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REVISTAN70-PRINCIPAL

ENSXXI Nº 70
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016

Por: CÉSAR MOLINAS
Economista y consultor


PENSIONES

Todos los sistemas de pensiones solventes se parecen mientras que los insolventes lo son cada uno a su manera. Como en Ana Karenina. Los sistemas solventes tienen tres características comunes: combinan el reparto (las cotizaciones de los jóvenes pagan parte de las pensiones de los mayores) con la capitalización (hay planes de pensiones de empresa o individuales que complementan las pensiones de reparto); disponen de algún tipo de cuentas nocionales que informan a las personas a lo largo de toda su vida laboral de la pensión que están generando; y tienen unas tasas de reposición (la ratio pensión/último salario) de la parte de reparto inferiores al 50%. El sistema de pensiones español no cumple ninguna de estas tres características.
La insolvencia del sistema español se detectó ya a principios de los años 80 del siglo pasado. En discusiones internas en el ministerio de Economía y Hacienda, primero con Boyer y después con Solchaga como ministros, se había llegado a la conclusión de que las tendencias demográficas que ya entonces apuntaban no auguraban nada bueno para la solvencia de la Seguridad Social. Éste era entonces un sistema joven, que tenía muchos más ingresos por cotizaciones que gastos por pensiones, lo que le permitía financiar la sanidad pública y otras partidas de gasto que, en puridad, correspondían al presupuesto del Estado. Puro espejismo. Contra la oposición feroz del sector guerrista del Gobierno, Solchaga consiguió sacar adelante en 1986 la Ley de Pensiones Complementarias Privadas, que pretendía ser el primer paso para conseguir un sistema de pensiones que combinase el reparto con la capitalización. Vano intento. Pocas leyes han sido en España tan combatidas y boicoteadas como ésta. Ningún ministro de Trabajo ha optado por impulsar las pensiones complementarias. Todos los ministros de Hacienda han optado por recortar los escasos beneficios fiscales que disfrutan. Un espeso manto de silencio ha ocultado a los españoles el deterioro del sistema. Para no crear “alarma social” decían al alimón políticos y sindicalistas. Y así, disimulando, se ha tardado tres décadas en hacer una reforma seria que empiece a corregir la insolvencia de la Seguridad Social. Este retraso tiene como consecuencia que la reforma impulsada por la ministra Báñez es necesaria, pero muy dura. Si se hubiera actuado a tiempo, en los años 80 del pasado siglo, las medidas correctoras se hubiesen podido introducir de manera mucho más gradual.

"Las pensiones españolas tienen un agujero de unos 21.000 millones de euros anuales: la Seguridad Social está gastando un 15% más de lo que ingresa. Para cerrar este agujero, que en ausencia de reformas sería creciente en el tiempo, hay que subir ingresos y recortar gastos"

Las pensiones españolas tienen un agujero de unos 21.000 millones de euros anuales: la Seguridad Social está gastando un 15% más de lo que ingresa. Para cerrar este agujero, que en ausencia de reformas sería creciente en el tiempo, hay que subir ingresos y recortar gastos. La reforma Báñez se centra en el control del gasto, pero también deberían considerarse medidas por el lado de los ingresos.

Aumentar ingresos
La mayor parte de las medidas que se han propuesto para aumentar los ingresos del sistema de pensiones tendrían efectos muy negativos sobre el empleo y sobre la economía del país. Algunas rozan el disparate. Por ejemplo, se ha vuelto a poner de moda reclamar que se destopen las bases de cotización para que los cotizantes lo hagan por el total de los emolumentos percibidos. Es una barbaridad. Veamos unos números. La actual base de cotización máxima es de 3.642 € mensuales mientras que la pensión máxima es de 2.567 € mensuales, un 30% inferior a la base. En bases de cotización inferiores la pensión es el 100% de la base. ¿Por qué este castigo a las clases medias? En un sistema contributivo, como el español, es injustificable. Cuando se propone destopar las bases ¿se propone también destopar las pensiones? Me temo que no. En ese caso la propuesta de destope entra ya de lleno en el terreno de lo confiscatorio. Para una persona que cobre 5.000 € al mes destopar la base de cotización supone un incremento de costes para la empresa de 5.700 € anuales ¿cuántas empresas aguantarían esto?
También se ha propuesto crear un impuesto específico para financiar el déficit de las pensiones. El problema es cuál sería el hecho imponible ¿El trabajo otra vez? ¿En un país con cuatro millones de parados? ¿O sólo pagarían los “ricos”? Los únicos impuestos que tienen margen para recaudar más en España son el IVA, que tiene uno de los tipos efectivos más bajos de la Unión Europea, y los impuestos censales, como el catastro. ¿Qué hacemos? ¿Subimos el IBI?

"Se deberían aumentar los ingresos de la Seguridad Social eliminando el subsidio implícito del régimen común a los regímenes de autónomos y agrario. El primero ingresa 11.000 millones de euros en cotizaciones y gasta 18.000 millones de euros en pensiones"

Sí que deberían aumentar los ingresos de la Seguridad Social eliminando el subsidio implícito del régimen común a los regímenes de autónomos y agrario. El primero ingresa 11.000 millones de euros en cotizaciones y gasta 18.000 millones de euros en pensiones. Se debería terminar con la práctica de cotizar por la base mínima el número de años necesario para generar derecho a pensión y recurrir a los complementos de mínimos una vez generado ese derecho. Este déficit de 7.000 millones de euros no tiene razón de ser.

Controlar gastos
Los gastos de la Seguridad Social suben por dos motivos. En primer lugar porque el sistema está madurando y los jubilados de cada año tienen carreras de cotización más largas, lo que les da derecho a mayor pensión. Y, en segundo lugar, porque los jubilados viven cada vez más y la base de cotizantes, que se estrecha, tiene que soportar pagos de pensiones cada vez más largos a jubilados que se resisten a morir. La esperanza de vida a los 65 años sube en España a un ritmo de 3 horas diarias, más del 12% anual. Añadiendo a esto que la tasa de reposición de las pensiones de reparto en España es una de las más altas del mundo -alrededor del 80%- se tienen todos los ingredientes que caracterizan la insolvencia de la Seguridad Social española. Somos insolventes a nuestra manera, delegando responsabilidades en los llamados agentes sociales -ejemplos palmarios de egoísmo institucional y personal- porque los políticos no han tenido el coraje de coger el toro por los cuernos y contarle a la ciudadanía la verdad. Todo oscuro, todo confuso, hasta que llegó la reforma de Báñez, reforma que se aprobó con el más amplio consenso que ha habido en España en materia de pensiones.
La reforma Báñez, que se añade al retraso progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años, tiene dos vectores principales. El primero es que para actualizar las pensiones por la inflación se hará necesario el cumplimiento de una condición de suficiencia financiera: que los ingresos del sistema sean suficientes para afrontar los pagos. Si esto no ocurre, las pensiones subirán un 0,25% cualquiera que sea la inflación. Esta condición explica por qué los sindicatos, en su afán de buscar la ruina del país, insisten en sacar las pensiones de viudedad fuera del sistema contributivo de la Seguridad Social. Si estas pensiones, que son contributivas, se financiasen con impuestos generales, se cumpliría formalmente la condición de suficiencia y las pensiones podrían volver a subir año tras año. Es un juego de triles, claro, porque la insolvencia del sistema seguiría intacta.

"Este proceso tiene que ir acompañado de la máxima información a la ciudadanía, algo que si nuestra clase política no se atreve a hacer -entre otras razones porque no entiende el problema- debería hacerlo la sociedad civil"

El segundo vector de la reforma es un ajuste actuarial del monto mensual de la pensión a los aumentos que pueda tener la esperanza de vida en el momento de jubilación. La intuición básica es que si bien el Estado acaba asumiendo el riesgo de longevidad individual (vivir más de lo esperado), este riesgo debe ajustarse al incremento del período en el que se percibe la pensión. En otras palabras, son los pensionistas los que deben asumir el riesgo de longevidad generacional. Es imposible que el sistema de pensiones asuma, sin quebrar, que con un período fijo de cotización se tengan que financiar pensiones durante un lapso de tiempo cada vez mayor. Esta es una condición básica para la solvencia de la Seguridad Social.
Es una reforma muy dura, pero es absolutamente necesaria para garantizar la solvencia de nuestro sistema de pensiones. A la que vuelvan tasas de inflación positivas en el entorno del 2%, la tasa de reposición de nuestras pensiones públicas irá derivando lentamente hacia el 50%, que es donde la tienen los sistemas solventes.

Informar bien
Todo este proceso tiene que ir acompañado de la máxima información a la ciudadanía, algo que si nuestra clase política no se atreve a hacer -entre otras razones porque no entiende el problema- debería hacerlo la sociedad civil. Este artículo es una contribución a este último proceso.
En cualquier caso, se debería implantar en España un sistema de cuentas nacionales que dieran plena información al ciudadano, desde su primer trabajo de los derechos de pensión que está generando. Ocurre desde hace tiempo en los países civilizados. Sería bueno imitarlo.

Potenciar las pensiones complementarias
Para garantizar la solvencia de nuestro sistema de pensiones hace falta potenciar sin vacilaciones las pensiones complementarias. Está claro que ser generoso con estas pensiones no beneficia ni a los más pobres ni a los más ricos sino a la clase media: a los que pechan con tipos marginales del IRPF del 50%; a los que les chulean el 30% de la pensión para la que han cotizando durante toda su vida laboral; a los que sustentan la estabilidad política, social y económica del país. Es una apuesta de futuro que replica lo que se hace en los países civilizados y de la que depende, en buena parte, la solvencia de nuestras pensiones.

Palabras clave: Pensiones, Déficit, Sostenibilidad.
Keywords: Pensions, Deficit, Sustainability.

Resumen

Las pensiones españolas tienen un agujero de unos 23.000 millones de euros anuales: la Seguridad Social está gastando un 15% más de lo que ingresa. Para cerrar este agujero, que en ausencia de reformas sería creciente en el tiempo, hay que subir ingresos y recortar gastos. El autor analiza la reforma que está impulsando la actual Ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y que se centra en el control del gasto, pero también deberían considerarse medidas por el lado de los ingresos.

Abstract

Spanish pensions have a deficit of about 23,000 million euros per year: Social Security is spending 15% more than it receives. To close this deficit, which in the absence of reforms will increase in time, we must raise revenue and cut costs. The author analyses the reform being promoted by the current Minister of Labor, Fatima Báñez, which focuses on the control of expenditure, but measures on income should also be considered.

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