VARIA

Desde hace meses se viene debatiendo públicamente sobre un proyecto gubernamental de modificación del sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos. En esencia, se trataría de abandonar el actual sistema de bases voluntarias -dentro de ciertos límites- y sustituirlo por un marco vinculante de trece tramos, cada uno con su cuota mensual de cotización, en función de los ingresos mensuales “reales”, por los que hay que entender (supuestamente, porque es un concepto novedoso) los equivalentes a ingresos menos gastos deducibles afectos a la actividad. Una tarifa plana ajena a aquellos ingresos “reales” solo se aplicaría a las personas que los perciban en cuantía inferior al salario mínimo interprofesional.

Hasta hoy, los trabajadores por cuenta propia vienen eligiendo voluntariamente la base de cotización al margen de sus ingresos y, por ende, el importe de la cuota mensual a ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social. En 2022, la cuota mínima que ha de contribuir un autónomo es de 294 euros mensuales, equivalente al 30,6% -un porcentaje que se aplica a cualquier base de cotización que corresponda- de la mínima posible de 960,60 euros. La cotización por la base más alta, de 4.139 euros, es de 1.266,66 euros al mes. Entre ambas caben distintas cuantías dependientes de la elección de cada trabajador autónomo.
De implementarse el nuevo sistema públicamente anunciado por el Ministro de Seguridad Social, la cuantía de cotización se iría incrementando para las rentas más elevadas a lo largo de un periodo de siete años -desde 2024 hasta 2031-, con una posible multiplicación de hasta por cuatro de las actuales cifras, hasta alcanzar un máximo del 27,8% para ingresos mensuales superiores a los 4.050 euros, con cuotas que van desde una contribución mínima de 183,60 euros para los ingresos más bajos, hasta 1.267 euros para los ingresos más elevados, a la vez que reduciéndose la cotización para los trabajadores con ingresos próximos al salario mínimo interprofesional.

“Se trataría de abandonar el actual sistema de bases voluntarias y sustituirlo por un marco vinculante de trece tramos, cada uno con su cuota mensual de cotización, en función de los ingresos mensuales ‘reales’”

Según el Ministro competente, Sr. Escrivá, “dos de cada tres autónomos pagarán menos” al cotizar por sus ingresos reales, y obtendrán pensiones superiores a las actuales. Conforme sostiene su Ministerio, aquellos con rendimientos más bajos pagarían hasta 1.300 euros menos al año, mientras que quienes lo hagan por cantidades entre 600 y 900 euros se ahorrarían unos 600. Según Lorenzo Amor, actual presidente de ATA, la más importante asociación de personas trabajadoras autónomas, 1,8 millones de las mismas sufrirían en dos años un alza del 40% de sus cotizaciones y 1,4 millones una rebaja de apenas el 10%. Según el Sr. Amor, con esta reforma el autónomo medio tendrá que dedicar la mitad de lo que facture a pagar IRPF y cotizaciones, y muchos incluso hasta el 70%.
El Ministro afirma que “se trata de hacer un sistema más justo”, apelando a un criterio de justicia basado en la progresividad contributiva; algo similar, en concepto, al IRPF (que pague más quien más ingrese), si bien en este caso -y a diferencia de lo que ocurre con el pago del impuesto sobre la renta personal- una mayor aportación generaría, en alguna medida (porque también se aplican criterios de solidaridad redistributiva), mayores prestaciones. Desde la Seguridad Social se ha sostenido que el nuevo sistema pone el foco en proporcionar una mayor protección de los trabajadores autónomos, siendo la cobertura social que recibirán superior en la medida en la que la cuantía aumente. No en vano, hoy la pensión de jubilación media de los autónomos supone el 61,37% de la del régimen general de la Seguridad Social.
La pretensión gubernamental ha encontrado una enconada oposición por diversas asociaciones y colectivos de autónomos, notoriamente de la más importante de todas ellas, ATA. ¿Por qué? Fundamentalmente, en atención a la alta volatilidad de los ingresos del colectivo de trabajadores autónomos, razón por la que la mayoría del mismo -entre un 50% y un 60%, a pesar de que es frecuente publicar un incorrecto 85%- cotiza por la base mínima. La base media de cotización no es, en todo caso, muy superior a la más baja posible, ya que se sitúa en unos 1.200 euros al mes (de los que se abona, ya sabemos, un 30,6%). Desde los 47 años, con el fin evitar lo que se conoce como “compra de pensiones” -un efecto desproporcionado de lo contribuido durante los últimos años de cotización en relación, sobre todo, con la pensión de jubilación a percibir- los autónomos tienen limitada al alza la elección de la base de cotización, algo muy cuestionado desde sectores críticos al nuevo sistema propuesto, quienes defienden la necesidad de un destope de tal limitación como un mecanismo que generaría, desde la voluntariedad, un mayor ingreso de cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social.

“La pretensión gubernamental ha encontrado una enconada oposición por diversas asociaciones y colectivos de autónomos”

Según sostiene la más relevante asociación del sector, la mayor incertidumbre económica del autónomo respecto del empleado inserto en una organización empleadora, y su obligación de hacer frente a múltiples gastos que tienden progresivamente al incremento (impuestos, energía, costes laborales…), respondiendo del riesgo en el mercado con su propio patrimonio y reinvirtiendo buena parte de sus beneficios en el negocio propio, le suele aconsejar, cuando no exigir, ser muy cauteloso respecto de la cuantía de su contribución a la Seguridad Social, aun cuando ello redunde en el monto de la prestación que en su día reciba. Desde el Ministerio competente se contraargumenta que la contribución que cada autónomo efectúe será modificable conforme a la oscilación de sus ingresos, y ello tan así que se podrán llevar a cabo hasta seis cambios de tramo al año en función de la alteración de los rendimientos, cabiendo, por otra parte, encuadrarse cualquier autónomo en una categoría superior según su mera voluntad para aumentar la cuantía de sus contribuciones y, por ende, de sus futuras prestaciones. En cierta medida, y al margen de otras cuestiones como la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, a la que me referiré en breve, el gobernante parece desconfiar de la capacidad de autotutela y organización de la persona trabajadora autónoma, y quiere obligarle a incurrir en un gasto desde la convicción, o tal vez presunción, de que es mejor para aquella. Las críticas también han hecho notar que la comparativa con países del entorno próximo a España es muy perjudicial en cuanto al futuro coste de la cotización del trabajo autónomo, que diversas fuentes cifran en el triple que en el Reino Unido, y el doble que en Francia y Alemania.

“El cambio regulatorio pretendido sin duda también trae causa de los riesgos de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social”

Por otra parte, ATA sostiene que cabría, a igualdad de ingresos, una diferente posibilidad de deducción de gastos de unos u otros concretos trabajadores (por cuanto ciertos autónomos, por las características y circunstancias de su actividad, no pueden deducirse gastos), condicionando a su vez la cuantía a cotizar. Expertos convocados por el Consejo General de Economistas han expresado la conveniencia de un cálculo de los beneficios reales de la actividad único e igual para todos, homogeneizando la determinación de lo que deba entenderse por beneficios netos. A su vez, existen al menos 400.000 contribuyentes que tributan por el sistema de estimación objetiva -algo muy criticado desde ciertos sectores-, lo que se ha considerado como una dificultad adicional para reconducirlos con el nuevo sistema a un determinado tramo de cotización.
El cambio regulatorio pretendido sin duda también trae causa de los riesgos de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, condicionado por un importante déficit, que en 2021 alcanzó la cifra 12.000 millones, un 1% del PIB, equivalente a unos 1.000 euros anuales por afiliado. Ello se debe, fundamentalmente, a que la cuantía de las pensiones por jubilación excede a lo realmente cotizado. En el ámbito específico de los trabajadores autónomos, el déficit anual supera los 10.000 millones de euros anuales. Según los presupuestos para el año 2022, los ingresos por cotizaciones sociales de los trabajadores por cuenta propia alcanzarán 12.017 millones de euros, pero el coste por prestaciones de la Seguridad Social será de 22.442 millones de euros. El déficit resultante se compensará en parte con transferencias del Estado en cuantía de casi 5.000 millones de euros, arrojando un desfase final de más de otros 5.000 millones.

“La diferencia entre ingresos y gastos es muy superior para los autónomos que para los empleados por cuenta ajena”

La diferencia entre ingresos y gastos es muy superior para los autónomos que para los empleados por cuenta ajena: por estos últimos se ingresarán cotizaciones de alrededor de 115.000 millones de euros, según cálculos ministeriales, mientras que su gasto en pensiones rondará los 136.000 millones. Considerando los casi 20.000 millones que el régimen general de la Seguridad Social recibirá del Estado y los algo más de 730 millones que ingresará por otros conceptos, el déficit de este régimen será cercano a los 1.100 millones, unas diez veces inferior al del RETA (el régimen de Seguridad Social de los trabajadores autónomos). Este desfase es debido en buena medida a las bajas bases de cotización elegidas por los trabajadores por cuenta propia. Por ello el Ministerio quiere forzar el incremento de las cuantías a contribuir. Aun así, si la reforma propuesta sale adelante, y según cálculos de UPTA (la segunda asociación más representativa del sector), el incremento de ingresos adicionales a las arcas de la Seguridad Social será de unos 2.000 millones de euros, del todo insuficiente para paliar el déficit de 10.000 millones referido, del que se espera un importante aumento a raíz de la jubilación de los baby boomers (los nacidos entre 1946 y 1964, durante la explosión de natalidad posterior a la II Guerra Mundial). Por otra parte, aunque la mayor cotización de los autónomos generará mayores prestaciones de futuro, el impacto en las cuentas será diferido, ya que el sistema es de reparto basado en la solidaridad intergeneracional (es decir, con las cuotas de los autónomos de hoy se pagan las prestaciones de los autónomos jubilados de hoy, no las suyas propias del mañana).
A su vez, no parece que el nuevo sistema propuesto suponga un incremento del riesgo trabajo autónomo en economía sumergida, puesto que ya concurre una obligación de cotización mínima que, de hecho, se pretende reducir. Hay quien sostiene que la diferencia en la deducibilidad por gastos entre unas y otras actividades sí podría contribuir a impedir injustificadamente el acceso al sistema a unos autónomos frente a otros. La posibilidad de implantar tarifas planas para quienes menos ingresen es otra alternativa ya utilizada para conseguir la inclusión de los trabajadores autónomos con mayor precariedad económica.

Palabras clave: Trabajador autónomo, Contribución a la Seguridad Social, Déficit.
Keywords: Self-employed worker, Social Security payment, Deficit.