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REVISTA96

ENSXXI Nº 97
MAYO - JUNIO 2021


Después de años de sucesivas prórrogas el pasado 30 de abril de 2021 entró en vigor de forma completa la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Con ella han entrado en vigor también diversos preceptos del Código Civil y de la Ley del Notariado que en materia de autorización matrimonial permiten a los ciudadanos solicitar la previa tramitación de un acta notarial para acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y el régimen económico aplicable. En este bloque la catedrática de Derecho Civil María Linacero de la Fuente, los Letrados de la Administración de Justicia José Antonio Ruiz de la Hermosa Gutiérrez y David López Ribagorda y el notario Fernando Rivero Sánchez-Covisa profundizan en este nuevo marco que consolida y aumenta las competencias de los notarios.

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Por: MARÍA LINACERO DE LA FUENTE
Catedrática de Derecho Civil UCM


REGISTRO CIVIL: EXPEDIENTES MATRIMONIALES

A José Manuel García Collantes, por su generosidad y elegancia académica

Por fin, el 30 de abril de 2021, ha entrado en vigor la Ley del Registro Civil de 21 de julio de 2011, conforme a la reforma introducida por la Ley 6/2021 de 28 de abril, por la que se modifica la citada Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

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Por: JOSÉ ANTONIO RUIZ DE LA HERMOSA GUTIÉRREZ
Letrado de la Administración de Justicia, Asesor colaborador del Proyecto Nuevo Modelo del Registro Civil del Ministerio de Justicia

DAVID LÓPEZ RIBAGORDA
Letrado de la Administración de Justicia-Coordinador


REGISTRO CIVIL: EXPEDIENTES MATRIMONIALES

El pasado 30 de abril se inició en España un significativo cambio en un servicio público de la trascendencia del Registro Civil. Comienza un nuevo marco procedimental y organizativo cuyo objetivo es mantener el Registro Civil como un servicio público, gratuito, servido por funcionarios y con la incorporación del mismo a la Administración electrónica de tal forma que se convierta en único, interoperable y electrónico.

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Por: FERNANDO JOSÉ RIVERO SÁNCHEZ-COVISA
Notario de Madrid


REGISTRO CIVIL: EXPEDIENTES MATRIMONIALES

El artículo 58.6 de la Ley 20/2011, del Registro Civil, impone al notario la obligación de concretar, en su decisión final (acta de decisión) “la determinación del régimen económico matrimonial que resulte aplicable” al futuro matrimonio.

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Con la última reforma de nuestra legislación civil y procesal España se sitúa a la vanguardia de las legislaciones europeas en la adopción de medidas para proporcionar a las personas con discapacidad el apoyo necesario en el ejercicio de su capacidad jurídica, colocándolas en posición de igualdad con los demás. La reforma impone un profundo cambio de sistema y reconoce un modelo basado en el respeto a la voluntad y preferencias de la persona. La idea central radica en el ejercicio de derechos con los apoyos que la persona precise, labor en la que el notario juega un papel primordial. En este bloque los notarios Almudena Castro-Girona Martínez e Isidoro Lora-Tamayo Rodríguez analizan en profundidad este nuevo sistema.

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Por: ALMUDENA CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ
Notario de Castellbisbal (Barcelona)
Directora de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la UINL


DISCAPACIDAD

En el momento en que se publique este artículo estará recién aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado el proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

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Por: ISIDORO LORA-TAMAYO RODRÍGUEZ
Notario honorario


DISCAPACIDAD

La Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica acaba de ser aprobada en el Congreso y entra en vigor a los tres meses de su publicación. Esta Ley tendrá una gran incidencia en el ejercicio de la profesión notarial, tanto en un plano sustantivo como formal.

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La Ley 5/2021, de 12 de abril, traspone a nuestro Derecho la Directiva (UE) 2017/828, que persigue el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. El legislador europeo considera que estas sociedades prestan una excesiva atención a los resultados al corto plazo, lo que perjudica al desarrollo sostenible de estas sociedades cotizadas al reducir la inversión en investigación y la atención a los demás interesados o stakeholders, en perjuicio del conjunto de la economía. Se modifica la Ley de Sociedades de Capital, pero también la normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, de entidades de capital-riesgo y la Ley del Mercado de Valores. Con la finalidad dicha se regulan materias como la transparencia de la remuneración de los administradores y de las operaciones vinculadas, el derecho de las sociedades a identificar a sus accionistas, las obligaciones de los asesores de voto, el derecho de suscripción preferente, o los aumentos de capital. En este número comenzamos con el análisis de dos cuestiones que nos parecen de especial interés para nuestros lectores. La primera es la novedad más representativa de la implicación a largo plazo de los socios pero también la más polémica: las acciones de lealtad. La segunda es la posibilidad de prever en estatutos la celebración de juntas exclusivamente telemáticas, que afecta a todas las sociedades de capital y es una nueva manifestación del proceso de digitalización del Derecho de Sociedades. Para llevar a cabo este análisis contamos con las opiniones de la profesora titular de Derecho Mercantil Isabel Fernández Torres y el notario Segismundo Álvarez Royo-Villanova.

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Por: ISABEL FERNÁNDEZ TORRES
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad Complutense de Madrid


LEY 5/2021 DE SOCIEDADES DE CAPITAL

El BOE de 13 de abril publicó la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. Una reforma largo tiempo esperada pues la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas de la que trae causa hubiera debido trasponerse antes del 10 de junio de 2019.

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Por: SEGISMUNDO ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA
Notario de Madrid


LEY 5/2021 DE SOCIEDADES DE CAPITAL

El nuevo artículo 182.bis LSC (introducido por la Ley 5/2021) admite que los estatutos autoricen a los administradores a convocar juntas exclusivamente telemáticas. Este tipo de juntas habían sido admitidas con carácter excepcional y sin necesidad de previsión estatutaria al principio de la pandemia (RDL 8/2020 y RDL 11/2020), posibilidad que se prorrogó durante el 2021 (RDL 34/2020 modificado por RDL 5/2021 para incluir a las anónimas).

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La tributación de la transmisión de oficinas de farmacia se ha visto recientemente revolucionada por dos sentencias de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 26 de noviembre de 2020, que consideran sujetas al gravamen gradual de Actos Jurídicos Documentados las primeras copias de las escrituras notariales que documentan dicha transmisión. En este bloque la abogada Blanca de Eugenio Fernández y el notario Antonio Chaves Rivas analizan de forma crítica esta doctrina del Tribunal Supremo.

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Por: BLANCA DE EUGENIO FERNÁNDEZ
Abogada
beugenio@orbaneja.com


ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS: TRANSMISIÓN DE OFICINAS DE FARMACIA

Recientemente han salido a la luz dos sentencias de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección 2ª, de fecha 26 de noviembre de 2020, que han revolucionado por completo la transmisión de las oficinas de farmacia.

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Por: ANTONIO CHAVES RIVAS
Notario de Málaga


ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS: TRANSMISIÓN DE OFICINAS DE FARMACIA 

El extraño 2020 nos dejó, aparte de la pandemia y las desgracias personales a ella vinculadas, dos sentencias del Tribunal Supremo (1607/2020 y 1608/2020), sala de lo Contencioso-Administrativo, que consideran sujetas al gravamen gradual de Actos Jurídicos Documentados (AJD) las transmisiones de oficinas de farmacia. En estas líneas analizaremos de forma crítica esta doctrina del Tribunal Supremo.

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De la mano de Alfonso Madridejos Fernández, Eduardo Hijas Cid, Rafael Hinojosa Segovia, Laura Caballero Trenado, José Miguel Embid Irujo y Manuel González-Meneses García-Valdecasas EL NOTARIO DEL SIGLO XXI aborda en este bloque algunas cuestiones clásicas necesitadas de modificación, como la confesión de privatividad; otras relativas a modificaciones recientes ya producidas, como el derecho de separación de socios; otras modificaciones por producir, como el otorgamiento por videoconferencia o el Libro de discapacitados; y finalmente algunas de interés permanente como la consolidación del arbitraje, el cobro de comisiones bancarias y la actividad empresarial de las fundaciones.

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Por: ALFONSO MADRIDEJOS FERNÁNDEZ
Notario de Madrid


VARIA

En el número anterior de esta revista se trató, de forma extensa y por varios autores, la problemática creada por un artículo, el 28 de la Ley Hipotecaria (LH), que ha quedado obsoleto y causa graves distorsiones en el tráfico, complicando sobremanera la sucesión de quienes no son herederos forzosos.
Mi objetivo ahora es llamar la atención sobre otro artículo, esta vez reglamentario, el 95.4 del Reglamento Hipotecario (RH), que, sin ningún fundamento legal, distorsiona gravemente el tráfico jurídico y puede poner en situaciones dramáticas a quienes lo sufren, en muchas ocasiones personas viudas de avanzada edad, sin proporcionar un beneficio real a los que supuestamente protege.

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Por: EDUARDO HIJAS CID
Notario de Madrid


VARIA

Las sentencias de nuestro Tribunal Supremo de 15 de enero de 2021 (STS 4/2021, de 15 de enero, rec. 2424/2018) y 2 y 9 de febrero de 2021 (SSTS 46/2021 y 64/2021) tratan de dos interesantes cuestiones al hilo del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), relativo al derecho de separación del socio por falta de reparto de dividendos.

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Por: RAFAEL HINOJOSA SEGOVIA
Profesor Titular de Derecho Procesal
Universidad Complutense de Madrid


VARIA

Comentario a las SSTC 55/2021 y 65/2021, de 15 de marzo

El Tribunal Constitucional en menos de un año, en concreto nueve meses, ha dictado cuatro sentencias estimatorias de los correspondientes recursos de amparo planteados contra diversas resoluciones pronunciadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Civil y Penal) en materia de acciones de anulación contra los respectivos laudos que han supuesto un evidente y decisivo apoyo al arbitraje, lo que ha sido recibido con gran complacencia por la comunidad arbitral.

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