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EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PRESENTA EL PUESTO DE TRABAJO. TRABAJADORA EN PERÍODO DE LACTANCIA

STJUE 19 de septiembre de 2018. Descargar

En el litigio principal que origina las cuestiones prejudiciales que se expondrán a continuación, una mujer que trabaja como vigilante de seguridad para una empresa de vigilancia, dio a luz en noviembre de 2014 a un hijo, que posteriormente recibió lactancia natural. Desde marzo de 2015, desempeñó sus funciones en un centro comercial en turnos rotatorios y variables de ocho horas. Las funciones de vigilancia desempeñadas en su lugar de trabajo se realizaban generalmente con otro guardia de seguridad, excepto durante los siguientes tramos horarios, durante los cuales las asumía en solitario: de lunes a jueves de medianoche a ocho de la mañana, los viernes de dos a ocho de la mañana, los sábados, de tres a ocho de la mañana y los domingos, de una a ocho de la mañana. Ante dicha situación, la trabajadora inició ante una mutua privada sin ánimo de lucro encargada de gestionar las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, el procedimiento para obtener la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural, previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. A tal fin, solicitó a esta mutua que le expidiera un certificado médico que acreditara que su puesto de trabajo presentaba un riesgo para la lactancia natural. Dado que la mutua denegó su solicitud, presentó una reclamación, que también fue desestimada. La trabajadora interpuso una demanda contra esta denegación ante el Juzgado de lo Social n.º 3 de Lugo y toda vez que su demanda fue desestimada, interpuso recurso de suplicación contra dicha sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

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CORRIDAS DE TOROS EN BALEARES. PROTECCIÓN ESTATAL DE SU RECOGNOSCIBILIDAD

Sentencia 134/2018, de 13 de diciembre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 5462-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Balears. Pleno. Ponente Magistrado Sr. Juan Antonio Xiol Rios. Votos particulares. Estimatoria. Descargar

Presidente del Gobierno recurre de inconstitucionalidad artículos de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Balears, con suspensión de su aplicación. Censura: i) que el artículo 1.2 solo permita la celebración de corridas de toros conforme a lo previsto en esa ley balear; (ii) que el artículo 4 determine que la ganadería suministradora de los toros será la más cercana en términos de distancia a la plaza de toros donde se celebre el espectáculo taurino; (iii) que los apartados 1, 2, 6 y 7 del artículo 5 establezcan límites de edad y pesos de los toros y la potestad de la presidencia de la plaza respecto de la celebración del espectáculo a la vista del acta veterinaria y las diferentes actuaciones a desarrollar una vez finalizado el espectáculo, respectivamente; (iv) que el artículo 6, prohíba el enchiqueramiento de los toros; (v) que el artículo 7 prohíba la presencia de caballos durante las corridas de toros; (vi) que el artículo 8 limite la posibilidad de participación en las corridas de toros a los profesionales inscritos en la sección primera del registro general de profesionales taurinos, es decir, toreros y toreras, y su personal auxiliar y establece que en las corridas el número de toros que se toreen será como máximo de tres con una participación no mayor a los diez minutos; (vii) que el artículo 9 establece la prohibición del uso de utensilios que puedan causar la muerte del animal o de producirle heridas; y (viii) que el artículo 15.3 b) defina como infracción muy grave la omisión de los medidas de protección y bienestar de los animales previstas en los artículos 8 y 9.

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PARTE GENERAL

A VUELTAS CON EL JUICIO DE SUFICIENCIA: LA REVISIÓN ES DE SU EXISTENCIA, NO DE SU CONTENIDO
SSTS 20 y 22 de noviembre de 2018. Ponente: Don Ignacio Sancho Gargallo. Desestimatorias (1). Descargar. Descargar

En dos sentencias, con apenas dos días de diferencia, el Tribunal Supremo vuelve a reiterar la doctrina jurisprudencial mantenida por él durante estos años sobre el artículo 18 de la Ley Hipotecaria y su relación con el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en la redacción dada por la Ley 24/2005. Ambos supuestos giran en torno al juicio de suficiencia hecho por el notario en el que se consideran suficientes las facultades de los apoderados para el otorgamiento de las escrituras correspondientes. Llegadas éstas al Registro, el registrador califica desfavorablemente aquéllas sobre la base, en un caso, de que el poder no es suficiente (lo cual esgrime dado que se trataba de un poder general inscrito en el Registro Mercantil), y en el otro, de que no es válido (ya que en la reseña no se ha especificado que concreta persona física ha actuado en nombre de la poderdante, una persona jurídica, para autorizar el poder).

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DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS EN OPERACIONES DE DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA

DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, LA BASE IMPONIBLE DE AJD EN ESTOS SUPUESTOS DEBE SER EL COSTE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA NUEVA, DEBIÉNDOSE VALORAR LO QUE REALMENTE COSTÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, COINCIDIENDO ESTE CONCEPTO CON LA EXPRESIÓN DE “COSTE REAL Y EFECTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN” QUE SE UTILIZA POR LA LEY DE HACIENDAS LOCALES EN RELACIÓN CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)
Resolución del TEAC de fecha 16 de octubre de 2018 (Sala 4ª, Vocalía 9ª, RG 00/5175/2015). Descargar

En la Resolución de referencia, el Tribunal Central estudia la reclamación interpuesta por una entidad contra un Acuerdo de liquidación por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad AJD Documentos notariales, al considerar, en contra del criterio aplicado por la Administración Tributaria, que la determinación de la base imponible no puede realizarse atendiendo a la contabilidad de la obra sino al coste de la ejecución material de ésta, coincidiendo con el criterio establecido para el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), puesto que el valor contabilizado se separa del que debería computarse como “valor real de coste de la obra nueva”, en gran medida, por la aplicación de las Normas de Registro y Valoración del Plan General de Contabilidad. El criterio del TEAC, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, constituida por la Sentencia de 9 de abril de 2012 (rec. 95/2009), es que la base imponible de AJD en estos supuestos debe ser el coste de ejecución de la obra nueva, debiéndose valorar lo que realmente costó la ejecución de la obra, coincidiendo este concepto con la expresión de “coste real y efectivo de la construcción” que se utiliza por la Ley de Haciendas Locales en relación con la base imponible del ICIO. Señala el TEAC que, respecto de AJD, la Ley no especifica qué criterios o parámetros deben tenerse en cuenta a la hora de fijar el valor real, pero para el coste de ejecución material, y a efectos del ICIO, la Ley sí establece los que no deben integrarse en él. Ante el silencio de la ley y la previsión reglamentaria de que la base estará constituida por el valor real de coste de la obra, la doctrina mayoritaria se inclina por encontrar suficiente identidad de razón con la regulación del Impuesto sobre Construcciones (art. 102 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

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Venta de un inmueble con subrogación de la hipoteca e inversión del sujeto pasivo: si hay una transmisión sujeta al IVA, independiente de la forma de pago, con subrogación o no, es posible la inversión del sujeto pasivo (VC 2270-18, 1-8-2018). Descargar

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