Israel Alba Ramis es arquitecto desde 2000 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) y Doctor Arquitecto desde 2015 por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Becado por el College of Architecture del Illinois Institute of Technology (IIT), Chicago, EE.UU. (1997-1998). Miembro de la Asociación Española de Paisajistas (AEP). En el año 2000 funda la firma que lleva su nombre con sede en Madrid. A través de la plataforma operativa WASTE LAB CAN destaca la arquitectura especializada en la gestión de los residuos. Ha realizado proyectos en Argentina, Brasil e Italia. Actualmente es Profesor y Coordinador del Área de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid y Guest Lecturer de la School of Architecture and Planning de la State University of New York (SUNY), EE.UU. Su trabajo ha recibido varios premios, el último el Premio COAM +10 en 2022 (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid). Ha impartido conferencias en Escocia, India, Malasia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Italia, México y España. Ha participado como jurado en distintos concursos y premios de arquitectura y su trabajo ha sido expuesto y publicado en diversos medios especializados. Su tesis doctoral formó parte del Pabellón Español en la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2018.

El Royal Institute of British Architects (RIBA), fundado en 1834, una de las organizaciones profesionales más prestigiosas y reconocidas del mundo en el ámbito de la arquitectura, acaba de otorgar su Premio Internacional RIBA 2024 a un conjunto de 85 viviendas sociales en Cornellà, Barcelona, obra de los arquitectos Marta Peris y José Toral. Es el primer estudio español que recibe este galardón. En el acta del jurado se destaca lo siguiente: “Por su espíritu transformador que demuestra el cambio verdadero. Un diseño visionario que replantea incluso lo que es una familia y lo que puede ser la calidad de vida doméstica. Debería considerarse un modelo para la construcción de viviendas sociales sostenibles y de calidad a gran escala en todo el mundo”.
Es un buen ejemplo de cómo los arquitectos pueden aportar soluciones nuevas y aplicables al reto común de crear viviendas para todos. Es, también, un buen ejemplo de cómo los arquitectos pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Esta iniciativa, llevada a cabo por el Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial (IMPSOL) del Ayuntamiento de Barcelona como promotor, se desarrolla en paralelo a la de otras comunidades autónomas como País Vasco, Navarra y Baleares, muy similares. Esta última, a través del IBAVI (Instituto Balear de la Vivienda), dependiente del Gobierno de las Islas Baleares, un territorio gravemente afectado por la presión turística, ha desarrollado en las islas más de 1.000 viviendas sociales solo en 5 años, entre 2019 y 2023, según los principios de Life Reusing Posidonia, proyecto financiado por el programa europeo LIFE+ para Proyectos de Conservación de la Naturaleza y Adaptación al Cambio Climático y que recibió el Premio LIFE 2021 al Mejor Proyecto de Medioambiente por la Comisión Europea y el premio AR Emerging Award en 2022, concedido también por el RIBA. Todo ello fruto de su compromiso por el desarrollo de una arquitectura integradora y sostenible.

“Desde la Administración Pública, si se quiere, se pueden realizar proyectos que son ejemplos de unión, diálogo y adaptación, con una alta calidad arquitectónica”

Estas iniciativas son la muestra de que, desde la Administración Pública, si se quiere, se pueden realizar proyectos que son ejemplos de unión, diálogo y adaptación, con una alta calidad arquitectónica. La labor de estas Administraciones Públicas al promover estos proyectos, donde se exploran soluciones innovadoras en términos energéticos, constructivos, tipológicos y espaciales para evolucionar y adaptarse a la realidad de nuestro entorno, no se queda ahí (que ya sería un rotundo éxito). Además, realiza un seguimiento y monitoriza, de forma constante, los datos obtenidos, objetivos (consumos y ahorros) y subjetivos (grado de satisfacción de los habitantes).
Todos estos proyectos han sido diseñados por arquitectos a través de concursos públicos de arquitectura, dando cumplimiento no solo a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en su artículo 183, también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este singular modelo prioriza el máximo confort desde criterios pasivos para reducir la pobreza energética, acentuar el uso de materiales de construcción de baja huella de CO2, preferiblemente locales, e incorporar criterios de perspectiva de género en el diseño, todo ello en busca de la mayor calidad arquitectónica, que facilite una perspectiva colectiva y nos dirija, como sociedad, hacia una ciudad más amable y consciente.
La convivencia entre lo público y lo privado, por su parte, es una marca de ambas instituciones públicas, el IMPSOL y el IBAVI. Así, en los proyectos de Cornellà o los desarrollados en las Baleares, lo privado -la vivienda- y lo público -lo común- se mezclan, demostrando cómo la calidad de los espacios privados afecta inevitablemente -en este caso para bien- a la calidad de los espacios públicos en el desarrollo de la ciudad. La importancia de la construcción de la vivienda social en las ciudades es mucho mayor de lo que pudiera parecer. No solo se trata de una inversión pública que debe exigir la mejor calidad posible para estas inversiones, sino asegurarla para todos los habitantes. Al fin y al cabo, la vida se desarrolla en ese gran escenario que llamamos ciudad, dentro y fuera de nuestras viviendas. Estos modelos evidencian que es posible acometer el desarrollo de la vivienda de protección pública de otro modo y que es posible una vivienda social de calidad, tanto ambiental, como material y espacial.
Desgraciadamente, la presión que actualmente existe para conseguir incrementar la oferta de vivienda, especialmente de vivienda social, hace que en determinados ámbitos se olvide todo lo expuesto hasta aquí.
En algunas Comunidades Autónomas como Madrid, la política actual está más centrada en la velocidad que en la calidad arquitectónica, sin que este objetivo se enmarque en uno más amplio sobre el modelo de ciudad deseable para todos.

“Es posible acometer el desarrollo de la vivienda de protección pública de otro modo y es posible una vivienda pública de calidad, tanto ambiental, como material y espacial”

En estos casos, la política de vivienda se basa en la llamada colaboración público-privada donde básicamente se cede el suelo público de manera gratuita a promotoras privadas para que desarrollen viviendas sociales en régimen de alquiler a cambio de una rentabilidad por la gestión de los alquileres durante un periodo de cincuenta años, pasado el cual los inmuebles revierten al patrimonio público. Es decir, la vivienda social como producto financiero del mercado inmobiliario privado. En las licitaciones llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid, en la actualidad a través del Plan VIVE, es la empresa promotora quien licita ofertando tanto el proyecto como su construcción y en sus pliegos no se valora como criterio la calidad de la arquitectura, tan solo la oferta económica (por supuesto a la baja) del licitador. A diferencia de los modelos mencionados al principio de este artículo, no se licita primero el proyecto arquitectónico y después la construcción del mismo. Aquí, en un solo concurso, se resuelven las dos cuestiones que debían ser objeto de concursos separados para evitar que el factor económico presida todo el proceso y su resultado.
Automáticamente este modelo hace que la calidad de los proyectos se resienta enormemente tanto desde el punto de vista arquitectónico como constructivo, material y espacial (se desarrollarán viviendas convencionales y obsoletas para los nuevos modos de habitar), lo que afecta a la vida de las personas, a la vida útil del edificio y también a la construcción de la ciudad, introduciendo el necesario debate entre los límites de lo público y lo privado. No estamos hablando de conseguir estándares de calidad en base a las normativas de obligado cumplimiento, qué menos, se trata de aspirar como sociedad a representar de la mejor manera posible nuestros valores y para ello la arquitectura, en la construcción de la ciudad y de nuestro hábitat es un vehículo fundamental, no solo para el presente, sino para señalar el camino del futuro.
La promoción de vivienda pública es, y ha sido siempre, un tema de voluntad política. Podríamos decir que constituye una radiografía de actitudes y urgencias constantes en la toma de decisiones, demasiado condicionadas por los periodos electorales, muy cortos para permitir la necesaria reflexión sobre los modelos de vivienda y las formas de habitar, cambiantes a lo largo del tiempo, en la construcción de un modelo de ciudad. El que sea, pero uno.
Si a esto sumamos la escasa o nula revisión de las normativas y parámetros que regulan este tipo de viviendas en nuestra región, resulta enormemente difícil avanzar en este campo para seguir la estela de las comunidades autónomas mencionadas al inicio, tan esencial para el desarrollo de una sociedad.

“La arquitectura tiene la capacidad de intervenir en la vida de las personas (no debería ser de otra manera) y aporta esperanza en un entorno incierto. Pero sólo lo puede hacer con la confianza y el compromiso de quienes deben promoverla”

El hecho de que históricamente se haya favorecido el régimen de compraventa para la vivienda protegida hace que, según la legislación vigente, a los treinta años pase a formar parte del mercado libre y puedan venderse, provocando en parte la pérdida de la inversión pública y acentuando la persistente escasez de vivienda social, donde el alquiler se convierte en una de las soluciones más eficaces al grave problema al que nos enfrentamos y que, en la mayoría de países europeos (con el modelo vienés a la cabeza), pero también en otras comunidades autónomas de nuestro país, llevan desarrollando desde hace décadas con éxito, presentando un parque de viviendas en alquiler sólido y capaz de cubrir la demanda de los ciudadanos.
En algunas comunidades autónomas españolas se está innovando con nuevas tipologías de viviendas que se adaptan a nuevos modelos de habitar, investigando con nuevos materiales más eficientes (como la madera o la tierra compactada) y proponiendo soluciones que ponen en relación vivienda y ciudad, dando continuidad al sistema de espacios urbanos sin necesidad de una separación drástica, a la que aquí estamos demasiado acostumbrados. Son un referente al que todos miramos, en mi caso con cierta envidia.
Un paseo por los últimos desarrollos de la periferia madrileña evidenciará que esto no sucede. A cambio, encontraremos desarrollos aislados unos de otros, parcelas aisladas unas de otras y edificios aislados entre sí. Entrar a debatir si la responsabilidad es pública (por las rígidas y obsoletas normativas), privada (por su reducida visión cortoplacista de resultados) o compartida sería objeto de otra reflexión. De lo que no hay duda es de quienes son los grandes perjudicados: la ciudad y sus habitantes.
Es evidente que la necesidad de construir gran cantidad de vivienda pública asequible en alquiler es un tema de actualidad. Solo en la Comunidad de Madrid necesitamos la construcción de entre 40.000 y 50.000 viviendas anuales, más del triple de las que actualmente se están llevando a cabo, con modelos demasiado rígidos y obsoletos que suponen un problema, sobre todo, a largo plazo.
Sin embargo, los problemas que rodean a la vivienda empiezan por el suelo. Asistimos a una brecha social importante donde la vivienda es parte fundamental. Intervienen demasiados agentes con intereses contrapuestos, en ocasiones diametralmente opuestos, lo que hace que estemos frente a un problema de gran complejidad. Entre los factores, el poder adquisitivo se ha estancado en muchos casos mientras que los precios no hacen más que aumentar. Las Administraciones deberían estar al lado de quien lo necesita. En este escenario, la arquitectura tiene la capacidad de intervenir en la vida de las personas (no debería ser de otra manera) y aporta esperanza en un entorno incierto. Pero sólo lo puede hacer con la confianza y el compromiso de quienes deben promoverla.
Por eso espero que, en el caso de Madrid, no sea una oportunidad perdida en este aspecto, aunque nada parece indicar que vaya a cambiar el planteamiento actual, sobre todo porque la financiación de toda esta operación corre a cargo de los promotores privados, no de la Administración Pública. Resulta contradictorio y ciertamente paradójico hablar, en nuestro caso, de vivienda pública. Las comunidades autónomas mencionadas al inicio son realmente quienes costean la inversión y, además, gestionan el parque de viviendas en alquiler.

“Es importante y necesario agilizar el desarrollo del suelo, flexibilizar la tramitación de las licencias urbanísticas o actualizar normativas obsoletas. Pero todo ello para converger en un desarrollo comprometido, responsable y ético de los espacios que habitamos, permitiendo que los arquitectos participen activamente”

En el número 117 de esta revista, de septiembre-octubre de 2024, bajo el título “El necesario cambio de paradigma del urbanismo”, Carolina Roca, Presidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), alertaba de la situación de emergencia en que nos encontramos respecto a la escasez de vivienda y a la capacidad de producción del sector en nuestro país. Para ello, proponía cinco medidas clave para reactivar la producción de vivienda en la Comunidad de Madrid y reconducir este grave desequilibrio. En mi opinión, añadiría una más: la calidad de la arquitectura como único instrumento contrastado real y capaz de mejorar la calidad de vida de las personas. Por supuesto que es importante y necesario agilizar el desarrollo del suelo, flexibilizar la tramitación de las licencias urbanísticas o actualizar normativas obsoletas. Pero todo ello para converger en un desarrollo comprometido, responsable y ético de los espacios que habitamos, permitiendo que los arquitectos participen activamente.
Por todos estos motivos y ante la situación expuesta, quisiera animar a la promoción privada a tomar el testigo de la pública y que lidere este necesario cambio de paradigma, que opera a muchos niveles, desde el constructivo al espacial, pasando por el económico.
En la arquitectura residencial realizada en Madrid en lo que llevamos de siglo XXI, observamos la tímida aparición de nuevos espacios de relación social en los edificios y la disolución de ciertos límites entre lo público y lo privado para tratar de dar continuidad a ambas esferas (aunque nos sigue gustando en exceso vallarlo todo). Sin embargo, el espacio interior de las viviendas ha evolucionado poco, la tan anunciada flexibilidad no aparece por ningún lado y, en general, las tipologías repiten los mismos esquemas de hace cincuenta años. Los espacios están preconfigurados de tal manera que no se permite el cambio. El dormitorio principal solo puede ser dormitorio principal.

Desde finales del siglo XX, la arquitectura, a través de sus procesos de pensamiento y de producción, ha sufrido toda clase de sacudidas. En parte, por la eclosión de la emergente tecnología digital, capaz de poner a prueba los órdenes de lo real. Antiguos conceptos como descanso, trabajo o intimidad han cambiado definitivamente de contenido e incluso de significado, y todo este proceso se ha visto acelerado, sin duda, por la pandemia causada por la Covid-19. La actividad profesional está cada día más vinculada a la función doméstica y éstas al ocio, se entrelazan. Y todo ello ocurre, no lo olvidemos, principalmente en la vivienda.
Así pues, acabamos como empezábamos. Necesitamos flexibilidad, versatilidad, capacidad, sistemas abiertos, cambio y transformación. Esto no significa un mayor tamaño de la vivienda, que sería más costosa. Resolver bien lo básico, dejar margen para lo inesperado y para la adaptación del espacio doméstico a normativas demasiado rígidas o planeamientos urbanísticos fijados a priori, muy distintos al desarrollo posterior del proyecto donde, por ejemplo, algo tan básico como la orientación se convierte en un problema, a veces de difícil resolución.
La arquitectura doméstica actual se encuentra en una encrucijada. Mientras trata de recoger gracias al esfuerzo de muchos arquitectos y de otros agentes igualmente comprometidos los cambios sociales, laborales y familiares, la normativa no lo hace a fondo y el sector financiero, tan necesario para su desarrollo, persigue otros objetivos.
Al final, no debemos olvidar que el verdadero cliente es la ciudad. Somos todos nosotros.