Muchas han sido las cuestiones y dudas interpretativas planteadas tras la entrada en vigor, el pasado 10 de abril, del artículo 98.3 de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, que obliga a los propietarios de fincas, con motivo de la transmisión de cualquier derecho real sobre las mismas, a declarar en el título en el que se formalice la transmisión si se ha realizado o no en la finca transmitida alguna actividad potencialmente contaminante del suelo. Los notarios Juan Pérez Hereza y Manuel Melero Marín exponen algunos de los defectos de técnica legislativa que revela el mencionado precepto y sus posibles efectos negativos para el sistema de seguridad jurídica preventiva.

• Juan Pérez Hereza: "Cuando los defectos de técnica legislativa provocan que una norma bien intencionada termine generando inseguridad"
  

• Manuel Melero Marín: "Análisis interpretativo del artículo 98.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados".