La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 29 de abril de 2022, día de San Torpetes, aunque dice la wikipedia que muchos de los hechos atribuidos a su obra son considerados irreales, además de estimar el recurso interpuesto por mí contra una calificación registral, logra mi definitiva conversión a su fe y seguridad, tras el inverosímil milagro de admitir a regañadientes que el notario pueda recusar al registrador, pero considerar que no es causa suficiente para ello que nos hayamos denunciado mutuamente ante sus propias narices.

DERECHO FISCAL

La normativa de la cuestión
Las disoluciones de comunidad, incardinando en esta categoría genérica las extinciones de condominio, así como las particiones de herencia y las liquidaciones de sociedad conyugal, históricamente han sido una materia pacífica fiscalmente.

DERECHO FISCAL

Es bien sabido que la Administración -en lo que atañe a esta tribuna, singularmente la tributaria- tiene reconocido el derecho a un “segundo tiro” (sea, o no, el de gracia), en contraposición al inerme contribuyente que, de cometer un error, tiene sobre su cabeza todas las posibles espadas de Damocles en forma de sanciones, recargos, intereses de demora… Y es que, en Españistán, lejos aún estamos de contar con algo análogo al “derecho al error” consagrado en Francia mediante su Ley 2018-727 de “Un Estado al servicio de una sociedad de confianza” (¡qué bien suena eso!) mediante la que, entre otras cosas, se aboga por una Administración que ayude, apoye y simplifique.