(1) Introducción
Permita el lector que descienda de la dogmática e intente explicar en lenguaje llano dónde hemos llegado en ciertas materias jurídicas. Lo más probable es que no se entienda nada. Si resulta complejo explicarlo a abogados, arquitectos y topógrafos, imagine a un ciudadano normal. Es más, muchas veces notarios y registradores interpretan de manera distinta estas situaciones.

Los abogados fiscalistas Laura Vírseda Perulero y Javier Gómez Taboada analizan la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 11/2024, de 18 de enero, que declara la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones del Impuesto sobre Sociedades introducidas mediante Real Decreto-ley 3/2016 y que plantea un escenario donde la justificación de la limitación de efectos se vuelve central.

DERECHO FISCAL. USO DEL DECRETO-LEY EN MATERIA TRIBUTARIA

En las últimas décadas, la utilización del Real Decreto-ley como instrumento normativo ha experimentado una transformación significativa, alejándose de su propósito original de abordar situaciones de urgencia para convertirse en una herramienta ordinaria de legislación. Este cambio de paradigma ha llevado a un uso indebido del Real Decreto-ley, en el ámbito del Impuesto de Sociedades, donde su aplicación ha modificado de manera sustancial la obligación de contribuir, generando controversias legales y desafíos constitucionales.

DERECHO FISCAL. USO DEL DECRETO-LEY EN MATERIA TRIBUTARIA

Sea una empresa (que aquí identificaremos como “G”) que, allá por la primavera de 2017 -es decir, ya ha llovido siete años, desde entonces-, aprecia que la Orden Ministerial que aprueba el modelo de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2016 vulnera sus legítimas pretensiones, siendo así que la impugna ante la Audiencia Nacional (AN) y, además, interpretando una íntima ligazón de esa norma con el RD-ley 3/2016 (limitación de compensación de BINs e “impuesto a las pérdidas”, entre otras lindezas) del que parte de su contenido traería causa, solicita a la AN el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad relativa a ese RD-ley.