de esperar a ver si cabía algún arreglo”. Explicó Marín que la Generalitat insistió en hacer algo para permitir que los nuevos notarios que quisieran venir a Cataluña pudieran hacerlo, recibiendo una respuesta furibunda, Concluyó afirmando que hay un grave problema de servicio público notarial en bastantes zonas de Cataluña, lo que fue confirmado por el notario de Balaguer (Lérida) Fermín Moreno, que lo calificó de “problema monumental”, añadiendo que nunca se había conocido esta situación. “He tenido estos días en mi despacho gentes que para firmar una póliza han tenido que atravesar un puerto de montaña y hacer ochenta kilómetros (…) la gente pregunta por qué esto es así, qué es lo que ha ocurrido”.
Javier Oñate planteó “pasar a la ofensiva” con audacia, en defensa del modelo institucional del Notariado. “Creo que habría que intentar cambiar el sistema (…) hace falta que la estructura corporativa sea adecuada (…) eficacia en la toma de decisiones, democratización en la elección de los cargos, representatividad, control y transparencia de las decisiones, (…) elección directa por todos y cada uno de los notarios del Presidente y su equipo”. Recomendó que los Decanos tuvieran, en un órgano de control, voto doble, el personal como Decano y el ponderado en función de la representatividad de cada Colegio, subrayando su convencimiento de que “gran parte de los problemas que tenemos se deben a que no existe ningún control”.
Alfonso Madridejos se refirió a diversos aspectos de la organización corporativa. “Hay una desunión y hay unos enfrentamientos (…) Creo que necesitamos la transparencia, no tenemos información (…) Me parece lamentable que el Notariado se entere de las cosas por el BOE y que cuando sale en el BOE la explicación siempre sea la misma ¡podía haber sido mucho peor!”. Consideró impresentable que en abril de 2008, a cuatro o cinco meses de que se renueve el Consejo General, nadie sepa quiénes aspiran a dirigir el Notariado. “A mí me gustaría elegir a alguien que tenga un programa”. Se refirió a la incapacidad de ANCERT ante los problemas con los índices y concluyó afirmando que “ahora, cuando tenga problemas con los índices, pensaré que gracias a ellos nuestros dirigentes han podido seguir un añito más y gracias a esto tenemos un sistema anacrónico que se va a perpetuar”.
Por su parte, José María Segura, notario honorario, subrayó la importancia de que se mantenga el sistema democrático puro de las Jornadas de Burgos y su preocupación porque Antonio Ojeda hubiera dicho que él espera a decir la última palabra. “La última palabra espero que sea el moderador quien diga quién tiene que decirla”.
José Luis Martínez Gil, notario y registrador, afirmó que la unificación de Cuerpos de notarios y registradores sería “un error histórico”, y que nadie habla de unificación entre los registradores, sino que practican un monólogo de negación de la escritura pública, de absoluta parcialidad del notario. Concluyó que con la unificación “pasaríamos a ser otra profesión completamente distinta” y manifestó “sorpresa porque se piense en la unificación a un cuerpo que tiene los pies de barro”.
El vicepresidente del Consejo General, Antonio Ojeda, intervino para afirmar que “muchos de los que están aquí saben cómo se introdujo el párrafo cuarto del artículo 143 del Reglamento (…) A los Decanos y miembros del Consejo no nos satisface en absoluto, pero dadas las circunstancias en que se introdujo, en un Consejo de Ministros y a última hora (…) lógicamente no podíamos hacer nada (…) Me voy a permitir decir aquí ante esta asamblea que no solamente ha reprobado el Consejo y su Presidente el contenido de ese precepto, sino que nos congratularemos de que pueda prosperar alguno de los numerosos recursos que se han presentado”.
El Decano del Colegio de Madrid, Ignacio Solís Villa, agradeció a Ojeda que hubiera hecho “explícito tu sentimiento contrario al artículo 143 (…) ahora, institucionalmente el Consejo no ha actuado como tu has dicho (…) puedo entender que el Consejo se opusiese al recurso presentado contra numerosos artículos del Reglamento (…) pero no entiendo que el Consejo se haya opuesto a la impugnación del artículo 143 (…) La contestación del Consejo a la petición de informe del Tribunal dice que el 143 no ataca al documento público, sino sólo a su contenido, que el ardor de los impugnantes les hace desconocer las premisas básicas de lo que es el documento público y su eficacia, que se trata de una norma que al fin y al cabo se ha dictado sólo para contentar las apetencias de otros cuerpos ¡al parecer esos cuerpos importan más que el cuerpo notarial! (…) y por último dice que el artículo 143 es una norma inocua que nada perjudica ni hace desmerecer la eficacia del documento público”. Añadió Ignacio Solís Villa que comprende que el Consejo no quiera desairar a la directora, “pero entonces ¿por qué le ha desairado en otros casos, como por ejemplo en algunos aspectos de la demarcación registral?”.
El Decano del Colegio de Pamplona, José Luis Carvajal, tomó brevemente la palabra para “confirmar que todo lo que ha dicho Ignacio Solís no solamente es cierto, sino mucho más grave, porque el Consejo ha venido manteniendo una posición errática y cicatera con el tema del artículo 143”.
Antonio Ojeda volvió a tomar la palabra para afirmar que “el Consejo ha tenido una posición clara en sus debates internos sobre el 143 (…) que el párrafo cuarto del artículo 143 ni nos agrada ni nos satisface en ningún momento (…) que hay dos Resoluciones de la Dirección General que dejan claramente perfilado el ámbito y la aplicación del párrafo cuarto”.
Por su parte, Honorio Romero afirmó que los notarios de a pie “estamos hartos de este enfrentamiento (…) que es buena la discrepancia pero de puertas adentro con un máximo de respeto (…) me dan ganas de decir que no valéis ninguno para nada de los que estáis ahí, iros todos de una parte y de otra y dejar que pasen nuevos (…) De Zaragoza tiene que salir un espíritu que no se cómo lo llevaremos a la práctica, pero os pido por favor que ya vale, ya vale porque los notarios de a pie estamos hartos de este enfrentamiento”.
En otra intervención, el Decano de Madrid, Ignacio Solís Villa, se centró en dos temas concretos, la democratización del Notariado y la adaptación de los Colegios notariales a la estructura autonómica del Estado. Respecto a lo primero, que consideró “un tema esencial”, previno que “no puede ser una democracia intermitente (…) algo  que aparece cada cuatro años cuando hay elecciones (…) yo creo que supone un talante, un espíritu”. Afirmó que las minorías no pueden pretender obstaculizar la labor de gobierno de los que han ganado, pero que el tener la mayoría, el decir vamos a votar  y estoy seguro de que voy a ganar, no puede suponer que se puede prescindir de las votaciones. “No se puede difundir un informe aprobado por un órgano colectivo que todavía no lo ha conocido”. Se refirió al tema de los concursos y lo sucedido en Cataluña para señalar  que “el sentido común, tal como resulta del artículo publicado en la revista EL NOTARIO DEL SIGLO XXI por el Director General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat, lo ha puesto Cataluña y Cataluña no se puede quedar con plazas vacantes”.

Intervenciones sobre el Informe de la Mutualidad Notarial
Concluida la lectura del Informe sobre la Mutualidad presentado por el presidente de la Asociación de Notarios Jubilados y el secretario de la Asociación de Mutualistas, en el coloquio, al que asistió el vicepresidente de la Junta de Patronato de la Mutualidad, uno de sus vocales tuvo ocasión de argumentar prolijamente y tratar de justificar la actitud de la Junta, sosteniendo que a las Asociaciones sólo les preocupan los jubilados y lamentando las actuaciones judiciales iniciadas por ambas Asociaciones, sin que su larga intervención se concretara en propuestas.
El presidente de la Asociación de Mutualistas, Antonio Pérez Sanz le replicó que la realidad económica de la Mutualidad demuestra lo infundado de los acuerdos de supresión de prestaciones. Afirmó que “no sólo preocupan los notarios jubilados, como con injusta insistencia  afirma la Junta de Patronato, sino que en la propuesta se respetan los derechos de los notarios en activo, el coste de cuyas prestaciones supera al relativo a las de jubilados, viudas y huérfanos”. Añadió que “si la Junta de Patronato no quiere pronunciarse sobre el futuro de la Mutualidad, lo lógico sería permitir que adopten esa decisión los Tribunales ordinarios en lugar de oponerse, como está ocurriendo, por todos los medios procesales a su alcance, lo que provoca que se evite esa decisión de la Justicia.

Intervenciones sobre la tercera ponencia
Concluida la exposición de la ponencia de Rodrigo Tena, José Manuel García-Collantes intervino para advertir que él defiende el arancel fijo, y que hay sobrados argumentos para hacerlo, pero que las tendencias europeas están ahí y conviene estar preparados. Se refirió al caso de Holanda, donde la liberalización de aranceles ha producido “una subida considerable en los documentos de familia, sucesiones y compraventas individuales, y una bajada considerable en los documentos de las transacciones societarias e inmobiliarias en serie o de clientes importantes (…) y ha producido también una nueva forma de concebir y un nuevo modo de actuar (…) En Holanda, seis años después de la entrada en vigor de la libertad de aranceles, las notarías han visto cómo se acrecentaban sus ingresos”.
Juan Álvarez-Sala expuso el sistema alemán de ley de tasas judiciales, con la misma tabla para notarías, inscripciones y todas las actuaciones de jurisdicción voluntaria, que incluye la llevanza de los Registros. Propuso que “todo el coste de una operación de compraventa inmobiliaria con inscripción en el Registro viniera regulada de acuerdo con una tarifa más fácilmente calculable, verificable y predecible”. Señaló que “en Alemania se dice que los pagos a los registros que llevan los juzgados se llaman tasas en lugar de aranceles porque no ingresan en el patrimonio privativo del juez, al revés de los pagos a los notarios que se llaman aranceles porque sí lo integran. Añadió que para calcular las tasas registrales se aplica el criterio por finca, salvo que afecte a una pluralidad de fincas, en cuyo casi se aplica un solo concepto, cosa lógica porque la calificación es la misma referida al mismo documento notarial”. Señaló más adelante que “en Alemania, el testamento es documento de cuantía (…) si lo tiene que pagar el propio testador, probablemente no teste. En cambio, si ese pago perfectamente estipulado se devenga en momento posterior al fallecimiento del testador (…) se pudiera a su vez deducir del coste correspondiente a una aceptación de herencia”.
José Javier Cuevas pidió “valentía y prudencia” para negociar o tratar el tema de los aranceles, y Fernando Gomá expresó su acuerdo con que sea gratis la prórroga de hipotecas y propuso un mecanismo de compensación, consistente en que se calcule el coste del documento, se indique trimestralmente por el notario el número de documentos de ese tipo que se ha autorizado, y la cifra resultante de multiplicar el número por el coste unitario se deduzca trimestralmente como gasto.