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Por: MANU MEDIAVILLA
Colaborador de Amnistía Internacional

 

La retórica de odio y miedo de hace 80 años destroza los derechos humanos


El horizonte de los derechos humanos viene cargado de sombras este año tras un inquietante 2016 que ha “actualizado” una retórica global de odio, miedo y demonización que no se veía desde la década de 1930. Lo advierte Amnistía Internacional (AI) en su Informe 2016/2017 "La situación de los derechos humanos en el mundo", que ha documentado serias violaciones de esos derechos en 159 países y territorios, incluida España.
"Empezamos 2017 en un mundo muy inestable y de mucha inquietud e incertidumbre sobre el futuro", remarca el secretario general de AI, Salil Shetty, que alerta del "riesgo de que los valores articulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 no estén ya garantizados". Como dijo el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, en la presentación del informe en Madrid, "hubo un tiempo, no muy lejano, en que los gobiernos se avergonzaban de violar esos derechos", pero "hoy los límites han cambiado y se cuestiona el concepto de la Declaración Universal".
En el trasfondo se encuentra el uso y abuso por muchos gobernantes -desde el estadounidense Trump al húngaro Orbán, el turco Erdogan o el filipino Duterte- de la retórica del "nosotros contra ellos" que deshumaniza, persigue y convierte en chivos expiatorios a grupos enteros de personas. Para justificar sus medidas represivas, esos y otros dirigentes han preferido la fórmula fácil de culpar de los problemas sociales y económicos a "otros", con frecuencia minorías étnicas o religiosas, antes que enfrentar el desempleo, la desigualdad y la reducción de servicios públicos con cambios de política, recursos y respeto a los derechos humanos.
De hecho, apunta el informe, "algunos de los sucesos más inquietantes de 2016 fueron fruto de un nuevo pacto que ofrecieron los gobiernos a sus ciudadanías: la promesa de seguridad y mejora económica a cambio de ceder derecho de participación y libertades civiles". Un cambio de enfoque que acentúa la restricción de derechos y lleva a la indiferencia ante su violación. De ahí la advertencia de Shetty: "Incluso los Estados que afirmaban defender derechos en otros países están ahora demasiado ocupados restringiendo los derechos humanos internamente como para pedir cuentas a los demás. Cuantos más países den marcha atrás en sus compromisos con los derechos humanos, mayor será el riesgo de un efecto dominó".

Héroes cotidianos
Por eso, subraya, hacen falta "héroes corrientes que se alcen contra la injusticia y la represión" y que actúen localmente por los "derechos iguales e inalienables de todas las personas" en todo el mundo. Este 2017 necesita "héroes de los derechos humanos", remacha, y la buena noticia es que los ha habido en 2016: personas voluntarias que salvaron de ahogarse a muchos refugiados en el Mediterráneo, movimientos populares por la justicia en África, el maratoniano etíope Feyisa Lilesa que denunció en los Juegos de Río la persecución gubernamental del pueblo oromo, o el joven “payaso de Alepo” que pagó con su vida su empeño en ofrecer consuelo y alegría a niños y niñas durante los bombardeos gubernamentales.
Esa heroicidad cotidiana por los derechos humanos compensa parcialmente la falta de compromiso de los Estados y la ausencia de liderazgo cuando más falta hace en el caótico escenario mundial. Sin voluntad política para presionar a los Estados que violan los derechos humanos, advierte Shetty, "están en juego principios básicos que abarcan desde la rendición de cuentas por atrocidades masivas hasta el derecho de asilo”. Por eso lamenta el "ensordecedor silencio" internacional ante bombardeos de hospitales (Siria y Yemen), empleo de armas químicas (Darfur-Sudán) o matanzas policiales y parapoliciales en la “guerra contra las drogas” (Filipinas). Y por eso denuncia el "afán de silenciar voces críticas" como la de la lideresa indígena Berta Cáceres en Honduras, cuyos asesinos enviaban así "un escalofriante mensaje" a otros activistas con menos proyección internacional.

"Amnistía Internacional alerta del 'riesgo de que los valores articulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 no estén ya garantizados'"

"Año horrible" para los derechos humanos
En la presentación madrileña del informe, la presidenta de AI-España, Arancha Vicario, no dudó en considerar 2016 como "un año horrible para los derechos humanos". Con razón: al menos 36 países violaron el derecho internacional al devolver ilegalmente a personas refugiadas a lugares donde corrían peligro; en 23 países se documentaron crímenes de guerra; en 22 asesinaron a personas defensoras de los derechos humanos.
A esto se suma la incapacidad internacional para resolver crisis globales como la del refugio: la cumbre de la ONU sobre el tema se cerró sin acuerdo. También fracasó parcialmente el Año de los Derechos Humanos de la Unión Africana en 2016: tres Estados miembros -Burundi, Gambia y Sudáfrica- manifestaron su intención de retirarse de la Corte Penal Internacional.
La guinda política la puso la elección como presidente de Estados Unidos de Donald Trump, cuyas primeras decisiones han confirmado su discurso xenófobo y misógino de la campaña y su propósito de recortar derechos y libertades. Su presidencia deja vislumbrar ya sombras de desconfianza en política exterior y una gran contestación judicial, política y ciudadana a medidas como eliminar el ObamaCare sanitario o prohibir la entrada a ciudadanos de siete países musulmanes en nombre del antiterrorismo. El abogado Vincent J. Ward, activista por los derechos civiles que llevó el caso de la indultada Chelsea Manning, confesó durante la presentación madrileña del informe que "llegué a avergonzarme de ser estadounidense" ante esa "medida arbitraria" que "viola derechos humanos fundamentales".

África: desafío a la represión
África fue escenario en 2016 de movilizaciones masivas organizadas a través de las redes sociales por jóvenes víctimas del desempleo, la pobreza y la desigualdad que desafiaron la política del miedo. En Etiopía, las fuerzas de seguridad usaron munición real para dispersar protestas pacíficas en Oromia; hubo cientos de muertes y miles de detenciones arbitrarias. En Nigeria, la violenta campaña de las fuerzas armadas y de seguridad contra manifestantes pacíficos proBiafra causó al menos 100 muertes, 60 en solo dos días.
En todo el continente se intentó aplastar la disidencia -177 ejecuciones extrajudiciales en Kenia por los servicios de seguridad-, mientras los conflictos armados dejaban un reguero de abusos, violencia sexual y de género y reclutamiento de menores soldado en Camerún, Chad, Malí, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Grupos armados como Boko Haram y Al Shabaab cometieron cientos de homicidios y secuestros de civiles. Pese a la escasa atención mundial, esos conflictos han atizado la crisis mundial de refugiados.

"Para justificar sus medidas represivas, muchos dirigentes han preferido la fórmula fácil de culpar a "otros" de los problemas sociales y económicos"

América: violencia y desigualdad
"Las Américas continuaron siendo una de las regiones más violentas y desiguales del mundo", señala el informe, que destaca "las tasas de homicidio más altas del mundo" en países como Brasil, Jamaica, México, Venezuela o el "Triángulo Norte" centroamericano de El Salvador, Guatemala y Honduras. Otro gran fracaso es la violencia de género, que se resume en 12 asesinatos diarios de mujeres y niñas. Y todo ello contribuye a una gran crisis humanitaria, con cientos de miles de personas refugiadas -sobre todo centroamericanas- que huyen de la represión, violencia, pobreza y discriminación con rumbo a México y Estados Unidos, de donde son devueltas muchas veces a sus peligrosos lugares de origen.
Abundan los países americanos de alto riesgo para las personas defensoras de derechos humanos, y Honduras y Guatemala lo son especialmente para quienes defienden la tierra y el medio ambiente. También preocupa la "tendencia a la militarización de la seguridad pública", como quedó patente en los Juegos Olímpicos de Río y en la respuesta policial en Estados Unidos a las protestas por la muerte de dos personas negras por disparos de agentes. "Las autoridades estadounidenses siguieron sin computar la cifra exacta de personas muertas a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", señala el informe, mientras informaciones periodísticas hablan de "casi 1.000 muertes en 2016" . En el lado positivo destacan el acuerdo de paz con las FARC en Colombia, la acogida de 30.000 refugiados sirios en Canadá y los avances contra la impunidad en Argentina, Guatemala o El Salvador.

Asia y Oceanía: pena de muerte
En Asia y Oceanía, que concentra al 60% de la población mundial, la represión fue generalizada. Hubo violentas “operaciones de limpieza” y masivos desplazamientos forzosos contra la minoría musulmana rohingya en Myanmar, asesinatos de blogueros en Bangladesh, y tortura y otros malos tratos en numerosos Estados: China, Corea del Norte, Filipinas, Malasia, Maldivas, Nepal, Singapur, Tailandia, Timor Oriental, Vietnam...
Especialmente grave fue el capítulo de la pena de muerte, en el que la región contradice la tendencia mundial abolicionista: China sigue siendo el país con más ejecuciones, y Pakistán supera las 400 desde que levantó la moratoria en 2014. Y también el del refugio, con millones de personas huyendo de la represión y de conflictos reavivados como el de Afganistán, segundo país del mundo que más refugiados genera. Australia violó el derecho internacional al mantener atrapados a solicitantes de asilo en una auténtica cárcel al aire libre en Nauru y la isla de Manus (Papúa NuevaGuinea). Otro apartado trágico lo protagonizan Filipinas y su presidente Rodrigo Duterte, cuya "guerra contra las drogas" a gran escala ha causado más de 6.000 muertes.

"El mundo de 2017 necesita "héroes de los derechos humanos" (como los voluntarios del Mediterráneo o el payaso de Alepo) para compensar la falta de compromiso de los Estados"

Europa y Asia Central: protagonismo turco
En la región de Europa y Asia Central, Turquía tuvo un doble e inquietante protagonismo en 2016. El informe de AI señala que "el retroceso del gobierno en materia de derechos humanos se aceleró drásticamente tras la intentona golpista" de julio que el presidente Tayyip Erdogan atribuyó a su antiguo aliado Fethullah Gülen. Y lo cuantifica: 90.000 funcionarios despedidos, 40.000 personas detenidas y recluidas sin cargos, cientos de ONG y medios de comunicación clausurados. La represión acabaría extendiéndose a otras voces disidentes y prokurdas, con numerosas detenciones de periodistas, profesores y parlamentarios.
Turquía también destacó en la crisis de refugiados por su acuerdo con la Unión Europea, que le ofreció 6.000 millones de euros para patrullar su litoral y aceptar a solicitantes de asilo devueltos desde las islas griegas. Amnistía considera ilegal ese pacto, basado en "la premisa falsa de que Turquía ofrecía todas las garantías de protección que tendrían en la UE", cuando la realidad es que su sistema de asilo apenas funciona y el país está desbordado por tres millones de refugiados sirios. Aunque el ritmo de llegadas a Grecia ha descendido, su capacidad de acogida sigue siendo insuficiente, con 12.000 refugiados y solicitantes de asilo hacinados y atrapados en sus islas y otros 50.000 migrantes en condiciones penosas en territorio continental. La situación confirma el fracaso de las insolidarias políticas migratorias europeas -también se cerró la ruta de los Balcanes-, simbolizado en el fallido programa de reubicación de 120.000 personas en toda la Unión.
Europa vive un momento difícil en materia de seguridad tras los mortíferos atentados de Francia, Bélgica, Alemania y ahora Reino Unido, respondidos por muchos gobiernos con medidas antiterroristas urgentes que restringen derechos y libertades y que, como advierte AI, cuestionan "los valores mismos que estaban siendo atacados". Francia ha prorrogado varias veces el estado de excepción, Reino Unido ha aprobado una "ley del fisgón" que impone uno de los mayores sistemas de vigilancia masiva y selectiva -al gobierno aún le parece insuficiente-, Hungría y Bulgaria han introducido poderes ejecutivos especiales. Mientras, persisten las violaciones de derechos humanos en Rusia, que aplica la Ley de Agentes Extranjeros a las ONG más críticas e independientes, y la represión de la disidencia en toda la antigua Unión Soviética, con países como Uzbekistán, Turkmenistán y Azerbaiyán que ni siquiera permiten la entrada a AI.

Oriente Medio y Norte de África: guerras
En Oriente Medio y Norte de África, los conflictos armados en Siria, Irak, Libia y Yemen han acaparado la atención con sus crímenes contra la población civil y su enorme crisis humanitaria. Unos conflictos agravados por la intervención extranjera, tanto de ciudadanos que acudieron para combatir junto al Estado Islámico, como, sobre todo, de fuerzas armadas de Rusia, Estados Unidos, Turquía o Arabia Saudí que "dejaron su huella letal".
Al acabar 2016, el balance de cinco años de guerra en Siria era desolador: más de 300.000 muertes y 11 millones de personas (4,8 millones refugiadas y 6,6 millones desplazadas internas) forzadas a huir de sus hogares. Todas las partes han cometido crímenes de guerra y violado el derecho internacional humanitario. Y lo mismo ha sucedido en Yemen, el país más pobre de Oriente Medio, donde las fuerzas militares yemeníes y extranjeras atacan a civiles y estructuras civiles con bombas, artillería y otras armas poco precisas. También en Irak, con cientos de miles de civiles atrapados en el conflicto armado, hubo atrocidades de todos los bandos combatientes.
Libia, por su parte, seguía desgarrada y dividida por la guerra tras cumplirse cinco años de la caída de Muamar al Gadafi. Todas las partes han cometido crímenes de guerra y violado el derecho humanitario al atacar hospitales y realizar bombardeos indiscriminados.

España en su laberinto
"España no queda al margen en el menoscabo de los derechos humanos", constató la presidenta de AI-España, Arancha Vicario, en la presentación madrileña del informe. Y aunque el director de la oficina española, Esteban Beltrán, reconoció un "discurso positivo" sobre la retórica de odio, resulta insuficiente porque "esconde una inacción preocupante".
En 2016, añadió, "apenas se ha cumplido el 6% (1.034 de 17.000) del compromiso para la reubicación de personas refugiadas", y estamos "a la cola de Europa en su recepción". El deficiente sistema de asilo está prácticamente bloqueado. Y Ceuta y Melilla son un "limbo donde no existen derechos para las personas refugiadas", que sufren hasta "ocho tipos de violaciones de derechos humanos", incluidas las expulsiones colectivas ilegales y “devoluciones en caliente” y la restricción de la libre circulación que impide trasladarse a la península.
El informe recoge otros motivos de preocupación, como las "restricciones injustificadas" a las libertades de información, expresión y reunión impuestas por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y el reformado Código Penal, o como el recurso al delito de "enaltecimiento del terrorismo" para perseguir el ejercicio pacífico de la libertad de expresión; en 2016 hubo 25 sentencias que condenaron a 28 personas. También inquieta, apunta Beltrán, la "cerrazón de los poderes del Estado" para investigar los crímenes durante la guerra civil y el franquismo, con un Ejecutivo que rechaza cooperar con la investigación abierta por la justicia argentina. Entre 1975 y 2010 se crearon 45 Comisiones de la Verdad, pero España no ha hecho "ni el más mínimo esfuerzo" para que se cumpla el derecho a la "verdad, justicia y reparación".
Las preocupaciones de AI incluyen la posible impunidad de la tortura y otros malos tratos a personas detenidas e incomunicadas -el Tribunal Europeo de Derechos Humanos insiste en reclamar investigaciones eficaces y exhaustivas de las denuncias-, la relegación política de la violencia de género -con un fuerte descenso presupuestario entre 2007 y 2015-, la marginación sanitaria de migrantes en situación irregular -a 748.835 se les retiró la tarjeta- y el incumplimiento del derecho a la vivienda, cuyo gasto público se ha recortado en más del 50% entre 2008 y 2015 mientras siguen los desahucios: 19.714 por ejecución de hipoteca y 25.688 por impago de alquiler hasta septiembre de 2016.

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