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REVISTA82-PRINCIPAL

ENSXXI Nº 82
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

Por: JOSÉ IGNACIO NAVAS OLORIZ
Notario honorario. Abogado


"MEUN EST QUOD EX RE ME SÚPEREST" (ES MÍO LO QUE QUEDA DE UNA COSA MÍA)

Una de las primeras palabras que un niño aprende a decir es “mío”. No aprende a decir “tuyo” ni a reconocer con sus actos que aquel juguete que le entretiene “es de otro”, de la propiedad de otro, hasta que ha interiorizado educacionalmente esos conceptos. Estos comportamientos y estas expresiones nos llevan a pensar que nacemos con un instinto de propiedad muy desarrollado y que solo a través de la educación y el aprendizaje aprendemos a distinguir lo “mío” de lo de los “otros”.  Cuando pensamos en propiedad, inmediata e instintivamente la referimos a la propiedad inmobiliaria, pero obviamente, puede recaer sobre cualquier tipo de bien. Incluso sobre los sentimientos y las emociones: mi amor, mi esposa, mi fe, mi patria, etc. Identificar el objeto, la religión, la ideología o el sentimiento sobre el que ejercemos la pertenencia, la propiedad, resulta determinante para identificarnos a nosotros mismos y para que los demás nos reconozcan. Es un sentimiento tan potente que incluso puede llegar a amortizar e incluso anular otros.

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Por: JUAN PÉREZ HEREZA
Notario de Madrid

El modelo ideal de contrato como acuerdo de voluntades al que llegan libremente dos o más personas en situación de igualdad tras un proceso más o menos largo de negociación no concuerda con la realidad actual en que frecuentemente una de las partes contrata prestaciones que la otra produce de forma masiva.
El empresario, si quiere obtener rentabilidad y sobrevivir en un mercado competitivo, tiene que llevar a cabo una producción estandarizada que le imposibilita utilizar el contrato por negociación como instrumento para el intercambio de los bienes y servicios producidos. Un criterio de racionalización y de reducción de costes determina la necesidad de un contrato único o de tipos preestablecidos que se imponen a la contraparte, la cual sólo puede aceptar o rechazar el contrato que se le ofrece.

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Por: IGNACIO MALDONADO RAMOS
Notario de Madrid


ALLÍ DONDE EXISTAN

No es infrecuente que los legisladores nos sorprendan con errores, ambigüedades o imprecisiones al redactar las normas jurídicas que emanan de los mismos. A veces, son fácilmente subsanables en un primer momento (como ocurre con el ya habitual instrumento de la “corrección de errores” en el Boletín Oficial del Estado). Hay también situaciones en que el dislate opera como una bomba retardada, y no se perciben sus efectos hasta pasado un cierto período de tiempo. Esto se debe, unas veces, al hecho de no haber ya una relación inmediata con los redactores de la norma, que pudieran facilitar una interpretación “auténtica” de la misma y disipar las dudas al respecto. Pero en otras ocasiones, lo que ha ocurrido es que han variado las circunstancias en que deben aplicarse, que ya no responden exactamente a las del momento de su promulgación, y es entonces cuando se ponen de manifiesto esas imprecisiones a la hora de aplicarlas.

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Por: ALMUDENA CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ
Notaria de Castellbisbal. Directora de la fundación Aequitas del Consejo General del Notariado. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la UINL

Las Cortes Generales aprobaron y el pueblo español ratificó que el Reino de España adoptara el constitucionalismo democrático, colocando en lo más alto de las funciones que corresponden a los poderes públicos la de garantizar los derechos y libertades, y así, tras la Constitución actual de 1978 España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho, apareciendo los términos de seguridad, Estado Social y Democrático de Derecho y la seguridad jurídica en el preámbulo, en el artículo 1 y en el artículo 9.3, respectivamente (1).

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Por: RODRIGO TENA
Notario de Madrid. Editor del blog Hay Derecho


A FONDO

Si uno de los principales objetivos a la hora de afrontar una reforma constitucional dirigida a resolver deficiencias en el funcionamiento de nuestro marco institucional sobre las que existe un amplio consenso social, es vincular a la ciudadanía a un proyecto ilusionante de regeneración que la haga reconectarse a nuestra democracia de partidos, entonces esta reforma que vamos a analizar resulta gravemente contraproducente, porque lo más probable es que provoque el efecto contrario.

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Por: JAVIER GÓMEZ TABOADA
Abogado tributarista. Socio de MAIO LEGAL (www.maiolegal.com)

 

DERECHO FISCAL

Las Cortes -sobrevenidamente- constituyentes resultantes de las elecciones de 1977, alumbraron -con el abrumadoramente mayoritario Vº Bº de la población- la Constitución que ahora cumple cuatro décadas. Ésta, ya en su artículo 1.1, afirma que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

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Por: DIEGO MARÍN-BARNUEVO FABO
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Miembro de la AEDAF (diego.marinbarnuevo@uam.es)


DERECHO FISCAL

El artículo 31 de la Constitución Española recoge los principios de justicia tributaria y establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Vemos pues que el principio de capacidad económica, junto al de generalidad e igualdad, tiene reconocida una función esencial en la configuración de un sistema tributario justo. En todo caso, la identificación del significado y alcance de dicho principio exige conocer y analizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia tributaria.

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