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REVISTA86

ENSXXI Nº 86
JULIO - AGOSTO 2019

Por: EDUARDO HIJAS CID
Notario de Las Navas del Marqués (Ávila)


El concurso de acreedores produce una serie de efectos en las facultades de administración y disposición del concursado. Todas estas limitaciones, tal y como resulta del artículo 21 de la Ley Concursal, se originan en el momento en que se dicta el auto de declaración del concurso. Dicha situación ha planteado la cuestión de la validez de los negocios dispositivos otorgados antes de la citada declaración y su acceso al Registro de la Propiedad.

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Por: RICARDO CABANAS TREJO
Notario de Fuenlabrada

 

Los antecedentes del primer caso
El propósito de este artículo es llamar la atención sobre dos recientes sentencias del Tribunal Supremo. La primera es la STS de 21/11/2018 rec. 1340/2016. El asunto tiene su origen en una escritura de préstamo hipotecario autorizada en el año 2014. El Registro de la Propiedad -RP- competente emitió una calificación negativa por una serie de motivos que ahora no hacen al caso. El notario interpuso una demanda de juicio verbal frente al RP que realizó la calificación. El RP excepcionó la falta de legitimación activa del notario para impugnar judicialmente la calificación registral. La SJPI de Zaragoza [17] de 06/10/2015 proced. 232/2015-Z apreció esta excepción y desestimó la demanda. Entendió que el notario carecía de legitimación para impugnar una calificación negativa sin acudir previamente al recurso gubernativo frente a la DGRN, superior común de notarios y registradores llamado a dirimir sus diferencias de criterio, con la excepción recogida por las SSTS de 20/09/2011 rec. 278/2008 y de 02/04/2013 rec. 2203/2010, de que concurra un interés concreto del funcionario, único caso donde sí tendría cabida la tutela judicial efectiva.

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Por: JUAN CARLOS MARTÍN ROMERO
Notario de Málaga


A FONDO

Introducción
Como afirma Jorge LÓPEZ NAVARRO, el problema suscitado por esta Resolución es de gran importancia, ya que se contraponen dos criterios: uno, el del notario, que estima que el Reglamento Europeo de Sucesiones ha venido a modificar en su artículo 36 al artículo 15 del Código Civil español, en relación con las normas aplicables a las sucesiones interregionales, de suerte que sería la ley de la residencia habitual del causante en una determinada “unidad territorial” la que determinaría la sujeción a una norma determinada (en el presente supuesto, pese a la nacionalidad francesa de la donante con pacto de definición, sería la residencia efectiva de ésta en Mallorca, la que determinaría la aplicación del artículo 50 de la Compilación, con independencia de la nacionalidad); y de otro el criterio de la registradora, ratificado por la Dirección General, que estima que las normas del artículo 15 del Código Civil y en especial las establecidas por la Compilación Balear, predominan sobre las anteriores, que es el criterio que adopta la Dirección General para este supuesto concreto de la figura de la “donación mallorquina con cláusula de definición”.

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Por: JAVIER GOMEZ TABOADA
Abogado tributarista. Socio de MAIO LEGAL (www.maiolegal.com)


DERECHO FISCAL

El relato se remonta al 30 de diciembre de 2017. Ese día, al filo -es obvio- del final de año, el BOE “vomitó” 191 páginas de contenido tributario, distribuidas en 9 disposiciones generales, de las cuales 7 eran Reales Decretos-leyes, siendo así que mediante 4 de ellos se abordaba la modificación de otros tantos reglamentos impositivos: i) el atinente a los procedimientos de aplicación de los tributos, ii) el sancionador, iii) el de recaudación (RGR), y iv) el de revisión en vía administrativa (RGRVA).

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Por: JAVIER MÁXIMO JUÁREZ GONZÁLEZ
Notario de Valencia
Miembro de la AEDAF


DERECHO FISCAL

Un tributo de rancio abolengo en el sistema tributario español de fundamento formal y en evidente regresión
La reforma tributaria de 1964 y, fruto de ella, el TR aprobado por el Decreto 1018/1967, supuso el nacimiento como categoría tributaria de AJD, unificando bajo dicha denominación diversas figuras tributarias asociadas el timbre, papel timbrado o póliza, donde debían de constar o reintegrarse determinados documentos públicos (administrativos, judiciales o notariales) y mercantiles (letras de cambio y análogos).

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