LA PERSPECTIVA

El pasado 11 de marzo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el lanzamiento de la herramienta “HODIO: huella del Odio y la Polarización” que tendrá la función de medir la presencia, evolución y alcance del discurso de odio en las plataformas digitales.

El anuncio lo formuló en su intervención al inaugurar el primer Foro contra el Odio celebrado en Madrid, donde alertó sobre como “El odio no nace por generación espontánea. Se cultiva y se promueve”. Enseguida añadió que “si el odio ya es peligroso de por sí, las redes sociales lo han convertido en un arma de polarización masiva. Un arma fácil de encontrar y de utilizar. Y extremadamente lucrativa para algunos”. La herramienta que ahora lanza Sánchez pretende ser un termómetro que mida la temperatura que alcanzan los discursos violentos y degradantes en redes sociales. Porque para el presidente, igual que hablamos de la huella de carbono para medir el impacto ambiental de una actividad, este nuevo instrumento busca “medir el impacto de la violencia digital para que deje de ser invisible”. Pero sostener que al medir una magnitud se le aporta visibilidad carece de evidencia y requeriría una demostración para la que no disponemos del espacio necesario.

“¿Medir el impacto de la violencia digital para que deje de ser invisible?”

En todo caso, el texto que venimos comentando aparece insertado en Moncloa Newsletter que lo pone en contexto al subrayar que se trata de la segunda medida del paquete para regular las redes sociales que fue prometido en febrero porque ya entonces se advirtió por el primer gobierno de coalición progresista al servicio de la clase media trabajadora que “el entorno digital no puede ser un espacio sin reglas” donde “se premia la impunidad”. La herramienta de la que nos van a dotar combinará el análisis cuantitativo y la revisión experta y sus resultados se publicarán con periodicidad semestral para dar a conocer el nivel de odio que hay en cada red social de modo que los ciudadanos puedan decidir sobre cómo utilizarlas al tiempo que se incentiva a las plataformas para que contribuyan a lograr entornos digitales más seguros y saludables. Alguna herramienta previa debe estar ya en funcionamiento en poder del Gobierno porque aduce que “tres de cada cuatro jóvenes españoles se cruzan con discursos de odio en internet”, según datos de Fad Juventud y atribuye sin titubeos al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia haber identificado en 2025 más de 845.000 contenidos de odio en plataformas digitales (Facebook, Youtube, Instagram, Tik Tok y X) que iban dirigidos especialmente contra las mujeres, migrantes y personas trans.
El Gobierno quiere ser precavido y nos advierte de que lo que empieza en la pantalla no siempre se queda ahí y teme que, si el odio se normalizara en internet, terminaría filtrándose en la vida cotidiana como prueba que “en la última década los delitos de odio hayan crecido un 41% en nuestro país”. Menos mal que, de la mano del presidente Sánchez, nos llega un mensaje de esperanza mediante el cual se nos asegura que “vamos a parar al odio en nuestras redes sociales, en nuestras calles y en los patios de nuestras escuelas”, habida cuenta de que tenemos herramientas suficientes para hacerlo. Llegados a este punto conviene atender algunos extremos porque si bien la era digital ha demostrado que la preocupación por el discurso del odio que las redes sociales ayudan a difundir no debe subestimarse y que las palabras hirientes pueden causar daños psicológicos y físicos, de ello no se desprende que la censura vaya a ser un remedio adecuado o eficaz en las sociedades comprometidas con la libertad y la igualdad.

“La imposición de la censura señala el final de una sociedad libre, no su principio”

Como ha escrito Jacob Mchangama en su libro Libertad de expresión. Una historia global desde Sócrates hasta las redes sociales (Editorial Ladera Norte, Madrid, 2026), es cierto que la libertad de expresión puede utilizarse para aumentar la polarización, sembrar la desconfianza e infligir graves daños, pero la creencia de que los profundos desafíos a los que se enfrentan la dignidad, la confianza, la democracia y las instituciones de nuestra dividida época pueden superarse a sus expensas apenas se sostiene desde un punto de vista histórico. Además de que “la imposición de la censura señala el final de una sociedad libre, no su principio” y que está demostrado lo mucho que la humanidad ha ganado con la difusión gradual del derecho a la libertad de expresión y lo mucho que podemos perder si permitimos que continúe erosionándose durante esta nueva fase digital del viejo conflicto que mantiene con la autoridad. Nuestro autor considera que, dada la progresiva ampliación del alcance de las prohibiciones sobre el discurso del odio y el precario amparo que ofrecen las leyes europeas de derechos humanos, esta tendencia resulta particularmente inquietante para el futuro de la libertad de expresión en la Unión Europea.
En teoría, Internet debería haber hecho invencible la libertad de expresión, enviando la censura al basurero de la historia. Sin embargo, como pudieron comprobar los europeos del siglo XVI, testigos de las convulsiones provocadas por la imprenta de Guttenberg y la Reforma de Lutero, las nuevas tecnologías de comunicación disruptivas tienen tantas probabilidades de causar grandes trastornos en el orden social y político como de traer progreso e ilustración. Porque internet, que fue recibida al principio como una fuerza imparable que aceleraría el avance de la libertad y la democracia en todo el mundo, al favorecer el acceso a una comunicación libre, igualitaria y carente de intermediarios, hizo que las nuevas autocracias reaccionaran con rapidez y que las democracias se cuestionaran si realmente internet debiera verse más como una bendición que como una maldición.

“El disparador de los excesos es operar en el anonimato que a todos envalentona”

El caso que debemos examinar con máxima atención es el referente a la falta de transparencia en los criterios de moderación y en los algoritmos, que favorecen ciertos contenidos sobre otros, porque la opacidad es muy problemática e impide determinar a los responsables últimos. Además de que la definición de lo que se considera discurso de odio o contenido ofensivo, vaga y subjetiva por naturaleza, vine a ser la madre del cordero o si se prefiere la madre de todas las batallas y de ella pudieran derivarse graves daños colaterales que resultaran perjudiciales para los contenidos que sí se consideraran permitidos. Mientras la Comisión Europea ha aumentado su poder para regular la comunicación en línea con la aprobación de la Ley de Servicios Digitales con el propósito de proteger a las democracias europeas de las peores formas de desinformación y discurso del odio, al tiempo que proporciona transparencia y salvaguarda la libertad de expresión. Lo que está fuera de discusión es que el disparador de los excesos es operar en el anonimato que a todos envalentona dispensándoles de asumir cualquier responsabilidad. Continuará.