JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ
Vicedecano del Colegio Notarial de Madrid

El Notariado reclama mayor democracia

En el pasado número de esta revista se publicó el resultado de una encuesta, a cuyo tenor casi el 80% de los notarios españoles se mostraba partidario de la elección directa del Presidente del Consejo General del Notariado.
Se trata una aspiración lógica, pues es perfectamente factible en el seno de un cuerpo único, de reducida dimensión y dotado individualmente de firma electrónica reconocida.
Pero es también una solución para superar nuestra esquizofrénica situación, provocada por la inadecuada regulación del Consejo General, en especial en lo atinente a la elección de su presidente.
En unas "jornadas de Burgos", en San Sebastián, coordiné una mesa redonda sobre este particular, y señalé, entonces, que el sistema vigente no se puede motejar de no democrático, aunque sí de imperfecto, entre otras razones de peso, porque puede ser más democrático, mediante la elección directa, que ha sido un desiderátum repetidamente demandado, al menos desde que ingresé en el Notariado hace más de treinta años.

"En el presente, las constantes apelaciones a la unidad del Notariado no sobrepasan el umbral de la retórica. El hecho real es que nos encontramos divididos"

 es que a nadie se le oculta que el régimen actual genera unas asimetrías completamente absurdas, al dotar a cada decano de un voto sin tener en cuenta el número de los notarios que conforman su Colegio, pese a las notables desproporciones existentes, lo que teóricamente permitiría el despropósito de un hipotético presidente designado por un número de decanos que no representara la mayoría de los notarios.
En el momento presente, las constantes apelaciones a la unidad del Notariado no sobrepasan el umbral de la retórica. El hecho real es que nos encontramos divididos. Si echamos la vista atrás, la división se materializa a raíz de la penúltima elección del Presidente del Consejo General, que por primera vez recayó en un decano que no era de Madrid. La nostalgia del antiguo régimen, si es que anida en alguno, carece de sentido: desde que se modificó la primitiva regulación(que reservaba el cargo para el decano de Madrid) era previsible, y hasta deseable, que esa posibilidad se hiciera efectiva en la práctica, pues de lo que se trata es de sumar capacidades y no de enajenarlas. La raíz del desencuentro no fue, en mi opinión, la novedad sino la preterición de quienes muchos creíamos el candidato más apto. Pero, si todo hubiera quedado en eso, las cosas se hubieran reconducido, a mi entender, con el paso del tiempo. El problema es que aquella elección, en la que no hubo la oportunidad de contrastar programas, se tradujo en una serie de medidas de gran calado que afectaban a la esencia de la función, y cuya idoneidad y oportunidad hubieran exigido un amplio debate y un acuerdo al que se sumaran la mayor parte de los notarios. Y en este contexto recae, casi por sorpresa, la reforma reglamentaria, cuya regulación se convierte en un agravante al blindar un sistema notoriamente deficiente.

"¿Qué costaría incluir un punto en el orden del día de la Junta de Decanos para adoptar el acuerdo de ratificar al decano, que, entre los que se presenten, resulte elegido por la mayoría de los notarios?"

Naturalmente, ningún reglamento es eterno: urge una revisión en el sentido de acentuar la democratización, de modo que todos los notarios podamos elegir directamente nuestra máxima representación institucional. En este punto contamos con el ejemplo de los registradores, que es especialmente interesante, pues, tras la correspondiente campaña en la que no dejan de aflorar las naturales tensiones, con la elección recuperan la unidad.
Es urgente una nueva reforma con el fin de democratizar en una mayor medida el Consejo, pero por aquello de que las cosas de palacio van despacio, se me ocurren estas líneas, "en defecto de reglamento", como una manera de superar los conflictos existentes, que pasan por dotar al Presidente del Consejo no sólo de una legitimidad formal, sino también de una genuina legitimidad de fondo.
La idea es sencilla. Si todos estamos de acuerdo, o una inmensa mayoría, en la bondad de la elección directa: ¿Qué costaría incluir un punto en el orden del día de la Junta de Decanos para adoptar el acuerdo de ratificar al decano, que, entre los que se presenten, resulte elegido por la mayoría de los notarios? Este compromiso no desdice el reglamento y resolvería el problema satisfactoriamente.
En contra no se puede aducir ninguna razón digna de consideración, porque no parece que se pueda aceptar en el seno de nuestra corporación, integrada por profesionales de una indudable cualificación, ningún género de despotismo ilustrado.
Tampoco parece de recibo el rechazo basado en la perdida de protagonismo por los colegios notariales más pequeños. No se puede aislar el colegio de los colegiados que lo integran, sobre todo en un tema como éste, que concierne a la representación del Notariado; donde cobra realce el aspecto institucional es en la representación en el respectivo territorio, y en el desempeño de las funciones estrictamente administrativas. Mas no es descartable que se objete que la elección directa disminuye las posibilidades de acceder al cargo por el decano de un colegio pequeño, habida cuenta de la natural tendencia por parte de los colegiados a respaldar a quien es su decano. Empero son las reglas del juego democrático. Y en último término nada impediría que el acuerdo de la Junta de Decanos de ratificar la elección directa se hiciera después de una segunda vuelta, si la mayoría en la primera no alcanza la suficiente cualificación, a fin de que se puedan entonces presentar equipos, formados por diversos decanos, lo que favorecería la participación y el protagonismo de quienes presidan colegios con escaso número de notarios.

"Ningún reglamento es eterno: urge una revisión en el sentido de acentuar la democratización, de modo que todos los notarios podamos elegir directamente nuestra máxima representación institucional"

No albergo la más mínima duda de que si la Junta de Decanos tuviera la generosidad de asumir esta propuesta se resolverían muchos de los problemas existentes y habríamos puesto los medios necesarios para reducir y curar la fractura existente; quien fuera elegido contaría con el respaldo de todos los electores y ello habría de redundar en un robustecimiento del Consejo General para bien del Notariado y de la sociedad a la que se debe.
En fin, la conclusión anterior acaso parecerá grandilocuente; pero tengo para mí que sería mezquino dar la callada por respuesta o anteponer la propia clarividencia para desconocer la voluntad general, cuando, a la postre, ninguno somos imprescindibles; la institución se justifica por su utilidad; puede sobrevivir sin ninguno de nosotros, y, a veces, pese a nosotros; conviene, sin embargo, no sobrecargarla con nuestra estupidez.