Menú móvil

El Notario - Cerrar Movil
Por: ÁLVARO ANCHUELO CREGO
Catedrático de Economía Aplicada
Universidad de Alcalá de Henares

 
COVID-19

En este artículo se resumirán los principales datos que reflejan la gravedad de la crisis a la que se enfrenta la economía española como consecuencia del coronavirus. A continuación, se explicarán las medidas de política económica más relevantes adoptadas en España y lo que cabe esperar de las iniciativas aprobadas por la Unión Europea. El objetivo consiste en dar una visión general, que permita ordenar y dar sentido a la multitud de informaciones que han ido apareciendo desde el estallido de la crisis.

Datos sobre la magnitud de la crisis en España
Conviene, en primer lugar, cuantificar la gravedad del reto a que nos enfrentamos y contemplarlo desde una perspectiva comparada. Se tome el indicador que se tome (número de contagiados o número de fallecidos, en términos absolutos o por millón de habitantes), todos señalan que España ha sido uno de los países más afectados por el coronavirus. Entre los grandes países de la Unión Europea, su situación solo es equiparable a la italiana. Esto ha tenido como consecuencia que las medidas de confinamiento para atajar el virus hayan tenido que ser particularmente severas. Desgraciadamente, la otra cara del aplanamiento de la curva de contagios es el simultáneo aplanamiento de la curva de actividad económica: a menos fallecidos, más recesión. 
La caída de la producción que padecemos, por tanto, es auto inducida. Refleja unas preferencias sociales que han dado más importancia a salvar decenas de miles de vidas que a perder decenas de miles de millones de euros. En ese sentido, es algo que nos honra como país. Por tanto, ninguna de las comparaciones habituales con otras crisis es correcta. Esta crisis no se parece a una disminución de la actividad provocada por decisiones voluntarias de los inversores y consumidores (como las de 1929 y 2008), ni a una guerra que provoque destrucción del capital físico y mayor movilización de recursos, ni siquiera a otras pandemias anteriores (como la gripe española) a las que no se respondió con confinamientos tan generalizados. 

“La recuperación de 2021 no servirá para recuperar todo lo perdido en 2020”

Hemos decidido hibernar la economía voluntariamente, cerrar las fábricas y las tiendas. Por eso, nada tienen de sorprendente los datos catastróficos de producción, empleo, ventas, consumo de energía… de los que se asombran cada semana los medios de comunicación. Más importancia tiene preguntarse por cómo quedará el enfermo cuando salga de la hibernación (si se recuperará del todo) y en qué medida lo hará en comparación con pacientes similares. El verdadero problema reside en que las respuestas a estas preguntas no son excesivamente esperanzadoras en el caso español.
La economía española ha sufrido una grave perturbación, tanto por el lado de la oferta (empresas cerradas, dificultades para importar) como por el de la demanda (tiendas cerradas, ahorro por motivo precaución y por unas menores rentas presentes o esperadas). Esto ha provocado a corto plazo el hundimiento de la producción y el empleo. Como la perturbación de demanda ha sido aún más fuerte que la de oferta, el efecto neto sobre los precios ha sido negativo. Cuando termine el confinamiento y se vaya recuperando la actividad económica, las previsiones (del FMI, del Banco de España, de la AIReF…), pese a su alta disparidad en los detalles, coinciden en la predicción general: la recuperación de 2021 no servirá para recuperar todo lo perdido en 2020. Al contrario, 3 ó 4 puntos de PIB (unos 40.000 millones de euros) no se recuperarán. El escenario que se va volviendo más probable coincide con las previsiones más negativas del Banco de España, con una caída el PIB español en 2020 superior al 10%, incluso del 12%, seguido de un crecimiento del 6-8% en el año siguiente. En la mayor parte de los países europeos, aunque la recuperación de lo perdido tampoco sea total, se logra en mayor grado.
¿Qué características de la economía española explican esta mayor gravedad de la crisis? Son numerosas. Por un lado, el peso de los sectores más afectados por la crisis es particularmente importante en la economía española. Se trata de actividades como la hostelería, la restauración, el transporte y el ocio, en general asociadas al turismo, sector que por sí solo genera el 13 del PIB español. En las actividades de servicios, además, resulta más difícil posponer el consumo, como sí es posible en la industria. Se puede retrasar la renovación del automóvil o el televisor, pero las comidas no disfrutadas en restaurantes, los cortes de pelo o los viajes vacacionales no hechos son más complicados de recuperar.

“España se enfrenta a esta nueva crisis con un margen de respuesta muy escaso en la política fiscal”

Otras peculiaridades que debilitan a la economía española, en parte ligadas a esa especialización productiva, son el pequeño tamaño medio de sus empresas y el alto peso del empleo temporal. Las Pymes tienen una menor capacidad de resistencia frente a la quiebra. El empleo temporal, con contratos de muy corta duración, se destruye con facilidad (basta con dejar que se extinga el contrato).
Por último, pero no menos importante, España se enfrenta a esta nueva crisis con un margen de respuesta muy escaso en la política fiscal. En 2019, tras casi un quinquenio de sólido crecimiento, el déficit público todavía estaba cerca del 3% del PIB y la deuda pública en el 95% del PIB. Esto tiene gran importancia para entender cómo se ha respondido a la crisis en el ámbito nacional.

Las medidas de política económica españolas
El cese de la producción desencadena una cadena de efectos contractivos sobre la economía, pues esa producción era el origen de las rentas recibidas por los trabajadores y empresarios, que a su vez les permitía demandar bienes y servicios. La respuesta más inmediata a la crisis por parte de los gobiernos ha de consistir en reemplazar temporalmente, en todo o en parte, con ayudas públicas de diverso tipo los ingresos perdidos por las familias y las empresas. Exactamente eso es lo que ha intentado el gobierno español, como todos los demás. Para ello, ha anunciado la movilización de una cifra que parece impresionante (200.000 millones de euros) y puesto en marcha toda una batería de medidas.
Al poner la lupa sobre el contenido concreto de esas medidas, sin embargo, su potencia se desdibuja. Parte de esos recursos anunciados no son públicos, sino la “movilización” más o menos forzada de recursos privados. Ciñéndonos a los públicos, hay que distinguir claramente entre las ayudas destinadas a proteger a los trabajadores y aquéllas destinadas a ayudar a las empresas.
De las ayudas destinadas a proteger a los trabajadores, la más relevante ha sido la utilización de los ERTE. Se trata de un enfoque acertado, pues mantiene vigente la relación laboral del trabajador con su empresa de origen, lo que facilita la reincorporación al reanudarse la actividad. Al dejar este mecanismo sin cobertura a numerosos colectivos, que no disfrutan de un contrato estable por cuenta ajena, se han ido arbitrando medidas adicionales para ir llegando hasta ellos (autónomos, empleados de hogar, trabajadores temporales a los que vence el contrato…). Entre los ERTE, los autónomos que acceden a prestación y los nuevos parados protegidos, casi 6 millones de personas han sido cubiertas gracias a estas iniciativas.

“Los mecanismos europeos más inmediatos de respuesta a la crisis enmascaran, tras sus grandes cifras, una ayuda limitada”

Las medidas anteriores han tomado la forma de transferencias de renta, que aumentan el gasto público y el déficit. Unidas a otras medidas discrecionales de ingresos y gastos, suman unos 4 puntos del PIB. Las medidas de apoyo a las empresas tienen un volumen que más que duplica a las anteriores, pero toman la forma de avales y garantías para permitir que puedan seguir recibiendo préstamos bancarios y acceder a la liquidez. Más de 100.000 millones de euros se han destinado a este fin, pero no se convertirán en gasto público más que en aquellos casos en los que los préstamos resulten fallidos y los avales deban ejecutarse.
Lo anterior hace que la respuesta presupuestaria española ante la crisis, en realidad, figure entre las menos potentes de la Unión Europea. En otros países con mayor margen presupuestario, de los que Alemania es el caso más paradigmático, no solo el volumen de recursos movilizados ha sido mayor, sino que la proporción de las transferencias de renta respecto a los avales también lo ha sido.
¿Por qué, si la respuesta ha sido relativamente pequeña, el déficit público se dispara tanto? Porque éste no solo aumenta debido a las nuevas medidas discrecionales recién explicadas. A ellas hay que sumar la acción de los estabilizadores automáticos, es decir, los efectos de la crisis sobre los ingresos públicos y el gasto público a través de los programas previamente existentes. La caída de la recaudación del IRPF, del IVA, del Impuesto de Sociedades, el aumento del número de parados en los programas de ayuda tradicionales… harán que el déficit público supere en 2020 el 10% del PIB. A su vez la deuda pública respecto al PIB amentará incluso más, pues estará también disminuyendo el tamaño del denominador, de forma que se llegará hasta el 115% ó 120% del PIB, según las previsiones. Se trata de una cifra parecida a la de Francia, y menor que la de países como Italia, Grecia o Estados Unidos. Aún así, no se veía un valor similar en nuestro país desde el Desastre de 1898.
Más allá de la cuantía de las macromagnitudes, en términos cualitativos la calidad de la respuesta de las autoridades económicas españolas puede ser cuestionada. La respuesta ha sido muy fragmentada, poniendo en marcha numerosos programas en vez de pocos, sencillos y potentes. La calidad institucional de los distintos países resulta así mismo relevante: no basta con que una medida se apruebe en el BOE, el momento crítico es cuando llega el dinero al bolsillo de la persona que lo necesita. El caso español se ha caracterizado por la lentitud. Por último, diversas medidas y declaraciones, aunque en general se han acabado corrigiendo, han mostrado entre algunos miembros del gobierno una escasa sensibilidad por los incentivos económicos o el papel empresarial. Algunos ejemplos son la penalización de los despidos hasta después de 6 meses del final del ERTE, la prohibición de las rebajas que no fueran online, el anuncio de la derogación de la reforma laboral o la cuarentena de dos semanas a los turistas extranjeros que llegasen a España. La incertidumbre es ya lo suficiente grande como para que resulte excusable aumentarla innecesariamente.

Las medidas adoptadas por la Unión Europea
En el ámbito de la política fiscal, las competencias siguen residiendo esencialmente en los Estados nacionales, y han sido ellos los que han tenido que hacer frente a lo esencial de la crisis.
La respuesta más inmediata de la Unión Europea ha consistido en la puesta en marcha de 3 medidas, aparentemente voluminosas (pues suman 540 mil millones de euros) para ayudarlos. Sin embargo, esa ayuda es menor de lo que parece a primera vista:
1º) Creación de una nueva línea de crédito del MEDE (Pandemic Crisis Support Line) de hasta 240 mil millones de euros. España podría solicitar hasta unos 25 mil millones, el 2% del PIB. La condicionalidad exigida a cambio es muy limitada, tan solo que se dedique a gastos relacionados con la epidemia. Existen, sin embargo, dos problemas. El primero es que el dinero se concede en forma de préstamos. Esto quiere decir que lo único que se ahorra España es la diferencia entre el tipo de interés preferencial a que se concederían estos préstamos del MEDE y el que puede lograr por sí solo el gobierno español en los mercados. Como, gracias al BCE, hoy en día no existe dificultad para emitir deuda pública española a un bajo interés, esos ahorros ascenderían únicamente a unos 200 millones de euros al año (durante 10 años). El segundo problema es el estigma de recurrir al MEDE, que se asocia a la petición de rescate y a la supervisión externa. Por eso, el gobierno español ha anunciado que no piensa utilizar esta facilidad.

“Las actuaciones europeas más efectivas han sido las emprendidas por el Banco Central Europeo”

2º) Creación del SURE (Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) por la Comisión Europea. Ésta pedirá prestado hasta 100 mil millones de euros en los mercados financieros a bajo interés y prestará a su vez lo captado a los Estados miembros que lo soliciten. Los recursos habrán de dedicarse a financiar esquemas de protección al desempleo que mantengan la relación laboral. En este caso no existe ningún estigma y el gobierno español ha anunciado su participación. No obstante, al tratarse otra vez de préstamos, los comentarios anteriores sobre el escaso ahorro así logrado siguen siendo válidos.
3º) Préstamos del Banco Europeo de Inversiones por 200 mil millones. De nuevo se trata de préstamos, en este caso destinado a las empresas, especialmente la Pymes, con mayores dificultades de acceso al crédito. En realidad, el BEI solo proporcionará 25 mil millones en garantías. Gracias al respaldo de esas garantías, se espera movilizar crédito privado por el importe anunciado, ocho veces mayor.
Como se ve, los mecanismos europeos más inmediatos de respuesta a la crisis enmascaran, tras sus grandes cifras, una ayuda bastante limitada, pues toda ella toma la forma de préstamos y no impide que crezca el endeudamiento de quien resulte ayudado.
El instrumento europeo más esperanzador, que todavía se está negociando en este momento, es el Plan de Reconstrucción para reactivar la economía. La propuesta de la Comisión Europea asciende a 750 mil millones de euros; de ellos, 310 en transferencias a los países miembros, 250 en préstamos y 190 mediante el incremento de otras categorías de gasto comunitario.
La propuesta contiene algunos rasgos muy positivos. Los recursos se captarían emitiendo deuda de la Comisión Europea, es decir común. Una parte respetable de ellos serían transferencias que los países receptores no tendrían que devolver, lo que evita aumentar sus deudas. El nuevo instrumento se liga al Marco Financiero Plurianual y al presupuesto común de la Unión Europea, lo que facilita la participación de las instituciones comunes (la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo) mediante procedimientos ya sólidamente establecidos.
Se haría frente al pago de intereses de esa deuda comunitaria a largo plazo mediante unas mayores aportaciones temporales de los países en el futuro, pero no se descarta introducir nuevos impuestos europeos comunes (sobre las emisiones, la economía digital…) para ello. El repago de la deuda se realizaría entre 2027 y 2058.
El gasto se canalizaría hacia la modernización económica, facilitando las transiciones energética y digital de los países miembros. A España le corresponderían unos 66 mil millones de euros en transferencias y unos 60 mil millones en préstamos, según las cifras estimadas. Sería así el 2º país más beneficiado en términos absolutos, después de Italia.

“Es importante que la Unión Europea sea vista por las opiniones públicas nacionales como parte de la solución, pues se está jugando su futuro”

Pese a todo, este instrumento aún queda por debajo de la magnitud necesaria para hacer frente con garantías a los problemas que pretende resolver. Al repartirse esa cuantía total entre 4 años (2021-2024), se está movilizando en forma de transferencias tan solo un 0.56% del PIB de la UE cada año. No por ello deja de ser un avance significativo, de gran importancia simbólica, que habría resultado impensable anteriormente. Sin embargo, es de temer que, durante el proceso de negociación, los países “frugales” (Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia) logren rebajar la ambición del plan, que debe aprobarse por unanimidad.
En realidad, las actuaciones europeas más efectivas han sido las emprendidas por el Banco Central Europeo (BCE). Además de su carácter supranacional, la naturaleza de sus operaciones le permite actuar con rapidez y utilizar cantidades capaces de tener un impacto macroeconómico significativo, sin crear tanta controversia política. Ante la crisis del coronavirus, entre otras muchas medidas de menor calado, ha puesto en marcha un nuevo programa de compra de activos (el Pandemic Emergency Purchase Program) por una cuantía de 750 mil millones de euros, posteriormente incrementada en otros 600 mil millones. Éste se suma al anterior programa APP, que ahora se amplía en 120 mil millones.
El efecto de estas políticas del BCE sobre los mercados financieros ha sido inmediato, permitiendo mantener en niveles mínimos las primas de riesgo de los países más afectados por la crisis, como el nuestro. De esta forma, para España e Italia (sus gobiernos y sus grandes empresas) sigue siendo posible financiarse a tipos de interés bajos en los mercados financieros. Parte de los títulos emitidos acaban siendo comprados por el BCE (en el mercado secundario). De esta forma, el Eurosistema tiene en su balance alrededor de una cuarta parte de la deuda pública española. Esto ayuda a entender porqué es tan peligrosa la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que cuestiona este tipo de actuaciones.

Palabras clave: Crisis del coronavirus, Política económica española, Unión Europea.

Keywords: Coronavirus crisis, Spanish economic policy, European Union.

Resumen

La economía española se enfrenta a una crisis sin precedentes. La capacidad de respuesta nacional se ha visto limitada por la falta de margen presupuestario. En general las medidas han estado bien encaminadas, aunque sea criticable la calidad de su aplicación práctica. La Unión Europea ha puesto en marcha actuaciones sin precedentes, pero la resistencia de algunos países a que haya transferencias de recursos permanentes entre los países, con el consiguiente énfasis en los préstamos, limita la efectividad real de unas cifras aparentemente tan grandes. Como en la crisis anterior, es el BCE el que está actuando como garante último, llegando para ello hasta el límite de lo legalmente permisible según los tratados actuales. Es importante que la Unión Europea sea vista por las opiniones públicas nacionales como parte de la solución, pues se está jugando su futuro.

Abstract

The Spanish economy is facing an unprecedented crisis. The country's capacity to respond has been limited by a limited margin in its budgets. The measures have generally been focused in the right direction, although the quality of their practical application has been criticised. The European Union has implemented unprecedented initiatives, but the reluctance of some countries to engage in permanent transfers of resources between countries, and the consequent emphasis on loans, limits the real effectiveness of amounts that are at first sight very large. As in the previous crisis, the ECB is acting as the guarantor of last resort, and operating at the limits of what is legally permissible under current treaties. It is important that the European Union is seen by public opinion in its member countries as part of the solution, as its future is at stake.

El buen funcionamiento de esta página web depende de la instalación de cookies propias y de terceros con fines técnicos y de análisis de las visitas de la web.
En la web http://www.elnotario.es utilizamos solo las cookies indispensables y evaluamos los datos recabados de forma global para no invadir la privacidad de ningún usuario.
Para saber más puede acceder a toda la información ampliada en nuestra Política de Cookies.
POLÍTICA DE COOKIES Rechazar De acuerdo