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La mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular en las elecciones del pasado día 20 de noviembre parece presagiar un cambio de rumbo imprescindible en la dirección de los asuntos públicos en nuestro país. La situación crítica que atraviesa la economía española no demanda otra cosa. Resultan inexcusables medidas valientes que restauren la confianza y marquen la senda por donde debe transitar la recuperación.
Pero esa necesidad no debe esconder otra igualmente perentoria: la de afrontar de una vez por todas la reforma de la Justicia en España. Un Estado de Derecho digno de tal nombre exige como fundamento básico una Justicia imparcial, ágil y predecible. Ello no sólo constituye una garantía de libertad irrenunciable para los ciudadanos, sino que, además, es una condición necesaria para el progreso económico y social. Por eso, en una situación como la que nos encontramos abordar esta tarea resulta algo doblemente necesario.

"La gravísima situación económica que atraviesa nuestro país no puede esconder la urgente necesidad de afrontar los problemas de la Justicia"

Una Justicia imparcial exige un Poder Judicial independiente de los partidos políticos, lo que en estos últimos años ha brillado por su ausencia. El Partido Popular propone en su programa electoral medidas concretas para reforzar la independencia tanto del Tribunal Constitucional como del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. En concreto, y en relación al Consejo, se propone volver al sistema originario de elección por los jueces y magistrados de los 12 vocales no reservados al Parlamento. No cabe duda de que el actual reparto de consejeros entre los distintos partidos desoye las advertencias del Tribunal Constitucional al sancionar la constitucionalidad del régimen vigente. Quizá el tenor concreto de la propuesta pueda discutirse, pero en cualquier caso parece que ha llegado la hora de reconocer que tales vicios sólo podrán ser sanados a través de una reforma en profundidad que garantice la independencia de los partidos en el gobierno de los jueces y su desempeño en interés de todos los ciudadanos.
Una Justicia ágil exige más medios materiales y personales y una mejor organización de los mismos. Exige también descongestionar a los juzgados de carga innecesaria y, cuando deban decidir el asunto planteado por estar a ellos reservado, facilitar al máximo su resolución. Sobre todas estas cuestiones el programa del partido triunfador propone abundantes medidas: una nueva ley de demarcación y planta, la simplificación de los procedimientos, la informatización plena en un nuevo modelo de oficina judicial, la apuesta decidida por la jurisdicción voluntaria y por el fortalecimiento de los títulos ejecutivos, etc. La tarea, sin embargo, es ingente, necesitada de una investigación previa y concienzuda y de una enorme batería de instrumentos técnicos, pero también, especialmente, de una fuerte voluntad política para llevarla a cabo.
Una Justicia predecible exige, no sólo mejorar la formación, la selección y la carrera de los jueces y magistrados, como el Partido Popular propone en su programa sin mayor especificación, sino también una actividad legislativa seria, rigurosa y técnicamente fundada. No cabe duda de que en los últimos años, por no decir décadas, el legislador ha producido normas de calidad lamentable que han dificultado hasta el extremo la actuación de todos los operadores jurídicos, incluidos los propios tribunales, evidentemente. La mayoría absoluta puede ser una cierta ventaja en este punto, pero por si sola garantiza poco si no se afronta de una manera decidida la reforma de las actuales prácticas en materia de producción legislativa, en la línea marcada por los países de nuestro entorno.

"El Notariado está en disposición de ofrecer su total colaboración de cara a la descongestión y agilización de la Justicia en España"

Para dirigir esta difícil tarea, al menos como responsable último, los españoles hemos elegido a un jurista formado en el Derecho privado y en el ámbito de la seguridad jurídica preventiva que, sin duda, va a mostrar una sensibilidad especial en relación a estos temas tan fundamentales. Se continua así la lista de ilustres privatistas con una fuerte presencia en el espacio público, desde el notario Joaquín Costa (del que en este año se cumple el centenario de su fallecimiento) hasta Manuel Azaña, letrado de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Pero esta tarea y esta responsabilidad deben ser compartidas con los cuerpos profesionales más implicados en el tema de la Justicia. El Notariado siempre ha mostrado una especial preocupación por estas cuestiones, como, sin ir más lejos, demuestra la jornada "La situación de la Justicia en España: diagnóstico y posibles soluciones", que se celebrará el próximo uno de diciembre en la sede del Colegio Notarial de Madrid y del que se informará cumplidamente en el próximo número de esta revista. Pero de lo que no cabe la más mínima duda es que, junto con otros colectivos, puede ofrecer mucho en relación a la descongestión y agilización de la Justicia en España.

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