La Sentencia 6/2020 del Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid, de fecha 29 de abril de 2020, anula la RDGRN (hoy DGSyJFP) de 26 de octubre de 2018 y revoca la calificación del registrador de la propiedad accidental número 5 de Madrid.

Me propongo aclarar en este escueto artículo los aspectos fundamentales de las moratorias reguladas por el Gobierno, a las que ha dedicado los Reales Decretos Leyes 8, 11, 15, 19 y, más recientemente, 26/2020. En esta publicación, nuestros compañeros Ricardo Cabanas y Amanay Rivas (en primer término) y Segismundo Álvarez, junto con Lucas Braquehais (en el siguiente número) han logrado la difícil tarea de sintetizar tan prolija normativa. Espero aportar mi granito de arena y permitir al lector, en estas breves líneas, tener una idea clara de la situación de los préstamos afectados. Coincidimos con la opinión de los autores mencionados en recalcar lo positivo de la presteza de la regulación (a diferencia de lo que ocurrió con los préstamos cuyo pago se hizo cuesta arriba por la anterior crisis financiera). El Gobierno ha sabido entender la urgencia de la situación, para actuar con rapidez, lo que, sin embargo, ha ido en perjuicio del rigor jurídico y ha generado una regulación prolija y ciertamente algo confusa.

Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 1 de junio de 2020

Ahora corresponde felicitar a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJyFP, antes DGRN), pues mediante Resolución de 1 de junio de 2020 permite la inscripción de un acuerdo de la Comunidad “PROHIBIENDO EL PISO COMO ARRENDAMIENTO TURÍSTICO”, acuerdo adoptado a tenor del nuevo artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que fue creado por el Real Decreto-ley 7/2019, con el voto de los 3/5 de propietarios y cuotas, a pesar de existir ya inscrita en el intervalo del acuerdo de la Junta de Propietarios y la correspondiente escritura a presentar en el Registro, una compraventa de un vivienda, aunque podría ser cualquier otro elemento privativo con coeficiente de propiedad. 

Dos recientes resoluciones de la DGSJFP de 12 de junio de 2020 (BOE 31 de julio), han estimado los recursos que presenté frente a sendas notas de calificación suspensivas firmadas por dos registradores distintos en relación con una cuestión que debería ser pacífica: la adquisición de bienes con carácter privativo por cónyuges casados en régimen de gananciales del Código civil y los requisitos necesarios para su plena eficacia jurídica, tanto entre cónyuges como respecto de terceros.

En el artículo de don Joaquín Delgado Ramos (en adelante, d.JDR) publicado en el número correspondiente al mes de mayo del año 2020 de la Revista REGISPRO: “¿Es necesario otorgar escritura pública (presencial o por video conferencia) y devengar el impuesto AJD para obtener la inscripción registral para edificaciones y otros hechos o actos unilaterales?”, d.JDR viene a sostener la tesis de que no es necesario o, al menos es dudosa, la necesidad de otorgar escritura pública para la inscripción registral de edificaciones y otros hechos o actos unilaterales, o más bien la posibilidad de que la constancia documental de dichos actos en forma privada pueda ser apta para la inscripción registral. Hace además una crítica a la existencia del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (en adelante, AJD).

DERECHO FISCAL

Origen y funcionamiento del trust
El trust es una figura jurídica muy utilizada para estructurar y planificar la sucesión del patrimonio sobre todo entre los países con tradición jurídica anglosajona. 
En su origen, el trust era utilizado por los caballeros ingleses (el settlor) que se iban a batallar a las cruzadas y dejaban su patrimonio en manos de una persona de su confianza (el trustee), que administraba el patrimonio durante su ausencia y de acuerdo con las voluntades del settlor hasta su regreso. En caso de fallecimiento del settlor, el trustee distribuía el patrimonio a los beneficiarios del trust según las instrucciones que el settlor le había indicado.

DERECHO FISCAL

No pocas han sido las ocasiones (1) en las que en esta tribuna, de la que privilegiadamente disfruto desde hace una década, he abordado los sinsabores que provoca la desatención administrativa de los efectos que las medidas cautelares (singularmente la suspensión) deben provocar sobre los actos administrativos de naturaleza tributaria.
Así, en estas líneas, entre otros aspectos, he apuntado el debate aún hoy inconcluso sobre el genuino alcance de la suspensión (¿afecta solo a la ejecución del acto o enerva, también, su presunción de validez? Aspecto nuclear éste sobre el que el Tribunal Supremo -TS- acaba de admitir a trámite un recurso de casación y que, por tanto, dará lugar a una próxima sentencia); o el agrio laberinto de la suspensión cautelarísima (es decir, la que debe operar en tanto en cuanto se resuelve la petición de suspensión cautelar).