De nuevo sobre el artículo 95.4 del Reglamento Hipotecario
(*) El supuesto que este precepto plantea, esporádico hasta ahora, se está dando con inusual frecuencia en los despachos notariales estos meses. La venta del bien privativo de un cónyuge, cuando la privatividad resulta de la confesión del otro cónyuge y éste ha fallecido, exige en la Notaría la presencia de los herederos forzosos del fallecido para consentir esa venta. El cónyuge viudo no puede vender sin ese “placet”.

Firme la nulidad de la resolución de 26 de octubre de 2018

En el número 91-92 de esta revista se anunció la declaración de nulidad de la Resolución de 26 de octubre de 2018, que fue ampliamente comentada en los números 83, 84 y 85 (de enero a junio de 2019). Recordemos que se trataba de una compraventa de vivienda sin cargas ni limitaciones a las facultades dispositivas de la vendedora (persona física) según el Registro de la Propiedad, tanto en la información suministrada al notario para la autorización de la escritura a los efectos del artículo 175 del Reglamento Notarial como en otra previamente solicitada por la compradora mediante una nota simple. En la calificación, el registrador expresó: “Examinado el Registro Público concursal resulta que el transmitente, titular registral, ha sido declarado en concurso de acreedores…”. Y se suspendía la inscripción invocando el artículo 40 de la Ley Concursal.

Dentro del marco de la política impulsada desde la UE para que los Estados miembro adopten medidas que avancen hacia una mejora y mayor eficiencia energética, el gobierno ha aprobado mediante el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, un nuevo procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Por medio de este Real Decreto se traspone la Directiva (UE) 2018/844, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, quedando derogado el Real Decreto 235/2013, con efectos desde la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 390/2021, que fue al día siguiente de su publicación en el BOE el 2 de junio.

DERECHO FISCAL

En el presente artículo analizaremos el contenido y las conclusiones de la Sentencia 295/2021, de 3 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Dicha sentencia profundiza sobre la fiscalidad en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (“ISD”) de una operación en absoluto infrecuente: la aportación de bienes privativos por parte de uno de los cónyuges a la sociedad de gananciales. Y, si bien la misma sienta jurisprudencia en relación con la tributación de tales operaciones en el ISD, creemos que sus conclusiones pueden extender sus efectos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”).

DERECHO FISCAL

La vía casacional ante el Tribunal Supremo, tras la relevante reforma arbitrada en el ámbito contencioso-administrativo, ha supuesto todo un soplo de aire fresco en la jurisprudencia habida cuenta que -¡por fin!- logró acceder al “olimpo” del Supremo (TS) una inmensa casuística impositiva que, antes, tenía vedado su enjuiciamiento y, así, la deseable doble instancia judicial.