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REVISTA84

ENSXXI Nº 84
MARZO - ABRIL 2019

Por: PEDRO CARRIÓN GARCÍA DE PARADA
Notario de Madrid

 

El 26 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2016/1191, de 6 de julio de 2016, por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea. Entró en vigor a los veinte días, pero ha sido el pasado 16 de febrero de 2019 cuando ha entrado definitivamente en aplicación (art. 27) en todos los Estados de la Unión Europea.
La Unión quiere facilitar la libre circulación de sus ciudadanos, y una forma de hacerlo es garantizar que al menos ciertos documentos públicos puedan circular libremente. Las iniciativas iniciales fueron muy ambiciosas, porque buscaban no solo suprimir las formalidades externas que habitualmente se les exigían, sino también el reconocimiento y la aceptación de los documentos públicos en general, de forma que desplegasen los más amplios efectos jurídicos más allá de las fronteras del Estado de origen. Me limito a recordar, porque creo que no debemos olvidarla, la Resolución del Parlamento Europeo de 18 de diciembre de 2008 (conocida entre muchos como “Resolución Medina” por haber sido el europarlamentario Manuel Medina su ponente). Al final, el Reglamento 2016/1191 se ha limitado a suprimir la exigencia de ciertas formalidades externas en determinados documentos públicos.

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Por: ANA MARÍA SENOSIÁIN INDURAÍN
Abogada de V2C Abogados
anamaria.senosiain@v2c.es

ALEXIS I. MARRERO KORATICH
Abogada de Geoffrey M. Wayne, P.A.
am@abogadomiami.com

 

Las sucesiones internacionales, fuera del ámbito comunitario, siguen a día de hoy sin verse amparadas por una norma internacional que permita resolver las múltiples y diversas controversias que se derivan de la colisión de dos normas nacionales distintas.
Ello resulta especialmente complejo en el caso de las sucesiones en las que existe algún punto de conexión con los Estados Unidos de América, tanto por las enormes diferencias que plantea el derecho sucesorio angloamericano (common law) frente al derecho sucesorio español (derecho civil), como por la complejidad añadida de no existir una ley nacional estadounidense en materia sucesoria, debiendo cada caso concreto resolverse conforme a la ley aprobada por cada Estado según corresponda. 
A fin de poder ilustrar los puntos de conflicto que pueden surgir en una sucesión que implique a España y EEUU, se tomará como referencia la legislación del Estado de Florida.

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Por: ANTONIO DOMÍNGUEZ MENA
Notario de Madrid

 

Tras el éxito de crítica y público del artículo publicado bajo el mismo título en el número anterior de esta revista y la alarma que ha generado en la práctica diaria, no solo en los despachos notariales, sino a nivel general, hemos decidido profundizar algo más sobre la cuestión. Y lo hacemos sin exhaustividad, pues los fallos del sistema son tan alarmantes e inaceptables, que por sí solos revelan su absoluta inutilidad.
Y en este asunto no hay que ser tibio, ni caben “medias tintas” ni en su denominación, ni en sus críticas, sino todo lo contrario, porque las consecuencias prácticas de su muy deficiente funcionamiento actual, que además de ser casi monopolístico es “manifiestamente mejorable”, lo convierten en un instrumento absolutamente inútil y prescindible (tal y como veremos), que lo único que genera son problemas y confusión para los destinatarios finales del servicio. Tenemos la obligación de denunciarlo y de exigir de quienes tienen la responsabilidad de dirigirlo y gestionarlo, que la asuman. Así concluía el anterior artículo: “para que, como decía al principio, quien tiene responsabilidad para ello, la asuma y tome las medidas oportunas para corregir estas disfunciones, duplicidades o como quiera llamarse este desastre”. Y parece que, por fin, se lo están tomando en serio. ¡Más vale tarde, que nunca!

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Por: EDUARDO HIJAS CID
Notario de Las Navas del Marqués (Ávila)

 

No es una cuestión pacífica la posibilidad de hacer donaciones a través de un apoderado. En una primera aproximación, diremos que este apoderamiento choca con dos obstáculos:
• la posición del Tribunal Supremo, que, en su conocida STS de 6 de noviembre de 2013, interpreta el artículo 1713 CC en el sentido de que el poder para actos dispositivos debe especificar los concretos bienes a los que alcanzan las facultades del apoderado. No estoy en absoluto de acuerdo con el parecer de esta sentencia, al igual que un amplio sector jurídico (también algún artículo de esta revista, reseñado al final). Por tanto, desde el punto de vista dogmático, no lo considero un impedimento del poder general para donar;
• y la naturaleza del componente volitivo de la donación, el “animus donandi”, como un elemento personalísimo que, en consecuencia, no sería susceptible de delegación. Éste es, desde mi punto de vista, el principal escollo para admitir los mencionados apoderamientos.

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Por: JAVIER JIMÉNEZ-UGARTE
López Rodó & Cruz Ferrer

 

La Dirección General da una interpretación inclusiva a las “circunstancias extraordinarias” para conservar la nacionalidad española (art. 26.1.a CC)

Tendrá gran repercusión práctica una reciente Resolución de 13 de diciembre de 2018 de la DGRN, pendiente de publicación (1).
En efecto, la Dirección General de Registros y del Notariado ha recurrido a sólidos planteamientos, lógicos y jurídicos, para evitar que dos españoles de origen, que lo seguían siendo con 24 y 22 años, se viesen desposeídos de la nacionalidad transmitida por su progenitora.
He intervenido directamente en el caso, y he podido comprobar como el nuevo Director General y sus colaboradores han sabido evitar resultados denegatorios que hubiesen sido contrarios al espíritu de nuestras leyes y de nuestra Constitución.

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Por: IGNACIO ZURDO GARAY-GORÓVIL
Abogado del Estado. Abogado

 

Al examinar las novedades introducidas por la reciente entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), nos podemos centrar en una cuestión que nos va a llevar a concluir que, como establece el título de este artículo, es necesario regular de forma específica el recurso de alzada impropio, revitalizado gracias a la novedad prevista en el artículo 321.5 LCSP, vigente desde el 9 de marzo de 2018.

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Por: RICARDO CABANAS TREJO
Notario de Fuenlabrada



DERECHO FISCAL

Hace pocos meses mi compañero Carlos PÉREZ RAMOS publicaba en esta misma revista un excelente artículo con un título bastante parecido (“¿Qué le pasa a la DGRN con el derecho de transmisión?”, número 78, 2018, pp. 142-146), a cuya lectura remito para poner al lector en antecedentes sobre el cambio de criterio de la DGRN que ahora me ocupa. Mi presente reflexión es mucho más modesta y apenas ceñida a las posibles implicaciones fiscales del tema. La razón del empeño es una experiencia personal muy reciente que juzgo de interés y cuyas circunstancias paso a exponer.

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Por: SIRO BARRO FERNÁNDEZ
Abogado tributarista



DERECHO FISCAL

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) grava las adquisiciones de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier título sucesorio, así como por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito. 
Se trata de un tributo estatal, regulado por una ley de 1987. No obstante, otra ley posterior de 2009, en desarrollo de la LOFCA, determinó la cesión a las Comunidades Autónomas del rendimiento de este impuesto producido en su territorio, por aplicación de los puntos de conexión establecidos en esa misma norma.
Adicionalmente, esa misma ley habilitó a las Comunidades Autónomas a regular determinados aspectos, tales como las reducciones de la base imponible, la tarifa del impuesto, cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente, así como deducciones y bonificaciones en cuota.

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Por: JAVIER GOMEZ TABOADA
Abogado tributarista. Socio de MAIO LEGAL (www.maiolegal.com)



DERECHO FISCAL

Leía hace apenas unos días a Edurne Portela en El País (1) acerca de cómo gestaba su columna semanal y, salvando las obvias distancias, me sentí identificado con su proceso: seleccionar varios asuntos de actualidad e interés, elegir aquél más controvertido, meditar sobre su enfoque, elaborar un primer borrador, dejarlo reposar y madurar y, tras varias correcciones, llegar a la versión final.
Ése y no otro es el método que sigo con esta tribuna desde que en el otoño de 2009 -¡ya hace casi una década!- ENSXXI tuvo a bien confiar en mí para que bimensualmente vomite mis reflexiones atinentes al siempre proceloso universo tributario. Amén de esa reiterada confianza, es ahora un momento oportuno para agradecer su inmensa -¡toda!- libertad, tanto en la selección de los temas, como en el modo de abordarlos.

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