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Por: RODRIGO TENA
Notario de Madrid
Coordinador General del Congreso


CONGRESO NOTARIAL SOBRE EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. MAYO 2021

Mayo 2021
A la vista de las incertidumbres generadas por la pandemia motivada por el Covid-19, que probablemente van a continuar con nosotros durante algunos meses, el Consejo General del Notariado ha decidido aplazar nuestro próximo Congreso nacional dedicado al envejecimiento de la sociedad, fijando como nueva fecha la del 6 al 9 de mayo 2021. Al igual que estaba ya previsto para la anterior convocatoria, los dos primeros días se dedicarán al tema general y los dos últimos a los temas específicamente notariales.

La decisión es completamente lógica por varios motivos. En primer lugar, un Congreso notarial es una ocasión única para reunir en el mismo lugar a mucha gente interesada en los temas a debate y preocupada por encontrarles una solución. Lo que se busca, además de tener la oportunidad de escuchar a ponentes prestigiosos, especialistas en sus respectivos temas, es incentivar la conversación espontánea y la generación de sinergias enriquecedoras que solo pueden derivar de una interacción continuada y cercana. Es precisamente gracias al intercambio informal como en muchas ocasiones nacen algunas de las ideas que terminan siendo más fructíferas. Obviamente, la actual situación epidemiológica, que nos va a exigir un comportamiento muy prudente durante los próximos meses, ha convertido ese objetivo en algo prácticamente imposible.

“El Consejo General del Notariado ha decidido aplazar nuestro próximo Congreso nacional, dedicado al envejecimiento de la sociedad, fijando como nueva fecha la del 6 al 9 de mayo 2021”

Pero, en segundo lugar, y de manera no menos importante, no podemos desconocer que la trágica experiencia por la que hemos pasado nos obliga a reflexionar sobre todas las implicaciones que un fenómeno semejante puede suponer en relación al tema general del Congreso, pero también en relación a los temas notariales y al futuro de la profesión. Todos necesitamos tiempo para asimilar adecuadamente lo que ha ocurrido y empezar a extraer enseñanzas sobre nuestras necesidades y carencias, con la finalidad de mejorar nuestra comprensión de la realidad, actual y futura. No se trata solo de aprender a gestionar mejor la situación cuando llegue la próxima pandemia, que esperemos que sea dentro de mucho tiempo, sino también de aprender a ver nuestra situación de “normalidad” con otros ojos, mucho más perspicaces. Eso va a exigir reformular algunos de nuestros planteamientos, seguramente no en el enfoque general, pero sí a la hora de tratar los diferentes contenidos. Tanto en relación al tema general como a los específicamente notariales, pues también en nuestro ámbito habitual de actuación hemos aprendido que podemos minimizar mucho los riesgos sin merma de seguridad y eficacia.

¿Qué hemos aprendido?
Así que pienso que no resulta en absoluto improcedente comenzar a preguntarse qué hemos aprendido o qué estamos aprendiendo de esta pandemia. El tema del envejecimiento de la población es lo suficientemente amplio como para que la mayor parte de la problemática que ha generado esta experiencia le afecte directamente. Éramos perfectamente conscientes de que el fenómeno del envejecimiento, en sí misma una bendición, venía acompañado de retos formidables para todos. La pandemia ha actualizado y colocado en primera plana algunos de ellos de manera muy evidente.
En primer lugar, se nos dice que la experiencia nos ha hecho mucho más conscientes de la importancia de lo público. Ante las amenazas globales, las respuestas más eficaces son las colectivas. Esto es indudable, pero hay que ser conscientes de que muchas veces, cuando se constatan las carencias de lo público, lo que se termina reforzando es lo privado, lo que por otra parte no deja de tener su lógica. Porque el concepto “carencia” engloba tanto la escasez de medios públicos como su defectuosa gestión, cuestiones íntimamente relacionadas. Su constatación suscita un indudable deseo de mejorar las cosas a nivel colectivo, pero también la natural sospecha de que esto se haga alguna vez, lo que incentiva la autoprotección privada. Hemos sido conscientes de que necesitamos lo público, pero también de que ha fallado en puntos muy importantes como consecuencia de una gestión defectuosa. La enorme decepción de la sociedad española con su clase política puede incentivarla a buscar un second best individual; en definitiva, el eterno en mano y no volando.

“No resulta improcedente comenzar a preguntarse qué hemos aprendido o qué estamos aprendiendo de esta pandemia”

Si la sanidad pública ha estado a la altura, ha sido gracias al extraordinario sacrificio personal de sus profesionales. No gracias a que contasen con equipación y medios suficientes que evitasen los contagios masivos entre sanitarios. Tampoco a que existiesen medios personales y materiales holgados en previsión de crisis inesperadas. Menos aún a que se les haya incentivado profesionalmente de ninguna manera. A diferencia de lo ocurrido en otros países, no se les va a conceder una retribución especial por el trabajo extra asumido, seguramente porque se considera que con los aplausos habrá sido suficiente. Si del ámbito puramente asistencial pasamos al de gestión, el panorama es desolador. No contamos con servicios informáticos integrados ni siquiera dentro de cada Comunidad Autónoma. El caos a la hora de contar ordenadamente los casos detectados y los fallecidos, una auténtica anomalía internacional, es buena prueba de ello. No hemos sido capaces de gestionar colectivamente las compras de material de una manera rápida y eficaz. Los protocolos de prevención y seguimiento anteriores al confinamiento siempre iban por detrás de la realidad. El que tengamos un aumento relativo de fallecidos respecto de los años anteriores entre los más altos del mundo (44.000 personas, un 57% más) quizás no sea una casualidad. Lo público se gestiona mal en España, desde hace mucho tiempo, por políticos de todos los colores y de todos los lugares. Así que hay que reforzar lo público sin duda, pero quizás antes deberíamos pensar en reformar la estructura político-administrativa que ha de gestionarlo, esa tarea para la que los políticos tienen tan poco interés y tan pocos incentivos. Mientras eso no se acometa, el dinero del contribuyente caerá en saco roto y su incentivo racional será maximizarlo en lo privado.

“Hay que ser conscientes de que muchas veces, cuando se constatan las carencias de lo público, lo que se termina reforzando es lo privado”

La evaluación de las políticas públicas no es un punto fuerte de nuestra democracia. Para ello se necesita disponibilidad a la rendición de cuentas y ánimo constructivo por parte de todos los actores implicados. Una comisión de investigación que identifique los fallos y una comisión de reconstrucción que haga lo propio con los retos. La experiencia de estas semanas nos ha demostrado que con los políticos que tenemos eso va a ser complicado. En el ámbito público no se debaten ideas ni se contrastan datos, sino que se acude sistemáticamente al insulto, al exabrupto y a las exageraciones más infantiles de manera sistemática. Nadie reconoce errores, ni nadie hace críticas constructivas. Y así es muy difícil extraer lecciones. Es cierto que la sociedad civil puede contribuir a esclarecer lo que ha pasado y a determinar qué medidas son las más oportunas. Nuestro Congreso del año que viene puede ser una buena oportunidad para eso. El problema es que este tipo de iniciativas demandan cierto tiempo que quizás como país no tengamos, y receptividad por el poder a través de vías institucionalizadas, de las que también carecemos. Son cosas en las que tenemos también mucho recorrido de mejora.
La pandemia ha colocado en el punto de mira temas éticos que parecían superados. Uno de los clásicos durante estos últimos años o décadas ha sido el del encarnizamiento terapéutico y la conveniencia de influir sobre el tratamiento a recibir en los últimos instantes de vida a través del documento de voluntades anticipadas. Parece que solo preocupaba el exceso de medicina. Pero ahora hemos aprendido que todavía más preocupante es el defecto de medicina, cuando rigen los principios de la medicina de guerra en zonas de combate. Bajo este régimen, lo que preocupa de las voluntades anticipadas no es que sean inútiles, sino que se utilicen, pero en escenarios para los que no se pensaba. Hemos aprendido también que debemos reflexionar sobre los criterios de triaje para ingreso en UCI que recomiendan los códigos éticos, basados en el principio de la justicia distributiva. Esta justicia nos dice que el criterio básico a tener en cuenta son los “méritos” y circunstancias de cada uno, pero no nos dice cuáles sean estos. Los códigos hacen referencia a la necesidad de valorar la situación clínico de cada paciente, las perspectivas objetivas de supervivencia y las de recuperación en el corto plazo, factores en los que la edad influye, como no puede ser de otra manera. El reto es ser capaz de aplicar estos criterios totalmente razonables eludiendo el riesgo de edadismo o discriminación por razón de edad. Y también en la absoluta necesidad de adoptar las cautelas necesarias para no convertir a los médicos que tiene que adoptar estas decisiones en el chivo expiatorio derivado de las deficiencias del sistema, como con tanta frecuencia ocurre.
Las residencias geriátricas se han convertido en un foco de atención prioritario durante toda este tiempo. Hemos aprendido que mucha gente, desde los políticos a los ciudadanos, esperaba, o fingía esperar, cosas que no estaban en el menú. Y cuando llegó la crisis puso al descubierto la dura realidad. Así que ahora no cabe el autoengaño. Las residencias tiene una importante función que realizar en cualquier sociedad avanzada, y más en el futuro, pero ni han sido ni pueden ser la panacea para atender todas las necesidades. Este es otro sector en el que el que la retórica política vacía solo conduce al fortalecimiento de lo privado. Hemos aprendido que necesitamos un régimen normativo mucho más homogéneo en términos territoriales y mucho más completo, claro y transparente en términos funcionales, en beneficio de usuarios y gestores. Y seguramente también más conciencia de la situación por parte de las familias.

“Desde la perspectiva notarial hemos aprendido que nuestro desarrollo tecnológico es extraordinariamente avanzado y puntero, pero que nuestra habilitación normativa para aprovechar todas sus potencialidades es decimonónica”

Durante las largas semanas del confinamiento, pero más todavía cuando empezó su relajación y más gente pudo incorporarse a sus lugares de trabajo, hemos aprendido que necesitamos a nuestros mayores, activos y funcionando, mucho más de lo que pensábamos. Sabíamos que tener hijos en España es un lujo que cada vez menos gente puede permitirse. Ahora nos hemos dado cuenta que es un lujo todavía mayor tener abuelos que puedan ocuparse de ellos. El problema, sin embargo, es que las personas mayores se han revelado como las más vulnerables a los riesgos de la epidemia, lo que ha limitado su capacidad de respuesta, pero en cualquier caso lo que resulta pertinente es preguntarse hasta qué punto es justo mantener una política social financiada a cargo del trabajo y del riesgo de un determinado sector de la sociedad. Por cuánto más tiempo el poder público (pero también el privado, por lo menos en el caso de las grandes empresas) van a continuar eludiendo este reto al amparo de la idiosincrasia sociológica y cultural del país.
Desde la perspectiva notarial hemos aprendido que nuestro desarrollo tecnológico es extraordinariamente avanzado y puntero, pero que nuestra habilitación normativa para aprovechar todas sus potencialidades es decimonónica. También que la receptividad del regulador a permitir su desarrollo en beneficio de la sociedad en general, tanto en una situación de crisis motivada por la pandemia como en la “nueva normalidad” en la que vamos a transitar durante bastante tiempo, es prácticamente nula. Seguramente es una manifestación más, y por supuesto no la más importante, de la defectuosa gestión de los intereses públicos. Hemos aprendido que la tecnología digital nos ofrece enormes posibilidades de mantener la interacción social y continuar desarrollando la actividad laboral incluso en los escenarios más desfavorables. En el caso notarial, sin merma de la seguridad referente a todos los aspectos del documento y del necesario asesoramiento a los ciudadanos que intervienen en el mismo, pero además con indudables ventajas para la salud pública y para la comodidad y el ahorro individual. El coste derivado del retraso a la hora de obtener de la tecnología todo su provecho, para lo que en este ámbito resulta imprescindible el apoyo normativo, lo pagará el país en su conjunto. Un ejemplo más que demuestra que en nuestro país la sociedad civil está muy por delante de su clase política. Quizás sea ésta, a todos los niveles, la gran enseñanza de esta pandemia.
Sobre todos estos temas, y otros muchos que inevitablemente me he dejado en el tintero, toca reflexionar durante los próximos meses. Pero eso solo será posible si mantenemos la tensión y el interés activo, participando y colaborando desde ya mismo en relación a este apasionante tema del envejecimiento que, todavía más tras reciente experiencia, sigue siendo el principal desafío del siglo.

Palabras clave: Congreso Notarial, Covid-19.

Keywords: Notarial Congress, Covid-19.

Resumen

El Consejo General del Notariado ha decidido aplazar el próximo Congreso nacional dedicado al envejecimiento de la sociedad, fijando como nueva fecha la del 6 al 9 de mayo 2021. Entre otros motivos, para dar la oportunidad de reflexionar sobre lo que hemos aprendido o estamos aprendiendo como consecuencia de esta pandemia. Entre los temas a analizar se incluyen la supuesta relevancia de lo público, la necesidad de mejorar nuestra gestión política y administrativa, el análisis de las políticas públicas, el internamiento residencial, los problemas éticos derivados del triaje, la insuficiencia de medios públicos y privados para ayudar a las familias en relación a los menores y, finalmente, las carencias normativas en el ámbito notarial para aprovechar todas las potencialidades de las nuevas tecnologías.

Abstract

The General Council of Notaries has decided to postpone its next national Congress focusing on the ageing of society, and set new dates of 6 to 9 May 2021. Among other reasons, this is to provide an opportunity to reflect on what we have learned or are learning as a consequence of the current pandemic. The topics to be covered include the supposed importance of the public sphere, the need to improve our political and administrative management, an analysis of public policies, the use of residential homes, the ethical problems arising from triage, the lack of public and private resources for helping families in relation to minors, and finally, the notarial sphere's regulatory shortcomings for taking advantage of the full potential of new technologies.

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