CUSTODIA DEL TERRITORIO

La custodia del territorio se define como un conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implica a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos (1).

La custodia no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de conservación y restauración de la naturaleza basada en acuerdos voluntarios entre la propiedad de un terreno o un titular de derechos de esa propiedad y una entidad de custodia, a través de los cuales pactan el modo de conservar y gestionar un territorio. Su carácter voluntario y su capacidad para implicar a las personas y a la sociedad civil son sus grandes potenciales. Esta figura es especialmente relevante en el contexto de grave crisis ambiental en el que se encuentra la humanidad, en el que diferentes estrategias y organismos de conservación de la naturaleza reconocen la necesidad de mejorar la gobernanza ambiental, incorporando a la ciudadanía, a las ONG y al sector privado en las soluciones y reforzando la colaboración entre todos los niveles de la Administración y actores relevantes.

“La custodia no es un fin en sí mismo sino una herramienta de conservación y restauración de la naturaleza basada en acuerdos voluntarios entre la propiedad de un terreno o un titular de derechos de esa propiedad y una entidad de custodia, a través de los cuales pactan el modo de conservar y gestionar un territorio”

Los principales actores que intervienen en los acuerdos son las entidades de custodia y los propietarios de terrenos o derechos. Las entidades de custodia son organizaciones sin ánimo de lucro, públicas o privadas, que participan activamente en la conservación del territorio en custodia, a través de acciones de conservación, restauración, estudio y seguimiento, voluntariado o educación ambiental, entre otras. Pueden actuar como entidad de custodia organizaciones tan diversas como una asociación de vecinos, una organización conservacionista, una fundación, un ayuntamiento, un consorcio y otros tipos de entes públicos.
En España, la titularidad de la propiedad de los terrenos en custodia es mayoritariamente privada, aunque también se formalizan acuerdos en terrenos públicos o comunales. Para la propiedad privada, implicarse en iniciativas de custodia ofrece una oportunidad de cuidar su territorio contando con apoyo técnico y financiero. Además, supone un reconocimiento a su labor y al valor de sus terrenos. Pero, más allá de estos beneficios, las motivaciones de la propiedad privada para implicarse en iniciativas de custodia están relacionadas en muchos casos con el sentimiento de pertenencia al lugar y la responsabilidad y el interés por conservarlo (2). En el caso de las Administraciones públicas, la custodia de sus terrenos complementa y apoya su gestión y mejora la gobernanza ambiental.

“La intervención del Notariado en los acuerdos de custodia otorga asesoramiento, seguridad y claridad a las relaciones jurídicas, facilita su adecuación a la voluntad de las partes y vela por su legalidad”

Además de la propiedad y las entidades, en los acuerdos pueden intervenir otros agentes, como Administraciones públicas, universidades, representantes del ámbito científico, empresas privadas o las notarías. Todos estos agentes pueden facilitar o apoyar la iniciativa en aspectos muy diversos y juegan un papel muy relevante en el buen funcionamiento de los acuerdos y el logro de sus objetivos. Por ejemplo, las Administraciones públicas otorgan autorizaciones y permisos para la ejecución de las acciones y pueden financiarlas a través de subvenciones y ayudas; las universidades o centros de investigación aportan conocimiento científico para su diseño y el seguimiento de su eficacia y las empresas pueden colaborar con recursos económicos o materiales.
Por su parte, la intervención del Notariado en los acuerdos de custodia otorga asesoramiento, seguridad y claridad a las relaciones jurídicas, facilita su adecuación a la voluntad de las partes y vela por su legalidad. Estos aspectos ofrecen mayores garantías a la propiedad, a las entidades de custodia y también a las Administraciones públicas y a potenciales financiadores, lo que permite dar estabilidad a los acuerdos e incrementa su valor para la conservación. Además, puede facilitar la integración de las iniciativas de custodia en las políticas públicas y el reporte de su contribución a la conservación a través de los sistemas de seguimiento nacionales e internacionales.

“Desde el año 2019 la Fundación Biodiversidad y el Consejo General del Notariado mantienen un convenio de colaboración que tiene como objetivo reforzar la seguridad jurídica de los acuerdos de custodia del territorio”

La custodia del territorio en España
Los orígenes de la custodia del territorio se remontan a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Desde entonces, este movimiento se ha ido extendiendo fundamentalmente por Canadá, Iberoamérica y Europa, aunque se conocen experiencias de custodia del territorio en numerosos países del mundo. La compra en 1963 de las primeras 6.700 ha. para salvar a Doñana de su desecación, impulsada por el ecólogo y conservacionista José Antonio Valverde con el apoyo del World Wildlife Fund (WWF) gracias a una campaña internacional, se puede considerar como la primera acción de custodia del territorio en España (3).
Desde entonces y gracias al impulso de numerosas entidades, propietarios y Administraciones, se ha convertido en una figura reconocida y consolidada. Actualmente tiene amparo legal en la normativa básica estatal, en concreto en la antes citada Ley 42/2007. Esta norma define la custodia (art. 3.9) e insta a las Administraciones públicas a fomentar su uso (art. 76) y a incentivar las externalidades positivas en el ámbito de los espacios protegidos y de los acuerdos de custodia del territorio (art. 77). Además, establece la posibilidad de que la Administración General del Estado desarrolle acuerdos de cesión de la gestión total o parcial de terrenos situados en espacios naturales de los que sea titular a favor de entidades de custodia del territorio.
Tras la aprobación de la Ley 42/2007, el entonces Ministerio de Medio Ambiente creó, a través de la Fundación Biodiversidad, la Plataforma de Custodia del Territorio (PCT) para promover el desarrollo de la custodia en España. Desde el año 2008, la PCT elabora documentos e informes, organiza encuentros y jornadas, asesora y sirve como espacio de encuentro en torno a esta figura de conservación. Desde el año 2019, en el marco de la PCT, la Fundación Biodiversidad y el Consejo General del Notariado mantienen un convenio de colaboración que tiene como objetivo reforzar la seguridad jurídica de los acuerdos de custodia del territorio.

“Los datos del 7.º Inventario de Iniciativas y Acuerdos de Custodia en España constatan un aumento significativo tanto del número de acuerdos voluntarios como de las entidades que los promueven y el territorio que abarca”

Uno de los cometidos de la Plataforma es la elaboración de los inventarios de Iniciativas de custodia del territorio en España. Hasta el momento se han publicado 7 inventarios, uno cada dos años, excepto el último, que recoge datos desde el año 2020 hasta el 2023.
Los datos del 7.º Inventario de Iniciativas y Acuerdos de Custodia en España constatan un aumento significativo tanto del número de acuerdos voluntarios, como de las entidades que los promueven y el territorio que abarca. En concreto, los 4.632 acuerdos vigentes en 2023 suponen un incremento del 49% respecto a los 3.100 registrados en el inventario anterior de 2019. También han aumentado significativamente las entidades de custodia (23%), de 218 a 268, así como la superficie total gestionada bajo acuerdos de custodia del territorio, que alcanza 708.191 hectáreas, lo que supone un incremento del 23% respecto al periodo anterior. Este territorio equivale al 1,4% de la superficie del país.
Se desarrollan acuerdos de custodia en todas las comunidades autónomas, destacando Cataluña con mayor número de acuerdos (18% de los acuerdos), Aragón (15%), Región de Murcia (10%) y País Vasco (8%). Sin embargo, las comunidades con mayor superficie gestionada mediante acuerdos de custodia son Extremadura (22% de la superficie total de acuerdos de custodia está en este territorio) y Andalucía (21%).

Imagen 1. Número de acuerdos por comunidad autónoma y municipios en los que se ubican los acuerdos de custodia. Existen dos acuerdos ubicados entre Castilla-La Mancha y Andalucía y otro entre Extremadura y Andalucía. Fuente: 7.º Inventario de iniciativas de custodia del territorio en España

Las entidades de custodia son principalmente asociaciones (63%), fundaciones (17%) y entidades públicas (13%). Se distribuyen por casi todo el territorio, pero destacan las que ubican su sede en Cataluña (28%), Canarias (13%) y Andalucía (10%).
En cuanto a la titularidad de los terrenos en custodia, el 79% de los acuerdos se da en propiedad privada, el 17% en propiedad pública y el 4% en comunales. En superficie, los terrenos en propiedad privada representan el 61% del total, los que están en propiedad pública el 23% y en comunal el 16%. En el siguiente gráfico se representan el número y la superficie de los acuerdos según la titularidad de los terrenos.

Número de acuerdos de custodia y superficie que ocupan según la tipología de las entidades. Fuente: 7.º Inventario de iniciativa de custodia del territorio

En los inventarios también se reflejan otros aspectos relevantes que permiten valorar la estabilidad y el valor para la conservación de los acuerdos, como su tipología, duración y los objetivos de conservación que contemplan.
Más de la mitad de los acuerdos registrados en el último inventario son acuerdos escritos (2.385), seguidos de los convenios territoriales (734) y los acuerdos verbales (498). Se entiende por convenios territoriales las iniciativas formalizadas con la administración pública, exceptuando las autorizaciones o las concesiones en dominio público. Otras fórmulas para establecer acuerdos de custodia son los acuerdos de cesión de uso por un tiempo determinado, la transferencia de la propiedad o los contratos de arrendamiento y, mucho menos numerosos, el resto de los que se muestran en la siguiente tabla.

Los datos reflejan una tendencia creciente en duración de los acuerdos con respecto a inventarios anteriores. El 25% de los acuerdos incluidos en el 7.º Inventario tienen una duración de entre 6 y 10 años y otro 25% contemplan una duración de entre 2 y 5 años. El 19% (887 acuerdos) tienen una duración indefinida, lo que supone una garantía de conservación a largo plazo.

El 78% de la superficie bajo acuerdos de custodia tienen como objetivo en los acuerdos la conservación de especies y, en concreto, de especies emblemáticas como el águila imperial ibérica, el quebrantahuesos, el lince ibérico y el oso. Sin embargo, en cuanto a número, el 36% de los acuerdos tiene entre sus objetivos la conservación de especies, el 43% la conservación de hábitats y un 41% los sistemas ecológicos.

El futuro de la custodia del territorio en España
En el año 2023, en un momento de constantes cambios mundiales y de emergencia ambiental, y con ellos, un nuevo contexto normativo, presupuestario y de planificación y gestión de la biodiversidad, se constató la necesidad de hacer balance del trabajo de la Plataforma de Custodia del Territorio, los objetivos alcanzados, los hitos cumplidos e impactos generados, y de plantear un nuevo marco de trabajo y objetivos estratégicos que permitieran responder a las nuevas demandas. Así, se elaboró de forma participativa la Estrategia de la PCT 2023-2027, que define como su nueva misión fomentar la custodia del territorio de forma innovadora, en alianza con las redes y agrupaciones de los diferentes colectivos implicados, como herramienta fundamental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y la participación del conjunto de la sociedad en la misma.

“En un contexto de creciente crisis ecológica y climática, la implicación activa del sector público, la propiedad privada y las organizaciones de la sociedad civil es imprescindible para avanzar hacia modelos de gestión del territorio más eficaces, corresponsables y orientados al bien común”

Basado en la Estrategia, la Fundación Biodiversidad coordina desde octubre de 2024 el proyecto LIFE Custodia: Gobernanza ambiental: una misión innovadora para mejorar la conservación de la biodiversidad mediante la custodia del territorio, en el que participan como socios Eurosite, Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT), Fundación Global Nature (FGN), Fundación Fernando González Bernáldez/ Europarc-España, SEO/BirdLife y Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) y cuenta con la contribución financiera del Programa LIFE de la Unión Europea.
Tiene como objetivo principal impulsar la custodia del territorio como herramienta de conservación de la naturaleza a través de la innovación y la colaboración entre Administraciones, propiedad de terrenos, empresas, ONG y otras entidades. Para la consecución de estos objetivos, el proyecto se basa en tres pilares: la innovación centrada en los mecanismos financieros y sociales y en el desarrollo de políticas públicas; la movilización de financiación, buscando atraer fondos privados y públicos europeos y nacionales para escalar el impacto de los acuerdos de custodia del territorio; y la internacionalización que persigue maximizar el flujo de innovación y transferibilidad en custodia del territorio.
Entre las acciones del proyecto se contemplan algunas en las que la implicación del Notariado tiene un especial interés, concretamente aquellas orientadas a la creación de un marco de referencia que facilite la sostenibilidad de los acuerdos de custodia, así como su replicabilidad y escalabilidad para acciones de conservación y restauración de la naturaleza. También se persigue facilitar el uso de instrumentos que mejoren la seguridad jurídica de los acuerdos y el acceso a nuevas formas de financiación, como los incentivos fiscales o la colaboración con la iniciativa privada. La seguridad jurídica de los acuerdos, la claridad normativa, la confianza entre los diferentes agentes implicados y la legalidad son elementos imprescindibles para avanzar en estos aspectos.
En un contexto de creciente crisis ecológica y climática, la implicación activa del sector público, la propiedad privada y las organizaciones de la sociedad civil es imprescindible para avanzar hacia modelos de gestión del territorio más eficaces, corresponsables y orientados al bien común. En este escenario, la custodia del territorio se presenta como una herramienta muy interesante que facilita las colaboraciones público-sociales y en las que la intervención del Notariado, en su papel facilitador y de garante de la seguridad jurídica, puede tener un papel muy relevante.

“La custodia del territorio se presenta como una herramienta muy interesante que facilita las colaboraciones público-sociales y en las que la intervención del Notariado, en su papel facilitador y de garante de la seguridad jurídica, puede tener un papel muy relevante”

Bibliografía
- Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
- Basora, X. y Cepas, A. (2023), Guía práctica de los acuerdos de custodia del territorio: marco teórico y opciones jurídicas en Cataluña, Vic: Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN).
- Brummer, M., Casaubón, K. & Subirana, A. (2021), I tu, per què conserves la natura? Estudi de motivacions de la propietat privada.
- Fundación Biodiversidad 2025, Informe del 7.º Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio en España (2020-2023), Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 64 pp, 7.º Inventario de iniciativas de custodia del territorio en España.
- Fundación Biodiversidad (coord.) (2023), Estrategia 2023-2027 de la Plataforma de Custodia del Territorio.
- Ruiz, A. (Coord.) (2023), Instrumentos jurídicos para la formalización de colaboraciones con Administraciones públicas en custodia del territorio. 

(1) Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Esta ley es la norma básica que regula la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del medio natural, la biodiversidad y la geodiversidad en España.
(2) Brummer, M., Casaubón, K. & Subirana, A. (2021), I tu, per què conserves la natura? Estudi de motivacions de la propietat privada.
(3) Ruiz, A. (Coord.) (2023), Instrumentos jurídicos para la formalización de colaboraciones con Administraciones públicas en custodia del territorio, Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.

Palabras clave: Conservación, Custodia del territorio, Gobernanza ambiental, Naturaleza, Acuerdos voluntarios, Seguridad jurídica.
Keywords: Conservation, Land stewardship, Environmental governance, Nature, Voluntary agreements, Legal security.