ANDALUCÍA

CONTABILIDAD
Orden de 21 de diciembre de 2022, por la que se aprueban las normas para la elaboración de estados contables consolidados y se dictan normas para la formación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 10-1-2023 Ir a la Disposición.

ARAGÓN

BIENES DE INTERÉS CULTURAL
Decreto 184/2022, de 28 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran 59 órganos históricos en la categoría de Bien de Interés Cultural del Patrimonio Cultural Aragonés. BOA 10-1-2023 Ir a la Disposición.

Los propietarios o poseedores de tales órganos quedan obligados a comunicar a la Dirección General del Departamento responsable de patrimonio cultural la existencia de estos objetos, antes de proceder a su venta o transmisión a terceros. Los comerciantes tendrán idéntica obligación, con respecto a los mismos objetos, cuando intervengan de cualquier modo, aun como meros intermediarios, en las transacciones.

VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO
Decreto 1/2023, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas de uso turístico en Aragón. BOA 18-1-2023 Ir a la Disposición.

Este Decreto tiene por objeto la regulación de las viviendas de uso turístico en Aragón tal y como prevé el artículo 40 del texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2016, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón.
Así, se entiende por viviendas de uso turístico aquellos inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, viviendas unifamiliares aisladas u otras pertenecientes a complejos inmobiliarios privados que son cedidas de modo temporal por sus propietarios, directa o indirectamente, a terceros para su alojamiento turístico, amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato, comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística y con una finalidad lucrativa.
Una de las limitaciones es que las viviendas de uso turístico deberán ser cedidas al completo y no se permitirá la cesión por estancias.
Entre las obligaciones de los titulares, destacar que deberán disponer, con carácter previo al inicio de la actividad o en caso de producirse una modificación o reforma sustancial de una vivienda de uso turístico, de un certificado de idoneidad, emitido por técnico competente, que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de habitabilidad y seguridad para su uso residencial como vivienda.
En el artículo 8 se establecen unos requisitos mínimos tanto de dimensiones como de capacidad alojativa y en el artículo 16 la documentación requerida.

TRIBUTOS
Ley 1/2023, de 26 de enero, por la que se modifica el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, mediante la introducción de deducciones autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con motivo del conflicto armado en Ucrania. BOA 8-2-2023 Ir a la Disposición.

Contiene previsiones de interés tales como:
a) Los convenios ejecutivos constituyen título suficiente para inscribir en el Registro de la Propiedad u otros registros las operaciones contempladas en los mismos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de esta ley.
b) De acuerdo con el artículo 16: “1. Los negocios jurídicos de adquisición, transmisión o gravamen de bienes inmuebles y derechos reales se formalizarán en escritura pública, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 de este artículo. 2. Los arrendamientos y demás negocios jurídicos de explotación de inmuebles, cuando sean susceptibles de inscripción en el Registro de la Propiedad, deberán formalizarse en escritura pública para poder ser inscritos. Los gastos generados por ello serán a costa de la parte que haya solicitado la citada formalización. 3. Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos en los que sea parte la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o sus organismos públicos, se formalizarán en documento administrativo, que será título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad”.
c) Las adquisiciones hereditarias por la Comunidad Autónoma de Aragón (arts. 20 y ss.).

URBANISMO
Ley 2/2023, de 9 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón. BOA 28-2-2023 Ir a la Disposición.

Con la reforma se pretende, en primer lugar, mejorar las discordancias creadas al restringir el concepto de suelo no urbanizable especial.
En segundo lugar, se amplía el contenido complementario de la figura de las Delimitaciones del Suelo Urbano como instrumento urbanístico en los municipios que carecen de Plan General de Ordenación Urbana y su elaboración por parte de los ayuntamientos de pequeños municipios.
En tercer lugar, se suprime la limitación de vinculación de edificaciones a las parcelas edificadas con vivienda en la zona de borde.
En cuarto lugar, se acorta temporalmente el régimen transitorio de aplicación a los instrumentos en tramitación para garantizar mayor seguridad jurídica.
Por último, se suprime el régimen transitorio de las órdenes de demolición por fijar un plazo distinto y hacer referencia a criterios jurisprudenciales, no garantizando la seguridad jurídica y siendo discordante con el régimen establecido en la Ley.

PATRIMONIO
Decreto legislativo 1/2023, de 22 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón. BOA 3-3-2023 Ir a la Disposición.

Se ha procedido a ajustar la numeración de los artículos y, por lo tanto, las remisiones y concordancias entre ellos. Asimismo, se han actualizado las remisiones normativas a disposiciones que ya no se encuentran en vigor.

BALEARES

URBANISMO
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley 10/2022, de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia urbanística. BOIB 31-1-2023 Ir a la Disposición.

ALQUILER JOVEN
Orden 3/2023 del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se modifica la Orden 19/2022 por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del Bono Alquiler Joven, en el marco del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. BOIB 2-2-2023 Ir a la Disposición.

El objeto de esta orden es establecer las bases reguladoras y aprobar la convocatoria de las ayudas Bono Alquiler Joven para los alquileres de viviendas que se devenguen a partir del 1 de enero de 2022 y por el plazo máximo de dos años. Las viviendas arrendadas deberán estar ubicadas en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

TELETRABAJO
Decreto 3/2023, de 6 de febrero, por el que se regula la modalidad de prestación de servicios mediante teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. BOIB 7-2-2023 Ir a la Disposición.

RESERVA DE BIOSFERA
Ley 3/2023, de 17 de febrero, de Menorca Reserva de Biosfera. BOIB 18-2-2023 Ir a la Disposición.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Decreto 5/2023, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del funcionamiento y la composición del Comité de Expertos para la Transición Energética y el Cambio Climático. BOIB 21-2-2023 Ir a la Disposición.

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS
Ley 4/2023, de 27 de febrero, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears. BOIB 7-3-2023 Ir a la Disposición.

Esta ley tiene por objeto regular las prestaciones sociales de carácter económico que se enmarcan en el ámbito de los servicios sociales de las Illes Balears.

CANARIAS

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
Decreto 1/2023, de 19 de enero, por el que se establecen las medidas de acceso a la propiedad de viviendas protegidas y se regula el procedimiento para su calificación. BOC 27-1-2023 Ir a la Disposición.

Conjunto de medidas para desarrollar la Ley de Vivienda de Canarias y el Decreto ley 24/2020, de 23 de diciembre, favoreciendo así la adecuada implantación del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 y destinadas, principalmente, a la transmisión de la vivienda protegida, tanto de promoción pública como de promoción privada, con una referencia especial a las viviendas de titularidad de la sociedad mercantil pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U. (VISOCAN).

IRPF: ALZA DE PRECIOS
Decreto ley 1/2023, de 26 de enero, por el que se modifican determinadas medidas autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en la regulación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a determinados bienes destinados a la actividad ganadera. BOC 31-1-2023 Ir a la Disposición.

Se modifica el texto refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, para acomodar el tramo autonómico del IRPF a la subida de los precios.

AYUDAS A LA PALMA
Orden de 24 de febrero de 2023, por la que se establece la concesión directa de subvenciones por la destrucción total de la vivienda habitual, destinadas a las unidades familiares o de convivencia afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma. BOC 28-2-2023 Ir a la Disposición.

La cuantía máxima será de 30.000 euros por destrucción total de la vivienda habitual, y con carácter subsidiario respecto de cualquier otro sistema de daños, público o privado, nacional o internacional, del que pueden ser beneficiarios los afectados.

CASTILLA-LA MANCHA

URBANISMO
Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. DOCM 6-3-2023 Ir a la Disposición.

Es objeto de la presente Ley la regulación de la ordenación del territorio y de la utilización del suelo para su aprovechamiento urbanístico en Castilla-La Mancha.
- El título III regula los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística, y en concreto: a) Las Normas y las Instrucciones Técnicas del Planeamiento. b) Las Ordenanzas Municipales de la Edificación y la Urbanización. c) Los Planes e instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
Específicamente, la ocupación de superficies de dominio público, espacios libres u otras dotaciones públicas, cuando sea indispensable para la instalación de ascensores, rampas, aparcamientos adaptados u otros servicios comunes legalmente exigibles o previstos en actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, será causa de utilidad pública para cambiar su clasificación y calificación, así como, en su caso, para su desafectación y posterior enajenación a la comunidad de propietarios o, en su caso, a la agrupación de comunidades, siempre que quede asegurada la funcionalidad de los espacios públicos resultantes. No obstante, la administración que lo hubiera desafectado será titular de un derecho de reversión al dominio público, con ocasión de la sustitución edificatoria de la finca o fincas que requiriesen la ocupación de la superficie de dominio público en el caso de que hubiera desaparecido dicha necesidad. Dicho derecho de reversión se hará constar en el Registro de la Propiedad de acuerdo con la legislación hipotecaria (art. 14).
El artículo 42bis regula las situaciones fuera de ordenación. Si algún edificio o instalación resultara disconforme con las previsiones del planeamiento y no apareciera en la relación expresa de construcciones calificadas fuera de ordenación, el Ayuntamiento resolverá expresamente, de oficio o a instancia de parte, sobre su situación jurídica, previa audiencia al interesado, bien declarando el edificio en régimen de fuera de ordenación o bien ordenando la adecuación de las previsiones del planeamiento por el procedimiento correspondiente. La declaración de edificaciones en régimen de fuera de ordenación, tanto plena como parcial, se hará constar en el Registro de la propiedad de acuerdo con la normativa que regula este.
- El título IV regula el régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Se clasifican los suelos en urbano, urbanizable y rústico, salvo en los Municipios exentos del deber de formulación de Plan de Ordenación Municipal, donde el suelo se clasificará mediante el Plan de Delimitación de Suelo Urbano en suelo urbano y rústico.
En relación con el suelo rústico:
a) Las obras, las construcciones y las instalaciones previstas en el artículo 54 y los usos y las actividades a los que estas últimas se destinen, así como las parcelaciones a que den lugar, deberán cumplir, además de los que reglamentariamente se determinen, los requisitos del artículo 63.1.
b) La división, segregación o parcelación en cualquiera otra forma de fincas en suelo rústico deberán cumplir los requisitos siguientes: 1º En el caso de los actos previstos en la letra a) del apartado 1.2 del número 1 del artículo 50 y en las letras b), c) y d) del punto 2º del número 1 del artículo 54: la superficie mínima de cada finca resultante será la regulada en la legislación agraria de aplicación. 2º En el caso de los restantes usos y actividades contemplados en esta Ley: la superficie de cada una de las fincas resultantes deberá ser superior a la superficie mínima que resulte aplicable en consideración al número de divisiones. A este efecto regirá la siguiente proporción, en función del uso al que se destinen las fincas resultantes: cuando el acto de división, segregación o parcelación dé lugar a dos fincas, la superficie mínima será la establecida en el número 1 de este artículo; si da lugar a tres fincas, la superficie mínima será el doble de la establecida en dicho precepto; si da lugar a cuatro, la superficie mínima será el triple; y así sucesivamente. La solicitud de segregación se acompañará de la escritura de la finca matriz (art. 63.2).
c) Todos los actos enumerados en el número 1 del artículo 54 que vayan a realizarse en suelo rústico, de reserva o no urbanizable de especial protección, precisarán para su legitimación licencia municipal, excepto los actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que los terrenos estén destinados. En el suelo rústico de reserva requerirán, además, calificación urbanística previa a la licencia los actos previstos en el apartado 3.º del número 1 del artículo 54. En el suelo rústico no urbanizable de especial protección requerirán, además, calificación urbanística previa a la licencia todos los actos previstos en el número 1 del artículo 54, con la excepción de los enumerados en su apartado 1.º y en la letra a) del apartado 2.º, así como las obras de mera conservación y mantenimiento, siempre que no exijan la redacción de proyecto conforme a la normativa de ordenación de la edificación. En todos los casos se requerirán los informes sectoriales legalmente preceptivos, de acuerdo con lo previsto en la letra a) del apartado 1. 2.º del artículo 63.
d) Los deberes y las cargas previstos en esta Ley en relación con los usos y aprovechamientos urbanísticos en el suelo rústico, así como los que, además, resulten de las condiciones legítimas de las calificaciones acordadas y las licencias otorgadas para la realización o el desarrollo de aquéllos, deberán hacerse constar en el Registro de la Propiedad conforme a la legislación pertinente (art. 58).
En relación con el suelo urbano y urbanizable:
a) Se distingue entre suelo urbanizable sin programar, suelo urbanizable con Programa de Actuación Urbanizadora y suelo urbano. En el suelo urbanizable, en tanto no se haya aprobado el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora, será aplicable el régimen propio del suelo rústico de reserva.
b) En el suelo urbanizable a que se refiere el párrafo anterior sólo podrán autorizarse: a) Las obras correspondientes a infraestructuras y sistemas generales. b) Las obras provisionales respecto de las que se haya asumido, con inscripción en el Registro de la Propiedad, la obligación de su demolición, sin derecho a indemnización, en el momento en que así lo requiera la Administración actuante (art. 67).
-Se regulan las transferencias y reservas de aprovechamiento. La transferencia de aprovechamiento así como la incorporación de terrenos al patrimonio municipal de suelo que conlleve, deberá ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad (art. 73). La reserva de aprovechamiento deberá ser aprobada por el Municipio o Administración expropiante y se anotará en el Registro de la Propiedad al margen de la transmisión de la que traiga su causa. La reserva se cancelará, de igual forma, cuando se transfiera su aprovechamiento (art. 74).
- Se regulan los bienes integrantes del patrimonio público del suelo (art. 79), el derecho de superficie (arts. 80 y ss.), y los derechos de tanteo y retracto (arts. 83 y ss.). La falta de acreditación de haberse notificado la enajenación de bienes afectados por áreas de tanteo y retracto con los requisitos exigidos en los apartados anteriores, producirá los efectos obstativos de la inscripción en el Registro de la Propiedad previstos en la normativa estatal reguladora del mismo (art. 85).
- No se podrán efectuar parcelaciones urbanísticas en suelo urbano mientras no se haya aprobado el correspondiente Plan de Ordenación Municipal o, en su caso, Plan de Delimitación de Suelo Urbano y en suelo urbanizable mientras no se encuentre aprobado el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora. Se exceptúan las parcelaciones que tengan su origen y se integren en operaciones jurídicas de sucesión mortis causa, siempre y cuando se legitimen por la correspondiente licencia urbanística otorgada conforme a las determinaciones del ordenamiento territorial y urbanístico vigente o, en su defecto, mediante ordenanza municipal que deberá ser objeto de informe preceptivo y vinculante por parte de la correspondiente Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 2. En suelo rústico quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas. 3. Toda parcelación urbanística estará sujeta a licencia municipal (art. 91).
- En cuanto a la reparcelación, se considerará titular de derechos afectados por la reparcelación a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales, tanto en concepto de titular de derechos de dominio sobre las fincas o derechos de aprovechamiento afectados, como a los que ostenten sobre los mismos cualquier otro derecho real o personal inscrito en el Registro de la Propiedad. La titularidad y situación de las fincas originarias se acreditará mediante certificación del Registro de la Propiedad de dominio y cargas (artículo 92).
- El Título V regula la ejecución del planeamiento de ordenación territorial y urbanística. Distingue entre la gestión directa y la indirecta a través del urbanizador como agente gestor por adjudicación de la ejecución de un Programa de Actuación Urbanizadora.
- El Título VI regula la expropiación forzosa.
- El Título VII, las garantías y protección de la ordenación territorial y urbanística.

CASTILLA Y LEÓN

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Orden FAM/13/2023, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, por la que se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales. BOCYL 16-1-2023 Ir a la Disposición.

MEDIDAS TRIBUTARIAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
Ley 1/2023, de 24 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. BOCYL 6-3-2023 Ir a la Disposición.

CATALUÑA

LOCALES DE NEGOCIO ARRENDADOS
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 5439-2021, en relación con el artículo 2.1, letras a) y b), del Decreto-ley 34/2020, de 20 de octubre, del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en los locales de negocio arrendados (sentencia). DOGC 19-1-2023 Ir a la Disposición.

En dicha sentencia el Tribunal Constitucional ha decidido “Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Barcelona y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de las letras a) y b) del art 2.1 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 34/2020, de 20 de octubre, con los efectos previstos en el fundamento jurídico 5 de la presente resolución”.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
Resolución 574/XIV del Parlament de Catalunya, de convalidación del Decreto ley 16/2022, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre el patrimonio. DOGC 31-1-2023 Ir a la Disposición.

VIVIENDA
Ley 1/2023, de 15 de febrero, de modificación de la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, y del libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, en relación con la adopción de medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal. DOGC 17-2-2023 Ir a la Disposición.

1) Esta Ley modifica la Ley 18/2007, en el sentido de:
- Considerar también como supuesto de incumplimiento de la función social del derecho de propiedad sobre una vivienda a “los propietarios, si tienen la condición de grandes tenedores, no inicien las acciones de desalojo requeridas por la administración competente, la vivienda se encuentre ocupada sin título habilitante y esta situación haya provocado una alteración de la convivencia o del orden público o ponga en peligro la seguridad o la integridad del inmueble”.
- Entender como supuesto de utilización anómala de una vivienda “la ocupación sin título habilitante en supuestos que alteren la convivencia o el orden público o que pongan en peligro la seguridad o la integridad del inmueble”.
- Añadir que en los supuestos de ocupación de un inmueble sin título habilitante, el propietario o propietaria, si tiene la condición de gran tenedor, debe ejercer las acciones necesarias para desalojarlo si esta situación ha provocado una alteración de la convivencia o del orden público o pone en peligro la seguridad o integridad del inmueble; en caso contrario, el ayuntamiento del municipio donde esté situado el inmueble, u otra entidad competente, puede instar al propietario o propietaria, de oficio o a instancia de la junta de propietarios de la finca o a instancia de los vecinos del espacio residencial contiguo, a cumplir su obligación. Y a tal efecto, establece un procedimiento que debe iniciarse con un requerimiento previo al propietario de la finca para que inicie su desalojo. La Administración tendrá derecho al reembolso de los costes del procedimiento, así como podrá imponer las sanciones que establece la Ley 18/2007 y, además, como nueva capacidad, puede adquirir temporalmente el uso de la vivienda, por un plazo de siete años, para destinarla a políticas públicas de vivienda social.
2) Esta Ley modifica también el artículo 553-40.1º y 2º del Libro V del Código Civil de acuerdo con el cual: “1. Los propietarios y los ocupantes no pueden hacer en los elementos privativos, ni en el resto del inmueble, actividades o actos contrarios a la convivencia normal en la comunidad o que dañen o hagan peligrar el inmueble. Tampoco pueden llevar a cabo las actividades que los estatutos, la normativa urbanística o la ley excluyen o prohíben de forma expresa. 2. La presidencia de la comunidad, si se hacen las actividades o los actos a que se refiere el apartado 1, por iniciativa propia o a petición de una cuarta parte de los propietarios, debe requerir fehacientemente a quien los haga que deje de hacerlos. Si la persona o personas requeridas persisten en su actividad, la junta de propietarios puede ejercer contra los propietarios y ocupantes del elemento privativo la acción para hacerla cesar, que debe tramitarse de acuerdo con las normas procesales correspondientes. Una vez presentada la demanda, que debe acompañarse del requerimiento y el certificado del acuerdo de la junta de propietarios, la autoridad judicial debe adoptar las medidas cautelares que considere convenientes, entre las cuales, la cesación inmediata de la actividad prohibida. En caso de ocupación sin título habilitante, la acción puede ejercerse contra los ocupantes aunque no se conozca su identidad. Si las actividades o los actos contrarios a la convivencia o que dañen o hagan peligrar el inmueble los hacen los ocupantes del elemento privativo ilegítimamente y sin la voluntad de los propietarios, la junta de propietarios puede denunciar los hechos al ayuntamiento de su municipio a fin de que inicie, previo expediente acreditativo de que se han producido efectivamente las actividades o los actos prohibidos, el procedimiento establecido por el artículo 44 bis de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda”.

RECURSOS HIDRÁULICOS
Decreto ley 1/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes para hacer frente a la situación de sequía excepcional en el ámbito del distrito de cuenca fluvial de Catalunya. DOGC 2-3-2023 Ir a la Disposición.

Este Decreto ley tiene por objeto establecer las normas y medidas extraordinarias y urgentes para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos escasos en el ámbito del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, integrado por las cuencas a las que hace referencia el artículo 6 del Texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, y garantizar la prestación adecuada de los servicios del ciclo del agua y, en especial, el abastecimiento domiciliario de agua apta para el consumo humano en todo el territorio del distrito de cuenca fluvial de Cataluña.