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Por: 25-5-2023

 

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El jueves 19 de mayo tuvo lugar la inauguración del Congreso con la intervención de las siguientes personas: Rodrigo Tena, Coordinador general del XII Congreso Notarial Español; José Francisco Salado, Presidente de la Diputación de Málaga; María Teresa Barea, Decana del Colegio Notarial de Andalucía; José Ángel Martínez Sanchiz, Presidente del Consejo General del Notariado; Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga y finalmente Pilar Llop, Ministra de Justicia y Notaria Mayor del Reino, que declaró inaugurado el congreso.

En el mismo acto el filósofo Javier Gomá Lanzón pronunció la conferencia “Dignidad: la ley del más débil”, que se reseña en el Editorial de esta revista.
Después hubo una mesa titulada “Hacia un nuevo paradigma a la hora de enfocar el reto global del envejecimiento”, que trató los recientes cambios sociales y legislativos que nos obligan a un acelerado proceso de adaptación para atender a las nuevas necesidades y en la que participaron Ángel Rodríguez Castedo, Presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas; Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente de CERMI; Rafael de Lorenzo, Secretario General de ONCE; Inmaculada Ruiz Martín, Presidenta de UDP (Unión Democrática de Pensionistas); y Juan Manuel Martínez Gómez, Presidente de CEOM. Fue moderada por Patricia Rosety, periodista de tribunales de COPE y Presidenta de ACIJUR. En esta mesa se abordaron las preocupaciones y necesidades de las personas mayores, tanto en el ámbito económico como en el personal, en el ámbito urbano y en el rural.
La mesa dedicada a “El régimen de apoyos a la luz de la Ley 8/2021” y al estudio de las implicaciones que para el Derecho español va a suponer este completo cambio de paradigma estuvo compuesta por Lorenzo del Río Fernández, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; Cristóbal Fábrega Ruiz, Fiscal en la Fiscalía Provincial de Jaén y Doctor en Derecho especializado en la protección de personas con discapacidad; Sofía de Salas Murillo, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza; y Cristina González Beilfuss, Catedrática de Derecho Internacional Privado. Fue moderada por Almudena Castro-Girona Martínez, notaria de Castellbisbal (Barcelona), Directora de la Fundación Aequitas y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la UINL.
La mesa dedicada al tema “¿Es sostenible una economía de servicios en una sociedad envejecida? (el problema de nuestro modelo productivo en una sociedad envejecida)” fue coordinada por Ramón González Férriz, columnista de El Confidencial y analista en el programa 24 horas de Radio Nacional de España, y estuvo compuesta por Enrique Feás Costilla, Técnico Comercial y Economista del Estado e Investigador asociado del Real Instituto Elcano; Manuel Alejandro Hidalgo Pérez, Profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide; Inmaculada Ordiales Hurtado, Economista y Jefa de Departamento en el CES; y Sara Baliña, Subdirectora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno. En esta mesa se trató sobre el impacto que una sociedad cada vez más envejecida puede tener sobre la productividad y, en consecuencia, sobre nuestra competitividad a nivel internacional. Pero también sobre las nuevas oportunidades, en diferentes sectores productivos, derivadas de la creciente importancia de la llamada “economía plateada”. Se discutieron las ventajas e inconvenientes para el emprendimiento empresarial en un escenario semejante, así como las propuestas de reforma más idóneas para aprovechar sus ventajas y minimizar sus riesgos.
A continuación, la mesa sobre “La valoración de la capacidad” estuvo integrada por Carmen Sánchez Castellano, adjunta de Geriatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid; María Ángeles Luna Méndez, Forense Jefe de Sección I del Instituto de Medicina Legal de Madrid; María Paz García Rubio, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago y miembro de la Comisión de Codificación; y Ángel Luis Campo Izquierdo, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, moderados por Federico Cabello de Alba Jurado, notario y Director del Área Social de la Fundación Aequitas.
La temática principal abordada se centró en la valoración de la capacidad en cada uno de los ámbitos tratados, contrastando el médico-asistencial con el estrictamente jurídico. Fue unánime el parecer de que la nueva legislación requiere una nueva visión, pues la valoración de la capacidad ha de asumirse bajo el prisma de su reconocimiento universal. Igualmente, se concluyó que el ejercicio de la capacidad jurídica debe estar desligado de la discapacidad. Y que en dicho ámbito jurídico, la necesidad de asistencia o apoyo debe depender más que de un dictamen médico, de la adecuada percepción del alcance y trascendencia del negocio jurídico de que se trate. Es decir, de su aptitud y discernimiento.

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El jueves 19 por la tarde se celebró la mesa sobre “La financiación pública de las pensiones y de la sanidad en una sociedad Envejecida”. Estuvo moderada por Carmen Boulet Alonso, notario de Madrid, y participaron Juan Oliva, Profesor del Departamento de Análisis Económico y miembro del Seminario de Investigación en Economía y Salud (SIES) de la Universidad de Castilla La Mancha, que fue asesor del Ministerio de Sanidad y Política Social y varias Consejerías, así como con empresas del sector sanitario; Ignacio Conde Ruiz, Doctor en Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, ha formado parte del Comité de Expertos encargado de desarrollar el factor de sostenibilidad de las pensiones en el año 2013 y también ha trabajado en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno; y Miguel Cruz Amorós, Licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid, Diplomado en Derecho Comunitario, Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que ha sido adjunto a la Secretaría General de INDUBAN, Inspector de Hacienda del Estado, Subdirector y Director General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, Director del Gabinete del Ministro de Obras Públicas, Socio de Landwell-PricewaterhouseCoopers y Profesor asociado de Derecho Financiero y Tributario en la UNED. Todos coincidieron en la difícil tarea que tenemos de financiar las pensiones, sanidad y dependencia. Se dieron datos concretos sobre situación actual y previsiones de futuro, y se sugirieron medidas para intentar solucionarlo como aumento de la edad de jubilación, favorecer vida saludable, prevención de enfermedades, etc.
La mesa dedicada a “Voluntades anticipadas y consentimiento informado (la visión médica y la visión jurídica y su coordinación en un mundo post-COVID)”, fue coordinada por Ignacio Gomá Lanzón, notario de Madrid y estuvo compuesta por Lourdes Rexach Cano, coordinadora del Equipo de soporte Hospitalario de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y geriatra; Ángel Luis Guirao García, Subdirector General de RRHH, Alta Inspección y Cohesión del SNS, Dirección General de Ordenación Profesional, Ministerio de Sanidad; y Segismundo Álvarez Royo-Villanova, notario de Madrid. En esta mesa se trató de la situación actual de las instrucciones previas y el funcionamiento del registro de estas a nivel nacional. También se proporcionaron datos estadísticos sobre el uso de las instrucciones previas. Asimismo se habló de las dificultades que se producen en relación a la prestación del consentimiento, particularmente en un entorno en el que la eutanasia es legal; por ese mismo motivo se abogó por un concepto más amplio que el de las instrucciones previas (aunque incluya a éstas) que desembocaría en la planificación compartida de la atención, un proceso continuo de deliberación en el que se afronta la trayectoria de la enfermedad.
La mesa dedicada al “Conflicto intergeneracional y toma de decisiones políticas” trató el fenómeno del envejecimiento como generador conflictos de intereses de todo tipo, pero especialmente entre generaciones y la posibilidad de llegar a un consenso. Participaron Elisa Chuliá Rodrigo, Profesora titular de Sociología de la UNED; Pablo Simón, Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III; Cristina Ares Castro-Conde, Profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Santiago de Compostela; y Carmen Vela Fernández notaria de Sevilla, que actuó como moderadora.

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La sesión del 20 de mayo acogió las siguientes mesas:
“La guarda de hecho tras la Ley 8/2021” trató el problema de su acreditación y el ámbito y limitación de sus funciones así como el papel que puede tener como apoyo de las personas discapacitadas. Participaron Ascensión Leciñena Ibarra, Profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Murcia; María Ángeles Parra Lucán, Magistrada de la Sala Primera de Tribunal Supremo y Catedrática de Derecho Civil; y María José Segarra, Fiscal de Sala Coordinadora de los servicios de protección de las personas con discapacidad y mayores. Jorge Prades López, notario de Madrid y Presidente de la Asociación Familias para la Acogida, actuó como moderador.
La mesa titulada “La planificación financiera de una vida centenaria” estudio cómo planificar financieramente una vida centenaria y de qué recursos se dispone para ello. Participaron Belén Alarcón Medina, Socia Directora de Asesoramiento Patrimonial en Abante; Diego Valero Carreras, Profesor de la Universidad de Barcelona, Director Académico de London School of Economics-GPP y Presidente de Novaster; Laura Duque Santamaría, Subdirectora General de Cumplimiento y Legal de Mutualidad de la Abogacía. Jorge Cadórniga Díaz, notario de Vera (Almería), actuó como moderador.
La mesa dedicada a “Relaciones entre abuelos y nietos: derechos, legítimas y alimentos”, fue coordinada por Victorio Magariños Blanco, notario. Estuvo compuesta por José Miguel De La Rosa Cortina, Fiscal del Tribunal Supremo; María Luisa Moreno-Torres Herrera, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga; y Victorio Magariños Blanco. Se trató el problema de las relaciones entre abuelos y nietos, poniendo de relieve el fundamento del afecto, por lo que no pueden equipararse a las derivadas de la patria potestad, y se propuso la necesidad de reforzar la protección jurídica de las relaciones entre abuelos y nietos. Se trataron también los problemas de los alimentos entre parientes y los que plantea el contrato de alimentos. Se propuso una modificación legislativa para suprimir el deber de alimentos entre ascendientes y descendientes salvo en cuanto a menores de edad y el reconocimiento de ciertos efectos jurídicos a quienes voluntariamente prestan auxilio económico a sus padres o a sus hijos adultos. Por último, en relación con las legítimas, se defendió la supresión de las mismas, como medida necesaria para que las personas ancianas tengan libertad para ordenar la sucesión en el momento en el que más la necesitan.
La mesa dedicada a “La hipoteca inversa y otras soluciones inmobiliarias” fue coordinada por Ubaldo Nieto Carol, notario de Valencia, y estuvo compuesta por Mercedes Ayuso Gutiérrez, Catedrática de Estadística Actuarial de la Universidad de Barcelona, y José Manuel Ruiz-Rico Ruiz, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Málaga.
Se analizaron las distintas vías de obtención de recursos en la etapa de la vida en la que disminuyen drásticamente los ingresos y no así los gastos, utilizando para ello la propia vivienda: la venta, la transmisión de la nuda propiedad conservando el usufructo vitalicio de la misma, la renta vitalicia, incluso el censo reservativo.
En referencia a la hipoteca inversa se constata su fracaso a la vista del bajísimo número de operaciones realizadas aunque se observa recientemente un creciente interés por este producto financiero. Pero su mayor difusión exigiría una nueva regulación de este contrato, un régimen de transparencia muy elevado dados los destinatarios de este tipo de financiación y un procedimiento específico de ejecución de la garantía hipotecaria si esta fuera necesaria. También se requerirían estímulos económicos que hagan rentable a las entidades financieras disminuyendo la aleatoriedad y riesgo que comportan este tipo de operaciones.
La mesa dedicada a “Los internamientos involuntarios (análisis del internamiento involuntario como instrumento de protección y de los límites y particularidades en el caso concreto de los ancianos)” fue coordinada por José María Graiño Ordoñez, notario de Caldas de Reis (Pontevedra) y Decano del Colegio Notarial de Galicia. Estuvo integrada por Gonzalo López Ebri, Teniente Fiscal de la Comunidad Valenciana y Patrono de la Fundación Aequitas; Carolina Tardín Sánchez, abogada y responsable del Departamento Jurídico del Grupo Orpea Ibérica; Luciana Miguel Alhambra, médico forense y especialista en Geriatría; y Juan Manuel Fernández, magistrado especialista en internamiento. En esta mesa se analizó la normativa aplicable y la interpretación dada a la misma por el Tribunal Constitucional, así como los serios problemas prácticos que está suponiendo su aplicación en el ámbito residencial, lo que aconseja una reforma legislativa. Se estudió también la pluralidad de supuestos que engloba el artículo 763 LEC y el proceso de análisis del consentimiento para constatar la voluntariedad o involuntariedad del internamiento, insistiéndose en la conveniencia de redactar y divulgar protocolos de actuación que faciliten y uniformicen la práctica.
En la mesa “Poderes preventivos y documentos reguladores de la propia discapacidad” participaron la Catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense María Linacero de la Fuente, el Fiscal de de la Audiencia Provincial de Córdoba Fernando Santos Urbaneja y el notario de Barcelona José Maria Valls Xufre, moderados por el notario de Madrid Manuel Lora-Tamayo Villacieros. Se trató de los diferentes tipos de poderes preventivos, de su entrada en vigor, de su contenido en el que se debe huir de estandarizaciones, de las reglas para evitar abusos y de los problemas relativos en el caso de remisión a las reglas de la curatela.
Igualmente se trató del documento regulador de los apoyos para el caso de discapacidad, diferenciándolo de los poderes preventivos, señalando los requisitos para su formalización, así como su contenido de mero acompañamiento, asistencia o incluso representación.
La mesa dedicada a estudiar la pregunta “¿Necesitamos más niños?: natalidad e inmigración (¿verdaderamente hay un ‘problema’ demográfico?)” fue coordinada también por Ramón González Férriz, columnista de El Confidencial y analista en el programa 24 horas de Radio Nacional de España, y estuvo compuesta por Julio Pérez Díaz, científico titular del Instituto de Economía, Geografía y Demografía; Antonio Roldán Monés, Director del Center for Economic Policy & Political Economy de Esade; y Nuria Moreno-Manzanaro García, Jefa del Área Social del Consejo Económico y Social. En esta mesa se debatió sobre si el llamado problema demográfico es real. También sobre la necesidad y fiabilidad de las previsiones en relación a posibles escenarios futuros, desequilibrados demográficamente, que aconsejen intentar hoy medidas de corrección. Se discutieron específicamente qué medidas podrían ser más convenientes, aun reconociendo su complejidad e, incluso, su eficacia. En cualquier caso, se convino sobre la conveniencia de fomentar la inmigración durante los próximos años.
La mesa relativa a “La tecnología como potenciadora de capacidades” tuvo por objeto analizar el modo en que la tecnología, si está adaptada y es accesible, permite ayudar, suplir o amplificar las capacidades físicas o cognitivas de las personas, especialmente de las personas mayores, discapacitadas o con necesidades especiales, presentándose iniciativas como #tuitsaojo o el proyecto del Consejo General del Notariado, la Fundación Aequitas, Fundación ONCE y Plena Inclusión sobre “Documentos notariales en lectura fácil”, para hacer más comprensibles los documentos notariales a las personas con discapacidad. Fue moderada por el notario de Ayora (Valencia) José Carmelo Llopis Benlloch y contó con Jesús Hernández Galán, Director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE; con Lourdes González Perea, actualmente Responsable de Tecnologías Accesibles de la Fundación ONCE; y con Ignacio Dávila Cano, Innovation Manager Health & Education Vodafone Business.
La mesa sobre “Atención de la dependencia” trató la cuestión del cuidado de los mayores como una obligación familiar y social y los retos a los que se enfrenta hoy. Participaron Ángel Rodríguez Castedo, ex Director General del IMSERSO; Marina del Corral Téllez, Directa General de CEAPs; y Andikona Uriarte, representante de la Fundación Hurkoa. Manuel Rueda Díaz de Rábago, notario, fue el moderador.
La mesa dedicada a “Planificación vital de una vida centenaria” fue coordinada por María Isabel Louro García, notaria de Ourense y estuvo integrada por Juan Diez Nicolás, sociólogo y actualmente Director de la Cátedra de Desarrollo Social de la Universidad Camilo José Cela y José Antonio Herce San Miguel, economista y uno de los principales expertos en longevidad y pensiones de habla hispana.
La situación actual de envejecimiento de las sociedades occidentales y, en particular, de la española ha generado una gran preocupación acerca de los problemas que han de afrontar los mayores a partir de la que venía considerándose como edad límite o linde entre madurez y ancianidad, los sesenta y cinco años: salud, sustento y planificación de la vejez. Los ponentes aportaron datos y propuestas acerca de las posibles políticas destinadas a evitar el envejecimiento de las poblaciones, poniendo de manifiesto como resulta necesario adaptar nuestro vivir cotidiano a esta expectativa de vida.
Se aportó, desde el conocimiento, una visión optimista de la nueva situación: los ponentes destacaron que la formación y la fuerza interior resultan imprescindibles para abordar los años que, de media, se prolonga la vida; con una adecuada programación se pueden resolver adecuadamente las cuestiones básicas: de qué se va a vivir, con qué salud se va a vivir y qué se va a hacer, preparándose para la vida con o sin actividad laboral pero, en todo caso, con aprovechamiento de lo que se denominó “caudales de experiencia”.

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En la parte interna corporativa se trataron los temas de “Notariado y tecnología”. Actuaron como ponentes Enrique Brancós Nuñez, notario de Girona; Itziar Ramos Medina, notario de Córdoba y José Carmelo Llopis Benlloch, notario de Ayora (Valencia). Esta parte se centró en cuatro grandes grupos de cuestiones, analizando la normativa nacional, el derecho comparado y los documentos sobre la materia de la UINL.
El primero fue el otorgamiento a distancia, reflexionando que la videoconferencia no es una opción, pues viene impuesta por normativa europea, por lo que es conveniente que se aborden de manera constructiva cuestiones como su limitación a determinadas categorías de negocios, la compatibilidad con la demarcación notarial o la práctica del juicio de identidad y capacidad.
El segundo, inescindible del anterior, fue el protocolo notarial electrónico, que se planteó como una oportunidad para crear un medio optimizado de gestión de la información y documentación notarial.
El tercero fue la circulación de documentos electrónicos, especialmente las posibilidades que abre la remisión mediante CSV o la puesta a disposición en el Portal Notarial del Ciudadano. También se hizo una reflexión sobre la conveniencia de reorganizar los testimonios electrónicos y el Libro Indicador, de modo que se facilite el almacenamiento y la administración de documentos electrónicos.
El cuarto y último fue el relativo a los nuevos servicios que podrían prestarse en el ámbito digital, por ejemplo con aplicaciones que permitan obtener actas de hechos electrónicos, solicitándose desde el público una mayor usabilidad de ciertas herramientas tecnológicas de que disponemos.
En la mesa dedicada a “El Notariado y los Registros” intervinieron como ponentes Concepción Pilar Barrio del Olmo, notario de Madrid; Miguel Ángel Bañegil Espinosa, notario de Gijón y Pedro José Maldonado Ortega, notario de Fiñana (Almería). En esta mesa se aportaron interesantes ideas para mejorar la seguridad jurídica preventiva española.
En la ponencia “Organización Corporativa” actuaron como ponentes Francisco David Hurtado Cañas, notario de La Carlota (Córdoba) y Miguel Llorente Gonzalvo, notario de Bilbao. En esta mesa fueron muy numerosas las intervenciones de notarios respondiendo a las cuestiones planteadas quienes, con plena libertad, expusieron desde el público y en público sus respectivos puntos de vista. Precisamente la participación del colegiado en la Organización Corporativa del Notariado ha sido un tema central en la ponencia, y las intervenciones espontáneas de los asistentes fueron encaminadas a mejorar el contacto entre los notarios a nivel colegial e incluso dentro de cada distrito notarial. Urge potenciar los contactos entre colegiados a todos los niveles pues se considera negativo el aislamiento que el día a día de la llevanza del despacho puede causar en el notario individual. Se consideró importante mejorar la dotación en medios económicos, materiales y humanos al Consejo General del Notariado para mayor eficacia en su cometido, sin quitar un ápice de reconocimiento general al Presidente del Consejo actual, quien intervino en variadas ocasiones exponiendo los puntos de vista del máximo órgano del Notariado sobre la actualidad del Cuerpo y retos del futuro. Se discutió sobre la elección directa del cargo de Presidente del Consejo General del Notariado por todos los colegiados, contrastando el sistema actual heredero de la antigua Junta de Decanos, con el sistema de “un notario, un voto”, y con el sistema de voto ponderado por Colegios. Se reconoció, sin embargo, que el sistema actual permitía acceder al Consejo a Decanos de Colegios Notariales pequeños, permitiendo dar voz a todas las sensibilidades del territorio español.

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El domingo 22 de mayo, Luis María de la Higuera González, notario de Granada; Antonio Ripoll Soler, notario de Alicante; y Maria del Carmen Velasco Ramírez, notario de Bilbao, debatieron sobre el estatuto del notario. Se trató la cuestión de las nuevas competencias del notario y de la conveniencia de hacer una reflexión general sobre qué competencias debería tener el notario en materia de jurisdicción voluntaria teniendo en cuenta la naturaleza de su función. También se habló del suministro de información a la Administración y la revisión del concepto de secreto de protocolo en relación con este tipo de datos. Partiendo del éxito que ha supuesto el acta previa hipotecaria, se planteó la posibilidad de extender una actuación previa también a las ventas hechas por empresarios a consumidores, cuyas minutas contienen a menudo cláusulas potencialmente abusivas. También se habló del sistema de la oposición, manifestándose una preocupación por el período muy largo de preparación en la actualidad (proponiéndose la vuelta a un ejercicio oral único y la convocatoria anual como posibles soluciones), y también la integración en el mercado laboral de los opositores que dejen la oposición.

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