El clamor social ante los numerosos escándalos de corrupción política ha abierto un intenso debate en los foros jurídicos sobre la necesidad de favorecer la transparencia y combatir la opacidad, especialmente en el ámbito societario. A ese objetivo de garantizar la integridad pública frente a la corrupción en general se dirige la reforma impulsada por el Gobierno, mediante una “ley ómnibus” por la multiplicidad de materias a que alcanza (incluidas las sociedades limitadas), bajo la forma de un Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (o “ley anticorrupción). Un Anteproyecto, sin embargo, que ha suscitado un inmediato revuelo y la crítica frontal desde casi todas las instancias jurídicas, no porque no sea loable la lucha contra la corrupción, sino porque, en lugar de reforzar las barreras para contenerla, se adoptan medidas que, en el ámbito societario, pueden más bien debilitarlas.