DERECHO FISCAL

Durante el pasado mes de abril arreció -especialmente en ciertos medios de comunicación- un debate sobre si España se ha convertido -o no- en un “infierno fiscal” (sic). El asunto, resumidamente expuesto, partió de un planteamiento numérico del ingeniero Jon González que vendría a sustentar que un salario de 18.000 € en 2026 pagaría cuatro veces más IRPF que su equivalente -inflación mediante- en 2019. A partir de ahí ya se desataron las pasiones, muchas carentes de argumentación alguna, que, debidamente aderezadas con los dogmas de turno, convirtieron esa controversia en una trinchera… ¡Otra más!

Más allá del concreto resultado de esa pugna entre “los hunos y los hotros” (Unamuno dixit), creo que sí que ha dejado un poso positivo: que la sociedad se cuestione el sistema (que, sinceramente, creo que ya no es tal) fiscal al que está sometida. Y que, además, esa reflexión se haga desde los principios.
Y si de principios hablamos, el primero a traer a colación es el de “no taxation without representation”. Cabe recordar que el sistema parlamentario -así como su consiguiente ingrediente democrático a través del proceso electoral- tiene, ya en sus históricos orígenes, un cordón umbilical muy fuerte con la exigencia de impuestos, pues la legitimidad de éstos, más allá del capricho puntual del gobernante de turno, debe venir de un proceso de autoimposición: es la propia sociedad, a través de sus representantes, la que decide qué impuestos crear. La manifestación jurídica de ese aspecto basilar que debe inspirar la legitimidad de cualquier sistema tributario es el principio de “reserva de ley”: la regulación de los impuestos, en sus más básicos aspectos, debe emanar de una norma con rango de Ley y que, como tal, sólo podrá surgir del Parlamento.
Y ahí, hoy en España, tenemos algunos problemas y no menores; por ejemplo: la no deflactación de las tarifas (y demás parámetros) del IRPF y la progresividad en frío que ello conlleva, no ha pasado por el Vº Bº del Congreso, privándola, así, de esa legitimidad innata a todo proceso que aspire a considerarse democrático.
Ese mismo reproche es predicable, igualmente, en el ámbito de los gastos. La concatenación de varios años sin contar con unos Presupuestos Generales del Estado -ni presentados ni, por tanto, aprobados-, ha generado la obsolescencia de los sucesivamente prorrogados y, a su vez, la carencia de legitimación parlamentaria (y, en consecuencia, social) de las políticas de gasto. Políticas que, entre otras cosas, ya suponen que haya unos 55.000 millones de euros que se desplazan de la recaudación tributaria a pagar pensiones: unos 11.000 en no contributivas y -lo más preocupante- otros 40.000 en contributivas (como ha apuntado Francisco de la Torre) (1). Ese abultado trasvase mediante el que los impuestos financian el déficit de cotizaciones, crea un “agujero” que -quizá- sea la explicación (si no en su totalidad, sí al menos en parte) de la generalizada sensación de pérdida de calidad en los servicios públicos.

“La realidad es que la diferencia entre el coste asumido por la empresa y lo que efectivamente percibe el trabajador está por encima del 41%”

Sea como fuere, retomemos el concepto de “infierno fiscal” que dio lugar a esa reciente controversia. Como bien apunta Francisco de la Torre, “mientras no estemos en una situación en la que los impuestos se exijan sin ninguna legitimación democrática, todo lo recaudado se vaya en despilfarro y corrupción, y los impuestos se exijan sin tener en cuenta, en absoluto, la capacidad que tiene los contribuyentes para pagarlos, no estaremos en un infierno fiscal” (2); siempre en el bien entendido de que el propio concepto de “infierno” exige la confluencia simultánea de todos los males…
Pero más allá de esas teorías teológicas, la realidad es que la presión fiscal ha crecido en torno a 3 puntos desde 2018, ubicándose en 2025 ya por encima del 38%. Con todo, la medida de la presión fiscal es fría: recaudación/PIB. Y así, ese dato aséptico nos ubica, por ejemplo, unos dos puntos por debajo del promedio europeo; cuando la realidad es que, por ejemplo, en lo que a los salarios se refiere, la diferencia entre el coste asumido por la empresa y lo que efectivamente percibe el trabajador está por encima del 41%, superando incluso a países nórdicos tal y como ha apuntado el propio Jon González (3).
Así las cosas, lo que la realidad -la cruda realidad- impone es echar el freno, reflexionar y repensar el modelo. Un modelo adaptado a nuestro entorno socioeconómico y, como tal, relajando la presión fiscal sobre el trabajo (lo que, a su vez, debería conllevar la siempre deseable generación de empleo; incorporando a más población al sistema y contribuyendo así con su propio consumo), incentivando la actividad económica, la inversión empresarial (encorsetada y asustada por un ya grave exceso de regulación), promoviendo el alquiler, flexibilizando la burocracia tributaria (coste fiscal indirecto) y eliminando muchas previsiones legales que convierten la relación con la Administración tributaria en un genuino campo de minas…
Y todo ello debidamente anudado a una política de gasto que, contando con el necesario apoyo social (i.e.: parlamentario), enfoque el esfuerzo a ese siempre deseable retorno (“lo que das vuelve”; eslogan de la propia AEAT) y a su efectiva percepción social que hoy parece estar en serio riesgo de desaparición. Y es que, aunque los impuestos (a diferencia de las tasas o contribuciones especiales), ya por mandato legal, deben sufragarse sin derecho a exigir nada a cambio, la sensación -por muy subjetiva que pueda ser- de que ese retorno no fluye como antes, es un ingrediente ciertamente peligroso donde puede germinar la desafección social y, con ella, el “desenganche” del sistema; con todos los riesgos -no menores- que ello entraña.
Pero, claro, todo esto debe abordarse desde la responsabilidad institucional; cuando la realidad hoy está muy alejada de ese legítimo anhelo: “se hace un decreto ley para contentar al socio junior del Gobierno sabiendo que no se va a convalidar en el Congreso, y se crea deliberadamente una situación de inseguridad jurídica. No se resuelve el problema, pero se generan otros nuevos, y representantes públicos alientan la litigiosidad y el enfrentamiento (sin entrar en la alucinante chapuza institucional)” (4). Y es que, como bien apuntó el actor Will Rogers (1879-1935), “la única diferencia entre la muerte y los impuestos es que la muerte no empeora cada vez que se reúne el Parlamento”. Tengan cuidado ahí fuera… #ciudadaNOsúbdito

(1) “El elefante en la habitación de las pensiones al final del ciclo político”, The Objective, 31 de diciembre de 2025.
(2) “Infierno fiscal y malestar social”, Francisco de la Torre, El Economista, 1 de mayo de 2026.
(3) “¿Es España un infierno fiscal?”, Jon González, El Mundo, 1 de mayo de 2026.
(4) “Aquí no hay quien viva”, Daniel Gascón, Letras Libres, 4 de mayo de 2026.

Palabras clave: Sistema fiscal, Realidad socioeconómica, Legitimidad parlamentaria.
Keywords: Tax system, Socio-economic conditions, Parliamentary legitimacy.