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DERECHO CIVIL

PODERES

AUTOCONTRATO: CONFLICTO DE INTERESES
Resolución de 11 de octubre de 2017 (BOE 6 de noviembre de 2017). Descargar Resolución.

Según la calificación impugnada, la Registradora considera que, al tratarse de una escritura de compraventa en cuyo otorgamiento una de las vendedoras -usufructuaria- está representada por otra vendedora -nudo propietaria-, el notario autorizante, en el juicio de suficiencia de las facultades representativas de la apoderada, debe expresar necesariamente que en el apoderamiento se salva el autocontrato o el conflicto de intereses.
La Dirección General revoca la calificación, señalando que en el presente caso no se trata de un contrato oneroso del que se deriven recíprocas obligaciones entre representante y representada, en el que por su naturaleza habría intereses contrapuestos. Atendiendo a las circunstancias concurrentes y a las estipulaciones del negocio documentado debe negarse que exista conflicto de intereses, pues de aquéllas resulta una perfecta compatibilidad en la satisfacción de los intereses de la nudo propietaria sin sacrificio alguno de los de la usufructuaria. Los respectivos derechos marchan pari passu de suerte que se sitúan las interesadas en el mismo plano económico y no existe conflicto.

UN PODER PARA VENDER NO SE EXTIENDE A LA TRANSMISIÓN POR EXPROPIACIÓN
Resolución de 20 de octubre de 2017 (BOE 15 de noviembre de 2017). Descargar Resolución.

Se otorga acta de ocupación y pago por quien tiene un poder de los condueños de la finca para vender, pero en el que no se menciona la expropiación. La Dirección General, tras analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los artículos 1710, 1712 y 1713 CC, confirma la nota de calificación, que entiende que la facultad de vender no se extiende a la de entregar el bien por expropiación, al ser actos de diferente naturaleza, ya que no cabe equiparación alguna entre el contrato de compraventa y la transmisión de dominio derivada de un procedimiento administrativo de expropiación forzosa.

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Resolución de 6 de febrero de 2017. Denegación de funciones. Acta de manifestaciones previas al ejercicio de acciones judiciales. Naturaleza delictiva de los hechos reflejados e invasión de la esfera judicial. No procede

“… la legitimación del recurrente dista mucho de resultar acreditada, por cuanto su mera condición de Letrado no le autoriza, sin la exhibición del correspondiente poder de representación, para instar actas notariales en nombre de su cliente (salvo aquellas como las de presencia que no requieren acreditar la representación), ni mucho menos las de terceras personas que ni siquiera son sus clientes. El interés del Letrado ‘en conseguir las pruebas necesarias…’ no justifica su actuación ante un funcionario público como es el notario, sin acreditar debidamente su legitimación, precisamente porque el notario, en su condición de tal, está obligado a controlar la regularidad material y formal del otorgamiento (cfr. art. 17 bis Ley del Notariado y STC 207/1999).
Observa el Acuerdo colegial que se trata de un caso hipotético, y señala que ‘la posibilidad de rogación y el objeto de la misma son planteados por el interlocutor de dicha conversación con independencia de los detalles concretos que se habrían determinado en el caso de admitirse el requerimiento’. En esta situación, no resulta procedente admitir un recuso sobre un caso supuesto o hipotético, cuyos detalles concretos se determinarían después.
Tercero.- Consecuencia de la afirmación anterior, es la falta de legitimación del recurrente para plantear el recurso, que debió ser rechazado por la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Murcia, hasta que acreditase correctamente la representación alegada del presunto manifestante.
Cuarto.- No obstante, y dada la admisión del recurso por el Acuerdo colegial, y el interés de la materia, se estima conveniente entrar en el fondo del asunto para subrayar que la actuación notarial ha de desenvolverse siempre ‘conforme a las Leyes’ y, en consecuencia, el notario debe ‘categóricamente rechazar su intervención cuando el acto que se pretende realizar… [resulte] revelador de una conducta contraria a la Ley’ (Resolución de esta Dirección General de 17 de septiembre de 1992).

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