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Revista90

ENSXXI Nº 90
MARZO - ABRIL 2020

Por: MIGUEL ÁNGEL AGUILAR
Periodista


LA PERSPECTIVA

Bajo el título Déjà-vu en el Parlament Màrius Carol, director del diario La Vanguardia, dedicaba el 27 de septiembre un lúcido comentario al debate celebrado la víspera y concluido en bronca con la aprobación de mociones que legitimaban la desobediencia, propugnaban una respuesta a la inminente sentencia del procés recalentando el autodeterminismo rampante, exigían la retirada de la Guardia Civil, respaldaban a los detenidos con las manos en los explosivos pero incapaces de infundir sospechas habida cuenta de sus afinidades con las justas causas de los pueblos catalanes oprimidos y al paso reprobaban a Lorena Roldán, portavoz de C’s principal grupo de la oposición.

Màrius traía a colación un reciente opúsculo Reunim-nos de Carles Puigdemont donde indica que una de las muchas lecciones aprendidas de octubre del 2017 es que el independentismo no conseguirá “una resolución dialogada y renegociada con el Estado español sin pasar antes por una nueva etapa de confrontación”. Ya se sabe que los niños lo que oyen en casa y de ahí que esa idea la repitiera este verano casi de modo literal Quim Torra en la Universidad Catalana d’Estiu (UCE) que tiene su sede en Prada junto al Canigó al afirmar que “tan solo nos queda la confrontación”. El premier británico Winston Churchill ofreció “sangre, sudor y lágrimas”, la oferta del president de la Generalitat es más escueta: sólo, confrontación.
Pero soplar y sorber no puede ser, tampoco repicar y desfilar como cofrade en la procesión, ni estar en el gobierno y en la agitación al mismo tiempo asumiendo tanto el mando de la policía como el encabezamiento de la revuelta de quienes protestan. Esos imposibles derivan del principio de contradicción que rige en la lógica aristotélica, según el cual una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo un mismo aspecto. Pero el independentismo tiene otras lógicas y en base a ellas aquellos entusiastas que el 1 de octubre de 2018 conmemoraban el primer aniversario del referéndum bajo el balcón de Sant Julià de Ramis fueron rociados con un discurso del president Quim Torra animando a los Comités de Defensa de la República (CDR) para que continuaran sus movilizaciones que luego en un determinado punto tendrían que contener los Mossos como garantes del orden público.

"Pero soplar y sorber no puede ser, tampoco repicar y desfilar como cofrade en la procesión, ni estar en el gobierno y en la agitación al mismo tiempo asumiendo tanto el mando de la policía como el encabezamiento de la revuelta de quienes protestan"

“A vosaltres, amics dels CDRs que apreteu i feu bé d’apretar”, decía arengando a los cupaires porque no se estaba juzgando a unos cuantos políticos sino al pueblo de Cataluña. Esa invocación al pueblo de Cataluña, en beneficio de la propia impunidad, es la misma que aducía Jordi Pujol el 30 de mayo de 1984 tras ser elegido President (¡qué años aquellos en que era proclamado español del año por el Abc verdadero que dirigía Luis María Anson!) compareciendo en el balcón del Palau de la Plaza de Sant Jaume apenas una semana después de que el Fiscal General del Estado, Luis Antonio Burón Barba, se querellara contra él y otros 24 ex dirigentes de Banca Catalana por apropiación indebida. El itinerario que va de la sede del Parlament a la de la Generalitat lo había cubierto en su coche oficial acompañado de una multitud a la que se dirigió desde arriba para decirles: “El Gobierno central ha hecho una jugada indigna. En adelante, de ética y moral hablaremos nosotros. No ellos”. O sea, que todavía estaba vigente la parábola del oasis catalán incorrupto en medio de una España pestilente.
Como si aquí nada hubiéramos sabido nunca del tres per cent, ni del abuelo Florenci, ni de los dineros en Andorra, ni del caso casinos, ni de tantos otros abusos que confirman cómo todas las causas que dividieron a los españoles dividieron también en la misma medida a los catalanes, desde la guerra de sucesión de 1714 a la guerra civil de 1936, y que las corrupciones hablan todas las lenguas, la común y la propia de cada una de las Comunidades Autónomas. De modo que, 34 años después de los procesamientos por el caso Banca Catalana, Quim Torra en Sant Julià de Ramis apelaba a la conciencia colectiva de todos los catalanes para saber si aceptarían o no esas sentencias que estaban por llegar. Pregunta retórica porque lleva dos años como vicario de Carles Puigdemont llamando a la desobediencia mientras se abstiene de incurrir en ella cuando pudieran seguirse consecuencias judiciales.

"Momento de analizar la situación de un cuerpo como los Mossos que tienen competencias en el ámbito del orden público en Cataluña y están incardinados en la Consellería de Interior"

Y así, las bravatas que lanza desde el Parlament quedan desmentidas en el momento en que, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dicta un auto dirigido al Departamento de Presidencia del Govern para que el Departamento de Presidencia ordene a los Mossos d’Esquadra retirar la pancarta del balcón en el plazo de tres horas. Parecía la primera ocasión clara de obedecer o desobedecer. La segunda opción, hubiera significado desatender la orden del Tribunal que un cuerpo policial como los Mossos tiene comprometido cumplir. ¿Podría Quim Torra determinar quién o quiénes habrían impedido a los uniformados cumplir el mandamiento judicial, de qué medios disponían para oponerse y qué situación afrentosa afloraría en el momento en que los uniformados se impusieran a la resistencia ofrecida por las autoridades políticas bajo cuya dependencia se encuentran? La solución adoptada fue que, antes de la llegada de los efectivos policiales, funcionarios del servicio doméstico del Palau recibieron la encomienda de retirar la pancarta dando cumplimiento a un auto judicial que Torra estaba descartando atender.
Momento de analizar la situación de un cuerpo como los Mossos que tienen competencias en el ámbito del orden público en Cataluña y están incardinados en la Consellería de Interior. El profesor Manuel Ballbé en su libro Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983) explica cómo a través de todas las discontinuidades políticas y regímenes tanto monárquicos como republicanos, tanto absolutistas como liberales, tanto de derechas como de izquierdas, podía seguirse un hilo conductor inalterable: el mantenimiento del orden público permanecía entregado al Ejército y, correlativamente a la jurisdicción de guerra, sin interrupción alguna hasta que se quiebra con la Constitución de 1978. Eso mismo pasaba con las situaciones excepcionales de estado de guerra o de sitio que podían ser declaradas, hasta la vigencia de la actual Constitución, por el simple arbitrio de las autoridades militares. Así que debe reconocerse que es precisamente la Constitución de 1978 la que pone fin a las tutelas militares porque la tutela del orden público incluía también la de las libertades públicas.

"Si al final hubiera un desafío desde las instituciones, el Gobierno que haya en Madrid tendrá que actuar de modo suficiente para dejar claro de manera indubitable quién manda porque en caso contrario el desistimiento tendría consecuencias irremediables"

Daniel Gamper en su libro Las mejores palabras, premio Anagrama de Ensayo ha recordado que la comunidad que preocupaba a Platón era la de los guardianes, que deben resistir la tentación de ejercer su superior fuerza para satisfacer sus intereses. De ahí que, al proponer la ordenación de la ciudad ideal, Sócrates estipulara que estos guardianes de la justicia deban ser sometidos a numerosas restricciones en su educación y forma de vida para garantizar que no antepongan sus intereses privados a los de la colectividad. Todos estamos sometidos a obedecer por esa última ratio que es la fuerza, excepto los militares que por ser depositarios de la fuerza mayor sólo lo están por haber empeñado su palabra, empeño que respetan por el sentido del honor. En cuanto a los Mossos sin duda les es de aplicación por analogía lo que prescribe el artículo 34 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas que señala cómo cuando las órdenes recibidas entrañen la ejecución de actos que manifiestamente sean contrarios a las leyes o constituyan delito, en particular contra la Constitución, ningún policía estará obligado a obedecerlas y que en todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión.
Siendo todo esto así, sorprende la bronca que estalló a raíz de que los Mossos quisieran hacer llegar al público cómo se estaban preparando cuando por todas partes se convocan o anuncian manifestaciones, paros, cortes de carreteras, de vías férreas, de aeropuertos e interrupción de suministros esenciales como la energía eléctrica. La convocatoria a la prensa se hizo en una Comisaría de los Mossos y fue la jefe de Prensa de la Consellería de Interior la encargada de explicar de qué nuevos recursos se han dotado para contener los disturbios. Al día siguiente los medios de comunicación elevaron a titulares la opción por el gas pimienta del que se había ponderado que era arma direccional para individuos significados a los que de paso se les coloreaba para mejor identificación posterior, resaltando las ventajas que ofrece sobre los gases lacrimógenos que se aplican de modo indiscriminado sobre la multitud. No gustó el eco suscitado por el gas pimienta y se destituyó de modo fulminante a la directora de Prensa. La cuestión es que el gas pimienta no resulta de una cuestación entre los Mossos sino que su adquisición ha seguido el procedimiento administrativo correspondiente en el seno de la Consellería. Entonces, ¿a qué volver?
Si al final hubiera un desafío desde las instituciones, el Gobierno que haya en Madrid tendrá que actuar de modo suficiente para dejar claro de manera indubitable quién manda porque en caso contrario el desistimiento tendría consecuencias irremediables. Los ciudadanos desamparados buscarían entenderse con la CUP o con los de los explosivos para evitar ser víctimas. Solo unos cuantos resistirían organizados en grupos de autodefensa ¿Entendido?

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