ENSXXI Nº 104
JULIO - AGOSTO 2022
Ciudadanía, política y progreso moral
Fiscal de Sala del Tribunal Supremo
Consuelo Madrigal Martínez Pereda (Segovia, 1956) es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en la que hizo los cursos de doctorado. Ingresó en las Carreras Judicial y Fiscal en 1980 y ha estado destinada en las Fiscalías de Tenerife, Palencia, Madrid, Tribunal de Cuentas y en la Secretaría Técnica del Fiscal General del Estado don Carlos Granados Pérez.
Fiscal del Tribunal Supremo desde 1993, en 2008 fue nombrada Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Coordinadora de la actividad del Ministerio Fiscal en Justicia Juvenil y protección jurídica de menores de edad. En enero de 2015 tomó posesión como Fiscal General del Estado, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Actualmente es Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, con destino en la Sala de lo Penal. Ha sido profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UPCO (ICADE), miembro del Instituto de Ciencias Penales Marqués de Beccaria, Profesora de Formación Inicial y Continuada del Ministerio Fiscal, donde ha participado en infinidad de cursos, así como del Consejo General del Poder Judicial, Universidades y otras instituciones, habiendo impartido y publicado más de 120 ponencias. Es autora de varios libros en colaboración y de numerosos artículos. Actualmente es Académica de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
FALSEDAD IDEOLÓGICA
La falsedad ideológica cometida por particulares en los documentos públicos ante notario desapareció del Código Penal en la reforma de los años 90. Y cabe plantearse si debería volverse a incluir. Para algunos autores, la falsedad ideológica debería desaparecer por falta de autonomía, pues siempre es un camino para cometer otros delitos, que son los principales; para otros, como las declaraciones hechas ante el notario tienen una relevancia especial, que le atribuye la ley por medio de la fe pública, faltar a la verdad en documento público debería tener un reproche superior al que se haga por otros medios. A través de las prestigiosas opiniones de los catedráticos de Derecho Penal Gonzalo Quintero Olivares y Luis Rodríguez Ramos, EL NOTARIO DEL SIGLO XXI analiza en este bloque la figura de la falsedad documental ideológica y plantea la posibilidad de una futura reforma del Código Penal.
La vaporosa figura de falsedad ideológica
Catedrático de Derecho Penal y Abogado
FALSEDAD IDEOLÓGICA
Es sabido, y es lamentable, que a veces dos partes cierran ante notario un negocio jurídico que, en realidad, no se ha realizado ni se realizará, o no tiene nada o tiene poco que ver con el que realmente se lleva a cabo. Eso puede suceder, por ejemplo, en negocios societarios cuyo objeto aparente es la adquisición de una participación social por una determinada cantidad, cuando lo cierto es que esa cantidad no se aportará y la entrada en la sociedad obedece a otras causas diferentes y, posiblemente, inconfesables.
Leer más...Falsedades ideológicas ante notario. Urgente reforma del Código Penal
Catedrático de Derecho Penal y Abogado
FALSEDAD IDEOLÓGICA
Planteamiento
En estas líneas se pretende argumentar que no existe una solución de lege data a un grave problema político criminal: la atipicidad de falsedades documentales ideológicas vertidas por particulares -no funcionarios públicos- en actas y escrituras públicas notariales, generando riesgos de gran magnitud al tráfico jurídico, riesgos generalmente más graves que los derivados de falsedades de tal carácter que están criminalizadas; y para colmar esta laguna del Código Penal -CP- se aporta una fácil solución de lege ferenda, que es la expresamente elegida en el CP alemán con notable acierto.
UNIÓN EUROPEA
Silvina Capello, abogada especialista en blanqueo de capitales, analiza el nuevo paquete de medidas presentado por la Comisión Europea a fin de reforzar la lucha contra el dinero obtenido ilícitamente. A continuación Martín Martínez Navarro, Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, destaca los importantes efectos de la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo que, además de permitir la ejecución de la sentencia española del Prestige, clarifica la articulación en el seno de la Unión entre los procedimientos judiciales ordinarios y el arbitraje.
Nuevo paquete regulatorio de la Unión Europea en prevención del blanqueo de capitales ¿Qué cambios podemos esperar?
Abogada especialista en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos económicos
UNIÓN EUROPEA
Treinta años después de la adopción de las primeras medidas de prevención del blanqueo de capitales a nivel europeo, la Comisión Europea presentó, en julio del pasado año, un nuevo paquete de medidas en este ámbito, con el objeto de reforzar la lucha contra el dinero obtenido ilícitamente.
El Prestige llega a puerto en Luxemburgo
Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
UNIÓN EUROPEA
La sentencia española del Prestige podrá ser ejecutada contra el asegurador británico
El pasado 20 de junio de 2022 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó su sentencia en el asunto C-700/20, London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited y Reino de España, más tristemente conocido como el asunto del Prestige.
Leer más...VARIA
Con las opiniones del notario Fernando Puente de la Fuente, el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo y el doctor en Derecho Adriano Jacinto Alfonso Rodríguez, el NOTARIO DEL SIGLO XXI repasa en esta bloque algunas cuestiones de interés como los efectos de la reciente Resolución de la DGSJFP de 11 de abril de 2022, que varía el criterio de la anterior DGRN y veta la posibilidad de que los registradores mercantiles practiquen asientos de cancelación sin observar las exigencias básicas del procedimiento; la aprobación a través de Decreto-ley de una reforma laboral 2021 que por afectar a los derechos constitucionales al trabajo y a la negociación colectiva debería aprobarse por ley ordinaria; y el actual panorama procesal en la adopción judicial de medidas de apoyo a personas en situación de discapacidad tras la entrada en vigor de la Ley 8/2021.
La actuación del registrador a la luz de la Constitución Española
Notario de Burgos
VARIA
“La peligrosidad de una institución”, nos dice Díez-Picazo, “está en relación directa con su eficacia o su fuerza. Cuanto mayor sea la eficacia y fuerza de una institución, será más útil si está rectamente aplicada, pero también será tanto más peligrosa si está incorrectamente utilizada”. Por ello, sigue diciendo, “la fuerza que un derecho positivo determinado atribuya a los asientos del Registro influirá en su peligrosidad. Así, en un sistema de registros de los llamados de desenvolvimiento técnico -como el nuestro-, en los que la fuerza probatoria o la presunción de exactitud se produce en toda su extensión, un error puede dar lugar a daños irreparables”.
Leer más...La reforma laboral de 2021: el parlamentarismo difuminado sigue avanzando
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada
VARIA
Un pacto político
El 7 de enero de 2020 el Congreso de los Diputados eligió, por mayoría simple, a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. El candidato socialista había firmado unos días antes, el 30 de diciembre, un pacto con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para formar el primer gobierno de coalición de la moderna democracia española formado por el PSOE y Unidas Podemos. En su “Un nuevo acuerdo para España” de cincuenta folios se daba especial relevancia a cambiar la legislación laboral aprobada por el Partido Popular en la décima legislatura: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos”.
Discapacidad y proceso: voluntariedad vs conflictividad
Doctor en Derecho
VARIA
Propósito de la reforma
El principal propósito de la importante modificación con impacto en numerosas normas sustantivas y procesales llevada a cabo por parte de la Ley 8/2021 (1), en orden a la necesidad de operar cambios en el modelo de protección a personas en situación de discapacidad, puede resumirse, atendiendo a la Exposición de Motivos, como que “No se trata, pues, de un mero cambio de terminología que relegue los términos tradicionales de ‘incapacidad’ e ‘incapacitación’ por otros más precisos y respetuosos, sino de un nuevo y más acertado enfoque de la realidad, que advierta algo que ha pasado durante mucho tiempo desapercibido: que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado; se trata, por tanto, de una cuestión de derechos humanos. Y es que muchas limitaciones vinculadas tradicionalmente a la discapacidad no han procedido de las personas afectadas por ella, sino de su entorno: barreras físicas, comunicacionales, cognitivas, actitudinales y jurídicas que han cercenado sus derechos y la posibilidad de su ejercicio. La reforma normativa impulsada por esta Ley debe ir unida, por ello, a un cambio del entorno, a una transformación de la mentalidad social y, especialmente, de la de aquellos profesionales del Derecho -jueces y magistrados, personal al servicio de la Administración de Justicia, notarios, registradores- que han de prestar sus respectivas funciones, a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que hoy resultan periclitadas….”.
